Macri apunta contra los Centros de Acceso a la Justicia y despide a sus trabajadores
A partir de las cesantías dispuestas por el Ministerio de Justicia de la Nación en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) del conurbano bonaerense, el macrismo apunta a desarticular una política iniciada por el gobierno anterior, que buscaba que cada ciudadano pudiese informarse sobre sus derechos.
En las últimas semanas el gobierno nacional comenzó a repartir telegramas de despidos a los empleados en el marco de la política de ajuste y vaciamiento del Estado que lleva adelante.
Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.
La antigua gestión del Ministerio de Justicia logró conformar una red federal de centros que alcanzó 30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.
En dialogo con Primereando la diputada provincial Lucia Portos manifestó su preocupación por la situación de los empleados y explicó que “por goteo llueven los telegramas de despido a los trabajadores del CAJ de Pilar, Avellaneda, Lanús y del resto del país”.
Sobre el trabajo que realizaban los empleados la legisladora resaltó el compromiso del personal que “no descansaba hasta solucionar los problemas de quienes se acercaban al CAJ buscando respuestas”.
“Nada más lejano a un ñoqui que éstas compañeras y compañeros que no conocen de horarios laborales, sábados, domingos o vacaciones”, enfatizó Portos ante la ola de despidos de los empleados de los CAJ que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación.
“Detrás de la persecución ideológica que hoy los deja sin trabajo se esconde la idea de achicar el Estado y, por lo tanto, de reducir los derechos de los que menos tienen”, agregó la diputada provincial.
En relación a los tramites que la comunidad puede realizar en estos centros, Portos detalló que “puede asesorarse cualquiera, gratuitamente" e indicó que "se asiste psicológicamente a personas en situaciones de vulnerabilidad, se les da consejo jurídico, se acompaña a víctimas de violencia entre otras cosas".
Días atrás el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también se manifestó en contra de los despidos en los CAJ: “Son una consecuencia del ajuste que lleva adelante este gobierno. Se está estigmatizando negativamente a los empleados públicos, y en este caso, como en muchos otros, se trata de profesionales que le acercaban a la población más humilde la posibilidad de un acceso a la justicia en el territorio”, dijo el jefe comunal.
Avellaneda cuenta con tres de estos centros, en Gerli, Dock Sud y Wilde, que trabajan articuladamente con las sedes de la Policía Local. Al respecto Ferraresi agregó: “Esa es una diferencia filosófica entre este gobierno nacional y el modelo que nosotros defendemos: un proyecto de país en donde las políticas públicas del Estado tienen que relacionarse con el territorio y su comunidad a través de los trabajadores, para poder llegar efectivamente a todas partes”.
