El Riachuelo, balance a 7 años del histórico fallo de la Corte
A siete años del fallo que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recuperar la cuenca Matanza Riachuelo, el Defensor del Pueblo presentó un documento ante la Corte Suprema de la Nación, en representación del Cuerpo Colegiado que monitorea su saneamiento.
En el mismo se hace un balance pormenorizado de lo actuado desde el año 2008, describiendo de manera detallada con gráficos, datos, cifras y estadísticas los avances y temas pendientes en relación al Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) presentado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organismo inter-jurisdiccional responsable de ejecutar dicho plan. Se reconoce que si bien a lo largo de estos 7 años se pusieron en marcha organismos estatales y políticas públicas algunas de las cuales tuvieron buenos resultados, en este momento, han dejado de ser satisfactorios.
Allí se plantea la necesidad de un nuevo Plan de Saneamiento en el que se debe establecer objetivos de calidad del agua más ambiciosos, controlar las cargas contaminantes del sector industrial, implementar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y elaborar un mapa de riesgo ambiental que oriente las acciones en agua, cloacas, vivienda y salud.
“Se avanzó en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue”, se quejó Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca. Esta es una de las cinco instituciones designadas por la Corte Suprema para controlar el avance del plan, las otras son Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Entre los avances se cuenta la incorporación de aproximadamente 1.800.000 personas a la red de agua potable y más de un millón a red cloacal. También se relocalizaron 578 familias que habitaban en Camino de Sirga que ya fue liberado en un noventa por ciento, mientras que nueve espacios que lo obstruían fueron reconvertidos para uso público.
Con respecto al otro gran problema, el vuelco de desechos cloacales, la empresa AySA informó que ya están en etapa preliminar los principales proyectos: la construcción de una planta de tratamiento en la zona de Dock Sud y de un gran colector en la margen izquierda del río, desde la zona de avenida Fernández de la Cruz y General Paz hasta la planta, que junto con otras instalaciones (como otra planta depuradora en Aldo Bonzi) permitirán tratar las aguas servidas de manera de que cesen los vuelcos al Riachuelo. Estas obras se financiarán mayormente con un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, más fondos que debe poner el Estado nacional. Si bien están muy retrasadas, en AySA aseguraron que en plazos de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas instalaciones.