Ambos legisladores abandonaron, ayer mismo, las filas del massismo y regresaron al Frente para la Victoria (FpV) junto al intendente de Merlo, Raúl Othacehé.

Tras la reunión en Casa de Gobierno entre el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el secretario general de la Presidencia, Eduardo 'Wado' de Pedro, y Othacehé para oficializar el retorno del jefe comunal al FpV, los legisladores bonaerenses hicieron lo propio siguiendo la decisión de su referente político.

En ese marco, los bloques del massismo contarán con un representante menos en la Cámara baja y en el Senado provincial, lo que comenzó con la salida de los senadores Mariano San Pedro y Alfonso Coll Areco.

El intendente de Merlo había dejado el kirchnerismo en febrero del año pasado para sumarse al Frente Renovador, y con esto es el segundo intendente en anunciar su regreso esta semana, tras los pasos de su colega de Pilar, Humberto Zúccaro.

En los últimos meses, también se fueron de las filas del massismo el diputado nacional Darío Giustozzi; el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck; los intendentes Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Gustavo Posse (San Isidro) y Sandro Guzmán (Escobar); y el asesor Juan José Álvarez, entre otros.

"En todos los cultivos más del 40% de los productores utilizan principios activos que pertenecen a clases toxicológicas de extremada o alta toxicidad", según un informe elaborado a pedido de la Defensoría del Pueblo.

El estudio fue elaborado por un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y

advirtió sobre el uso indebido de pesticidas en los campos de la provincia. En su conclusión reseñó sobre la necesidad de

controlar y restringir el uso de plaguicidas, para evitar problemas severos para la salud.

La investigación destacó que "la producción en invernáculo es potencialmente más intensa y peligrosa que al aire libre", y

detalló que "los cultivos de tomate y pimiento bajo invernáculo son los más riesgosos".

En este sentido, el relevamiento detalló que "en algunas plantaciones de tomate, se verificó la presencia de más de 60

productos químicos".

Sobre el tipo de agroquímicos empleados, se precisó que "el mayor uso de productos son los insecticidas" y aclaró que "existen diferencias importantes en los índices de peligrosidad entre las distintas zonas hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Esto está relacionado con el cultivo prevaleciente, su modalidad y su superficie relativa".

A raíz de esta evaluación, el secretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, enfatizó que "este

índice es solo un indicador estimativo del peligro potencial que implica realizar esta actividad de acuerdo a la modalidad

que predomina en determinada zona".

En ese marco, se reunió con el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia, Norberto Beliera, quien presentó el área

específica vinculada al tema, que será la encargada de articular acciones con la Defensoría, el Departamento de Ingeniería

Agronómica, que dirige Alejandro Bonade.

Sobre la manera de abordar esta problemática del uso de agroquímicos en los cultivos y la eventual afectación del ambiente y

la población, se especificó que en una primera etapa podrían desarrollarse, en forma conjunta, jornadas de formación técnica,

al mismo tiempo que se planteó la necesidad de reformar la ley de agroquímicos 10.699, la cual data de 1988, es decir, antes

de la introducción de los transgénicos.

Honores precisó que "el rol de la Defensoría es defender los derechos de todos los habitantes de la Provincia y en esa

inteligencia nos propusimos ampliar los resultados de la investigación sobre agroquímicos, con el objeto de dimensionar

adecuadamente esta realidad vinculada al efectivo ejercicio del derecho a la salud y de gozar de un ambiente sano".

A su vez, propuso "formular una propuesta de articulación entre los diferentes actores implicados en torno a la problemática

y promover mesas de trabajo para un uso racional y responsable de los agroquímicos que promueva una agricultura sustentable".

Los convenios constituyen el instrumento a través del cual la Secretaría provincial busca consolidar una política masiva de derechos humanos en todo el territorio bonaerense. De hecho, esta nueva firma se trató del centésimo acuerdo institucional entre esta cartera y los municipios.

“La territorialización es un desarrollo indispensable para cumplir con una precisa instrucción del gobernador Scioli: lograr que las políticas públicas estén al alcance de los ciudadanos”, explicó Carlotto.

Los convenios tienen como objetivo brindar en el ámbito del municipio una respuesta eficaz frente a la problemática de la violencia contra las mujeres y comprende el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de las situaciones que se detecten o denuncien.

En ese sentido, West celebró la firma y aseguró que fortalecerán "el trabajo conjunto a través de nuestra mesa local. Todos tenemos que acompañar la lucha de la mujer para ser dueña de su destino y no ser sometida ni juzgada, y tenemos que acompañarlas con las instituciones".

El abordaje de esa problemática se realiza a través del programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM) que depende de la secretaría de Derechos Humanos.

“El AVM nuclea a todos los agentes territoriales que trabajan en esta problemática: desde las Comisarías de la Mujer y los hospitales, hasta el poder judicial y las áreas de los municipios con competencia en la cuestión”, explicó Carlotto.

“La Policía local debe salir por ley”, solicitó el legislador bonaerense y agregó: “Para evaluar el accionar es muy pronto. Recién los primeros están saliendo a la calle, se están formando. El número al que aspira el gobernador, por supuesto, todavía se está formando porque ni en todas las escuelas hay 15 mil”.

Según Britos, dicho debate es posible: “El ‘Chino’ Navarro está dispuesta a volver a tratar la Policía Local) y es el presidente del bloque oficialista -agregó-. Así que con alguno más esté dispuesto la podemos aprobar tranquilamente”.

Estos dichos tuvieron lugar cuando el legislador opinó sobre la posible vuelta del público visitante en la Provincia anunciada por Daniel Scioli. En esesentido, consideró que “se trata de un anuncio netamente electoralista porque sí podría volver el público visitante ¿por qué no lo pusieron antes y no en época de elecciones?”, se preguntó.

Además, Britos aseguró que “si con 1.300 policías no pueden controlar una sola hinchada, ¿cuántos van a llevar cuando jueguen Estudiantes y Gimnasia, Racing e Independiente en Avellaneda o Lanús y Banfield? Me parece una falta de respeto querer quedar bien con una parte de la población diciendo que pueden ir los visitantes cuando no pueden ir los locales”,

Y agregó: “si bien esto ocurrió en capital donde debería ser más fácil controlar a las hinchadas. En provincia es más complicado por el trayecto que tienen que hacer y los cruces que puede haber”. En tanto propuso que  l derecho de admisión lo ponga la provincia. “A eso hay que volver”, ratificó.

“No le podemos poner esta obligación a dirigentes que muchas veces están amenazados, con temor y con razón. Quien debe brindar seguridad es el estado. Si se pudo hacer en ese momento, por qué ahora no se va a poder hacer”, dijo el diputado bonaerense.

En relación al pedido de Daniel Scioli sobre la tipificación del delito de barrabrava, Bristos expresó: “No hace falta sacarse la responsabilidad diciendo que falta tipificar el delito de barrabrava que, después va a ser muy difícil de probar y, seguramente, algún juez de los tantos abolicionistas que tenemos lo va a declarar inconstitucional. Acá hay que trabajar sobre lo que ya hay. El delito de robo en banda no hace falta tipificarlo como barrabrava. Ya está tipificado como robo en banda y es agravado”, finalizó.

La entidad aclaró que como se produjo un cese de la actividad registral en abril de 2014 no se pudieron hacer comparaciones interanuales entre 2015 y 2014, y se realizaron respecto de los años 2013 y 2012.

El cuarto mes de 2015 fue 11,8% más alto que abril de 2013 respecto de la cantidad de compraventas (6.896 actos) y 96,6% más en cuanto a los montos ($ 1.629.421.580).

En comparación con el mismo mes del 2012, abril de 2015 estuvo 10,3% por debajo en cuanto a la cantidad de compraventas (8.592 actos) pero fue mayor en un 57,9% respecto de los montos ($ 2.028.156.480).