El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay no reparó en mostrar sus enojo con la gobernadora María Eugenia Vidal por "desentenderse y darle la espalda" a esa localidad tras dos días sin agua. "No ha nombrado oficialmente al nuevo presidente de la prestataria ABSA", dijo el intendente de Cambiemos a sus allegados e ironizó: "La gobernadora no soluciona nada. Lo único que falta es que dentro del caño que se rompió esté Martín Lanatta".

De esta forma aprovechó para marcar las dificultades de la gobernadora y del ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo para encontrar a los prófugos del triple crimen de General Rodríguez que se fugaron del penal de la localidad de General Alear el pasado 27 de diciembre.

Las criticas también recayeron sobre  el ministro de Infraestructura bonaerense, Edgardo Cenzon, por no acercarse a la localidad para supervisar la situación. "Debería estar en la ciudad para traer tranquilidad a los vecinos y anunciar cuál será el plan de inversión para ABSA", manifestaron a Primereando asesores de Gay.

En la conferencia de prensa que Gay realizó ayer contó que la comuna realizará una denuncia penal contra la empresa ABSA y el organismo provincial que la debe controlar (OCABA) y que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) hará gestiones para que los bahienses no paguen la próxima factura de agua.

"Iniciamos acciones legales porque además de las falencias puede haber responsabilidades", aseguró el jefe de Gobierno desde el palacio municipal.

Anteriormente, el secretario de Obras y Servicios Públicos del distrito, Guillermo Manrique, había afirmado que están preocupados porque no ven que ABSA "tenga un camino claro" para arreglar los problemas que hicieron que Bahía Blanca no tenga agua potable.

En medio de la puja por el presupuesto 2016 para la provincia de Buenos Aires  intendentes y legisladores del Frente para la Victoria se reúnen en la legislatura bonaerense para analizar el endeudamiento que propone el Frente Cambiemos.

Desde horas del mediodía, como habían acordado en la reunión anterior, comenzó a trabajar la comisión que tiene el objetivo elaborar una propuesta conjunta para elevarla al gobierno provincial.

Con respecto al presupuesto el titular de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados bonaerense, José Ottavis, manifestó esta mañana en declaraciones radiales que el FpV "está de acuerdo con el endeudamiento" planteado por la administración que conduce María Eugenia Vidal, pero no "con uno tan grande" como el propuesto inicialmente.

El legislador explicó que el presupuesto prevé deudas que se pueden dividir en 3 grandes áreas y consideró que dos de ellas "no están bien planteadas o no sirven".

"Hay endeudamiento que está bien planteado por el déficit que es de 30 mil millones", señaló Ottavis, quién rápidamente criticó los otros dos "ejes" propuestos por el Ejecutivo provincial: "Piden 30 mil millones de pesos para un fondo de gastos corrientes, con un articulo que plantea crear un fondo de liquidez para eventualidades".

En ese sentido, el dirigente de La Cámpora explicó que todo endeudamiento debe estar atado a una partida o destino.

La tercera deuda sería por "30 mil millones para el Banco Provincia" pero la explicación del gobierno provincial es "confusa".

Finalmente evaluó el presupuesto de manera general y criticó la actuación del ministro de Economía, Hernán Lacunza por su accionar "desprolijo".

En situación de alerta, los principales gremios de trabajadores estatales salieron a repudiar los despidos en diferentes organismos y municipios motorizados por Cambiemos en los últimos días.

El titular del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, calificó como "una barbaridad" los despidos y bajas de contratos de empleados públicos que impulsa el gobierno nacional, por lo que advirtió que van a intentar frenarlos por vía judicial y adelantó que evalúan movilizarse.

El gremialista sostuvo que solo existe "una minoría" de empleados públicos que no trabajan y remarcó que el Estado tiene "normas y reglamentaciones que castigan a personas que no cumplen con sus deberes".

En este sentido, el sindicalista consideró que decir que los empleados públicos "son vagos o ñoquis, es una falta de respeto hacia el trabajador", por lo que concluyó que "no se puede generalizar ni masificar de esta manera".

Además, manifestó que "no existe ninguna realidad que determina una revisión seria, responsable y evaluación como corresponde" de los contratos de los trabajadores por parte del Gobierno.

En diálogo con radio Del Plata, el líder de UPCN sostuvo que "hay mucha preocupación" entre los trabajadores públicos por su futuro laboral y describió que se "está comenzando a ver caducidad de contratos" y eso es "realmente una barbaridad porque no se ha evaluado nada".

Por otra parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, advirtió que desde el gremio analizan una medida de fuerza de carácter nacional y dijo que "no" van a "permitir" ni un solo despido o baja de contratos.

"No vamos a permitir ni un solo despido. Nos tocan a uno y nos tocan a todos", enfatizó el gremialista, quien adelantó que desde ATE están analizando tomar "alguna medida de fuerza de carácter nacional".

Godoy contó que en el gremio están "atravesando una situación grave porque tanto en el Estado nacional como en los municipios se están produciendo situaciones de despidos masivos" y reconoció que la situación heredada del kirchnerismo, con contratos precarios, "facilita la decisión" de echar empleados.

"En cada uno de los organismos donde se están produciendo despidos estamos tomando medidas de fuerza en asamblea con los trabajadores y defendiendo este derecho fundamental de la estabilidad laboral", describió el sindicalista, quien añadió que los despidos "de carácter genérico lo único que están haciendo es hacer pagar a justos por pecadores".

También opinó que llamar "ñoquis o vagos" a los empleados públicos "son los mecanismos elementales que se usan para descalificar o desprestigiar a un trabajador" y sentenció que desde ATE "no" van a "permitir que esto suceda".

"No vamos a permitir esta actitud de querer descalificarnos y de querer seguir utilizando al Estado porque se llega al Gobierno y es un coto de caza: soy el dueño, echo a los de otros y pongo a los míos", afirmó en declaraciones a radio Del Plata.

El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) y ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castagneto apuntó contra las declaraciones del secretario General de la Municipalidad, Javier Mor Roig y dijo que "le miente a la gente, lo que quiere hacer es espacio para sus militantes, eso está detrás del relato de que hay ñoquis o puestos políticos".

En dialogo con Primereando, Castagneto marcó que Mor Roig "significa el achicamiento del estado" y que cuando dice que no habrá puestos políticos en el municipio "en realidad lo que está diciendo es lo que va a hacer, despedir gente para meter y mantener a sus militantes".

"Utilizan frases mediáticas para la gente pero no explican verdaderamente el motivo de tantos despidos", sostuvo el diputado oriundo de La Plata.

El nuevo gobierno municipal "tomó medidas ilógicas" y tuvo una actitud  "amenazante" con la presencia de gendarmería en el palacio municipal para atemorizar a los trabajadores municipales despedidos cuando "hemos vivido en un clima de paz durante 12 años", subrayó.

Castagneto señaló que lo que hoy ocurre en La Plata también sucede en otros municipios de la provincia y en los diferentes organismos a nivel nacional por lo que sostuvo que "los sindicatos deben ponerse los pantalones largos y defender a los trabajadores".

Consultado por los despidos que se están llevando adelante desde el ejecutivo nacional el diputado del FPV aseguró que "los decretos de Macri van a los despidos" y a la "persecución política".

"Hablan de ñoquis porque apuntan a un estado chico, a no darle funciones a los trabajadores y a suprimir áreas de trabajo", sentenció.

"Cuando llegamos al ministerio no despedimos a nadie, agrandamos la planta para poder tener un estado cada vez más presente", detalló el diputado nacional y agregó que el gobierno del Pro-UCR "tiene una mirada de empresa". Por lo que sostuvo que como oposición "tienen que monitorear" los pasos que Cambiemos da en los municipios en la provincia y en la nación.

A su vez analizó que en poco tiempo "vimos que transfirieron el poder a los grupos concentrados, lo vemos con la eliminación de las retenciones, la suba de servicios, el aumento de precios y las paritarias bajas".

"Y esto nos lleva a un espiral que va achicando el consumo, ocasionando el cierre de empresas y que la gente se quede sin fuentes de trabajo", indicó y agregó: "Es de libro".

Finalmente sostuvo que "el mundo no esta para estas medidas" y recordó que con el kirchnerismo se había logrado "una cadena de producción que costó mucho construir y que hoy parece que en solo días se derrumba", lamentó.

En el marco de los despidos en el Estado de las diversas gestiones de Cambiemos, la diputada por la tercera sección electoral del Frente para la Victoria, Eva Ramírez, se solidarizó con los trabajadores que se vieron afectados por las cesantías dispuestas por el intendente de Quilmes, Martiniano Molina.

En el municipio que comanda el cocinero fueron unos 1.000 los empleados cesanteados. En este sentido, la legisladora provincial subrayó: “Estos despidos indiscriminados desconocen las trayectorias de trabajo institucional que dan sustento a las políticas públicas quilmeñas, como así también los vínculos de los profesionales con la comunidad”.

A su vez, la diputada se refirió a los trabajadores que realizan labores administrativas y de gestión integral al decir que “sus quehaceres son indispensables para el bienestar de todos los quilmeños y quilmeñas”.

De igual modo, Ramírez hizo hincapié en la necesidad de deconstruir quiénes son los despedidos y qué tareas venían llevando a cabo. “Me preocupa que estos despidos colectivos impliquen reducción de los servicios públicos y de los derechos sociales y sanitarios de los vecinos y vecinas de Quilmes”, indicó.

En esa línea, remarcó: “Apoyamos y acompañamos a los trabajadores y trabajadoras despedidos y a sus familias”.

Por otra parte, la diputada quilmeña y esposa del ex intendente Francisco “Barba” Gutiérrez apuntó: “Seguimos defendiendo el rol del Estado y las decisiones impulsadas en su momento como la municipalización de higiene urbana, alumbrado público y la agencia de recaudación (ARQUI). Esperamos que estas medidas que hoy toma el intendente de achicamiento del Estado no  se continúen con la tercerización de los servicios públicos”.

“Resulta sumamente contradictorio que las cesantías de la nueva gestión macrista, se suscitan en momentos en que el Municipio dispondrá para este año, según lo votado por el Concejo Deliberante, de un incremento sustantivo en la partida de recursos humanos”, concluyó Ramírez.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti –Cambiemos-, se refirió a la polémica generada por los despidos en diferentes municipios, a nivel provincial y nacional, y aseguró que desde su espacio “no sacamos gente por su ideología” en ese distrito del sur del conurbano bonaerense.

En ese marco, Grindetti contó que “al irse el intendente (Darío Díaz Pérez -FpV-) se fueron 300 personas y nosotros llegamos con 80” y también remarcó que “había gente que había empezado a trabajar hace poco y no tenía una función específica, ya que algunos no hacían nada”.

Sobre la relación con el personal municipal, Grindetti manifestó: “Hablo con mucha gente que no coincide ideológicamente con nosotros pero son profesionales y nosotros no sacamos gente por su ideología”.

“Lo que sí hay es gente que hace maldades, como ayer que metieron arena en un motor de una ambulancia, y no hay muchas en Lanús. Lo que hacemos con ese grupo es identificarlo y hacerle un sumario”, denunció el intendente.

“El funcionamiento que encontramos en el municipio es patético”, sentenció el ex secretario de Hacienda porteño en declaraciones radiales. En una breve descripción, detalló: “Encontramos un municipio con muchos problemas en espacio público y de seguridad, con un Estado ausente”.

Grindetti concluyó: “Lo que sí nos llamó la atención es lo que encontramos adentro del municipio, ya que encontramos un plantel desmotivado”.

Luego de que trabajadores del municipio de La Plata tomaran la sede del gobierno local en reclamo por la baja de sus contratos, el intendente Julio Garro, de Cambiemos, negó los despidos y dijo que su gestión está realizando una “revisión” de cada caso laboral.

“Los trabajadores municipales son el alma de la ciudad. Con ellos vamos a recuperar la capital que tuvimos y que hoy soñamos”, escribió el intendente macrista en sus redes sociales.

“Hemos sido claros con los trabajadores y con todos los vecinos, nosotros no hemos despedido a nadie. La ley marca que el 31 de diciembre vencen los contratos, es un mecanismo burocrático que se repite cada año”, agregó.

En tanto, el jefe comunal de la ciudad de las diagonales sostuvo que se está “haciendo una revisión de cada caso porque no podemos permitir que haya militantes y punteros con sueldos pagos por los vecinos”.

“Si algún empleado se le venció un contrato, presta un servicio y es funcional al crecimiento de la Ciudad, continuará trabajando”, insistió en un texto que lleva el naif titulo de "Cada uno es importante".

En medio de la preocupación de los cuatro mil trabajadores que fueron cesanteados, Garro manifestó en sus redes: “El cambio es hacer que la plata de los impuestos vuelva en servicios y calidad de vida a los vecinos, y deje de mantener estructuras”.

Ayer el Frente para la Victoria local, de mano de la ex candidata a intendenta y actual concejal, Florencia Saintout, mostró su rechazo y salió a denunciar “persecución política y achicamiento del Estado en la municipalidad de La Plata”.

Fueron dos días complicados para los bahienses, luego de sufrir la falta de suministro de agua potable por la rotura de un acueducto, que dejó sin el servicio al 95 por ciento de los habitantes de la ciudad.

ABSA, la empresa prestadora de agua del gobierno bonaerense, aseveró ahora que las tareas de reparación del acueducto concluyeron con éxito y que hoy se normalizaría completamente el servicio en toda la ciudad.

En este marco, el intendente Héctor Gay dijo “estar muy molesto y con mucha bronca” por la situación y anticipó que el municipio denunciará a directivos de la prestataria estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) y al ente regulador (Ocaba).

"Es una vergüenza. Estoy muy molesto y con mucha bronca", sostuvo Gay en declaraciones radiales y afirmó que la municipalidad denunciará penalmente a los directivos de ABSA, Antonio Ferrara, y del Ocaba, Eduardo Gaztañaga, por "posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público".

En medio de temperaturas superiores a los 30 grados, la prestataria dispuso en las últimas horas camiones cisterna para abastecer al Hospital Penna y centros de salud, al tiempo que cientos de personas hacían largas colas para abastecerse con los surgentes o vertidores comunitarios de la ciudad. Asimismo, las colonias de vacaciones suspendieron sus actividades.

La situación se inició cuando operarios de ABSA intentaban dar solución a un inconveniente surgido en el barrio Millamapu y terminaron perforando un acueducto de 1.500 milímetros ubicado a seis metros de profundidad y que traslada entre 8 y 9 mil metros cúbicos de agua por hora. La rotura en una de sus juntas en el tramo inmediato a la salida de la planta Patagonia, provocó que las cañerías se desalinearan, informaron los medios locales.

ABSA anunció que la válvula del acueducto fue reparada y que el servicio comienza a normalizarse en los barrios más cercanos a la planta potabilizadora. En tanto, la prestataria informó que entre la madrugada y la mañana de hoy se normalizaría completamente el servicio en toda la ciudad.

El Ejecutivo bonaerense presentó ante legisladores del FpV un detalle sobre el destino de los 94 mil millones de pesos por los que pide endeudarse, mientras analiza la posibilidad de que el fondo de 10 mil millones para los municipios no deba ser devuelto, tal como reclaman los intendentes.

Luego de que el FpV reclamara conocer los detalles del endeudamiento como condición para aprobar el Presupuesto, Lacunza entregó a los legisladores un paper de más de 80 carillas que contiene el desagregado de la deuda solicitada por el Ejecutivo y un detalle sobre las obras de infraestructura destinadas a las comunas. El funcionario se reunió ayer al mediodía con Diputados y Senadores del FpV, y allí presentó los detalles del Presupuesto 2016.

Aunque no trascendieron detalles de las obras de infraestructura para las comunas, el desagregado de la deuda da cuenta de una fuerte asistencia a organismos y municipios con los que la administración de Daniel Scioli mantenía deudas.

Según informa la agencia de noticias DIB, de los 94 mil millones solicitados por el Ejecutivo, 31 mil millones estarán destinados a atender la amortización de la deuda dejada por Daniel Scioli (15 mil millones) y el déficit proyectado para este año (16 mil millones). En tanto, otros 11.876 millones se proyectan para atender deudas con municipios por coparticipación impaga en los últimos meses de 2015 (1.256 millones), deuda con proveedores (8.015 millones) y obligaciones con la obra social IOMA (2.605 millones).

En tanto, 38 mil millones estarán destinados a “tapar agujeros” en materia de deuda del Tesoro con organismos (19 mil millones), de préstamos de Nación para el Control de Inundaciones (3.551 millones), déficit de la Caja de la Policía Bonaerense (2.405 millones), obligaciones impagas del Fondo Federal Solidario (2 mil millones) y del Fondo Educativo (1.485 millones), giros incumplidos a la Dirección de Escuelas (1.739 millones), deudas con el Instituto Provincia de Lotería y Casinos (1.304 millones) y el Instituto de Previsión Social (782 millones) y obligaciones con otros organismos (5.700 millones).

Finalmente, aparecen la deuda con el Banco Provincia (28.500 millones) y otras disponibilidades por 3.200 millones, lo que da un total de 94 mil millones de pesos.

Desde el oficialismo aseguraron que con este detalle “la discusión técnica quedó saldada y ahora sólo resta completar la faz política”, y avisaron que están dispuestos a dejar para más adelante la discusión sobre la deuda del Bapro, bajando el nivel de endeudamiento a unos 65 mil millones de pesos más los 10 mil millones para las comunas, un monto que aún sigue lejos de los 45 mil millones totales que está dispuesto a avalar el FpV.

Del encuentro participaron, el jefe de bloque de Diputados del FPV, José Ottavis; el vicepresidente del bloque, Walter Abarca; los diputados Fernando “chino” Navarro, Miguel Funes, Hernán Doval, Ricardo Móccero; y el senador Juan Manuel Pignocco.

Según expresaron en un comunicado del FPV, durante la reunión, legisladores y gremialistas aseguraron la voluntad de que el Ejecutivo provincial pueda tener el presupuesto 2016, y manifestaron la necesidad de avanzar en un endeudamiento razonable y responsable para el funcionamiento de la provincia.

En ese sentido, Carlos Quintana, secretario General de UPCN provincia de Buenos Aires, aseguró “que los legisladores están dispuestos a votar el presupuesto y un endeudamiento debidamente justificado”.

A su vez, Quintana, expresó que “hay preocupación en todos porque se entiende que nuestra paritaria venció el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero tendríamos que haber recibido una propuesta de aumento salarial y no la tenemos”.

Legisladores y gremialistas coincidieron en que “hay un relato mediático que tergiversa el verdadero debate” y pidieron “en seguir avanzando para que la provincia tenga su presupuesto”.

Además, expresaron su preocupación ante la pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores debido a la brusca devaluación, los aumentos de precios y la inflación que repercute en el salario de los bonaerenses.

Finalmente, gremialistas y legisladores del FpV expresaron la necesidad de tener una discusión paritaria que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores de la provincia.