Nuevo round entre el gobierno y los sindicatos
El gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló ayer el fallo que ordenaba “la prohibición de innovar para que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de concluir formalmente la negociación paritaria, hasta tanto medie un nuevo pronunciamiento en la causa”.
Vidal había dado por cerrada la paritaria tras arreglar con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y parte de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) un aumento del 15,6% y el compromiso de seguir negociando a partir de julio próximo. Sin embargo, tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME) rechazaron la oferta y se presentaron ante la Justicia.
En el fallo, Arias requirió al Ministerio de Trabajo bonaerense que en el plazo de dos días le remita las actuaciones vinculadas al procedimiento de negociación paritaria del Sector Público de la Ley 10.430 correspondiente al año en curso.
Los principales argumentos que se elaboraron desde la administración provincial para respaldar la decisión apelatoria se basa en un texto que asegura: "El procedimiento de negociación colectiva desempeñado, ha sido llevado a cabo atendiendo a la normativa vigente desenvolviéndose con total normalidad. Se realizaron una serie de gestiones y negociaciones preliminares por ante el Ministerio de Trabajo, que resultan un antecedente inmediato de las mesas paritarias y que evidencian la predisposición y apertura del Estado Provincial respecto a la más amplia discusión y búsqueda de soluciones a las problemáticas planteadas por todas las organizaciones gremiales".
"Teniendo en consideración la absoluta regularidad del procedimiento empleado, se decidió dar por aprobada formalmente, y por mayoría, la propuesta salarial para el primer semestre del año 2016 (del 1/1/2016 al 30/6/2016) presentada por el Estado Provincial", asegura dicho informe.
Además, la batería de argumentos legales cuenta con el planteo de "falta de legitimación de la central de trabajadores (CTA). Ya que no dispone de personería gremial para formar parte de las mismas” y a continuación informa que no se suspenderán los pagos correspondientes.