La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciario, norma que de aprobarse permitiría a su administración acelerar partidas para compras y contrataciones.

Vidal impulsa así una nueva emergencia, luego de que ya girara a la Legislatura dos proyectos para obtener idénticas declaraciones en Seguridad y en Infraestructura y que se tratarían el martes 29.

La gobernadora fundó la necesidad de declarar la emergencia del SPB debido en las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

Además, hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

El proyecto exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.

La guerra entre Raúl Othacehé y Gustavo Menéndez no cejó, pese a que el barón del oeste perdió las riendas del distrito.

La pelea seguirá en el territorio y en gran medida en el Concejo Deliberante, que ante la sorpresa de muchos el ex intendente logró retener, al menos la presidencia.

Pero las últimas novedades tienen que ver con la auditoría que el nuevo oficialismo lleva adelante desde que asumió el 9 de diciembre.

La información reflejada por LaPolíticaOnline, que se presentará en un par de semanas con las “consiguientes acciones judiciales” según remarcaron, desnuda un municipio en estado calamitoso.

Los números que los responsables de la auditoría le llevaron a Menéndez destapan una deuda de casi 400 millones de pesos, sobre todo a proveedores que en muchos casos dibujaron las facturas. Proyectada, la deuda asciende a más de 800 millones.

Por este motivo, Menéndez ya decretó la emergencia económica, y hasta que no se normalicen las cuentas no se le paga nada a nadie.

La gestión de Othacehé, denuncian, no pagó los sueldos de noviembre, que deberían haberse liquidado el 5 de diciembre, antes del paso de mando. La nueva administración se hizo cargo de eso el lunes pasado, aunque dejó disconforme a un grupo de funcionarios othacehístas que ayer reclamaron en la puerta del palacio municipal.

Otra perlita. Menéndez se encontró con las bases de datos tributaria y de planta de empleados borradas. Pudo rescatarlas por la tarea de un par de empleados, que habían hecho un back up de ambas cuestiones sensibles.

Fuentes de la municipalidad denunciaron a este medio que de un parque de automotores del gobierno, de más de cien vehículos sólo funcionaban 3. Y los que no estaban desguazados, tenían arena en el tanque de nafta, picardía que les atribuyen a los funcionarios del ex intendente.

Como sucedió en otros municipios, se llevaron las computadoras, los muebles, los archivos en papel. Pero en este caso dejaron una evidencia casi morbosa, en cada una de las oficinas aparecieron máquinas trituradoras de papel.

Los mensajes encriptados continuaron ayer. A dos nuevos empleados de la Subsecretaría de Comunicación les dieron la bienvenida: a uno le robaron la camioneta y a otro le rompieron el parabrisas.

La tensión continúa ahora por los ñoquis municipales. Se detectaron, aunque aún no trascendió el número, unos cuantos contratos de cerca de 15 mil pesos a supuestos empleados que nunca trabajaron.

Ayer hubo una manifestación en la puerta del palacio municipal de trabajadores a quienes les adeudan los plus salariales que adjudicaron a último momento, varios de ellos saben que terminarán su vínculo contractual. Hubo algunos huevazos y piedras pero la situación no se desmadró.

La semana pasada, mientras se llevaba adelante la auditoría que aún continúa, hubo una amenaza de bomba por la cual debieron evacuar la municipalidad. Resultó una falsa alarma pero Menéndez le apuntó a Othacehé por la "amenaza cobarde".

La abuela de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani, más conocida como "Chicha", se reencontró este miércoles con su nieta Clara Anahí Teruggi, después de 39 años de búsqueda, tras confirmarse una probabilidad del vínculo del 99,9%, se informó desde la Fundación Anahí. De este modo, Clara se convierte en la nieta recuperada N° 120, gracias a la incansable tarea de los organismos de DDHH y la colaboración del Estado Nacional.

Sobre más detalles de la historia de Clara Anahí, se conocerán el próximo lunes 30 , cuando Abuelas presenta la noticia en una conferencia de prensa programada para las 10.30. Por lo pronto, Chicha compartió una foto con su nieta, que le da motivos de celebración de las fiestas a toda la sociedad, esta noche.

Chicha celebró y compartío la noticia a través de su cuenta de Facebook. "Luego de 39 años de incansable búsqueda se han reencontrado Chicha Mariani con su nieta Clara Anahí, en lo que representa uno de los mayores anhelos de la sociedad argentina en el camino de la restitución de los nietos desaparecidos bajo la dictadura cívico-militar".

Se detalló, asimismo, que quien fuere fundadora de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo "jamás abandonó la búsqueda de su nieta y de todos los nietos en general, promoviendo en el campo de las ciencias genéticas se resolviera la posibilidad de establecer la identidad de los niños desaparecidos en ausencia de sus padres".

"Bajo estas condiciones y tras un riguroso mecanismo de determinación del vínculo biológico ha quedado establecida la probabilidad de vínculo en el 99,9%”, se detalló.

Además, se destacó que Clara Anahí "ha sido perseverante en encontrar el modo de llegar a su abuela y asegurar mediante los estudios genéticos su vínculo biológico".

"En pocas horas ese vínculo adoptó las modalidades más afectivas y de alto compromiso amoroso. Compartimos con millones de personas en la Argentina y en todo el mundo, esta inmensa alegría y el reconocimiento a su solidaridad", concluyó el post.

Clara Anahí había sido apropiada por la dictadura cuando tenía tres meses de vida en la calle 30 número 1134, entre 55 y 56, de la ciudad de La Plata el 24 de noviembre de 1976, momento en el cual empezó la búsqueda por parte de su abuela.

Tras el intento fallido de conseguir que Graciela Fernandez Maeijide se sume a ese lugar, se conoció ayer que a partir de mediados de enero, luego de resolver asuntos familiares y laborales, Santiago Cantón se haría cargo de la Secretaría de DDHH.

La propio María Eugenia Vidal se había reunido con Cantón el viernes pasado para hacerle la oferta, pero el actual directivo del Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights regresó a los Estados Unidos sin darle una respuesta. Cantón llegó el miércoles pasado a Buenos Aires y, antes de reunirse con Vidal, visitó a Massa en su casa del barrio Isla del Sol.

La gobernadora ya le había anticipado al tigrense que quería sumar al profesor de la Georgetown Law School y la UBA. Si Massa estuvo de acuerdo o no es una incógnita.

Esta designación entra en contradicción con la línea trazada por Sergio Massa de no ocupar puestos de gestión en los gobiernos de Cambiemos, sino cargos en los organismos de control. Una "directiva" que hasta hoy tiene un solo infractor: Adrián Pérez, que aceptó ser funcionario en el Ministerio del Interior.

En cuanto a las perspectivas de gestión, Cantón sostiene que el trabajo de Madres y Abuelas y los juicios contra los delitos de lesa humanidad son "parte del ADN" de los argentinos, pero considera una "perversión política" el uso de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. En más de una oportunidad señaló que su prioridad son las violaciones actuales de los derechos humanos, como la violencia de género, la desigualdad o la corrupción.

Como secretario ejecutivo de la CIDH (entre 2001 y 2012), fue un crítico acérrimo de las violaciones de la libertad de expresión y la violencia política en la Venezuela de Hugo Chávez, quien llegó a definir al argentino de "excremento humano". De hecho, Cantón dejó el cargo en la CIDH para que la entidad pudiera volver a ingresar a la República Bolivariana.

Me invitaron, si hay oportunidad para generar inversiones siempre el Presidente sabe que cuenta conmigo, tengo una actitud constructiva", dijo Scioli, y ratificó que "está previsto que se dé esa posibilidad".

Sin embargo, advirtió que "no" irá si es "para ir a endeudar a Argentina una vez más, con todo lo que costó desendeudar".

En declaraciones televisivas, Scioli cuestionó la decisión de intervenir por decreto el AFSCA y separar a su titular, Martín Sabbatella.

"Una cosa es llegar a esa decisión (de fondo, sobre la que no opinó), y otra es buscando imponer vía DNU. El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por dar al Parlamento el lugar para que se den los debates de lo que se puede modificar, es la casa de la democracia", recordó.

En otro orden, Scioli dijo que el peronismo "está en debate, en reflexión" tras la derrota electoral y su desafío a futuro como partido de oposición.

Al respecto, reiteró que su posición es que el PJ debe ayudar a "construir gobernabilidad, pero sin dejar que se avance, por ejemplo, con los DNU", como en el caso del nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema.

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca), Martín Sabbatella, dijo que con la intervención del organismo mediante decreto el Gobierno "busca un blindaje mediático para avanzar con medidas antipopulares".

En el programa Minuto Uno de C5N, Sabbatella sostuvo que Nación "no tiene facultades constitucionales" para la intervención ya que "hay un mecanismo de remoción" para realizarlo. "Deben tener 2/3 del consejo federal para hacerlo", dijo.

Asimismo, remarcó que "es un atropello" ya que "no pueden por decreto intervenir un ente autárquico". "Quieren avanzar sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", agregó.

Tras conocerse el decreto del presidente Mauricio Macri, el presidente de la AFSCA anunció la presentación de un habeas corpus y un recurso de amparo: "Hay una ley que hay que cumplir y un decreto que es ilegal". Además, señaló que "este Gobierno tiene brotes de Facto" debido a las medidas por decreto que tomó durante los primeros días de gobernabilidad.

"Espero que lo resuelta el Poder Judicial", concluyó.

El gremialista formuló declaraciones después de que Vidal les explicara a los representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), de la Asociación de Trabajo del Estado, la CICOP, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la Asociación Personal Legislativo (APL), que no se podrán discutir aumentos salariales hasta febrero.

“Venimos planteando la necesidad del bono de $ 5.000 con posibilidad de financiarlo y la reapertura paritaria y la gobernadora ratificó la imposibilidad de brindar un bono y que recién en febrero se abriría la discusión salarial con lo cual esto no lleva tranquilidad a las familias de los estatales y comienza a vislumbrar una situación que será conflictiva”, advirtió De Isasi en ese sentido en declaraciones formuladas a radio Provincia.

El dirigente afirmó que "a pocos días de asumir la gobernadora nos reciba es un dato positivo en sí mismo porque implica la apertura a un diálogo como el de ayer de tres horas exponiendo todas las problemáticas como la continuidad de los compañeros contratados y becados, a quienes garantizó el trabajo después del 31 de diciembre”.

“La reunión como gesto político tiene valor positivo en sí mismo, ahora una de las más importantes es la pérdida del poder adquisitivo y allí estamos muy lejos de ponernos de acuerdo y las propuestas no colman para nada las necesidades de los trabajadores”, apuntó De Isasi.

Consultado en torno a la imposibilidad económica que manifiesta la Gobernadora para realizar un incremento salarial, el referente de ATE respondió: “Si se descongela el fondo del Conurbano habría condiciones para pagar el bono de fin de año porque con el 12 por ciento de la deuda que tiene Nación en ese sentido se podría haber pagado”.

En declaraciones radiales, el titular de UPCN, Carlos Quintana, detalló que “luego de la aprobación del presupuesto, comenzarán las comisiones técnicas para tratar en paritarias”.

“No es momento de reclamos, hay que pagar deudas. La problemática de la provincia arrastra desde hace mucho tiempo y el compromiso de la gobernadora fue, en principio, la aprobación del presupuesto, del endeudamiento, para sacar un montón de deudas que quedaron pendientes como proveedores. Luego de la aprobación, que el 29 es la sesión, los primeros días de enero estaríamos empezando con las comisiones técnicas para tratar en paritarias”, concluyó.