En medio del creciente malestar que atraviesan las Fuerzas Armadas por los reclamos salariales y las condiciones laborales, el Ejército Argentino dispuso una nueva regulación que prohíbe a su personal difundir en redes sociales quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o cualquier manifestación pública vinculada con la institución.
La medida fue incorporada mediante un anexo sobre comunicación institucional y alcanza tanto al personal militar como al civil de la fuerza. La normativa establece que toda inquietud relacionada con el Ejército deberá canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos reglamentarios y de la cadena de mando.
La resolución también restringe la publicación de imágenes, videos o información que puedan comprometer la seguridad de instalaciones militares, armamento, depósitos, rutinas operativas, sistemas, dispositivos de seguridad o cualquier material considerado reservado, clasificado o de circulación restringida.
Asimismo, prohíbe que los integrantes de la fuerza realicen expresiones políticas, ideológicas o partidarias que puedan afectar la neutralidad institucional. La restricción alcanza a publicaciones, comentarios, historias y estados en redes sociales.
El texto dispone además que el personal no podrá conceder entrevistas, realizar declaraciones públicas ni difundir contenidos en calidad de militar sin autorización previa. Tampoco podrá presentarse como representante del Ejército o de alguna de sus dependencias, ni utilizar el uniforme con fines comerciales o lucrativos en plataformas digitales.
Otro de los puntos incorporados impide compartir con medios de comunicación imágenes, videos o documentación obtenidos durante el cumplimiento de funciones sin la autorización correspondiente de la cadena de mando.
Desde el Ejército explicaron que la actualización de las normas no responde a un episodio puntual, sino a la necesidad de adecuar los criterios de comunicación al impacto de las redes sociales y a la velocidad con la que circulan los contenidos en el entorno digital. Según la fuerza, el objetivo es preservar la seguridad institucional, la disciplina y la imagen pública de sus integrantes.
El documento también advierte que cualquier publicación puede ser descontextualizada, viralizarse o ser replicada por medios de comunicación, además de recordar que los contenidos difundidos en internet tienen carácter permanente y un alcance potencialmente ilimitado.
En ese marco, instruye al personal a no responder por cuenta propia ante publicaciones de terceros que puedan afectar la imagen institucional o comprometer cuestiones de seguridad, sino informar la situación a sus superiores y actuar únicamente conforme a las directivas de la cadena de mando.
La decisión se conoce mientras persisten las manifestaciones de malestar entre integrantes de las Fuerzas Armadas por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y otros reclamos internos, un escenario que en los últimos meses derivó en planteos públicos de militares retirados y familiares de efectivos, aunque las autoridades sostienen que la nueva normativa responde a una actualización de los protocolos de comunicación y no a esos reclamos en particular.