El país cayó en la medición internacional del World Justice Project y quedó en el puesto 64 entre 143 naciones. El informe advierte sobre el deterioro de las libertades de expresión, reunión y participación ciudadana, mientras el desempeño argentino exhibe graves falencias en seguridad y justicia penal. Un nuevo llamado de atención sobre la calidad institucional bajo el gobierno de Javier Milei.
Argentina volvió a retroceder en el Índice Global de Estado de Derecho 2026 elaborado por el World Justice Project (WJP), una organización internacional que evalúa el funcionamiento de las instituciones, el respeto por los derechos fundamentales y los límites al ejercicio del poder. El país obtuvo 0,54 puntos y quedó en el puesto 64 entre 143 países y jurisdicciones, en una nueva señal de alerta sobre la situación institucional.
Aunque la caída en la puntuación fue inferior al 1% respecto del año anterior, el resultado está lejos de ser un dato menor. El informe registró retrocesos en dimensiones centrales para el funcionamiento de una democracia, entre ellas la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación y la participación ciudadana. Se trata de indicadores especialmente sensibles en un contexto de creciente confrontación política y cuestionamientos a las formas en que el Gobierno gestiona la protesta social.
El deterioro contradice el discurso oficial que presenta la desregulación y el achicamiento del Estado como sinónimos de mayor libertad. La calidad institucional no se mide solamente por la cantidad de organismos públicos o por el equilibrio de las cuentas fiscales: también depende de que el poder tenga límites efectivos, las instituciones funcionen con independencia y los derechos ciudadanos sean respetados.
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— World Justice Project (@TheWJP) October 21, 2026
Libertades en retroceso y concentración del poder
Uno de los aspectos más preocupantes del relevamiento es el deterioro de las libertades civiles y de la participación ciudadana. El índice registró una evolución negativa de Argentina en materia de libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación y participación cívica.
Estos retrocesos adquieren especial relevancia en un país donde las protestas de jubilados, trabajadores, organizaciones sociales y sectores de la comunidad educativa se convirtieron en escenarios recurrentes de confrontación con el Gobierno. La posibilidad de expresar disenso, organizarse colectivamente y reclamar frente a las autoridades constituye un componente esencial de cualquier sistema democrático.
El informe también evalúa los límites al poder gubernamental, un factor clave para impedir que los gobernantes actúen sin controles efectivos. En este indicador, Argentina se ubicó en el puesto 65 a nivel global, una posición que expone las dificultades para consolidar mecanismos institucionales capaces de garantizar el control del poder.
La advertencia resulta particularmente significativa frente a un estilo de gestión que ha convertido la confrontación con opositores, sindicatos, universidades y otros actores sociales en una característica central de su discurso político. Si bien el índice no atribuye cada retroceso a una medida específica del Ejecutivo, sus resultados obligan a examinar con mayor rigor el impacto de las políticas gubernamentales sobre las garantías democráticas.
Los números que exponen las debilidades argentinas
El desglose del ranking permite identificar con precisión las áreas más comprometidas del país:
- Puesto 64 de 143 países: ubicación general de Argentina en el Índice de Estado de Derecho 2026, con una puntuación de 0,54.
- Puesto 119 en orden y seguridad: uno de los peores resultados nacionales y una señal de las dificultades en esta dimensión.
- Puesto 94 en justicia penal: un desempeño que expone importantes debilidades en el funcionamiento del sistema penal.
- Puesto 75 en ausencia de corrupción: una posición que muestra que todavía existen desafíos relevantes en materia de integridad institucional.
- Puesto 65 en límites al poder gubernamental: un indicador fundamental para evaluar los controles sobre quienes ejercen el poder.
En contraste, Argentina obtuvo sus mejores resultados en gobierno abierto, con el puesto 34, y derechos fundamentales, con el puesto 41. Sin embargo, esos desempeños relativamente favorables no alcanzan para neutralizar las señales negativas registradas en otras áreas centrales.
En América Latina y el Caribe, el país quedó en el puesto 13 entre 32 naciones. Uruguay, Costa Rica y Barbados encabezaron la clasificación regional, mientras que Argentina se ubicó por detrás de varios países con mejores resultados institucionales.
Una señal de alarma para la democracia argentina
El retroceso en el ranking internacional constituye un nuevo llamado de atención sobre la calidad de las instituciones argentinas. La democracia no se agota en las elecciones ni puede reducirse a la legitimidad obtenida en las urnas: necesita controles al poder, respeto por las minorías, libertad de expresión y mecanismos efectivos para proteger los derechos de la población.
Bajo el gobierno de Javier Milei, el país enfrenta el desafío de demostrar que el enfrentamiento político no se traduce en un debilitamiento de las garantías democráticas. Los resultados del índice no prueban por sí solos que exista un régimen autoritario, pero sí identifican tendencias autoritarias y retrocesos que merecen atención y respuestas concretas.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede hablarse de una democracia sólida cuando empeoran indicadores vinculados con las libertades ciudadanas y los controles sobre el poder?
El dato internacional no admite triunfalismos. Mientras el Gobierno reivindica su programa de transformación, el retroceso argentino en el Estado de Derecho deja una advertencia que no debería ser ignorada: sin instituciones fuertes, libertades garantizadas y límites efectivos al poder, ninguna promesa de modernización puede considerarse un verdadero avance democrático.