La Cámara Nacional Electoral anuló la resolución que mantenía habilitada a la expresidenta para votar y ratificó su exclusión, en un fallo que refuerza el clima de persecución política contra la principal figura de la política argentina.
Cristina Fernández de Kirchner volvió a quedar en el centro de la escena tras la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que resolvió de manera unánime revocar la habilitación que le permitía ejercer su derecho al voto. El fallo, basado en criterios formales y precedentes de la Corte Suprema, deja a la exmandataria fuera del padrón, pese a las críticas de sectores políticos y sociales que lo consideran un nuevo paso en el camino de la proscripción.
El tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló la decisión de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, quien había declarado inconstitucionales los artículos que imponen la inhabilitación absoluta a quienes tienen condenas firmes.
La resolución se sostiene en tecnicismos judiciales que, según la CNE, no se habrían cumplido en el fallo de primera instancia: la magistrada actuó de oficio y no a pedido expreso de la interesada, y no evaluó la “viabilidad jurídica y fáctica” del derecho al voto en función de la condena. De esta forma, los camaristas marcaron que no se cumplían las condiciones fijadas en el precedente “Orazi” de la Corte.
Condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, Cristina Kirchner no podrá votar en las próximas elecciones. Sin embargo, mantiene plena actividad política y liderazgo dentro del peronismo, en un escenario que para muchos recuerda los intentos históricos de proscripción sufridos por líderes populares en Argentina.