Sólo 11 municipios firmaron convenios colectivos de trabajo

“Hasta el viernes pasado firmaron los convenios con nuestros sindicatos sólo once intendentes de 135”, afirmó hoy el titular del Fesimubo, que representa al 90 por ciento de los sindicatos del sector en la provincia.

Se trata de los partidos de Campana, Coronel Rosales, Ituzaingó, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Saavedra, San Isidro y Suipacha.

En diálogo con la prensa, García aclaró hoy que “ahora hay una prórroga de seis meses más para firmar los convenios, que rige a partir del 14 de enero pasado cuando se realizó la sesión extraordinaria en la Legislatura provincial en que se aprobó el Presupuesto y ahí estaba en el articulado”.

“El 6 de enero último empezaba a funcionar lo que se llama el tercer párrafo de la ley, que es la supletoria de carácter obligatorio para aquellos que no habían firmado”, explicó.

Tras destacar que la Ley 14.656 se encuentra vigente, el dirigente sindical precisó que la nueva norma comenzó a regir el 6 de julio de 2015 y le daba 180 días a los intendentes para armar convenios”.

“La ley fue promulgada en enero 2015 por el ex gobernador Daniel Scioli y le daba 180 días de plazo a los intendentes a partir del 6 de julio para establecer los convenios con los sindicatos, pero cuando habían asumido los nuevos intendentes no había firmado casi nadie”, subrayó.

Ante una consulta en este sentido, García fue tajante: “Ésta es la ley que no querían los barones del Conurbano”, aunque advirtió que en seis meses ”todos los intendentes de la provincia tienen que firmar los convenios colectivos de trabajo, ya no hay vuelta atrás”.

Admitió que los gremios concedieron una prórroga de otros seis meses para firmar los convenios, principalmente porque si en los seis meses anteriores los viejos intendentes no lo había firmado casi nadie es razonable que los nuevos intendentes no iban a poder concretarlo”.

En este marco, el secretario general del Fesimubo resaltó hoy la actitud de los intendentes Gustavo Posse de San Isidro (Cambiemos) y Walter Festa de Moreno (Frente para la Victoria), quienes representan a distintas fuerzas políticas, al afirmar que "no especularon con la firma de los convenios" colectivos de trabajo de sus empleados.

En el caso de Posse se trata de un intendente que es reelegido en forma consecutiva desde 1999, sucediendo en el cargo a su padre Melchor, mientras que Festa es un intendente de La Cámpora elegido por primera vez después de destronar en las elecciones PASO de 2015 a un histórico referente de la zona, Mariano West.

Posse firmó el convenio en los primeros 180 días de sancionada la ley y Festa lo hizo al asumir su gestión el 10 de diciembre sin especular con la nueva prórroga del tercer párrafo de la Ley 14.656.

Esta ley señala en su artículo primero que las relaciones del empleo público de los trabajadores de las 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires se rigen por las ordenanzas dictadas por los respectivos concejos deliberantes y los convenios colectivos de trabajo.

Entre otros puntos fundamentales, establece que los empleados públicos de los municipios obtendrán la estabilidad laboral al cumplir 12 meses en sus puestos de trabajo, fija como máximo un 20 por ciento de empleados contratados y obliga a respetar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

"Antes de esta ley, los empleados públicos de la Provincia estábamos atados a la voluntad de cada intendente", dijo por último García.

(Télam)

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Cierran centros de Acceso a la Justicia por despidos

El gobierno nacional sigue con la ola de despidos en los centros de Acceso a la Justicia, una de las políticas claves que había impulsado la gestión anterior y que buscaba acercar derechos a los más necesitados.

A partir del próximo lunes y tras los nuevos despidos dispuestos este último mes por la cartera que conduce Germán Garavano no abrirán los CAJs de Tigre, San Miguel, Avellaneda, Berazategui, Pilar, Tres de Febrero, San Fernando y La Ferrere (La Matanza).

Los Centros de Acceso a la Justicia son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Cuentan con equipos interdisciplinarios, compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios.

La antigua gestión del Ministerio de Justicia había logrado conformar una red federal de centros que alcanzó  30 CAJ desde donde se coordinaban acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.

La nueva política de despidos de Macri también afectó a los Cajs de Usuahía (Tierra del Fuego), Castelli (Chaco) y Maimara (Jujuy).

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