Organismos de Derechos Humanos pidieron que los jueces Ulpiano Martinez y Pontet sean descartados de causas de Lesa Humanidad por “maniobras de obstaculización y parálisis” en causas vinculadas a la última dictadura.
La subrogancia del Juzgado Federal de Bahia Blanca se trató ayer en el Consejo de la Magistratura. Y allí fueron las organizaciones de derechos humanos a reclamar para que no se designe a los dos magistrados.
Los magistrados fueron cuestionados por los organismos de derechos humanos por sus constantes “maniobras de obstaculización y parálisis” en las causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En consonancia con ese reclamo, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, convocaron a una manifestación en las puertas del Congreso de la Magistratura, en el microcentro porteño.
El pedido de Abuelas es que los consejeros rechacen las designaciones de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet como subrogantes del juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad.
Ese mismo pedido que ya fue realizado ante la Comisión de Selección de Magistrados.
En el comunicado que lleva la firma de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional, se expresa que nos movilizamos "frente a las reiteradas maniobras de la Corporación Judicial, en Bahía Blanca, en los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, en particular las causas en los que se investiga la responsabilidad del poder mediático, eclesiástico y judicial".
Los organismos señalan como "paradigmáticas" las causas de Vicente Massot (Director del Diario La Nueva Provincia), Vara y Sierra Girotti, "en las que se han perpetrado constantes maniobras de obstaculización y parálisis" por parte del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, del Juzgado Federal 1".
Por último, consideraron "imprescindible romper definitivamente el pacto de impunidad construido entre el poder judicial y la dictadura cívico-militar por entender que esta situación compromete seriamente el curso de las investigaciones".
