El conflicto por una toma de tierras en el barrio Villa Cordobita de Tandil, que involucra unas 130 familias, se agravó luego de que el intendente Miguel Lunghi oficializara una denuncia penal contra Griselda Altamirano, referente de la agrupación 1º de Octubre que lleva a cabo la ocupación.

El jefe comunal de Cambiemos la acusa por “sedición” y “alteración del orden público”. En conferencia de prensa, Lunghi explicó que la denuncia contra Altamirano se debió a “la comisión de delitos que atentan contra el orden público, es decir, que atropellan la tranquilidad y confianza social en el seguro desenvolvimiento pacífico de la vida civil”.

Tras la acusación que ahora está en manos de la justicia, la Agrupación Clasista Lucha y Trabajo respondió que “el intendente avanza con la criminalización de la protesta social, a la vez que por omisión convalida el fraude y la estafa con títulos apócrifos”.

En dialogo con El Eco de Tandil, Altamirano dijo que “intentan transformarme en una presa política”. “Me hago cargo de la ocupación, porque la organicé y programé. No estoy cometiendo ningún delito, fue público, pacífico y a plena luz del día”, se defendió.

Asimismo apuntó contra la gestión del intendente de origen radical al considerar que en la ciudad “gobiernan inmobiliarias, abogados y escribanos corruptos; hay un gran acuerdo inmobiliario”.

Las 130 familias iniciaron la ocupación el pasado viernes 11 de septiembre sobre lotes que pertenecían a Tandilia SRL. Según un comunicado de la agrupación, “esta empresa quebró en 1960, con lo cual los lotes quedaron con titularidad acéfala”.

Entre los puntos centrales del comunicado, la agrupación consigna el rechazo “a cualquier intento de uso de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes, así como las causas penales a los dirigentes sociales”. Y añade el reclamo a que “la Municipalidad arbitre los medios para comenzar el trámite de expropiación en el marco de la Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat”.

En tanto, el diputado provincial Mauricio D´Alessandro, del Frente Renovador, habló de “conurbanización” de la ciudad serrana y condenó la toma de terrenos: “Está claro que no hay una toma espontánea sino un plan cuidadosamente elaborado con pasos legales cuidadosos”.

“Desde el Frente Renovador queremos ser claros y contundentes. Desalojo ya para los usurpadores y política de ‘suelo urbano’ transparente. Para que el ´Tandil soñado´ no se convierta en una pesadilla”, pidió en un guiño irónico hacia el slogan del intendente.

El conflicto repercutió más allá de la ciudad serrana y las familias recibieron el apoyo de referentes sociales, como es el caso del líder qom Félix Díaz.

El juez Federal Sebastián Casanello ordenó dar curso a las medidas de prueba sugeridas por el titular de la fiscalía criminal y correccional federal 7, Ramiro González, quien imputó a Fernando Niembro y al que era su socio en La Usina Producciones SRL, Atilio Meza, por presunto lavado de activos de origen ilícito por una suma cercana a los 20 millones de pesos.

Según informaron fuentes judiciales, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó varias medidas de prueba para profundizar la investigación, como la solicitud de información a la AFIP y al Banco Central, así como también a otros organismos públicos nacionales.

A la vez, requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información sobre la deuda que "La Usina Producciones" registraría ante esa agencia, y a los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados son titulares registrales de studs o boxes.

La causa quedó radicada en el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo los autos "Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", dado que fueron denunciados los titulares de los ministerios que contrataron a la empresa de Niembro.

La denuncia involucra, además del jefe de Gabinete porteño, a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; a la ministra de Salud porteña, Gabriela Mabel Reybaud; y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel".

De las arcas de la jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, conducida por Larreta, y del ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli hasta diciembre del 2013, salieron más del 75 por ciento de los fondos públicos con los que fue beneficiada la productora de Niembro.

La jefatura de gabinete de ministros porteños contrató, bajo el concepto de "Servicios Publicidad", a la empresa de Niembro y Meza por un total de 8.068.118 pesos; todos contratos cursados mediante la Secretaria de Comunicación Social, a cargo de Gaytán.

La cartera de Ambiente y Espacio Público contrató a la empresa de los ex candidatos de Cambiemos por 8.807.353 pesos.

La denuncia por lavado había sido formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con firma del fiscal general Carlos Gonella, en base a la existencia de contratos entre La Usina Producciones SRL y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 20 millones de pesos.

Según consta en la denuncia, a través de estos contratos realizados "usando la excepción como regla, se habría beneficiado económicamente, e ilegalmente, a Fernando Niembro y a Atilio Alberto Meza", durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015.

"Se transformó la excepción en la regla", coincidió González en su resolución, al hacer referencia a que para la adjudicación se utilizaron ciertos mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen establecido por el Decreto 556/2010, en vez de la regla, que es la licitación.

La Procuraduría consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fiscal federal indicó que la Procelac había señalado como irregularidades más notorias la adjudicación de contratos a favor de La Usina entre las que figuraban las 164 contrataciones adjudicadas por el gobierno porteño a favor de la productora por un total de 19.473.878,80 de pesos.

Al mismo tiempo, la legisladora porteña Gabriela Cerruti informó que La Usina no estaba inscripta en el Registro Público de Agencias de Publicidad y Productoras Publicitarias, tal como lo establece la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para quienes comercializan espacios en los servicios de radiodifusión, tal como la firma lo hizo ante el Gobierno porteño como productora para vender publicidad a la cadena Fox.

Esa información surgió de un informe de la Afsca en respuesta a un pedido de la fiscalía nacional en lo criminal de instrucción, a cargo de Carlos Velarde, que entiende en la causa que investiga la denuncia contra Niembro y su socio por "defraudación contra la administración pública".