“Somos los únicos que nos hicimos cargo de la problemática en violencia de género”, así reaccionó Julio Zamora, actual Intendente de Tigre, a  la protesta del pasado viernes en la que se pedía el esclarecimiento de 5 crímenes, que se suman a los 37 femicidios que sucedieron en su distrito durante los últimos dos años.

Enseguida el jefe comunal optó por defender su gestión al frente del municipio al subrayar el modelo de prevención de violencia de género de Tigre, con el sistema DAMA y el "alerta Tigre SMS".

De lo que prefirió no hablar es de las sospechas que vinculan la muerte de esas mujeres con la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción policial de la dependencia 6 de El Talar.

Es que el viernes por la mañana vecinos, vecinas y dirigentes de distintos partidos políticos se dieron cita en la puerta de la fiscalía de General Pacheco, partido de Tigre, que investiga el caso de la muerte de Tamara López.

Los vecinos exigían por la reglamentación "urgente" de la ley de trata. Y así lo manifestó la diputada provincial Gabriela Troiano, quien acompañó la marcha: "muchas de las chicas mueren violadas y golpeadas y las denuncias son tomadas con errores, hay una policía cubriendo y además se dejan caer las causas”.

Es más, en declaraciones frente a la fiscalía de Pacheco, Julia Ibarra, madre de Tamara, destacó que hubo muchas irregularidades en el procedimiento policial y judicial luego del hallazgo del cuerpo de su hija. “No fue a la morgue. Fue a la Cochería de El Talar, que tiene trato y contrato con Acción Social del Municipio”, declaró.

Y agregó: “No le habían notificado a mi familia de la muerte de mi hija, vino un patrullero del COT, bajan dos mujeres y le dicen a mi hija de 14 años que iban a ofrecerle un cajón para la chica que había aparecido muerta”.

Para hacer la denuncia de desaparición de Tamara, Julia también describió que “el día 17 a las tres de la tarde, fui a hacer la denuncia a la fiscalía de El Talar pero no me la tomaron porque no había personal disponible. El día 23 fui nuevamente a hacer la denuncia. Me la tomaron, pero me dieron vueltas como cuatro horas para tomar una averiguación de paradero”.

A pesar de ello Zamora prefirió seguir defendiendo su gestión: “El Estado municipal es el único que tomó de forma activa el problema de la inseguridad para las mujeres y lo trabaja con herramientas que dieron resultados concretos, con más de mil quinientas mujeres protegidas con tecnología y con casi 200 agresores aprehendidos” optando por definir estas muertes como casos de "Inseguridad".

El jefe comunal aseguró que "a dos años del lanzamiento del programa Alerta Tigre Género y del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA), el Municipio de Tigre ya logró que entre ambos sistemas se logre aprehender a casi 180 agresores"

Y, siguiendo con la defensa de su gestión, se inmoló, además, para defender a la de su antecesor en el cargo, Sergio Massa: “Antes de la gestión del intendente Sergio Massa esta problemática estaba oculta, nadie hablaba del tema. El Municipio de Tigre fue el único que en estos ocho años se hizo cargo de trabajar para disminuir la violencia de género con políticas que lograron que muchas mujeres no fueran agredidas”.

“Tenemos que seguir trabajando en esto, porque es un tema cultural, social y tiene implicancia en todos los ámbitos. Pero tiene que haber inversión de parte del estado nacional y provincial: En los últimos diez años, cada vez se incrementa más el número de femicidios en el país, y las mujeres son quienes más sufren la inseguridad”, agregó Zamora.

Respecto de la protesta por los casos de femicidios, el intendente Zamora finalizó: “El problema no es sólo la violencia, las políticas contra la inseguridad en Argentina no contemplan que a las mujeres las matan en sus casas, donde son más vulnerables. Para las mujeres, la última década fue una década perdida”.

Pero mientras el jefe comunal repartía responsabilidades y conjugaba frases, en la manifestación se reclamaba por el esclarecimiento de crímenes que, según sospechan, involucran al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción de la seccional 6 de El Talar.

Los trabajadores judiciales de la Provincia de Buenos Aires, nucleados en la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) decidió sumarse a las medidas de fuerza de los trabajadores de la ley 10.430 y a los médicos bonaerenses, unificando el reclamo para que las paritarias provinciales se acerquen al 40% de aumento en el sueldo básico.

Luego que los gremios de estatales y de profesionales de la salud, anunciaran medidas de fuerza para las próximas dos semanas, ayer el gremio que nuclea a los empleados judiciales bonaerenses anunció que de no recibir una nueva y mejor oferta salarial por parte del Ejecutivo arrancarán marzo con nuevos paros.

Así lo destacaron desde la Asociación Judicial Bonaerense, que viene de rechazar una oferta de incremento del orden del 25 por ciento en dos tramos presentada por el gobierno.

“El gobierno dijo que nos iba a convocar la semana pasada, pero aún estamos esperando. De no mediar una pronta respuesta, la semana próxima realizaremos asambleas departamentales para definir medidas de fuerza”, advirtió Pablo Abramovich, secretario Adjunto de la AJB.

“Este año pudimos definir de manera unánime cuál es el reclamo de los trabajadores judiciales en materia salarial. No sólo exigimos una recomposición que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación, sino también avanzar en una justa distribución salarial dentro del Poder Judicial”, agregó Hugo Blasco, secretario General.

La AJB reclama un aumento del 40% sobre los sueldos básicos de diciembre, que deberá abonarse en una sola cuota.

Por otra parte, el gremio reclama que la Provincia equilibre el aumento del 5 por ciento otorgado en noviembre del año pasado a los jueces, que disparó medidas de fuerza por parte de los judiciales bonaerenses.

De esta manera los judiciales suman su reclamo al de los estatales, los médicos y los docentes que intentan llevar las negociaciones paritarias del 2015 a un piso del 40%.

Con todos esos sectores, la gestión provincial viene teniendo negociaciones ríspidas, en las que no ha otorgado un piso que supere el 30% de incremento salarial.

De hecho la propuesta más generosa ha sido realizada a los docentes bonaerenses cuando, la semana pasada, se les ofreció un aumento del 28%.

Se masifica el conflicto por las negociaciones salariales.

Un total de 80 Comisarías de la Mujer y la Familia ya funcionan en todo el territorio provincial, y desde el sciolismo especulan con que durante los próximos meses, se pongan en marcha 10 dependencias más, tras la emergencia de seguridad decretada por el gobernador.

La apuesta a uno de los temas que ocupan el podio de la agenda de buena parte de la sociedad bonaerense es un claro mensaje de campaña que tiene por objeto desmonopolizar el discurso sobre la inversión en seguridad, que detenta el oponente de Scioli en las presidenciales de este año, Sergio Massa.

Es por eso que el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, aseguró que desde la cartera “estamos trabajando fuertemente para que este año, los 135 municipios cuentan con esta dependencia”, y manifestó que durante su gestión se crearon 16 unidades “acentuando el compromiso en relación a la lucha contra la violencia de género”.

Desde la Dirección General de Coordinación de Políticas de Género, anticiparon que en las próximas semanas serán inauguradas 10 nuevas comisaría de la Mujer y la Familia, y recordaron que en diciembre pasado se abrieran dependencias en los distritos de General Lavalle, Laferrere, Balcarce, Zárate, Pinamar y Lezama.

“Venimos profundizando las políticas en materia de violencia de género, con el objetivo de fomentar acciones que tiendan a prevenir este tipo de hechos y proteger a los grupos vulnerables”, expresó Granados.

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires, consensuó entre sus miembros la realización de un paro, en todo el territorio provincial, para el miércoles de esta semana.

La medida se da ante la falta de convocatoria a una nueva reunión paritaria y reiterando el rechazo a la última oferta salarial. El Consejo, además, ratificó el paro de inicio de clases del 2 y 3 marzo.

Así lo comunicó el secretario general de ATE Buenos Aires, Oscar De Isasi, quien manifestó que “el paro exige un aumento salarial inmediato de entre el 40 y el 43%, el pase a planta permanente de miles de trabajadores, el nombramiento de personal en áreas críticas y todos los reclamos que venimos planteando”.

A la vez, el sindicalista ratificó el paro fijado para el 2 de marzo, con movilización a la Casa de Gobierno bonaerense, adelantando que el paro prefijado para el mes de marzo “Se resolvió aumentar a 48hs,

abarcando los días 2 y 3 de marzo”.

De Isasi consideró que “el gobierno sigue manejandose de manera irresponsable con la negociación salarial y fomenta el espiral de conflictividad".

Y expresó: "Estamos convencidos que el día 25 el paro va a ser masivo y miles de compañeros van a participar en las distintas acciones”.

De Isasi intenta masificar el conflicto para incorporar a otros sectores sociales que, actualmente, se encuentran negociando sus paritarias con la gestión provincial. Es por eso que manifestó que “se mantiene firme la convocatoria a la unidad de todos los gremios y organizaciones sociales que quieran repudiar las políticas de ajuste, exigir un cambio de rumbo y políticas sociales y salariales inclusivas”.

El representante gremial confirmó que ya mantuvo contactos telefónicos con los principales dirigentes de diversos gremios, como la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), los Profesionales de la Salud (CICOP) y Sindicato de Salud.

Es sabido que todos sectores están llevando a cabo sus mesas de negociación con reclamos similares a los de los estatales provinciales, y con resultados de igual magnitud.

“En todos los casos hubo predisposición a seguir hablando, lo cual es un buen piso para insistir en la necesidad de avanzar en acciones conjuntas”, adelantó De Isasi.

Y finalizó comunicando que ATE Nacional decidió realizar el 2 de marzo un paro del gremio en todo el país.