Con la idea de dejar en el pasado el escándalo que envolvió a Cambiemos y terminó en la renuncia a su candidatura de Fernando Niembro, María Eugenia Vidal trató de retomar uno de sus ejes de campaña: la droga.

La vicejefa de Gobierno porteño visitó la villa "La Cárcova", mantuvo un encuentro con el Padre Pepe y más tarde visitó Villa Esmeralda, en el partido de San Martín, para interiorizarse sobre el trabajo que realiza allí el Centro Conin, que lucha contra la desnutrición.

En rueda de prensa manifestó que "la Provincia está llena de droga". Además dijo que "si el Gobierno no combate a los narcotraficantes, entonces esto seguirá pasando".

“El problema va más allá de lo que puedan hacer las mamás, para que nuestros chicos no caigan en la droga. Si el Gobierno no combate a los narcotraficantes entonces esto va a seguir pasando", sostuvo Vidal.

"Primero hay que reconocer el problema: somos un país productor, un país de tránsito y un país de consumo”, explicó la candidata a gobernadora del frente Cambiemos.

La Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo que condenó al diario Clarín a indemnizar al actual diputado Facundo Moyano por daños y perjuicios, a raíz de una publicación en julio de 2008 de un un “hecho falso” que afectó el “derecho al honor” del titular del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda declararon “inadmisible” un recurso de queja presentado por la empresa editora del diario Clarín, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., a través de sus abogados Hernán Frisone y Luis María Novillo Linares, y ratificaron el resarcimiento de 25.000 pesos para el diputado nacional.

El 26 de julio de 2008, en la sección “Semáforo” del rotativo se publicó un artículo sobre un allanamiento del gremio donde aludió al secuestro de banderas y cámaras de la empresa Autopistas del Sol, que afiliados al sindicato “se habían llevado ‘prestadas’".

En el expediente, Moyano confirmó el allanamiento pero “con el resultado opuesto, pues no se había encontrado ni secuestrado nada”, por lo que denunció la “falsa imputación de un delito de tal magnitud” que afectaba a su "honor e intimidad” y reclamó una indemnización.

En primera instancia, la jueza Marisa Sorini rechazó la demanda argumentando que esa publicación “no tuvo como centro de referencia, a título personal, al accionante”, es decir, a Moyano.

Pero la sala L de la Cámara Civil revirtió el fallo y condenó al diario indemnizar al diputado con 25.000 pesos por la “imputación implícita del delito de hurto o robo”, resolución ahora confirmada por la Corte.

El objetivo del programa es reducir los índices de violencia de género, y para esto considera fundamental que los derechos que asisten a las mujeres y los recursos estatales a disposición para erradicar la violencia de género sean conocidos por toda la sociedad desde la escuela misma.

Así, la iniciativa -que deberá ser tratada por Diputados- promueve la realización de cursos obligatorios en todos los institutos de formación, en las escuelas y también para los futuros matrimonios.

"#NiUnaMenos" será de aplicación obligatoria en todos los ámbitos del Estado provincial donde se desarrollen actividades de formación y capacitación, en y los institutos de formación dependientes del Poder Ejecutivo provincial deberán incluir el Programa en las respectivas currículas.

El programa se estructura sobre los conceptos de perspectiva de género, derechos de las mujeres y erradicación de la violencia, y "será de aplicación en todos los niveles de enseñanza pública de la provincia a partir del ciclo lectivo 2016 y se desarrollará durante la primera semana de junio de cada año", establece la iniciativa.

Aquellas personas que soliciten contraer matrimonio también deberán cumplir con esta capacitación, que elaborará la Dirección Provincial del Registro de las Personas.

La iniciativa tomó el nombre #NiUnaMenos a raíz de la multitudinaria movilización contra de la violencia de género realizada el pasado 3 de junio en distintas ciudades argentinas para protestar contra los femicidios y la violencia.

"Mauricio Macri todavía cree que se puede ir dando palos y poniendo mordazas contra aquel que no diga lo que a él le conviene", expresó el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Adrián Grana, al referirse a la clausura que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió contra uno de los galpones del canal de noticias C5N.

"A nadie sorprenden las prácticas autoritarias de Macri. Lo que es llamativo es la desfachatez y la impunidad con la que intenta silenciar a un medio de comunicación como C5N", advirtió el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Adrián Grana.

"Macri tiene a su disposición la cadena del desánimo del Grupo Clarin y digita las medidas antidemocráticas del Partido Judicial que pretende anular las elecciones de Tucumán porque el resultado le fue adverso", explicó Grana.

"Pierde elecciones y las quiere anular, habla de las instituciones pero en los hechos concretos no las respeta; no le gusta lo que se dice en un canal y lo clausura, siempre atenta contra la democracia", consideró Grana.

"Ahora, el jefe de gobierno porteño y candidato a presidente de Cambiemos, va por cuenta propia y lisa y llanamente censura, le pone la faja de clausura a un canal de televisión que investiga y denuncia los negociados de su gobierno con empresas fantasmas y dirigentes corruptos", agregó el actual legislador bonaerense por Nuevo Encuentro.

El dirigente sabbatellista agregó: "Es increíble lo mucho que les cuesta la convivencia democrática y el respeto incondicional a la libertad de expresión a Macri y a los representantes de la derecha y es más que evidente que todavía creen que se puede ir dando palos y poniendo mordazas contra todo aquel que no diga lo que a ellos les conviene".

La iniciativa, enviada por el gobierno provincial, fue aprobada por la cámara alta provincial y girada a la Cámara de Diputados bonaerense para su tratamiento la semana próxima, y contempla obras en la ciudad de La Plata y zonas aledañas.

El proyecto que obtuvo media sanción "autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta la suma de pesos mil ciento ochenta y cinco millones con el objeto de financiar la segunda etapa de la reconstrucción de la infraestructura dañada por las inundaciones y/o la realización de obras y/o la contratación de maquinaria y/o la adopción de toda otra medida que resulte necesaria a efectos de mitigar futuros daños que pudieran producirse como consecuencia de la caída intensa de precipitaciones".

Con ese fin, según detalla el artículo 3 del proyecto, "se utoríza al Poder Ejecutivo a emitir en una o varias series, títulos de la Deuda Pública Provincial por hasta un valor nominal de pesos mil ciento ochenta y cinco millones".

Ese monto se suma a los 1.785 millones autorizados por Ley 14.527 del 2013, de los cuales se llevan licitados y adjudicados para obras por un monto total de 1.581 millones, y en proceso de licitación otros 392 millones, según detalla el proyecto del Poder Ejecutivo.

Según detallaron desde el Ejecutivo bonaerense, este endeudamiento permitirá la construcción de siete puentes sobre el cauce del Arroyo El Gato, con un presupuesto estimado para estas obras de 245 millones de pesos, con un plazo de ejecución de un año.

A su vez, se encuentra la continuación de la obra de los aliviadores de los arroyos Rodríguez y Don Carlos, que atraviesan las localidades platenses de Gonnet y Ringuelet; y la extensión de ese conducto pluvial hasta llegar a la intersección con el del Camino Belgrano, por un monto total de 60 millones, con un año de plazo.

También se prevé la continuidad de la obra del canal derivador de la Avenida 31, sobre el Arroyo Regimiento; para la cual se extenderá ese conducto desde la calle 40 y calle 68, con un presupuesto estimado de 850 millones de pesos.

Muñoz llegó días pasados al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín sin esposas ni custodios, a pesar de que pesa sobre él una orden de arresto domiciliario en función de los crímenes por los que está procesado.

El acusado, incluso, sacó la lengua a los presentes y tuvo actitudes de mofa hacia personas que se manifestaban ante la sede judicial en donde se desarrolla un juicio por casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en Campo de Mayo en tiempos del Terrorismo de Estado.

A Muñoz también se lo acusa por el secuestro y crimen de Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), quien fuera secuestrada en febrero de 1982, en la localidad de Villa de Mayo, y cuyo cuerpo sin vida apareciera una semana después en un arroyo del partido de Tigre.

Muñoz asumió como interventor en la intendencia de Florencio Varela en 1976, cuando revistaba con el grado de teniente coronel en el Regimiento 7 del Ejército con sede en la ciudad de La Plata.

Según detalló en un comunicado la Municipalidad de Florencio Varela, la gestión de Muñoz se basó en la persecución de los trabajadores de esa comuna de la zona sur del Gran Buenos Aires debido a sus actividades políticas, sociales y sindicales.

El represor aplicó en reiteradas ocasiones el decreto-ley 8595/76, bajo el cual cesanteó a varios empleados municipales, e incluso llegó a participar en el secuestro y desaparición de la enfermera y delegada gremial Melba Campodónico de Sánchez.

El proyecto había sido presentado por la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nazabal y propone el ingreso de personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establece reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Nazabal, destacó: “Hoy es un día histórico, estamos dando un paso enorme en la equidad y ponemos a la provincia de Buenos Aires a la vanguardia en el reconocimiento de un sector que se encuentra dentro de los más vulnerados”.

La diputada sostuvo: “El texto de la ley fue redactado en conjunto con militantes del colectivo trans de nuestra provincia liderados por Diana Sacayan, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, y contó con aportes y el acompañamiento de distintos legisladores y legisladoras”.

“Esta nueva ley es producto de la lucha y el trabajo de militantes del colectivo trans y de la diversidad sexual en general, que desde hace muchos años vienen forjando en nuestro país el reconocimiento como sujetos de derechos de todas las personas más allá de su orientación sexual y su identidad de género, como Marlene Wayar, de Futuro Transgenérico; Lohana Berkins Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), Darío Arias de Jóvenes x la Diversidad, entre otros”, finalizó Nazabal.