El jurado del primer juicio de este tipo en la provincia de Buenos Aires declaró al imputado "no culpable" de la muerte de su ex cuñado, Gabriel Armella.

Durante el juicio, el acusado jamás negó haber estado en la escena del crimen y reconoció el hecho como accidental. Es más, inmediatamente dio aviso a la Policía, para, mas tarde, quedar detenido.

La defensa del imputado Guillermo Barros pidió al jurado popular que lo declaren inocente, en el primer juicio de este tipo que se realiza en la provincia de Buenos Aires.

En su declaración, Barros dijo que el 30 de enero de 2014 cerca de las 23 horas le avisaron que su ex cuñado había ido a la casa de su hermana, donde también vivían su madre y otros familiares, y había amenazado con una escopeta a su cuñada Antonia para que la dejara ver a sus hijas.

"Levantó la mano y me quiso pegar con un recorte (escopeta recortada) en la cabeza. Ahí se cayó y cuando se estaba levantando estaba por gatillar y yo le decía '¡Soltá, basta Gaby!'. Entonces le doblé la mano, pegué un tirón y se disparó el arma", relató a los jurados.

En su alegato, la defensora oficial Verónica Joliffe consideró que "quedó probado que hubo un forcejeo en el cual se disparó el arma" que provocó la muerte de Armella.

Por su parte, la fiscal Ana María Armetta pidió al jurado popular que dicte un veredicto condenatorio para Barros, por el crimen ocurrido el 30 de enero de 2014 en el barrio Villa Hidalgo.

El juez Francisco Pont Vergés le había pedido a los 12 ciudadanos que integraron el jurado que dicten un veredicto "justo y correcto". Tras lo cual, el magistrado les dio una serie de instrucciones y los miembros del cuerpo pasaron a deliberar.

El magistrado se expresó al respecto: "El hecho de ser jurado no sólo es una carga pública de los ciudadanos es también uno de sus privilegios y probablemente el aporte más trascendental que pueden hacer como ciudadanos a la cosa pública", dijo el magistrado tras el fallo de no culpabilidad que benefició a Barros, a quien le otorgó la inmediata libertad.

"Ustedes han tomado su función con gran seriedad y responsabilidad y debo destacar la importancia de lo que ustedes han decidido no sólo para este caso, sino por la trascendencia histórica de este momento", destacó.

"Quiero que se queden con estas palabras como sincero agradecimiento. Nuevamente, en nombre del pueblo, muchísimas gracias", concluyó entre los aplausos de los familiares del ahora liberado Barros tras dar por "finalizado el debate".

Finalmente los médicos bonaerenses aceptaron la suba salarial del 36% ofrecida el viernes de la semana pasada por la gestión provincial.

La oferta aprobada contempla porcentajes para las distintas categorías que van del 32,7 al 38,3 por ciento y lleva el salario del profesional de planta de 36 horas a 12.200 pesos (36,4 por ciento) mientras el del profesional con guardia inicial alcanzará los 14 mil.

En tanto, se precisó que el 75 por ciento de la suba se cobrará en marzo y el 25 por ciento restante, a partir de agosto.

Además, se acordó formar, en un plazo máximo de 120 días, el decreto que reduce a 50 años la edad jubilatoria de los médicos, que tiene como objetivo "prevenir el desgaste laboral" de los profesionales, e incluye además el cese de las guardias de 24 horas, entre otros puntos.

Este beneficio fue anunciado recientemente por el Gobernador Daniel Scioli para el sector de enfermeros que prestan servicios en hospitales públicos y privados de la provincia de Buenos Aires, quienes podrán jubilarse con 50 años o 25 de trabajo.

El decreto fue promulgado por el Ejecutivo provincial y habilita al personal de los 77 hospitales provinciales que prestan servicio en el territorio bonaerense a jubilarse a los 50 años de edad y 25 de servicio.

Ahora en la Legislatura se trabaja sobre la idea para que idénticos parámetros sean tenidos en cuenta para los beneficios previsionales del personal hospitalario no profesional de los Hospitales Municipales.

La medida anunciada por el gobernador fue acordada en el marco de las negociaciones colectivas de trabajo y era una reivindicación histórica de los trabajadores de los hospitales públicos provinciales.

Los legisladores provinciales ahora buscan reglamentar la forma legal para que los trabajadores que cumplen idénticas funciones en los Hospitales municipales, tengan las mismas posibilidades previsionales.

“Sabemos que tenemos que trabajar desde el punto de vista legislativo, para armonizar la legislación, pero está claro que los trabajadores no profesionales de los hospitales municipales también se merecen los mismo beneficios que aquellos que trabajan en los centros de Salud que administrativamente depende del Ejecutivo provincial”, aclaró el diputado del FpV Darío Golía, el principal impulsor de la iniciativa en la Cámara baja.

A través de un proyecto de resolución, el presidente de la bancada de diputados massistas, Jorge Sarghini, pidió convocar de a representantes del Ejecutivo y de las distintas organizaciones que representan a los trabajadores del Estado provincial, a reuniones conjuntas de las comisiones pertinentes para la elaboración de un proyecto de ley consensuado que reglamente el artículo 39 inciso 4 de la Constitución provincial, creando el organismo imparcial destinado a la solución de de conflictos laborales del sector público.

Es que “el 36 por ciento de la matrícula escolar de la provincia es privada y esta cifra sólo es superada por la ciudad de Buenos Aires con el 51 por ciento”, afirmó Sarghini.

Para el legislador, “La desidia con que el gobierno bonaerense maneja el tema educativo, una vez más ha generado problemas en el inicio del ciclo lectivo, con más de un millón de chicos sin clases o con apenas 1 ó 2 días de actividad”.

El diputado expresó su preocupación por el conflicto docente y una consecuente privatización de la educación pública.

“Durante la gestión Scioli, desde 2007, se ha producido un crecimiento de la matrícula privada un 37 por ciento mayor que el promedio nacional, aunque en el conurbano llega al 70 por ciento, con especial concentración en la escuela primaria. La matrícula primaria pública cayó el 1 por ciento a nivel provincial -3 por ciento en el conurbano- mientras que la privada creció 19 por ciento, lo cual marca además, claramente, una profundización de la desigualdad social”, finalizó Sarghini.

El organismo no sólo debería intervenir en el caso de los docentes, sino también con los estatales, judiciales y profesionales de la salud evitando que el Estado sea juez y parte en las negociaciones.

La Procuradora General de la Corte explicó a los senadores oficialistas las propuestas de modificaciones para implementar la Ley de Policía Judicial.

“Lo que nos vino a plantear el jurado en pleno, es una cuestión administrativa, es la falta de aspirantes a los cargos, con personas formadas y capacitadas, que por lo general ya están ocupando cargos de importancia” destacó la Jefa del Bloque Frente para la Victoria.

“En diciembre del año pasado el jurado de Policía Judicial nos planteó la necesidad de una modificación, ya que eran muy pocos los inscriptos para los cargos y ellos esperaban una masa más importante” manifestó la senadora Fioramonti, al tiempo que agregó “que a partir de ahí, cuando retomamos las actividades luego de las vacaciones, los senadores de nuestro bloque plantearon sus dudas”.

“Nos propusieron una modificación, que es que puedan ser removidos por un procedimiento abreviado, un procedimiento sumarísimo. No tiene que ver con mala conducta, puede tener que ver con una evaluación de una gestión que no es la que se esperaba” explicó Cristina Fioramonti.

“La policía judicial fue un proyecto que fue elaborado en un contexto de foros en los distintos departamentos judiciales, en las distintas secciones electorales, que contribuyó a encontrar opiniones de muchos sectores de la sociedad, de organizaciones, de operadores del poder judicial, y una de las cuestiones que nos plantearon fue que los cargos fueran renovables, que no fueran vitalicios. Y así fue, y así lo votamos unánimemente”.

Falbo declaró que “se conversaron las distintas propuestas, no es mucho lo que hay que modificar para lograr hacer más operativa la ley, y que la podamos implementar. Queremos implementar la policía judicial, es un compromiso que hemos tomado, los cargos de los primeros que van a dirigir la policía judicial están, tenemos que ponerla en práctica”.