El Gobierno reconoció que contrató a Tech Security, una firma vinculada a los hermanos de Martín Menem, para prestar servicios de seguridad durante la misa del papa León XIV. La organización del evento incluyó siete contrataciones directas por más de $20.477 millones, pese a que las fechas de la visita se conocían desde agosto. La polémica vuelve a poner bajo la lupa los negocios de la familia Menem con el Estado y las promesas libertarias de terminar con los privilegios de la política.
La polémica por los gastos y las contrataciones para organizar la misa multitudinaria del papa León XIV sumó un nuevo capítulo que compromete al entorno familiar de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El Gobierno de Javier Milei terminó reconociendo que contrató a Tech Security, una empresa vinculada a los hermanos del dirigente libertario, para participar del operativo de seguridad privada del acto religioso realizado en Palermo.
La confirmación oficial no hizo más que profundizar los interrogantes sobre los vínculos empresariales de la familia Menem y su relación con las contrataciones estatales. La firma está relacionada con Fernando y Adrián Menem, hermanos del titular de Diputados, quien integró su directorio hasta diciembre de 2023, cuando transfirió sus acciones a Adrián poco antes de asumir su cargo público.
Aunque desde el Gobierno intentaron minimizar la participación de la compañía, calificándola como marginal frente al despliegue general de seguridad, el reconocimiento resulta políticamente significativo. No se trata de una empresa cualquiera: tiene antecedentes de contratación con organismos públicos y mantiene vínculos societarios con familiares directos de uno de los principales referentes del oficialismo.
La explicación oficial, por lo tanto, deja abiertas preguntas fundamentales: ¿cómo fue seleccionada Tech Security?, ¿cuánto dinero recibió por sus servicios?, ¿qué funcionarios intervinieron en la contratación y qué controles se aplicaron para evitar posibles conflictos de intereses?
Siete contrataciones directas por más de $20.477 millones
Uno de los aspectos más controvertidos de la organización de la visita papal es el mecanismo utilizado para adjudicar los servicios. Según la información publicada por Rosario3, la Jefatura de Gabinete realizó siete contrataciones por un total superior a los $20.477 millones, todas mediante procedimientos abreviados por urgencia.
El argumento oficial fue que la confirmación de la visita papal y la necesidad de organizar un acontecimiento multitudinario obligaron a acelerar los procedimientos administrativos. Sin embargo, esa justificación presenta una contradicción difícil de ignorar: las fechas y las características generales de la visita se conocían desde agosto.
Incluso la planificación de los operativos de seguridad ya estaba en marcha. Pese a ello, los tres contratos de mayor relevancia se publicaron recién el 14 de octubre y otorgaron apenas 24 horas para realizar consultas.
La principal adjudicación correspondió a DF Entertainment, que recibió $8.690 millones por la organización integral de la misa y la vigilia juvenil. El contrato contemplaba servicios de seguridad, limpieza, control de accesos y otras prestaciones necesarias para el desarrollo del acontecimiento.
Dentro de ese esquema apareció Tech Security, la empresa vinculada a los hermanos Menem, como prestadora de servicios de seguridad privada.
La utilización de procedimientos excepcionales para comprometer semejante volumen de recursos públicos exige explicaciones detalladas. Si el Gobierno conocía con meses de anticipación las características del evento, resulta necesario esclarecer por qué no se recurrió a mecanismos de contratación con mayores plazos y posibilidades de competencia.
Los vínculos empresariales de la familia Menem
La relación entre Tech Security y el entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados constituye otro de los puntos sensibles de la controversia.
Martín Menem formó parte del directorio de la compañía hasta diciembre de 2023. El 6 de diciembre de ese año transfirió sus acciones a su hermano Adrián, poco antes de incorporarse formalmente al Gobierno nacional. Actualmente, sus hermanos Fernando y Adrián aparecen vinculados a la sociedad.
Desde el oficialismo sostuvieron que el titular de Diputados ya no tenía participación directa en la empresa cuando asumió sus funciones y que, por lo tanto, no existía incompatibilidad. Sin embargo, el hecho de que familiares directos del funcionario mantengan vínculos societarios con una firma contratada por el Estado justifica, como mínimo, un examen exhaustivo de los procedimientos y las condiciones de adjudicación.
La controversia tampoco se limita a la visita papal. Tech Security registra antecedentes de contrataciones con organismos públicos. Entre ellos figura una preadjudicación del Banco Nación, en julio de 2025, por aproximadamente $3.933 millones para servicios de vigilancia.
Además, las investigaciones periodísticas mencionaron a Purgato S.A., otra firma vinculada al entorno familiar de Martín Menem, por su posible participación en los servicios de limpieza del acontecimiento.
La acumulación de estos antecedentes vuelve indispensable conocer el detalle de las contrataciones, las empresas beneficiadas y los mecanismos de control utilizados por la administración nacional.
La carpa VIP y las contradicciones del discurso oficial
El escándalo también quedó atravesado por la polémica de los espacios exclusivos montados durante la celebración religiosa.
Mientras miles de fieles aguardaban bajo el sol para participar de la misa, un grupo selecto de dirigentes políticos, empresarios y figuras del espectáculo tuvo acceso a sectores preferenciales con comodidades especiales, catering y atención personalizada.
La explicación del vocero presidencial tampoco logró despejar las dudas. Desde el Gobierno intentaron limitar la responsabilidad oficial sobre los invitados de la carpa VIP, pero la documentación contractual citada por Rosario3 menciona la contratación de acreditaciones para hasta 4.000 personas, 3.500 sillas VIP y servicios diferenciados de catering.
La diferencia entre el discurso público y los detalles de la organización vuelve a colocar bajo sospecha el manejo de los recursos destinados al evento.
La diputada Marcela Pagano cuestionó las contrataciones y reclamó que se investiguen los vínculos empresariales y los procedimientos administrativos. Por su parte, el diputado Esteban Paulón solicitó información sobre los invitados, los criterios de selección, los costos de las carpas, el catering, la seguridad, la limpieza y las empresas contratadas.
Los pedidos apuntan a determinar quiénes fueron beneficiados con los espacios exclusivos, cuánto dinero público se destinó a esos servicios y qué funcionarios autorizaron las decisiones.
La casta de los negocios: una promesa libertaria bajo cuestionamiento
El caso vuelve a exponer una contradicción central del discurso de Javier Milei. El Presidente llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la denominada casta política, eliminar los negociados y garantizar que el Estado dejara de funcionar como una estructura al servicio de intereses particulares.
Sin embargo, la contratación de una empresa vinculada a familiares de uno de los principales dirigentes del oficialismo, dentro de un esquema de adjudicaciones directas por más de $20.477 millones, vuelve a poner esas promesas bajo escrutinio.
No alcanza con argumentar que la participación de Tech Security fue minoritaria ni con señalar que Martín Menem transfirió sus acciones antes de asumir. La transparencia exige explicar los procedimientos, identificar a los responsables de las decisiones y publicar la documentación que permita verificar las condiciones de cada contratación.
La visita del papa León XIV, que debía ser una celebración religiosa multitudinaria, terminó rodeada de controversias por los privilegios VIP, los gastos millonarios y los vínculos empresariales de familiares de funcionarios.
La pregunta que el Gobierno todavía debe responder es sencilla: ¿quiénes hicieron negocios con los recursos públicos destinados al acto papal y bajo qué condiciones? En una administración que convirtió la lucha contra la casta en una de sus principales banderas, los vínculos familiares y las contrataciones de urgencia merecen explicaciones mucho más contundentes que una simple justificación oficial.