"Eso es preocupante. Esos grupos vuelven a resurgir con mucha fuerza, en muchos lugares. Como también los asaltos, la destrucción de casas. A mí me destrozaron la casa en la costa. La saquearon, directamente. En San Eduardo del Mar", afirmó el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel en declaraciones a una radio local.

"Ya hace una semana. La saquearon. Se llevaron cocina, inodoro, piletas. Rompieron rejas, rompieron todo. Ahora espero viajar pasado mañana, trataré de ver, hablar con la policía. El año pasado saquearon 42 casas. Todo queda en la total y absoluta impunidad", agregó.

"Es tremendo esto. Entonces estamos en un estado de indefensión total. Es lo grave que se está produciendo en Mar del Plata y si bien han colocado policías, que no sabemos porque no patrullan, no hay seguridad ninguna", sostuvo Perez Esquivel.

En cuanto a los grupos neonazis pidió que sean sancionados y que intervenga el intendente. "Estos grupos neonazis deben ser controlados y sancionados porque son violentos, provocan una situación de inseguridad muy grande. Habrá que ver quiénes apañan a estos grupos".

"Son grupos organizados y financiados por sectores que uno no sabe, no… pero que son peligrosos para la sociedad. No puede ser esto. Tienen que intervenir las fuerzas de seguridad. También hay que decirle, ahí, al intendente (Carlos Arroyo) que tome las medidas preventivas. Hay una responsabilidad del municipio, del intendente particularmente. También de las fuerzas de seguridad para ver qué es lo que está pasando y como esto vuelve a resurgir con esta virulencia", concluyó.

Tras un nuevo encuentro con el gobierno de María Eugenia Vidal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, resolvió un paro activo de 24 horas para este miércoles 9 de marzo, en rechazo a la última propuesta salarial, por el llamado a una nueva reunión paritaria que contemple una oferta superadora, por el fin de los despidos y por la reincorporación de los trabajadores despedidos

La huelga de estatales confluirá en un paro provincial convocado por otros gremios estatales de la CTA Autónoma bonaerense, como son los profesionales de la salud (CICOP) y los trabajadores judiciales (AJB), entre otros.

El paro contará con acciones regionales en toda la provincia, entre las que se destaca una caravana por el sur del Conurbano Bonaerense que culminará, junto a los trabajadores de la región capital, en una marcha desde el ministerio de salud hacia el ministerio de economía provincial, ubicado en la ciudad de La Plata.

Se recuerda que la propuesta ofrecida por el gobierno fue de un 5% en enero y febrero, a lo que se le suma el 10% a partir de marzo, constituyendo un 15% acumulado de ahí a junio. Además, a consideración de ATE provincia, el impacto es menor en términos de plata para las categorías más bajas, – son unos mil pesos aproximadamente de marzo a junio-.

Por otra parte, esta propuesta distorsiona el piso del salario mínimo en el estado provincial bonaerense, donde hasta ahora había un criterio similar para las categorías ingresantes en las distintas leyes, discriminando ahora claramente a los trabajadores del la Ley 10.430 en relación a esa paridad.

Según lo expresado por el secretario general de ATE y la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, “la propuesta salarial del gobierno es absolutamente insuficiente y no contempla para nada las necesidades de los trabajadores y sus familias. Es discriminatoria porque es diferencial con otros sectores de trabajo como el caso de los docentes y porcentualmente está muy lejos del 44% planteado para poder recuperar el poder adquisitivo de los últimos años y escaparle a la proyección inflacionaria".

"Con esta política salarial, el gobierno es quien está garantizando la medida de fuerza”, disparó el estatal.

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, reveló que sólo en once municipios de los 135 de la Provincia se firmaron convenios colectivos de trabajo con sus empleados como ordena la nueva Ley 14.656.

“Hasta el viernes pasado firmaron los convenios con nuestros sindicatos sólo once intendentes de 135”, afirmó a El Día, el titular del Fesimubo, que representa al 90 por ciento de los sindicatos del sector en la provincia.

Se trata de los partidos de Campana, Coronel Rosales, Ituzaingó, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Saavedra, San Isidro y Suipacha.

García se refirió a la suspensión de la ley de paritarias municipales por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que les da a los intendentes una prórroga de seis meses para el establecimiento de los convenios, el que también deberá confeccionar La Plata.

“El 6 de enero último empezaba a funcionar lo que se llama el tercer párrafo de la ley, que es la supletoria de carácter obligatorio para aquellos que no habían firmado”, explicó.

Y contó que “la ley fue promulgada en enero 2015 por el ex gobernador Daniel Scioli y le daba 180 días de plazo a los intendentes a partir del 6 de julio para establecer los convenios con los sindicatos, pero cuando habían asumido los nuevos intendentes no había firmado casi nadie”, subrayó.

Y explicó que la prórroga de otros seis meses para firmar los convenios se fundamenta, especialmente, en un pedido de los intendentes recién asumidos en el marco del orden que deben impartir en sus comunas antes de establecer marcos de discusión salarial con el personal municipal.

“Exigimos al Gobierno nacional que esclarezca este atentado que apuntó directamente contra militantes kirchneristas pero que afecta a toda la Democracia”, expresó ayer Martín Sabbatella y agregó: “Este hecho debe tener el repudio enérgico de todas las fuerzas políticas y un rechazo claro y contundente del presidente Mauricio Macri”.

El sábado por la noche dos militantes kirchneristas fueron heridas con balas de plomo mientras participaban, junto a los legisladores porteños José Campagnoli y Andrea Conde, de la inauguración de un local de Nuevo Encuentro en Padilla y Gurruchaga, en Villa Crespo.

“El Gobierno nacional es responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, de encontrar a quienes ejercieron este atentado y de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio pleno de los derechos democráticos”, consideró el referente nacional de NE, quien hoy verá a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

“El hecho se da en el marco de un clima creciente de violencia verbal y discursiva promovido por el Gobierno nacional contra el kirchnerismo, que derrama en hechos de violencia institucional y violencia política como éste”, afirmó Sabbatella.

“Este clima de violencia se expresa en desaforadas represiones como las que se hicieron contra despedidos de Cresta Roja, municipales de La Plata, nenes murguistas del Bajo Flores, docentes de Santiago del Estero, vecinos de La Pampa, entre muchas otras. Se expresa también con cordones de Infantería y carros hidrantes en la puerta de organismos públicos para impedir el ingreso de trabajadores. Y, además, da marco para que cualquiera se sienta con derecho a disparar a mansalva contra 500 militantes democráticos”. "Es el inicio más violento de un mandato presidencial de las últimas décadas", consideró el ex intendente de Morón.

“Cristina me expresó su profunda preocupación y su profunda tristeza porque esto le recuerda los peores años de la historia política de Argentina”, agregó.

El referente de Nuevo Encuentro subrayó que “este hecho se da también en el medio de una campaña de permanente estigmatización de la militancia política, de demonización del kirchnerismo y de los trabajadores públicos, que incentiva la violencia física y verbal contra los opositores”

“El presidente Macri es el responsable de desarmar este contexto de violencia institucional, de poner fin a la campaña de demonización que él mismo propaga y de pronunciarse contundentemente y sin excusas a favor de la paz y del libre ejercicio de los derechos a la expresión y a la participación democrática”, concluyó.

También participaron de la conferencia de prensa en el local donde ocurrieron los hechos, los dirigentes porteños Gabriela Cerruti y Mariano Recalde; los diputados nacionales del FpV Adrián Grana, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carolina Galliard, y Aracelli Ferreyra; los legisladores porteños del FpV José Cruz Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, y Lorena Pokoik; el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el parlamentario por el Mercosur Daniel Filmus; los dirigentes radicales Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; el dirigente Luis D'Elia; los dirigentes sindicales Víctor Santa Maria (SUTERH) y Eduardo López (Cetera y UTE); el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; Carlos Barragán y Edgardo Mocca, entre otras personalidades. Sobre el final, cantaron ante los más de 500 asistentes Liliana Herrero, Horacio Fontova, Dolores y Marilina Ross, que expresaron su solidaridad y el repudio al grave atentado.

"Hay problemas en el proyecto, que básicamente es un cheque en blanco porque no tiene límites de endeudamiento, no tiene características de cómo son los bonos que eventualmente se emitirían y el tema del gasto no queda claro", dijo Marco Lavagna.

Aclaró, no obstante, que el Frente Renovador concuerda con el Gobierno de Maurcio Macri en la idea de que la Argentina necesita buscar una solución y cerrar definitivamente el conflicto de la deuda en default.

"La clave está en cómo utilizamos esto que va a ser muy costoso en un beneficio concreto para la gente después. Si está el costo tiene que ser para algo muy concreto. Esas combinaciones tienen que darse", dijo.

En declaraciones a Radio Continental, Lavagna insistió que el proyecto de acuerdo con los holdouts "necesita cambios" y expresó que tanto él como el resto de los legisladores que responden a Sergio Massa esperan "que el Gobierno esté dispuesto a esto".

Indicó el economista que a la iniciativa del Poder Ejecutivo le falta trabajar sobre la cobertura legal para evitar que haya juicios a futuros contra la Argentina: "La clave es cómo nos vamos a cubrir. Tuvimos observaciones que fueron bien recibidas".

El director de asuntos gremiales de ANSES, Francisco Bosh, fue acusado nuevamente por trabajadores del organismo por ejercer métodos extorsivos para que abandonen sus puestos de trabajo.

La primer denuncia contra el funcionario Pro, se dio a conocer la semana pasada, cuando un trabajador hizo pública una grabación donde se podía observar a Bosh ofreciéndole al ex jefe de la UDAI de San Vicente que deje de ir a trabajar compensándolo con tres meses de sueldo y que luego presente una renuncia diferida.

Ante la negativa de Diego Barrale, Francisco Bosch, lo amenazó asegurándole que iban a inventar una "causa justa" para echarlo.

A partir de que este caso se hizo público, se acrecentaron las denuncias dentro de ANSES, dado que el mecanismo extorsivo se repitió en la mayoría de las UDAI.

Los trabajadores y ex jefes presentaron denuncias a la justicia, y si bien el escándalo llegó a la rosada y la orden fue calmar las aguas, el tema ya tomó conocimiento público.

Francisco Bosh, es uno de los funcionarios más allegados al nuevo titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.

El directivo, que se reunió con 14 de los 178 ex jefes repitió el modus operandi en cada uno de los encuentros. Ante la negativa de los trabajadores, el funcionario Pro decidió dar marcha con la agenda de reuniones que había previsto en todo el país.

El ex jefe de la departamental de Wilde, Juan Torreiro detalló cómo fue el encuentro que mantuvo con el director de asuntos gremiales y denunció que "me ofrecieron 3 sueldos diciéndome que me liberaban para que pueda ir buscando trabajo y que no hacía falta que me presentara a trabajar".

Ante su negativa a la propuesta, el directivo respondió que "de cualquier empleado podemos encontrar algo para echarlo con justa causa", en tono amenazante, recordó Torreiro.

Manuel De Benedectis, por su parte, que ingresó al organismo en el año 2010 contó que "empecé a recibir llamados de Francisco Bosch, quien dijo ser mano derecha de Basavilbaso. Tuve una entrevista con él, en donde me propuso hacer una renuncia diferida a 3 meses, cobrando el sueldo de jefe de UDAI sin ejercer el cargo, y que de no aceptar la propuesta iban a encontrar alguna vía para desvincularme del organismo".

En la misma línea, De Benedectis, agregó que en ANSES se está viviendo un clima de "persecución ideológica sin precedentes, en ningún momento hubo algún tipo de cuestionamiento sobre nuestra gestión, o sobre los resultados, o de las distintas medidas o decisiones que habíamos tomado como para desvincularnos", aseguró.

Los trabajadores además denunciaron que están recibiendo citaciones a declaración indagatoria que podría implicar el inicio de un sumario administrativo. En tal caso, si son despedidos, ANSES no está obligada a indemnizarlos.

Los trabajadores denunciaron que hay 120 telegramas de despido que llegarán en el transcurso de la semana.

Los gremios por su parte, rechazaron los despidos, y repudiaron las extorsiones y la persecución ideológica.

En caso de que se confirmen las denuncias contra el director de asuntos gremiales, el delito caratulado como "coacción agravada" prevé una pena de hasta 12 años de prisión.