ATE se moviliza al Ministerio de Economía para exigir paritarias sin techo y denunciar la política de despidos masivos. El gremio acusa al Gobierno de “hambrear y destruir” el empleo público.

En el marco de una jornada nacional de lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La consigna es clara: paritarias libres, reincorporación de los despedidos y freno al vaciamiento del Estado.

“El Gobierno hambrea, despide y destruye el aparato estatal”, denunció el gremio en un comunicado que apuntó directamente contra el ajuste impulsado por la administración de Javier Milei.

Despidos y deterioro salarial
Desde diciembre, el sindicato denuncia una ola sistemática de cesantías que, aseguran, busca reducir al mínimo la estructura pública, tercerizar funciones estratégicas y precarizar a los trabajadores del Estado.

“Sabemos que parte del plan de vaciamiento del Estado es arrojarnos a la pobreza. Por eso vamos a seguir luchando por nuestro poder adquisitivo y por una vida digna para todas y todos”, sostuvo ATE tras un plenario de delegados que resolvió la medida.

El salario no alcanza
Según estimaciones del gremio, el salario promedio de un trabajador estatal ronda los $750.000, una cifra que, frente a la línea de pobreza —que en abril superó los $1.147.000 para una familia tipo con vivienda propia—, resulta “claramente insuficiente y ofensiva”.

Los incrementos salariales otorgados hasta ahora tanto por el Gobierno nacional como por el porteño “no cubren ni la mitad de la inflación acumulada”, aseguran desde ATE, que además reclama la inmediata apertura de negociaciones salariales sin imposiciones ni techos.

Ajuste en tiempo real
En medio de un discurso oficial que celebra el “déficit cero” y el recorte del gasto público, los trabajadores estatales advierten que detrás de los números prolijos hay miles de despidos, oficinas desmanteladas y funciones claves abandonadas.

“Nos enfrentamos a un modelo que busca destruir el Estado para entregarlo a los privados”, advierten desde ATE, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuesta a sus demandas.

Mientras el Gobierno defiende el rumbo con elogios de los mercados, en la calle crece la protesta de quienes sienten que ese ajuste se paga, una vez más, con el bolsillo y el trabajo de los de abajo.

Mauricio Claver-Carone, operador clave de Trump, advirtió que mientras Argentina mantenga el swap con China, “no será libre”. La Casa Blanca y el Partido Republicano reaccionaron con furia al acuerdo. Acusan a Milei de doble discurso.

Mauricio Claver-Carone, exdirector del BID y figura clave en la política hemisférica de Donald Trump, encendió las alarmas en el Gobierno argentino al disparar contra la renovación del swap de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China. “Mientras tenga ese swap, Argentina no es libre”, sentenció en una entrevista que hizo crujir los puentes entre Buenos Aires y Washington.

El acuerdo con China, por US$5.000 millones, fue renovado por la gestión de Javier Milei en medio de las negociaciones con el FMI, y ahora está en el centro de un cruce geopolítico que expone la fragilidad del discurso oficial. Mientras el Presidente insiste en una alineación incondicional con Estados Unidos e Israel, sectores duros del Partido Republicano le reclaman coherencia y señalan que los lazos financieros con Beijing socavan la “independencia económica” que el libertario dice defender.

Según Claver-Carone, el swap con China condicionó el diseño del nuevo préstamo por US$20.000 millones con el Fondo Monetario. “Si se hubiese cancelado antes, el programa podría haber sido más robusto”, señaló, apuntando a una contradicción que en Washington ya se volvió insostenible. También recordó que funcionarios clave del Partido Republicano, como Scott Bessent y el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, expresaron en las últimas semanas su rechazo al vínculo con China.

Desde Beijing, la embajada china no se quedó atrás: acusó a Estados Unidos de intentar “sabotear” un acuerdo que, para ellos, representa una herramienta de cooperación estratégica con América Latina. En cambio, para Washington, es un instrumento de presión política y financiera de Xi Jinping sobre el Cono Sur.

El fuego cruzado estalló justo cuando Milei intenta presentarse en escena internacional como un socio confiable de Occidente. Pero las cuentas no cierran: para cumplir con vencimientos inmediatos y evitar un salto cambiario, el Gobierno decidió renovar el swap, contradiciendo su prédica ideológica. Esa tensión ahora se hace pública y amenaza con desgastar aún más la posición externa del país.

“Queremos asegurarnos de que ningún acuerdo con el Fondo prolongue ese swap. Si hacemos eso, nos estamos pegando un tiro en el pie”, advirtió Claver-Carone, con tono de ultimátum. La frase resume el nuevo dilema: o la lealtad con el Norte o la dependencia con el Este. En el medio, un país endeudado, fragmentado y presionado desde los dos extremos del tablero global.

El procurador pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidente en la causa Vialidad. Se profundiza la ofensiva judicial contra la dirigente política más votada desde el retorno democrático.

En un nuevo capítulo de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó este jueves a la Corte Suprema que se eleve la condena en su contra a 12 años de prisión, esta vez por el delito de asociación ilícita, en el marco de la causa Vialidad.

La medida busca no solo agravar la pena ya impuesta por administración fraudulenta —6 años dictados en diciembre de 2022—, sino también habilitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que en los hechos representaría la proscripción política de la principal referente del campo popular argentino.

Casal respaldó el recurso presentado por el fiscal Mario Villar y pidió ampliar el decomiso de bienes y revertir la absolución del ex ministro Julio De Vido. En su dictamen, acusó a los tribunales inferiores de haber actuado con “arbitrariedad” al descartar la figura de asociación ilícita, desoyendo incluso pruebas y criterios ya debatidos en instancias anteriores.

La avanzada se da en un contexto político marcado por la judicialización de la política, donde sectores del Poder Judicial operan abiertamente como actores partidarios. No es menor que Casal, procurador interino desde 2017, haya sido sostenido durante años por el macrismo y nunca ratificado por el Senado, lo que debilita su legitimidad institucional.

Cristina Kirchner ya había denunciado en múltiples ocasiones que las causas judiciales en su contra no buscan justicia sino su proscripción. La posible intervención de la Corte, luego del dictamen de Casal, abre la puerta a un fallo definitivo que, de concretarse, excluiría a la expresidenta de la vida política por fuera de cualquier decisión del voto popular.

Dos constructoras se retiran por falta de pagos de Enarsa, se acumulan deudas desde febrero y renunció el gerente de mantenimiento. La parálisis afecta una obra estratégica que ahorra USD 3.000 millones anuales en energía.

Una nueva señal de crisis golpea al desarrollo energético de Vaca Muerta. La obra del gasoducto clave para el transporte de gas natural quedó virtualmente detenida luego de que la UTE conformada por Contreras Hermanos y Esuco anunciara su retiro del proyecto. El motivo: Enarsa acumula meses de deudas impagas y se niega a reconocer sobrecostos inesperados.

El ducto, considerado estratégico para reducir importaciones y mejorar el abastecimiento interno, quedó con tramos críticos inconclusos, especialmente en la planta compresora de Salliqueló, indispensable para el pleno funcionamiento del sistema.

A esto se suma el colapso de una estación de medición en La Pampa, provocado por un temporal, pero agravado por la falta de mantenimiento. La situación, según fuentes del sector, refleja la parálisis técnica y administrativa que atraviesa la empresa estatal.

En una nota formal dirigida a Enarsa, la UTE fue tajante: “Se procederá a la relocalización de todos los recursos que esta Contratista mantiene actualmente dentro del predio de Enarsa, correspondiente a la zona de emplazamiento de la Planta Compresora Salliqueló”. Y añadieron: “A partir del lunes 19 de mayo de 2025, todas las comunicaciones deberán canalizarse exclusivamente por correo electrónico y/o mediante carta contractual, conforme los interlocutores designados por ambas partes”.

El cuadro se agrava por el deterioro interno en Enarsa. Esta semana renunció Oscar Álvarez, gerente de mantenimiento del gasoducto, en medio de una ola de dimisiones. Una fuente de la empresa no ahorró críticas: “Mientras el club de asesores que rodeaban a las autoridades de Enarsa se van retirando o huyendo como ratas y con vacaciones pagas, la empresa sigue a la deriva”.

Con un discurso plagado de estigmas y falsedades, Manuel Adorni anunció un endurecimiento sin precedentes en la política migratoria: restricciones para residencias y ciudadanía, expulsiones aceleradas y arancelamiento de servicios públicos.

En una nueva ofensiva contra los migrantes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles un paquete de medidas que endurecen de forma drástica el acceso a la residencia permanente, la ciudadanía, y los servicios públicos para extranjeros. Con un tono autoritario y acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario confirmó que quienes cometan delitos —o incluso solo ingresen de manera irregular— serán expulsados del país, y que los migrantes deberán comenzar a pagar por la atención sanitaria y, eventualmente, por la educación universitaria.

En línea con el discurso de la ultraderecha internacional, Adorni utilizó el eslogan de Donald Trump —“Hacer grande a la Argentina otra vez”— y apeló a los clichés de la “invasión migrante” y los “tours sanitarios”, sin brindar datos verificables ni permitir preguntas de la prensa.

“Queremos recibir a quienes estén dispuestos a colaborar dentro del marco de la ley, y tener la firmeza de expulsar a quienes incumplen las normas”, afirmó el vocero. Entre los puntos más controvertidos del anuncio se destacan la expulsión inmediata de migrantes con condenas, sin importar el tipo de delito ni el tiempo de residencia, el rechazo en frontera a cualquier extranjero con antecedentes penale, el arancelamiento obligatorio de la salud pública para residentes transitorios e inmigrantes “ilegales, la autorización a las universidades nacionales a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros y la modificación de los requisitos para obtener la ciudadanía: ahora se exigirá una residencia continua de dos años sin salir del país.

“Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas”, sostuvo Adorni, y se quejó de que “las condiciones de deportación son demasiado flexibles”. En otro tramo, denunció sin fuentes que “en un año, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender extranjeros”.

Pese al intento de criminalización, los datos oficiales desmienten al Gobierno. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, vigente a diciembre de 2022, sólo el 5% de la población penitenciaria es de origen extranjero: 5.089 personas sobre un total de 105.053. Lejos de lo que sugiere la narrativa oficial, no existe correlación entre migración y delincuencia.

Las medidas serán implementadas por decreto, en otra muestra del avance del Ejecutivo sobre temas sensibles sin debate parlamentario. La ministra Bullrich, quien impulsó en su gestión anterior el fallido DNU 70/2017 (de contenido similar y declarado inconstitucional por la Corte Suprema), vuelve a la carga contra las personas migrantes, ahora con respaldo presidencial.

En paralelo, Adorni —quien se posiciona como candidato a legislador porteño— utilizará estas conferencias como plataforma de campaña en la recta final electoral. El jueves se espera un nuevo anuncio vinculado al blanqueo de capitales, otra medida controvertida del oficialismo.

El gobierno de Javier Milei continúa profundizando su modelo de ajuste y exclusión, ahora apuntando contra los sectores más vulnerables y con un mensaje que estigmatiza, desinforma y vulnera derechos fundamentales. Mientras tanto, la promesa de libertad parece aplicarse solo a unos pocos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lidera con comodidad las encuestas en la provincia de Buenos Aires, donde aventaja por siete puntos al diputado José Luis Espert, según un relevamiento de la consultora Circuitos que también registra un fuerte rechazo a la gestión de Javier Milei.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 5 de mayo sobre 1.200 casos, muestra a Cristina con más de 35% de respaldo, especialmente en el conurbano, consolidándose como la figura opositora con mayor peso en el principal distrito electoral del país. Detrás se ubica Espert, a considerable distancia, mientras que otros dirigentes como Axel Kicillof y Sergio Massa mantienen apoyos menores pero estables.

La encuesta también revela que más del 60% de los bonaerenses desaprueba la administración libertaria, con críticas marcadas en materia económica y de seguridad, dos áreas sensibles para el electorado provincial.

Con un margen de error de +/- 2,8%, el relevamiento anticipa un escenario en el que la ex mandataria podría jugar un rol decisivo en las próximas elecciones, dado el peso estratégico de Buenos Aires en el mapa político nacional.

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el Gobierno nacional estableció por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), con valores que se alinean con la propuesta presentada por el sector privado y se ubican lejos del monto reclamado por las centrales sindicales.

La administración de Javier Milei definió el aumento luego de que no se alcanzara consenso entre empresarios y sindicatos: mientras la CGT y las dos CTA exigieron una suba que elevara el salario mínimo por encima de los 600 mil pesos, los representantes empresarios propusieron cifras cercanas a los 300 mil, monto que finalmente fue adoptado por el Ejecutivo con una diferencia mínima.

Según la Resolución 5/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el nuevo salario mínimo será de $302.600 a partir del 1° de abril para trabajadores mensualizados a jornada completa y de $1.513 por hora para jornalizados. El esquema prevé subas escalonadas hasta agosto, cuando alcanzará los $322.000 mensuales.

Además, se mantuvieron sin cambios las condiciones de la prestación por desempleo, que continuará siendo equivalente al 75% de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, con un piso del 50% y un tope del 100% del salario mínimo vigente.

La medida alcanza a trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y las entidades estatales empleadoras.

El modelo de mano dura de Daniel Noboa no resuelve las causas de la crisis ecuatoriana. Con una reelección en juego, el mandatario y candidato se alinea con figuras como el presidente estadounidense, mientras la injerencia externa se potencia.

Ecuador vive horas decisivas. Enfrentado a una espiral de violencia sin precedentes, un aparato estatal debilitado y una creciente desigualdad social, el país se encamina hacia el balotaje del domingo 13 de abril, donde se enfrentarán el presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Pero la elección no es solo un asunto interno: por la ubicación estratégica del país y su valor militar y económico, también está en juego el tablero geopolítico regional.

Desde que asumió el poder, Daniel Noboa ha optado por una estrategia de mano dura para enfrentar la violencia y el crimen organizado. Ha declarado “conflicto armado interno”, desplegado a los militares en las calles y mantenido estados de excepción recurrentes. Pero mientras fortalece el brazo represivo del Estado, la pobreza, el desempleo y la precariedad siguen sin respuestas estructurales.

La represión, sin políticas sociales y económicas profundas, no alcanza. La historia latinoamericana enseña que la seguridad no se impone: se construye desde la inclusión, el trabajo, la educación y el bienestar. En Ecuador, la militarización avanza, mientras el Estado retrocede y se debilita.

En paralelo, el presidente Noboa, empresario educado en EE.UU. y heredero de una de las mayores fortunas del país, ha privilegiado su imagen internacional. Su reciente encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago fue un gesto que buscó reforzar su legitimidad entre sectores conservadores, aunque resultó más simbólico que efectivo. Para muchos, fue una forma de alinearse con el nuevo eje de poder republicano en Washington, que ve en Ecuador un enclave clave para sus intereses.

Está elección presidencial es la primera en América del Sur desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Para el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio —conocido por su rol en operaciones encubiertas en la región—, Ecuador es la primera prueba de fuego de su “cruzada antizquierdista”. No se trata solo de impedir el retorno del correísmo al poder, sino de asegurar que la infraestructura militar de EE.UU. en Ecuador —como la presencia en Galápagos o la eventual reapertura de la base de Manta— no se vea amenazada.

En ese marco, la posibilidad de un fraude no puede ser descartada. Noboa llega debilitado al balotaje tras un empate técnico en la primera vuelta. Su rival, González, ha sumado el respaldo del movimiento indígena y campesino liderado por Leónidas Iza, que obtuvo el 5% de los votos. El bloque de poder que respalda a Noboa —que incluye al sionismo israelí, sectores del poder económico y la embajada estadounidense— ve en González un riesgo para sus intereses.

Los antecedentes no son alentadores. En 2021, cuando el candidato del correísmo Andrés Arauz ganó la primera vuelta, el entonces gobierno colombiano, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la inteligencia estadounidense montaron una operación para vincularlo falsamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), valiéndose de archivos presuntamente encontrados en una computadora de un comandante insurgente abatido. Cinco días después de la elección, el fiscal colombiano llegó a Quito para entregar la supuesta “prueba” a su par ecuatoriana. El escándalo, amplificado por los medios, afectó la candidatura de Arauz y facilitó el triunfo del banquero Guillermo Lasso.

Hoy, los mismos actores parecen estar en juego. La militarización de las Islas Galápagos, la cesión de soberanía territorial para operaciones del Comando Sur, y el alineamiento con Trump, son parte de una estrategia que apunta a blindar a Ecuador como puesto avanzado de la proyección militar estadounidense en el Pacífico, en plena disputa con China y su nuevo megapuerto en Chancay, Perú.

Mientras tanto, Noboa insiste en mostrarse como un líder fuerte, pero su política de seguridad se tambalea por la falta de legitimidad social y por su desconexión con las realidades del pueblo ecuatoriano. La represión no puede ocultar el vacío político ni la ausencia de un proyecto de país. Su prioridad no parece ser la solución de los problemas estructurales, sino la preservación del poder a cualquier costo.

En este escenario, el balotaje del 13 de abril será mucho más que una elección presidencial: será una disputa entre soberanía y dependencia, entre democracia y manipulación, entre justicia social y dominación imperial.

Se trata de la escuela primaria N°16 José María Ramos Mejía, la que enfrenta una crisis de infraestructura y condiciones inadecuadas. Docentes, estudiantes y familias denuncian la precariedad en la que deben desarrollar sus actividades diarias.

Este jueves por la tarde en las adyacencias de la escuela primaria José María Ramos Mejía, ubicada en la esquina de 33 Orientales y Don Bosco, se realizará un “semaforazo” para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires soluciones concretas ante la grave situación edilicia que presenta esa institución educativa porteña.

A través de un comunicado divulgado por diferentes redes sociales, se denunció que el Ramos Mejía atraviesa una “crisis” debido a los graves problemas de infraestructura y condiciones inadecuadas en esa escuela.

Los convocantes a la original protesta denunciaron que la falta de agua dificulta la higiene básica de los estudiantes, maestros y del personal administrativo, además de afectar el funcionamiento del servicio del comedor escolar.

Cabe destacar que las clases iniciaron con arreglos en el patio central de la escuela, lo que impidió el uso del mismo para actividades recreativas y pedagógicas, generando un constante riesgo para los alumnos, docentes y no-docentes.

En ese sentido, en la primera semana de clases se debieron suspender las mismas debido a la falta de agua y al exceso de polvo en las aulas y espacios comunes.

La situación de los baños no es diferente, los cuales “están en pésimas condiciones, con falta de higiene e instalaciones rotas”, denunciaron.

La deficiencia en ventilación y calefacción expone a los alumnos y docentes a temperaturas extremas, con frío intenso en invierno y calor sofocante en verano. Las ventanas que no funcionan correctamente impiden una ventilación adecuada y pueden representar un peligro en caso de una evacuación de emergencia. Además, la falta de insumos básicos es evidente, con mobiliario en mal estado y una escasez de materiales didácticos que afecta directamente la calidad educativa.

Ante esta alarmante situación, la comunidad educativa exige respuestas concretas y urgentes para garantizar condiciones dignas de aprendizaje y trabajo.

Una multitud de cubanos tomó las calles este viernes en un acto de unidad, resistencia y dignidad.

Este viernes, el emblemático Malecón de La Habana fue testigo de una masiva movilización popular contra el bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, así como contra la inclusión de la mayor de las Antillas en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Bajo consignas como “Querían al pueblo en la calle, aquí está la Cuba de Fidel” y “Toda Cuba se une contra el bloqueo”, miles de cubanos marcharon, exhibiendo una energía contagiosa que dejó con pocos argumentos a los grandes medios hegemónicos de comunicación. Las imágenes de la manifestación, que contrastan con las narrativas habituales sobre está nación del Caribe, proyectaron una realidad distinta: un pueblo firme, decidido y solidario frente a las agresiones externas.

Uno de los momentos más destacados, y cargados de simbolismo, fue la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, quien encabezó la marcha, consolidándose como una figura clave en esta demostración de unidad. Su liderazgo subrayó el vínculo entre el gobierno y el pueblo, reafirmando el compromiso de la dirigencia con la resistencia ante las políticas hostiles de Estados Unidos.

La imagen del jefe de Estado al frente de la multitud, acompañado por líderes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y vecinales, entre otras, representó una declaración contundente de unidad y determinación en defensa de la soberanía y los valores de la Revolución Cubana. Su participación resonó entre los manifestantes, quienes lo ven como una continuidad de la lucha histórica de Cuba contra las agresiones externas.

La movilización, que comenzó a las 4 de la tarde, reunió a miles de personas organizadas para rechazar enérgicamente el bloqueo económico que Washington aplica de forma unilateral desde 1960. Este cerco, que se ha intensificado con el paso de los años, ha causado pérdidas millonarias para la isla, superando los 5.056,8 millones de dólares en impactos acumulados.

Además del impacto económico directo, las medidas adoptadas durante la administración de Donald Trump endurecieron el bloqueo al incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional. Esta decisión añadió nuevas barreras a las ya deterioradas relaciones bilaterales, afectando viajes, comercio y acceso a las finanzas internacionales.

“De los cercos se sale luchando, y hoy Cuba lo demuestra nuevamente”, comentaron varios participantes. Durante la marcha, además de las críticas al bloqueo, se reafirmaron los valores de la Revolución y el espíritu combativo de una nación que se niega a rendirse.

Desde Miami, las reacciones no se hicieron esperar. La demostración de fuerza popular en Cuba generó incomodidad en sectores contrarios al gobierno cubano, que ven cómo sus intentos de dividir al país pierden efecto frente a estas muestras de unidad.

La marcha en el Malecón, símbolo de resistencia y orgullo, demostró una vez más que las medidas coercitivas de Estados Unidos no logran doblegar al pueblo de la isla. “No funciona la fuerza, no funciona el cerco. Aquí estamos, defendiendo nuestra soberanía y nuestra historia”, afirmó un manifestante.

Hoy, Cuba vuelve a hacer historia, mostrando al mundo la fortaleza de su Revolución y su capacidad para resistir con dignidad. Una vez más, como a lo largo de 65 años de Revolución, La Habana se convierte en el epicentro de un mensaje claro: “Con Cuba nadie se mete. ¡Abajo el bloqueo genocida!”