La histórica fábrica de 1960 bajó definitivamente las persianas para reemplazar la producción nacional por material importado de Brasil. La medida paraliza la economía de todo un pueblo y deja al desnudo el cinismo de los concejales libertarios, que fingen solidaridad mientras avalan el modelo que destruye la industria.
La ciudad bonaerense de Tornquist atraviesa una profunda crisis económica y social tras la confirmación del cierre definitivo de Papelera del Sur, su principal establecimiento industrial. La empresa perteneciente al Grupo HZ ratificó este viernes 13 de noviembre su decisión de bajar las persianas, dejando en la incertidumbre a 160 trabajadores directos —lo que representa más del 2% de los 7.588 habitantes de la localidad— y afectando indirectamente a más de 1.500 vecinos vinculados al circuito comercial y de servicios del distrito.
El conflicto escaló luego de que la compañía ignorara la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que ordenaba retrotraer la situación al 4 de noviembre. Cuando los operarios se presentaron en la planta para retomar sus puestos, encontraron las instalaciones cerradas y recibieron la confirmación empresarial de que no habrá marcha atrás, a pesar de que el sindicato había aceptado previamente reducciones salariales y suspensiones para intentar sostener la fuente laboral.
El trasfondo del cierre abrió un intenso debate sobre el rumbo económico y la apertura comercial. Desde la compañía argumentaron que la planta —única productora nacional de cartulina encapada reciclada— dejó de ser rentable frente a los costos internos y la competencia externa, optando por abastecer el mercado local con cartulina importada desde Brasil. Tanto el secretario general del sindicato papelero, Gustavo Lanaro, como el exintendente y actual director del Banco Provincia, Sergio Bordoni, atribuyeron la decisión empresarial al esquema de apertura de importaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei, señalando que la firma no quebró, sino que dejó de encontrar conveniente producir en el país.
Por su parte, el bloque local de La Libertad Avanza emitió un comunicado expresando su solidaridad con las familias afectadas y pidiendo unidad comunitaria, postura que recibió fuertes cuestionamientos de vecinos en redes sociales por la vinculación política con el Ejecutivo nacional. En el Concejo Deliberante, el concejal libertario Blaz Saric pidió evitar la utilización política del conflicto y postergar el debate sobre las causas del cierre, mientras los trabajadores mantienen un acampe frente a la fábrica a la espera de una nueva audiencia ministerial fijada para el 20 de noviembre en Bahía Blanca.