El oficialismo vuelve a quedar envuelto en un escándalo político y judicial. Esta vez, el protagonista es el diputado nacional Santiago Pauli (LLA), apuntado por una maniobra de desvío de fondos públicos mediante la designación de asesores cuyos salarios habrían sido parcialmente retenidos para financiar actividades partidarias en Tierra del Fuego.
La denuncia se basa en audios filtrados en los que Pauli presiona y amenaza a miembros de su propio equipo para que entreguen “el 100% del desarraigo”, un adicional salarial que el Estado otorga a funcionarios que residen lejos del Congreso para cubrir gastos de estadía. En lugar de cumplir ese fin, el diputado libertario exigía que ese dinero fuera desviado “para el partido” y utilizado en la campaña oficialista.
“Voy a dar de baja todos los contratos y vamos a poner gente que cobre y nos pase el 100% del desarraigo”, advierte Pauli en uno de los mensajes revelados por Bardeo News. “Esa plata no es de ustedes”, insiste en tono amenazante.
Las grabaciones fueron aportadas a la Justicia por Rolo Correa, un puntero político del propio espacio libertario que decidió denunciar el esquema. En ellas, Pauli reconoce explícitamente que los contratos fueron asignados bajo la condición de entregar parte del sueldo al partido, una práctica prohibida y considerada una forma de apropiación indebida de fondos públicos.
“Cuando firmamos hubo un acuerdo: el desarraigo es para el partido. Esto ya lo charlamos”, dice el diputado en otro de los audios.
“Yo tengo cuatro personas con las que acordamos que el 100% del sueldo era para ellos y el desarraigo era para el partido, y no están cumpliendo”, agrega.
El monto en cuestión no es menor. Al momento de los hechos, el “desarraigo” representaba cerca de $500.000 mensuales por asesor, dinero que, según las pruebas aportadas, terminaba en la caja política de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego y no en el fin para el que fue otorgado por ley. Pauli incluso menciona que él y otros dirigentes estaban financiando gastos partidarios por cifras millonarias.
El caso ya es investigado por la Justicia y expone una posible red de recaudación ilegal de fondos dentro del partido gobernante. Se suma además a otras denuncias que vienen golpeando a La Libertad Avanza por presuntas extorsiones laborales, nombramientos irregulares y uso discrecional de recursos públicos.