El exministro fue el único economista que se mantuvo en silencio. Ahora mismo está en la Argentina, en su casa de Bajo Belgrano. Pero es un habitué de Uruguay: no tiene inconvenientes para entrar y salir de ese país

A 20 días de distancia del nombramiento de Miguel Ángel Pichetto como vice, las lecturas grandilocuentes vuelven al estante de las exageraciones

La designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente tuvo un ganador indirecto: la familia judicial. El senador tiene influencia y trato directo con jueces, camaristas y fiscales federales de Comodoro Py

En apenas una sucesión de días, el kirchnerismo se relanzó como espacio político nacional y, sin tiempo a procesar lo que se había logrado, caminó por la cornisa de la angustia. La ofensiva de la dupla Claudio Bonadio-Carlos Stornelli, con sus terminales dentro del PJ y su inspiración internacional, se configuró en una amenaza extrema, de una violencia palpable. Aunque los objetivos sean demasiado obvios, no por eso pierden totalmente su eficacia: distraer a la opinión pública de la catástrofe final del modelo económico de Cambiemos, intentar echar culpas sobre otro actor político por el deterioro de la calidad de vida, inhabilitar electoralmente a CFK y, si los números en el Senado dan, encarcelarla al modo Lula.

 Este miércoles, sin embargo, el pedido de autorización por parte de Bonadio para allanar todos los domicilios de la principal líder y figura simbólica del kirchnerismo fracasó en el Senado. Contra todos los pronósticos. No todos los dirigentes territoriales del peronismo están dispuestos a incurrir en el acto de no retorno más audaz, servil a la Casa Rosada, e imperdonable para las bases electorales del conglomerado partidario, sindical y de organizaciones sociales que se expresa en Unidad Ciudadana. Porque, queda claro, aportar las bancas necesarias para que Bonadio tenga su festival de hombre duro, apadrinado por La Embajada, implica cruzar un límite. Asumir un riesgo. Un camino que –claro- ya se recorrió en Brasil.

 La detención de Lula, al igual que el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, no fueron posibles sólo por la acción de Sergio Moro, el juez de primera instancia del estado de Paraná que puso a Lula tras las rejas. Ni tampoco por la erosión cotidiana que desplegó la Red O Globo. Hubo aliados del lulismo, como también legisladores que formaban parte de la coalición que había postulado para la Presidencia a la fórmula Dilma-Temer, que acompañaron todo el proceso. Algunos en la pantalla y a la luz pública. Otros en las sombras, conspirando. En este punto, otra vez, Brasil y Argentina siguen caminos paralelos.

Imaginar lo nuevo en medio del ataque

El relanzamiento del sábado en Ensenada tuvo a Máximo Kirchner como figura central. El diputado viene consolidando su inserción en el distrito electoral más grande del país: la provincia de Buenos Aires. El año próximo se vence su mandato, para el que fue elegido en representación de Santa Cruz. Es probable que en 2019 el hijo mayor de Cristina compita por una banca en el Congreso, pero desde una posición estelar en una lista bonaerense. La PBA es, por cantidad de habitantes, el distrito que incorpora más diputados a la Cámara Baja.

En el plenario de Unidad Ciudadana, Máximo analizó la actualidad explosiva de las variables económicas. El discurso del fundador de La Cámpora duró 47 minutos. Tuvo momentos poco habituales para un polideportivo atestado de gente: Máximo leyó citas de un libro que tenía marcado, Economistas contra la democracia, del autor francés Jacques Sapir. El diputado también puso el eje sobre la prioridad de recrear algo nuevo, que retome la tradición y la identidad del kirchnerismo pero se proponga superarlo. Un ejemplo de ese objetivo podría ser incorporar novedades en lo discursivo pero asimismo en el marco de alianzas. “Tenemos que ofrecer un proyecto de país superador del proyecto actual (por Cambiemos) y del que terminó el 9 de diciembre de 2015. Se trata, no de reconstruir lo que fue, sino de construir lo que viene”, exhortó.

La invitación a innovar en términos programáticos ya encontró un primer paso: a propuesta de CFK, se incorporó la categoría ‘feminista’ a la tríada ‘nacional’, ‘popular’ y ‘democrático’.  De hecho en el encuentro realizado en los pagos de Mario Secco se vivió como una novedad -no sin cierta resistencia- la utilización generalizada del llamado ‘lenguaje inclusivo’. Quienes usaban el ‘compañeras’, ‘compañeros’ y ‘compañeres’ eran jóvenes, en su mayoría casi adolescentes, que relataban ante la multitud lo que se había discutido en cada una de las comisiones.

Otra de las novedades que pide Máximo puede encontrarse en el –novedoso- protagonismo que tiene hoy el sindicalismo en los espacios institucionales de Unidad Ciudadana. No parece casualidad que en la elección legislativa de 2017 la rama gremial haya recuperado el 33% de las diputaciones que ingresaron al Congreso por el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Esa proporción puede ser leída como un esfuerzo por superar las contradicciones que alejaron al FpV-PJ del polo mayoritario del movimiento obrero en el último mandato de CFK. Ese desencuentro, no es un secreto, contribuyó a los resultados electorales de 2015.

Las palabras de Máximo desde el polideportivo municipal de Ensenada coincidieron con el avance del llamado ‘caso de los cuadernos’, una saga en la que están involucrados agentes de inteligencia y que, ante la endeblez de la prueba inicial, giró luego hacia las declaraciones de empresarios y ex funcionarios supuestamente arrepentidos. “Si algo necesita este gobierno es desmovilizar a la sociedad”, advirtió el hijo de CFK en otro tramo de su discurso.

El kirchnerismo, en ese sentido, parece actuar por contraste dialéctico con los objetivos de la Casa Rosada. Si el macrismo intenta instalar la desmovilización, la antipolítica y una presunta desilusión por todo, Unidad Ciudadana opta por lo opuesto: eso explica por qué en la noche del martes miles de militantes de las agrupaciones que conforman UC salieron a pintar paredes en todas las provincias del país.

Tal como lo plantearía su madre esta semana en el escrito presentado ante Bonadio, Máximo lo calificó como parte de una persecución. Con crudeza, dijo que Mauricio Macri puede hacer con la familia Kirchner “lo que quiera”.

“Podrá hacer con nosotros lo que quiera. Y vemos que puede hacer con nosotros lo que quiere. El emperador (por Macri) dice ‘Cristina’ y ahí sale el Partido Judicial, con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político, que no han hecho nada por los argentinos, pero sí para mantenerse y obedecer al presidente. La idea que tienen es poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo, como en las viejas épocas”, cargó en lo que fue el párrafo más explosivo de todo el acto.

En medio de una ofensiva durísima ejecutada por una joint venture de actores locales e internacionales, el kirchnerismo intenta ingeniárselas para no quedar estancado en el rol de blanco móvil. Por un lado, intenta aguantar el ataque de un gobierno que está desesperado por el fracaso de todas sus variables y la posibilidad de un estallido. Pero al mismo tiempo busca prevalecer en el marco de los debates silenciosos que circulan dentro del peronismo.

“No vamos a permitir que la oposición sea a medida del gobierno. Porque eso es lo que pudimos ver en el año 2017, cuando tuvimos que enfrentar, en la mayor de las desigualdades, al aparato mediático y a todo el aparato estatal, en el marco de una campaña sobre la que no pueden justificar los aportes”, remarcó Máximo hacia el final de su exposición. “Nosotros queremos una Patria diferente, mejor de la que nos dejó Cristina en 2015. E inmensamente antagónica a esta que están construyendo”, remató luego.

Está claro: hoy en el país también se está discutiendo cómo será el peronismo que regrese al Estado en el caso de que la experiencia política de Cambiemos no tenga continuidad.

 @MartinPique

Un análisis de los vínculos entre los que se creen dueños de la verdad periodística con sus sponsors y socios políticos

El presidente dijo que no estaba la “plata” para afrontar los contratos entre la empresa y el Estado Nacional. Fuertes críticas del abanico opositor, reunión en la casa rosada y reaparición de los fondos. Complejo panorama para la industria espacial argentina.

Por Fabricio Bolatti*

Combo explosivo: tasas y tarifas por las nubes, devaluación, importaciones y ajuste sin fin

“No nos tomó por sorpresa, estábamos preparados”, dijeron en el gobierno nacional en referencia al significativo aumento del dólar que se dio en estos días. Cómo no esperarlo si el gobierno de Cambiemos viene batiendo records históricos en generar índices negativos y problemas estructurales en la macroeconomía argentina. El daño provocado es sobre el Estado y pueblo argentino y no sobre el patrimonio y las ganancias de los conglomerados de empresas que forman parte, directa o indirectamente, de la administración macrista, quienes justamente son los grandes beneficiados.

Este gobierno tiene ya varias medallas de oro garantizadas, logró para el ellos el record de aumento de deuda externa en dos años y medio de gestión, la más significativa cuenta de intereses a pagar en un año, alcanzó el mayor stock de letras del BCRA (deuda necesaria para lograr la fuga de divisas), también el descomunal déficit comercial alcanzado en el año 2017 y en consecuencia la mayor fuga de divisas o capitales (ganancia especulativa que se saca del país) que se haya registrado en la historia en tan corto tiempo.

Deuda Pública Externa, condiciones y vencimientos

El macrismo en dos años duplicó la deuda pública con el sector privado externo, pasando de USD 56.000 mill. a más de USD 115.000 millones de dólares, siendo el pasivo duro y condicionante ya que el resto es intraestatal y con organismos multilaterales de créditos. La deuda pública total se incrementó en más de USD 80.000 mill. y hoy supera los USD 307.000 millones de dólares.

Lograron aumentarla pero también empeorar su composición, debido a la proporción creciente de deuda externa sobre deuda total (más del 35 %), las mayores tasas de interés (6-7-8 % anual), la menor vida promedio y un monto significativamente creciente de intereses a pagar.

Para el caso de los intereses de deuda pública, los que constituyen un gasto público y se pagan con presupuesto público como la educación, justicia, seguridad, promoción del empleo, etc., pasaron de $109.000 millones de pesos en el año 2015 a más de $306.000 mill. en el 2016, $314.000 mill. para el 2017 y con la misma tendencia para este año 2018 se presupuestó $406.500 mill. de pesos. El incremento supera lo ahorrado por el ajuste previsional a los jubilados y demás beneficiarios, más el ajuste por quita de subsidios a la energía, gas, transporte y agua.

Mirado de otra forma, el gasto por intereses de este año duplica el de Educación y Ciencia/ Tecnología sumados y supera siete veces el de Salud.

Especulación, Lebac, fuga de divisas

En las políticas monetaria, financiera y cambiaria aplicadas por el gobierno de Macri está la causa de la crisis actual, que se aceleró por la decisión de la Reserva Federal de EE UU de incrementar la tasa de los bonos a 10 años hasta el 3% anual. Así fue que el stock de Lebac que hoy supera los $1,2 billones de pesos, creció más de $500.000 millones respecto a 12 meses antes y tres veces más que los $385.332 millones informados en los Estados Contables de 2015 del BCRA.

Estos instrumentos el Banco Central los coloca para retirar los pesos que se emiten para comprar los dólares ingresados por toma de deuda externa y por ingreso de inversiones extranjeras, la gran mayoría son capitales especulativos que aprovechan las ventajas de la

timba financiera diseñada en el país desde que el ex jefe de gobierno de la CABA ocupa el sillón de Rivadavia. De esta manera la autoridad monetaria debe ofrecer tasas cada vez más altas, y rogar que los tenedores renueven todo el stock que vence. Cuando ello no ocurre y los inversores reciben el pago en pesos del Central, suelen correrse a la compra de dólares y se generan las condiciones para una corrida como la que vivimos en los últimos días, que fue momentáneamente frenada ofreciéndoles la tasa de interés más alta de la gestión Cambiemos, 40% anual, luego de haber rifado U$S 7000 millones de las reservas y convalidado una devaluación de más del 12% en una semana (¿por qué no la frenaron antes a la corrida? ¿habrá habido amigos del gobierno beneficiados con estas medidas?).

Estas altas tasas generan derechos a pagar, el costo total de la fallida política monetaria antiinflacionaria alcanzó los $327.834 millones de pesos para el 2017, más del doble que el año anterior ($157.465 millones).

Como se deduce de lo explicado, la amenaza que significa un alto y creciente stock de Lebac, es que ante cada vencimiento se pone en riesgo y a prueba la sustentabilidad del modelo “M”, vencimientos con montos crecientes porque deben ir sumando los altos intereses generados y evitar su pago en pesos. Los últimos vencimientos llegaron a representar el equivalente a más del 50% de la base monetaria, el impacto del 10% de ese valor sobre el mercado cambiario ya es suficiente para una disparada de la divisa. Se generó un círculo vicioso negativo que destruye salarios, endeudamiento, empleos, servicios públicos y que genera una formidable transferencia de riqueza a sectores económicos y financieros concentrados y especulativos, que, es necesario decirlo, dictan hoy la política económica del gobierno argentino.

Altas tasas para estabilizar el dólar, endeudamiento externo y desregulación del mercado cambiario, constituyen la garantía para el libre saqueo de los capitales especulativos, hoy en nuestros país más del 80% de los dólares que ingresan vienen a la timba financiera y se van llevándose en cuotas las reservas del Banco Central, las que ante déficit de la cuenta corriente solo en el endeudamiento externo encuentra su oxígeno, por eso es que pedir dólares prestados en nuestro país es financiar la fuga de divisas, la que desde el inicios del nuevo gobierno alcanzaría los USD -64.878 millones de dólares (32.257 millones en 2016, más de 28.779 millones a fines del 2017).

Déficit Comercial y Fiscal, más ajuste

Para el cierre del ejercicio presupuestario de 2017 el gobierno muestra contento una reducción del déficit primario, en un año no electoral redujo el gasto total en términos reales respecto de 2016, lo que obedece, básicamente a la drástica caída del 27%, en los subsidios económicos en energía y transporte principalmente. También la desaceleración en las transferencias de capital a las provincias (obras públicas), sobre todo después de las últimas elecciones.

Pero a la hora de ver el déficit financiero que agrega el pago de intereses de la deuda, muestran un aumento desmedido que lleva el déficit a $612.700 millones de pesos y a un 6% del PBI. Así el déficit financiero creció en 2017 un 30% respecto de 2016 y demuestra que todo el esfuerzo que el gobierno impone al pueblo a través del ajuste y quita de derechos, termina yendo al pago de ganancias de los sectores financieros especulativos.

Para agregar las malas noticias, esta refleja la caída del sector productivo, las nuevas reglas macristas lograron un déficit comercial record, el que alcanzó los USD 8.471 millones de dólares para el año 2017, para el intercambio de mercancías con el exterior.

El gobierno centra en estos dos déficit, fiscal primario y comercial, las causas para justificar el endeudamiento externo y ante cualquier situación negativa profundiza el ajuste, hace días el Ministro de Hacienda daba señales a los mercados anunciando más ajuste y baja del déficit primario, entre otros $30.000 millones de pesos menos para obra pública, siendo muy claro a la hora de definir prioridades, ya que con el ajuste al pueblo se liberan recursos para pagar más intereses de deuda o ganancias especulativas.

¡Van por todo!

Como dice Macri, en 2015 también había el déficit pero el mismo se financiaba con algo de deuda en pesos y con adelantos transitorios o utilidades del Banco Central. Ese último financiamiento tenía costo cero y, cuando se tomaba deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o Anses, se pagaba una tasa subsidiada. El nuevo Gobierno lo cubre con deuda cara y en su mayoría con acreedores externos, pagando altos intereses. Pero finalmente cumplen el principal objetivo que es obtener dólares para poder cubrir la salida de capitales especulativos fugados.

El endeudamiento en economía no está visto como algo malo o nocivo en sí mismo, muchas veces constituye una oportunidad para el progreso, desarrollo e inversiones. Si es malo o bueno depende de para qué se use o su finalidad, si se financia una obra de infraestructura, importación de maquinaria o tecnología para la industria, es muy probable que el crecimiento obtenido pague la deuda, pero en el modelo de Cambiemos la deuda externa no opera como elemento complementario de la política económica de desarrollo, sino como el sustento fundamental de un sistema financiero de especulación y saqueo de la riqueza de los argentinos.

Pero no creamos que tocaron fondo ni que se le terminaron las ideas o los soldados, la herencia recibida fue muy rica, aunque repitan lo contrario, y como dicen hoy para defenderse “el endeudamiento alcanzado es bajo, entre los menores de la región” y si tenemos en cuenta que en la herencia esta YPF, Aerolíneas Argentinas, pasamos de menos del 20% de propiedad estatal del sistema eléctrico a más del 40% a través de la inversión hecha en los 12 años “K”, esto incluye la represa hidroeléctrica Yacyretá, termonucleares, entre otras. Podemos decir que para que la fiesta continúe solo tienen que encontrar comprador.

* Unidad Ciudadana, Chaco.

Por Federico Basualdo

Subsidios para los amigos y deudas para todos

El vertiginoso aumento de las tarifas de los servicios públicos pone en crisis el entramado productivo y la economía de los hogares bonaerenses. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 las tarifas residenciales de Edenor y Edesur aumentaron en promedio un 1600%, en tanto que los aumentos de las distribuidoras bajo jurisdicción provincial (EDES, EDEN, EDEA Y EDELAP) oscilan entre 600% y 900%. Para mitigar el daño generado, el presidente Macri y sus aliados proponen pagar la tarifa en cuotas y la gobernadora María Eugenia Vidal plantea disminuir la carga tributaria sobre las tarifas finales de los usuarios. Estas aparentes soluciones descargan sobre los bolsillos de los usuarios la garantía de la rentabilidad de las empresas. El Presidente propone financiar el pago de tarifas en cuotas y con un alto interés y la mandataria provincial eliminar impuestos, al tiempo que endeudó a la provincia en 4.500 millones de dólares para financiar el déficit de su administración.

La programación tarifaria para el sector eléctrico que acordaron las empresas distribuidoras de la provincia y el gobierno local, se suma al ajuste de subsidios del precio mayorista de la energía, establecido desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a los aumentos otorgados a las transportistas.

La Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las empresas de la provincia de Buenos Aires se realizó en 2016, y estableció un horizonte de cinco años para el ajuste tarifario, las inversiones, la calidad del servicio y la atención a los usuarios. Las tareas fueron realizadas por un Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), integrado por funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y funcionarios del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). La falta de difusión sobre los aspectos técnicos de la revisión imposibilita conocer, por ejemplo, la metodología y el cálculo de la rentabilidad otorgada a las empresas, el horizonte de incremento del Valor Agregado de Distribución, y la existencia o no de una cláusula de ajuste inflacionario. También sería interesante conocer el destino de los fondos percibidos por las distribuidoras en concepto de “recupero tarifario”, a cuenta del aumento no retribuido por los amparos presentados en la justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que durante ese período las empresas prestatarias dejaron de abonar a CAMMESA (es la compañía que, bajo control estatal, administra el mercado eléctrico mayorista) la energía suministrada.

En la actualidad, todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires se encuentran controladas por un mismo grupo económico. Durante los últimos dos años, Desarrolladora Energética S.A. (DESA), controlada por Rogelio Pagano, desembolsó en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro), y en una segunda instancia, en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata). Ambas operaciones se realizaron en paralelo al proceso de revisión tarifaria, y las mismas fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (CNDC). La falta de colaboración del ENRE y el OCEBA con el análisis de las operaciones quedó en evidencia en los dictámenes correspondientes de la CNDC. En un hecho sin precedentes, en el último dictamen, referido a la compra de EDEA y EDELAP, queda expuesta la negativa de las autoridades del Organismo de Control a colaborar dado que consideran no tener competencia en el tema, señalando al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, como la autoridad competente. El marco regulatorio eléctrico de la provincia otorga amplias facultades al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ninguna de ellas señala que debe reemplazar las funciones del regulador.

A pesar de la falta de colaboración, no es necesario el asesoramiento de los organismos reguladores para destacar que la concentración de las cuatro distribuidoras provinciales en manos de un mismo grupo económico redunda en una flagrante violación de la normativa vigente. Sin embargo la CNDC recomendó al Secretario de Comercio de la Nación aprobar ambas operaciones. Su flamante presidente, Esteban Manuel Greco, es un conocido consultor de empresas del sector energético. En los dictámenes sobre las compras de DESA, este consultor insiste en la utilización de técnicas de benchmarking para subsanar la potencial lesión a la competencia ocasionada por dichas operaciones. Casualmente, el benchmarking es uno de los servicios que ofrece la consultora de la que fue socio hasta 2015, año en que asumió como presidente de la CNDC.

En 2017 se cumplió el primer ejercicio económico de DESA como grupo consolidado. Con una participación parcial de EDELAP y EDEA, DESA obtuvo ingresos por 8.880 millones de pesos, y ganancias por 773 millones de pesos. Al igual que otros conglomerados del sector, el grupo registra una importante actividad financiera producto de la cual en 2017 presenta costos financieros por 1.667 millones de pesos. En buena medida, la actividad financiera del grupo se explica por el nivel de endeudamiento que registra.

En mayo de 2016, en el marco de su estrategia de expansión, DESA tomó un préstamo a 18 meses con UBS Securities LLC, para financiar la compra de EDES y EDEN. El total del préstamo fue de U$S 124 millones, al 13% anual. A su vez, en julio de 2017 DESA obtuvo un préstamo por 475 millones de dólares por parte de un consorcio de bancos extranjeros, a un interés de 9,5% anual, y por un plazo de tres años. Según declara la empresa en su balance 2017, dichos fondos fueron utilizados para cancelar el préstamo con UBS Securities LLC, y para adquirir participaciones minoritarias en distintas sociedades controladas por el grupo.

Llamativamente, otro importante acreedor del grupo es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, la cual está controlada por el Estado nacional. Al 31 de diciembre de 2017, DESA le debía a CAMMESA 7.081 millones de pesos. Con mejor suerte que con la banca extranjera, DESA obtuvo inmejorables ventajas para la refinanciación de su deuda con el Estado. Del total de los fondos, el grupo logró refinanciar 3.624 millones en 90 cuotas con un interés de 10% anual; y 1992 millones, en 20 cuotas sin interés. Si bien con la deuda restante aún no llegaron a ningún acuerdo, resulta evidente que el plan de pagos ofrecido por las autoridades de la empresa administradora del mercado eléctrico, representa un subsidio estatal a las inversiones del grupo DESA en el sector energético de la provincia de Buenos Aires. CAMMESA dejó de subsidiar el precio de la energía para subsidiar la expansión y las ganancias de los grupos económicos.

La precariedad regulatoria, o más bien la regulación funcional de los organismos nacionales y provinciales que intervienen en el sector energético, apunta a fijar las condiciones para que la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires deje de ser un servicio público y pase a ser un negocio cautivo para las empresas. Los organismos de control actúan, al compás del Poder Ejecutivo nacional y provincial, como garantes de la transferencia de ingresos desde los hogares bonaerenses y los distintos sectores de la economía a las empresas de energía, al tiempo que garantizan y subsidian la concentración de las empresas del sector en un puñado de grupos económicos, erosionando notablemente el interés general.

Fuente: El Cohete a la Luna

El macrismo se propone sepultar lo que queda de la Ley de Medios, sacrificar el ARSAT y consolidar el emporio Cablevisión/Telecom/Clarín con Telefónica de España como coartada.

Por Cynthia Ottaviano*

Cuando Henry Jenkins (2006) definió la “convergencia”, de la que tanto se habla por estos días en la Argentina, lo hizo desde una perspectiva compleja, sociocultural, antes que técnico-económica.

Para el analista estadounidense, la nueva cartografía que desafía las relaciones humanas puede pensarse como el “flujo del contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (2006:14).

Es decir que en el proceso de la “convergencia” intervienen las industrias, las plataformas, pero también resulta necesario analizar el flujo de contenidos y las posibilidades y comportamientos de las audiencias en su rol dinámico, activo y transformador de la comunicación.

De hecho, Jenkins sostuvo que “si nos centramos en la tecnología, perderemos la batalla incluso antes de empezar a librarla”. De allí la necesidad de “enfrentarnos a los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la tecnología y definir el uso de ésta”, porque la convergencia “es más que un mero cambio tecnológico” (2006: 214).

Cuando el macrismo tradujo este aporte académico a una propuesta legislativa,sepultó toda posibilidad de pensar en las clasificaciones propuestas de “convergencia cultural”, “convergencia orgánica” y “convergencia popular” y sólo se abocó a la “convergencia corporativa” y la “convergencia tecnológica”, en el paradigma de la acumulación y concentración del capital y la pérdida de soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional.

Es decir, obturó la posibilidad del debate sobre la lógica con la que operan las culturas, la producción de contenidos, las “conexiones mentales que establecen” las personas a partir de las informaciones de múltiples plataformas, el flujo impulsado por las propias personas en tiempos de fácil acceso al archivo y la publicación, para recircular la información que debe ser plural y diversa, para no conspirar contra las democracias y afectar la gobernabilidad.

Con sus políticas públicas, el macrismo enterró incluso la idea de que, en ese cambio cultural, “las corporaciones” y “los individuos dentro de los medios corporativos, ejercen todavía un poder superior al de cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores” (Jenkins, 2006:15).

En esa inteligencia, en la bitácora gubernamental actual, sólo parecen importar “la combinación de funciones en un mismo dispositivo tecnológico” (convergencia tecnológica) y “el flujo de contenidos mediáticos comercialmente dirigido” (convergencia corporativa), a merced del país extranjero o la corporación que presione a cada tiempo y en cada espacio (Jenkins: 2006:276).

Por lo menos es lo que puede deducirse del proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación, los primeros días de abril, llamado “Ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia Tics”, en consonancia con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy.

El gobierno parece haberle entregado a Rajoy la tranquilidad de que -si por ellos fuera-, la corporación de despligue mundial Telefónica podría brindar servicio de televisión satelital, internet, telefonía móvil y fija, lo que hasta el cierre de esta edición está prohibido.

Así, Rajoy no sólo aceptó la grata invitación de ver a los Granaderos con banderas españolas, como símbolo de regresión a la etapa colonial, sino también la posibilidad de que dieran cauce a su reclamo, a partir del gran negocio entregado con anterioridad a su competidora local Telecom, en la habilitación de la ultraconcentración con Cablevisión/Clarín, como regresión a un neocolonialismo cultural.

Para dar cumplimiento a las promesas contraídas con Rajoy, será necesario volver a modificar la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la ley Argentina Digital (27.078), ahora por otra ley, provocando diversos daños:

1) Poner en riesgo la soberanía nacional, a través de la entrega de Arsat y la infraestructura pasiva desarrollada.

2) Perturbar el acceso de las audiencias a programación local, donde pueden encontrar información relevante y representaciones de subjetividades más genuinas y propias.

3) Generar las condiciones para la liberación tarifaria que, como en otras áreas de la economía local, concluyen en tarifazos.

4) Dejar a merced ministerial, de un gobierno darwinista, la reglamentación para “proteger y promover” la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas.

5) Desproteger a las audiencias y los actores más chicos frente a los corporativos y concentrados, con autoridades de aplicación gubernamentalizadas, alejadas de los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos de autonomía e independencia.

6) Entregar la democracia y la gobernabilidad en manos de la comunicación concentrada y transnacionalizada.

Escenario complejo, medidas darwinistas

A lo largo y ancho del país, en la actualidad sólo tres empresas brindan televisión satelital (DirectTV, de manera preponderante; InTV, de Red Intercable, y la TDA, de desarrollo estatal) y sólo dos Telefonía Fija, con participación en móvil.

Con el proyecto gubernamental las telefónicas podrán dar servicios satelitales y audiovisuales, considerados por nueva disposición legislativa como mercancías, y ya no como un derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol indelegable de salvaguarda.

Lo que fue impedido hace diez años, durante los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que las telefónicas brindaran servicios de comunicación audiovisual, dadas las características diferenciadas en las escalas de unas y otras licenciatarias), ahora que el gobierno extendió una alfombra roja para permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín/Cablevisión con Telecom (quienes brindaban sólo servicios de comunicación audiovisual, también puedan dar telefonía fija, móvil e internet), empieza a admitirse, hasta aquí, con todos los avales gubernamentales y sin demasiada oposición.

Es decir que, mientras con la LSCA se limitaba la cantidad de licencias de comunicación audiovisual se podían operar en el país (radio, tv), a la vez que se imponían límites a la operación de diferentes servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet), ya con el DNU 267 de las corporaciones firmado por Macri ni bien asumió el gobierno, y ahora con esta “Ley Rajoy”, nada será igual, al punto que ni habrá distinción entre el cable (televisión por suscripción por vínculo fijo) y la tv satelital, cuando son servicios diferentes, con característica diferenciadas.

“Desde la mirada del usuario es lo mismo”, se sentenció desde el gobierno. Pero no lo es. De mínima, porque el servicio de TV satelital opera a nivel regional -dada la capacidad de abarcar hasta la totalidad de Sudamérica con un solo satélite- y esa situación no sólo afectará la cantidad de puestos de trabajo argentinos, sino que también hará que quienes viven en Formosa no puedan acceder a la programación local, pero sí puedan ver la de México.

¿Podría solucionarse? En principio obligando a las licenciatarias a colocar un decodificador “híbrido”, es decir que tenga las señales y canales de la grilla general, pero que habilite el acceso a la TDA, que debería tener la programación local.

Pero ¿qué pasaría si no pagara el servicio? Le cortarían la posibilidad de ver una y otra programación, cuando la de la TDA es de acceso gratuito, vulnerando así el acceso al derecho humano que es la comunicación.

Por otra parte, la concentración o posiciones dominantes, tanto verticales como horizontal, provoca que unas señales sean discriminadas con respecto a otras, porque quien transporta esas señales privilegia las propias, hundiendo la pluralidad y diversidad. Así ha ocurrido con la fusión de Multicanal y Cablevisión, en la que terminaron por “desaparecer” numerosas señales.

En ese escenario es necesario recordar las prácticas predatorias, como consecuencias de ser “dueños y señores” en múltiples zonas geográficas o incluso en todo el país a la vez, dado que pueden compensar las ganancias de unos lugares con las de otros.

Ocurre que al desembarcar en determinadas ciudades pueden establecer precios muy por debajo del “mercado”, que en un principio puede parecer beneficioso para las audiencias, pero una vez que “eliminan” la competencia -que no puede sostener esos precios por una cuestión de costos-, determinan las tarifas, dada la falta de competitividad real, transformándolas en tarifazos.

Una ultra concentración inédita para la Historia argentina

La gravedad de la situación empeora cuando se recuerda la promesa incumplida del gobierno en generar una reglamentación “convergente”, dado que la LSCA era “obsoleta”. En el “mientras tanto” -que lleva dos años y medio de extensión-, Macri hundió la reglamentación y la institucionalidad creada por las leyes votadas en el Congreso, con amplias mayorías. Aún, cuando desde el mismo gobierno se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar al parlamento el proyecto, como se señaló, hace dos años y medio.

Vale recordar que esos decretos macristas sepultaron la necesidad de adecuación a los límites que establecía la LSCA y fueron la primera senda del largo camino hacia la ultraconcentración comunicacional actual.

Poco tiempo después, Cablevisión compró NEXTEL, la empresa de telefonía móvil, con la posibilidad de obtener espectro radioeléctrico para brindar servicios de 4G, y otras cinco empresas que también disponían de espectro, aunque asignado a otros servicios.

Unas semanas más tarde, llegó la autorización del ultragubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -cuya dirección es nombrada y removida a dedo por Mauricio Macri-, para habilitar el uso de ese espacio radioeléctricos para telefonía móvil.

Así, el grupo comunicacional que maneja la única fábrica de papel para diarios de todo el país (en alianza con el diario La Nación), el mayor diario de circulación nacional, diversas radios, entre ellas la de mayor audiencia de la Ciudad de Buenos Aires, canales y señales de TV con altos niveles de audiencia nacional, suma casi el 40% de la telefonía fija, más del 50% de Internet, casi el 40% de la televisión por cable y más del 30% de la telefonía móvil, salvo desaprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el poder Judicial.

Nunca existió en la historia de la Argentina un poder comunicacional de estas características, con uno de los yacimientos de datos más extraordinarios que pueda existir, a través del acceso y participación de las audiencias en la telefonía fija y móvil, internet, la radio, la tele, los diarios y revistas, imprentas y sitios digitales, muchos de ellos pagados por cuentas bancarias con débitos automáticos, a través de tarjetas débito y crédito.

Las tensiones entre los diversos actores del campo de las Tics empezó casi antes de presentado el proyecto, no tanto por las consecuencias democráticas de la concentración, sino por las comerciales que implicarían que los nuevos actores sin haber invertido casi nada en infraestructura puedan sumarse al negocio, ya que según el proyecto las empresas de telecomunicaciones podrán compartirla infraestructura pasiva -ductos, postes, torres-, quitándole, además, a Arsat el espectro radioeléctrico reservado por la ley 27.208 para desplegar una red para la seguridad y las emergencias.

La única restricción geográfica que se establece hasta aquí es en localidades de menos de 80 mil habitantes, pero el proyecto sostiene que se materializará por resolución posterior, a manos del gobierno, de manera que la desconfianza tanto como las presiones comenzaron a recorrer los despachos de la casa Rosada.

Como si fuera poco, las obligaciones de los prestadores no ocupan ni un artículo del proyecto, que tampoco incluye los servicios audiovisuales a demanda, como la conocida Netflix, a quien en Europa se le reclama cumplir con cuotas pantalla, es decir la sumatoria de programación local y el pago de gravámenes.

Más pérdida de soberanía con la entrega de Arsat

La Argentina diseña y fabrica satélites que pueden brindar servicios de televisión, pero en el proyecto, esto también quedó en el olvido.

El Plan Argentina Conectada, creado hace siete años durante el gobierno de Cristina Kirchner, permitió a Arsat y a empresas públicas provinciales desplegar una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país, para brindar internet de banda ancha, con una inversión de casi mil millones de dólares, que ahora podrían aprovechar los privados, en detrimento del patrimonio público.

El ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus lo explica con claridad: “Es que el modelo de negocios de Arsat, basado en fuertes inversiones estatales, fue concebido para no ser deficitario en términos operativos. Es decir, lo que se factura mensualmente por servicios debe ser superior a lo que se gasta. El principal objetivo político y social de la empresa es proveer una alternativa de calidad a Pymes y Cooperativas del interior del país, pero estos numerosos y dispersos clientes no son grandes demandantes de servicios puesto que disponen de pocos usuarios en relación con el total nacional. Quienes concentran la mayor cantidad de clientes de Internet, tanto fija como móvil, son las empresas oligopólicas, es decir, Claro, Telefónica, Telecom y Cablevisión quienes concentran el 100% de los servicios móviles y más del 70% de la banda ancha fija. Con los ingresos generados por la venta de Internet mayorista a Pymes y Cooperativas Arsat cumple su función política y social como empresa estatal, pero para lograr superávit operativo, la empresa le brinda servicios a Claro y Telefónica para que conecten mediante fibra óptica las radiobases del servicio móvil de 4G en aquellas zonas donde deben cumplir con las exigencias regulatorias de la licitación de espectro pero no tienen red troncal o esta no tiene la capacidad suficiente para el tráfico de 4G”.

-¿Qué pasaría si el proyecto se convirtiera en ley?

-De prosperar tal como fue presentado por el Ministerio de Modernización el artículo 1, las empresas de comunicaciones móviles ya no necesitarían los servicios de Arsat, podrían utilizar su infraestructura (ductos) y desplegar rápidamente sus redes -agrega Rus. Esto impactaría fuertemente en los ingresos de Arsat volviendo deficitario el negocio de conectividad mayorista. Y lo mismo pasaría con todas las empresas estatales de telecomunicaciones provinciales y municipales que fueron desarrollando su infraestructura en el marco de planes nacionales, provinciales o locales. El Estado interviene ante la falta de esfuerzos del privado y luego estos se apropian de la infraestructura desplegada, un negocio redondo. En un contexto donde el Plan Satelital de Arsat se encuentra paralizado, Arsat-3 fue suspendido e incluso se lo intentó privatizar creando una nueva empresa con mayoría de la norteamericana Hughes, proveedora del DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) pasando por encima de la ley 27.208 que establece en su artículo 10 la obligatoriedad de llevar al Congreso una medida de esta índole.

El camino del deber ser para defender la democracia

Con la imposibilidad de acuerdos parlamentarios mayoritarios que repliquen las voluntades gubernamentales, parece utópico pensar en la posibilidad de una modificación al rumbo tendido por el gobierno.

Sin embargo, el alto grado de responsabilidad democrática que exige el tiempo histórico que se vive, obliga a reflexionar sobre propuestas concretas al proyecto presentado.

Aquí un resumen de diez medidas que podrían tomarse, entre otras:

1) Exigir un freno a la concentración comunicacional, ya que conspira contra las democracias. Como ya se ha publicado en estas páginas, la realidad comunicacional argentina está prohibida en Francia, Inglaterra y otros países que suelen estar a mano para exigir reglas claras y justas en el plano local.

2) Desnaturalizar el incumplimiento de las legislaciones emanadas del Congreso de la Nación Argentina (LSCA y Argentina Digital) e impedir el avance de modificaciones de leyes por decretos y decretos de necesidad y urgencia, regresivos para impedir mayores concentraciones a las ya existentes antes de 2015.

3) Declarar la comunicación audiovisual y las TICS como derecho humano.

4) Exigir autoridades de aplicación autónomas, técnicas e independientes, como reclamó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de constitucionalidad de la LSCA.

5) Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que pueda trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la comunicación “convergente”.

6) Restablecer el “abono social” para los servicios de comunicación audiovisual y para las TICS (tarifa preferencial por características socioeconómicas y geográficas).

7) Restringir la participación de satélites extranjeros para servicios de televisión.

8) Establecer criterios claros y ecuánimes fuera del ámbito gubernamental para compartir la infraestructura pasiva, evitando argumentos de baja inversión y mejora de calidad y utilización de infraestructura de Pymes.

9) Excluir la infraestructura de la estatal Arsat y de las empresas provinciales de la obligación de compartir y mantener la reserva de espectro para una futura red de Arsat.

10) Obligatoriedad de incorporación de señales y canales locales (si es con decodificadores, establecer medidas de utilización de TDA de manera independiente del pago del servicio satelital).

En las democracias comunicacionales contemporáneas se requiere la participación plural, diversa e igualitaria de las personas, porque es allí donde se externaliza el derecho humano a la comunicación, ya que hoy las ideas, opiniones, pensamientos y expresiones informativas, culturales y artísticas se encuentran medidas por la institucionalidad y la pedagogía que construyen los medios de comunicación audiovisual, tanto televisivos, como radiales, telefónicos o digitales.

Sin comunicación no hay democracia, y sin democracias no hay derecho humano a la comunicación.

En la encrucijada actual argentina, tal vez sea saludable recuperar una mirada más de Jenkins que señala que en la medida que sólo “sigamos haciendo énfasis en el acceso (en términos de infraestructura), la reforma continuará centrándose en las tecnologías”, sin embargo, “tan pronto como comencemos a hablar de participación, pasaremos a poner el acento en los protocolos y las prácticas culturales” (2006:32-33).

Y es en esas prácticas culturales y en esos protocolos, en cuanto pautas y guías para la democratización de las comunicaciones, que se requieren consensos para una convergencia comprendida, ya no como asunto puramente tecnológico o mercantil, sino como fenómeno cultural de características extraordinarias.

*Defensora del Público (MC)

Fuente: Contraeditorial

Con el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Modernización, Claro y Telefónica podrían ingresar, sin realizar inversiones significativas, en un mercado de más de USD 3 mil millones anuales. Imponer la condición de satélite argentino es una alternativa para volver a impulsar la industria satelital actualmente paralizada.

El Ministerio de Modernización de la Argentina, de quien dependen directamente el operador satelital estatal ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentaron el jueves 5 de abril un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para realizar una serie de modificaciones regulatorias. El proyecto, denominado “Fomento del despliegue de infraestructura y competencia TICS”, consta de 13 artículos (uno de forma) y tiene entre sus principales ejes permitir a las empresas de telefonía fija y móvil brindar el servicio de televisión por abono mediante vínculo satelital. Esta medida habilitaría a las empresas Claro y Telefónica a utilizar transmisiones satelitales para ofrecer televisión, algo que tuvieron históricamente prohibido y que fue motivo de fuertes discusiones en el país.

El proyecto no surge de una demanda del mercado ni es producto de la evolución tecnológica. En los últimos dos años el poder ejecutivo argentino realizó cambios en el marco jurídico vigente por medio de decretos (267/2015 y 1340/2016) y avanzó en la autorización de la fusión de dos de los mayores grupos económicos del sector. Cablevisión y Telecom ya operan en los hechos fusionadas, aunque hasta el momento solo tuvieron la autorización de la ENACOM restando que haga lo suyo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta nueva empresa que surgiría de la fusión sería la única con la posibilidad de ofrecer servicios convergentes de Televisión, Telefonía e Internet Fija y Comunicaciones Móviles, concentrando el 39% del mercado de la Telefonía Fija, el 52% de Internet, el 37% de la Televisión y el 31% de las Comunicaciones Móviles. Esta situación impulsó el reclamo principalmente del operador móvil Claro (América Móvil) y de Telefónica de Argentina para obtener la autorización en televisión satelital, servicio que ambas brindan en la región iluminando también el territorio argentino desde el Espacio.

La autorización de la televisión satelital a los operadores incumbentes, aquellos con una cuota de mercado muy elevada, notablemente superior al resto de competidores, fue con éxito resistida no solamente por sus competidores directos (Cablevisión, Directv) sino por el entramado de pequeñas empresas y cooperativas que brindan servicios audiovisuales principalmente por cablemodem. Estas argumentaron en reiteradas ocasiones que de prosperar la autorización para brindar televisión por satélitea las grandes empresas, su existencia, y por lo tanto también miles de puestos de trabajo, estarían en considerable riesgo.

Mercado de la Tv

En Argentina el mercado de la televisión por suscripción es un negocio de 65 mil millones de pesos anuales, algo más de USD3 mil millones. Estos ingresos son generados por 9,4 millones de accesos que representan casi el 70% de los hogares argentinos, con un valor promedio mensual por abonado de 585 pesos (USD30).

Argentina es uno de los países con mayor tasa de abonados a la televisión tanto en la región como en el Mundo y, en promedio, los argentinos pasan 3,5 horas delante del televisor. Esta alta penetración, en gran parte, es consecuencia de la mala calidad y escasa cobertura de la televisión abierta analógica y de la concentración de contenidos de elevado interés público (léase futbol) en señales cuyos propietarios también poseen licencias de televisión por suscripción.

Cablevisión, el principal operador de cable argentino que comparte accionistas con el Grupo Clarín, informa 3,5 millones de abonados al servicio de televisión en su publicación financiera para el tercer trimestre de 2017, lo que representa un 37% del mercado. Directv, operador satelital de televisión, dispone de 2,5 millones de abonados, reteniendo el 28% del mercado. Muy lejos de estas dos empresas se encuentran Telecentro (7%) y Supercanal (6%) ambos proveedores de cable. El 22% del mercado se reparte entre más de 200 pequeñas empresas y cooperativas.

Un aspecto relevante de la televisión en Argentina es la escasa oferta de servicios por satélite, que en los hechos deja a Directv en posición monopólica para gran parte del extenso territorio argentino. Actualmente operan sobre Argentina tres servicios de televisión satelital. Directv con una alta participación del mercado, InTV de Red Intercable Satelital y el componente satelital de la Televisión Digital Abierta (TDA). La norteamericana Directv, adquirida hace unos años por AT&T, opera en el país desde el Intelsat-30, lanzado junto al ARSAT-1 en el año 2014 por Arianespace. InTV ocupa para su servicio casi 100Mhz del ARSAT-2, que son operados por SERSAT del Grupo Datco desde su telepuerto en la Ciudad de Buenos Aires.

La TDA satelital, un servicio abierto dependiente de Medios Públicos, dispone de más de 30 canales y 5 radios, solo requiere la compra del equipo receptor y opera desde el telepuerto de ARSAT sobre capacidad en el ARSAT-1.

Sorprendentemente, InTV tiene escasos 20 mil abonados, una cantidad casi nula para el mercado, y su actividad comercial es apenas testimonial. Por otro lado, la venta de equipos receptores para la TDA Satelital se encuentra interrumpida por parte de ARSAT desde principios del año 2016. Por lo tanto, se podría concluir que en Argentina hay un solo proveedor de televisión por satélite. Esta situación deja a todo el ámbito rural y aquellas zonas con escasa, deficiente o nula infraestructura terrestre para televisión con Directv como única forma de acceder a la televisión.

Mercado de Servicios

Los satélites son una alternativa más que conveniente para la distribución de televisión directa a los hogares. Mediante un único artefacto ubicado en una órbita geoestacionaria se puede cubrir, como lo hace el ARSAT-1 para llevar la TDA Satelital, toda la Argentina y países limítrofes. Un satélite de estas características tiene un costo de alrededor de USD250 millones y requiere no más de 4 años para su fabricación. Si tomamos que en el país hay 12 millones de hogares, da un costo por hogar de USD20. El tendido de cables de fibra óptica, por ejemplo, tiene un costo de entre USD30 y USD150 por metro, dependiendo si es urbano, semiurbano o rural y del tipo de terreno. No vale la pena hacer la cuenta de que costo tiene cablear cada hogar del país, el costo es sideral.

Según el último informe de la Satellite Industry Association (SIA), durante el año 2016 la industria satelital generó ingresos por USD260 mil millones, de los cuales USD127,7 mil millones corresponden a servicios. Aquellos vinculados a comunicaciones se llevan la mayor porción con USD104,7 mil millones, siendo casi la totalidad (USD97,7 mil millones) provenientes de los servicios de televisión satelital. Es decir, el 76% de todos los ingresos que generan los satélites desde el Espacio, considerando la venta de imágenes satelitales, la telefonía y la banda ancha satelital, corresponden a televisión. No cabe duda que si uno quiere fabricar satélites debe pensar seriamente, aunque no únicamente, en quienes los utilizan para vender televisión.

Satélites argentinos

Argentina, a través de la empresa de alta tecnología INVAP cuyo accionista es la provincia de Río Negro, desarrolló la capacidad de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de comunicaciones. Lo hizo sobre la base de la experiencia adquirida en proyectos de alta complejidad del sector nuclear, los satélites de observación terrestre construidos para el Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la fuerte voluntad política plasmada en el estatuto societario de ARSAT aprobado en la ley 26.092 de creación de la empresa donde se establece que sus satélites deben estar diseñados y fabricados en el país.

Con el exitoso lanzamiento de ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015) el operador satelital logró proteger las dos posiciones orbitales asignadas al país e INVAP colocó a la Argentina entre los 10 países del mundo con esta capacidad tecnológica. La plataforma ARSAT-3K, de 3 mil kilogramos de peso al lanzamiento y 3Kw de potencia, es similar a la desarrollada por OHB de Alemania con aportes de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos desarrollos comenzaron casi al mismo tiempo pero la plataforma de INVAP fue al Espacio antes que la europea. Actualmente OHB tiene más de 5 proyectos tanto para el sector público como el privado. Esto, de alguna manera, es un indicador del potencial de mercado de estas plataformas.

Las dos plataformas fabricadas por INVAP fueron exitosas en sus primeros años de operaciones, con ARSAT-1 llegando a su cuarto aniversario en octubre de este año. Esta demostrada su fiabilidad por clientes tanto del sector público como del privado e incluso en lo que a televisión satelital refiere con la operación de dos de los tres servicios activos en la Argentina (TDA Satelital e InTV).

Para darle continuidad a la industria satelital de comunicaciones, el Congreso da la Nación Argentina sancionó en el año 2015 la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual aprobó un plan para el segmento satelital de ARSAT para el período 2015-2035. Este plan estipula la ampliación de la flota de ARSAT llevándola de dos a seis satélites, la exportación de dos plataformas y el remplazo de ARSAT-1 y 2 al fin de su vida útil. Entre otros aspectos, el plan también incluye el desarrollo de una plataforma completamente eléctrica en INVAP con la intervención del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ley 27.208 se vio abruptamente interrumpido desde principios de 2016 y ARSAT-3, primer satélite del cronograma, suspendido sin justificaciones claras. Incluso a mediados de 2017 se dio a conocer, luego de una filtración periodística, la firma de un acuerdo entre ARSAT y Hughes para privatizar ARSAT-3. La iniciativa no prosperó por el fuerte rechazo de la sociedad y por ser violatoria de la propia ley 27.208 que estipula claramente que una medida de estas características debe ser aprobada por ley (Artículo 10).

Actualmente el sector espacial argentino, en lo que a fabricación de satélites refiere, se atraviesa una grave crisis financiera. El incumplimiento de la ley 27.208 junto a la reducción presupuestaria en la CONAE llevaron a INVAP y a las empresas pymes proveedoras de tecnología a reducir notablemente su actividad generando gran incertidumbre de cara al futuro. Recientemente se conocieron declaraciones del propio gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconociendo la situación financiera límite y las negociaciones con funcionarios nacionales para intentar revertir la crítica situación.

Proyecto de Modernización

El proyecto presentado por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, entre otras cosas, habilita a las empresas Telefónica y Claro a brindar televisión satelital. El proyecto modifica el marco jurídico de las telecomunicaciones, leyes 27.078 Argentina Digital y 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual y establece una serie de condicionamientos para los nuevos posibles prestadores de televisión por satélite. Por un lado limita la posibilidad de comercializar los servicios en localidades con población menor a 80 mil habitantes donde los licenciatarios de telecomunicaciones actuales sean empresas pymes o cooperativas. Por otro, establece un plazo mínimo temporal para que los servicios puedan comenzar a brindarse y busca promover la oferta de servicios mayoristas de televisión.

Si bien el proyecto establece una protección a los licenciatarios de empresas pymes y cooperativas, sin duda no promueve las inversiones. Como se mencionó antes, tanto Claro como Telefónica brindan actualmente televisión satelital en gran parte del continente y estas transmisiones ya están disponibles en Argentina.

Una alternativa para impulsar la industria

Telefónica de Argentina facturó en los primeros 9 meses de 2017 2.600 millones de euros y Claro alcanzó ingresos por alrededor de USD1.800 millones, ambas con excelente márgenes operativos. Este cambio regulatorio, que le permite a las dos empresas incursionar en un negocio anual de 65 mil millones de pesos (USD3.250 millones), equivalente al valor 13 satélites ARSAT-1, bien podría valer una exigencia de operar sobre satélites de fabricación nacional.

Según la ley 27.208 Argentina Digital, se define: “satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria”. Por lo tanto, la restricción al uso de satélites argentinos para que estos dos operadores brinden televisión satelital no los limita hacerlo con ARSAT. Según la definición, podría tratarse de un satélite propiedad de cualquier operador satelital fabricado por INVAP, o un satélite operador por ARSAT fabricado por un constructor extranjero, para dar solo algunos ejemplos. En cualquiera de las combinaciones, la industria espacial argentina es impulsada por este condicionamiento para promover las inversiones en tecnología y servicios nacionales

Si bien es loable que se establezcan restricciones para proteger al pequeño empresariado y las cooperativas con operaciones locales, la restricción geográfica podría no ser la mejor alternativa. La dificultad para determinar que una antena se encuentra activa en un municipio vedado al prestador es elevada y, además, mantiene grandes porciones del territorio donde no hay cableados, o estos son deficientes, con una sola oferta de televisión (Directv). En este sentido puede ser una mejor alternativa, como sugieren algunos referentes del sector, implementar una política similar a la establecida para la portabilidad numérica. La aplicación a este caso sería imponer que un usuario no pueda ser dado de alta por los nuevos licenciatarios de televisión por satélite si cuentan con servicios de una empresa Pyme o una cooperativa.

Por último, una de las reiteradas e incumplidas demandas a la televisión satelital es la inclusión de contenidos regionales y locales. La imposibilidad técnica de transmitir desde un solo satélite la totalidad de las señales públicas nacionales, provinciales y locales, más los canales de las universidades, los pueblos originarios y la iglesia católica, tal como está previsto en la ley 26.522, requiere pensar alternativas para su cumplimiento. La inclusión de receptores de TDA terrestre para adosar a la grilla provista por el servicio por suscripción pude ser una forma eficiente de dar una solución satisfactoria.

@GuillermoRus