El gobierno de Javier Milei sufrió un golpe institucional de magnitud luego de que el Juzgado Federal de Campana declarara inválido el decreto que había vetado la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada previamente por el Congreso.
En su fallo, el juez remarcó que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”, una afirmación que deja sin sustento el argumento central de la Casa Rosada para justificar el veto.
La sentencia subraya que los afectados son personas en “múltiple situación de vulnerabilidad”, tanto por ser niños como por su condición de discapacidad, lo que obliga al Estado a otorgarles una protección especial, según lo establece la Constitución Nacional.
El Gobierno había fundamentado su decisión en el Decreto 534/2025, alegando que la aplicación de la ley implicaba un costo adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento claras. Sin embargo, la Justicia entendió que las razones fiscales no pueden estar por encima de los derechos fundamentales.
Con este fallo, Milei enfrenta un duro traspié político y judicial, que reabre el debate sobre los límites de su política de ajuste y la prioridad que debe otorgarse a los sectores más vulnerables.