Julio Garro salió golpeado del escándalo por la muerte de una joven en una fiesta clandestina en el distrito. Es que uno de sus funcionarios aparece con un alto grado de responsabilidad en el hecho.

Se trata de Roberto Di Grazia, un abogado y empresario, además de director de la Cámara de Comercio e Industria platense, que se había sumado al PRO en la última campaña electoral y financió buena parte de la campaña de Garro que lo llevó a la intendencia de la ciudad de las diagonales.

De hecho en julio Di Grazia había abierto un local partidario de Cambiemos con la presencia del propio Garro, y del electo senador provincial Juan Pablo Allan.

El respaldo proselitista del empresario fue pagado con un cargo en la gestión naciente de Garro. Por ello actualmente Di Grazia está al frente de Control Urbano, un lugar clave por el manejo de caja y el manejo de plata "negra".

El funcionario, ahora, es el más complicado por su responsabilidad durante la noche del 31. Como se sabe, la fiesta no había sido autorizada por el municipio, pero los organizadores decidieron hacerla pese a las advertencias.

A la luz de la tragedia, desde el Ejecutivo cuestionan a Di Grazia. El funcionario se excusa diciendo que "había mucha gente" y por eso decidió no desalojar la quinta que acumulaba denuncias de vecinos. El argumento es, cuanto menos, débil.

Pero el panorama para el intendente se agrava. Es que en paralelo, la oposición en el Concejo Deliberante de La Plata busca instalar una comisión investigadora para indagar sobre lo ocurrido durante la trágica fiesta. Quien lleva adelante la maniobra es Gabriel Bruera, hermano del ex intendente, y se ampara en el texto de la Ley Orgánica de los Municipios que prevé la conformación de una comisión de esas características y que incluya un pedido de interpelación al alcalde.

Reclusos de la Unidad Penal N° 37 de Barker, localidad del partido de Benito Juárez, protagonizaron una revuelta para reclamar mejoras en las condiciones de detención que fue contenida horas más tarde por autoridades policiales y penitenciarias.

El intento de motín comenzó por la mañana y disparó el alerta en medio de la delicada situación que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tras la fuga de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

La revuelta fue protagonizada por un grupo de 15 internos alojados en el Pabellón 1 de máxima seguridad de la UP 37, aunque otras fuentes mencionaron un número de 60 presos.

Los mismos internos dieron cuenta -mediante un video filmado con un teléfono celular en medio del reclamo- de las malas condiciones de detención del penal al tiempo que advertían que “nos van a matar a todos”.

“Estamos cansados, nos estamos recagando de hambre. Digitan a todos los presos del penal y es siempre la misma historia. Ahora nos están amenazando que van a entrar y nos van a matar a todos. Queremos que nos escuchen porque somos seres humanos y no podemos vivir así”, indicaron los reclusos a los que se veía con palos y ropa cubriendo sus rostros.

“Estamos todos en la misma situación, acá hay un grupo de pibes que están para irse y no pueden hacerlo porque si no tenés plata para pagar los informes te pasa cualquier cosa”, denunciaron.

“Lo único que les pedimos es que nos escuchen, no queremos lastimar a nadie pero desgraciadamente lo tenemos que hacer”, agregaron.

Los voceros consultados indicaron que no se registraron hechos de violencia ni heridos y que se logró apaciguar los ánimos bajo la promesa de mejorar su situación de detención. Según las fuentes consultadas por la agencia de noticias DIB, efectivamente se registra una carencia de alimentos debido a la falta de pago a los proveedores, una situación que se extiende a otros ámbitos de la provincia como los comedores escolares.

Los jefes comunales del FpV enviaron una fuerte señal al reunirse en Almirante Brown, donde resolvieron “buscar un camino de acuerdo” junto a sus legisladores. En ese camino, exigirán que el presupuesto “contemple las necesidades de los municipios en materia de seguridad, infraestructura, salud y precisiones en la asignación de los recursos del endeudamiento”.

Fuentes legislativas indicaron que los intendentes se reunirán hoy con Diputados y Senadores del FpV para plantear la estrategia en común. Según la agencia platense DIB, los jefes comunales promueven la constitución de un fondo de entre 10 y 15 mil millones de pesos provenientes de la toma de deuda y destinados a proyectos de inversión pública en infraestructura municipal.

Pero también buscan incorporar una serie de beneficios fiscales ya incluidos en presupuestos anteriores, como la autorización a cancelar deudas con cheques de pago diferido, la eximición de sanciones del Tribunal de Cuentas a quienes hayan utilizado fondos afectados para otro fin, la posibilidad de sanear el déficit fiscal de 2015 en ejercicios posteriores, el mantenimiento de dos fondos especiales coparticipables y la automatización de todos los recursos que correspondan a las comunas.

En este marco, el Gobierno bonaerense restablecerá esta semana las conversaciones parlamentarias con el objetivo de aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva la próxima semana, y para ello apostará a multiplicar los contactos con el kirchnerismo de manera de “saltear” la negociación con el presidente de la bancada de Diputados, José Ottavis, a quien el oficialismo acusa de trabar las negociaciones por orden de la expresidenta Cristina Fernández.

La intención de Cambiemos y el Frente Renovador es avanzar la próxima semana en la aprobación de las leyes, aunque advirtieron que solo convocarán a sesiones “cuando exista un acuerdo político”.

La gobernadora María Eugenia Vidal estudia la posibilidad de poner en la agenda la convalidación de la emergencia de Seguridad y Penitenciaria y de Infraestructura, cuya implementación por decreto generó dudas en torno a los alcances de los mismos.

Los contactos parlamentarios tras el fracaso del martes 23 de diciembre se retomaron con una serie de reuniones encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini. Según trascendió, el oficialismo planea un giro en su estrategia para lograr el acompañamiento del FpV: “vamos a trabajar con todos los interlocutores posibles”, indicaron en el oficialismo.

En ese sentido, la intención de Cambiemos y sus socios massistas es sumar a las negociaciones a legisladores más “permeables” que Ottavis, pero que cuenten con suficiente peso parlamentario para lograr el apoyo de la mayoría de la bancada.

En ese grupo aparecen el extitular del bloque, Fernando “Chino” Navarro, el expresidente de la Cámara, Horacio González, y Walter Abarca, el número dos de la bancada y cabecilla del grupo de doce legisladores que se “plantaron” a la conducción de Ottavis.

Pero también se tenderán importantes puentes con los intendentes del FpV, quienes están urgidos de fondos frescos para sus comunas. Un grupo importante de jefes comunales del Conurbano ya “apuraron” el fin de semana a sus legisladores para que avancen en el tratamiento de la “Ley de Leyes”.