El embajador argentino en Panamá, Miguel del Sel, jamás se imaginó que iba a estar en el medio de un torbellino de estas carácterísticas. Quizás por ello tardó tanto en reaccionar y en dar señales de actuación desde su lugar de trabajo.

Más de dos días después de desatado el escándalo internacional de los Panamá Papers, envió un cable a partir de la aparición del presidente, Mauricio Macri, como director y vicepresidente de, hasta el momento, una sociedad offshore en el que advierte que “el Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”.

El informe detalle que “el Ministerio Público iniciará una investigación de oficio por las publicaciones sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca”.

“De darse la investigación, sería el segundo expediente que le abriría la Procuraduría General a esa firma en lo que va del año (el primero fue a causa del caso Lava Jato , en Brasil)”, explicó Del Sel.

Además el ex cómico indicó cual fue la repercusión en Panamá de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. En este sentido sostuvo que generó “una amplia repercusión, tanto en los distintos medios de comunicación local, como también a nivel Gobierno”.

También indicó que el país centroamericano “cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial”.

A partir de enero de 2016 entraron en vigencia normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Por este motivo dichas acciones deberán entregarse en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

Además el anuncio del Gobierno de Panamá advierte que “como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero”, según informan desde Ámbito Financiero.

El accidente se produjo en el kilómetro 72 de la ruta 33, cerca de la Industria Papelera de ese distrito de la zona sur del territorio bonaerense, cerca de la ciudad de Bahía Blanca, informaban fuentes policiales y medios locales.

Un olor penetrante provocado por el ácido clorhídrico llegaba a percibirse en la cabecera del distrito y la Policía desviaba el tránsito hacia caminos vecinales.

También quedaron aislados los trabajadores de la papelera, situada a unos mil metros del lugar del accidente.

Según informó Vialidad Nacional, el conductor del camión, único ocupante del vehículo, logró escapar del vehículo y de la nube tóxica sin sufrir mayores inconvenientes.

Las autoridades aislaron la zona en un área de diez kilómetros por la peligrosa sustancia.

El ácido clorhírico o muriático es utilizado en variadas producciones industriales.  En el contacto directo, tiene acción corrosiva y tóxica sobre la piel y mucosas, produciendo quemaduras cuya gravedad dependerá de la concentración de la solución, mientras que en contacto con los ojos puede ocasionar pérdida parcial o total de la visión.

En tanto, los vapores producidos por el ácido, según el sitio Empresalud, "producen un efecto irritante sobre el tracto respiratorio, causando faringitis, edema de glotis, bronquitis, edema agudo de pulmón (aumento exagerado de líquido en los pulmones) y muerte".

También se han registrados casos de necrosis dentales, donde los dientes pierden su brillo, se tornan amarillos, blandos y, finalmente se rompen.

El encuentro será en la Municipalidad de La Plata, con el intendente Julio Garro como anfitrión. En el cónclave quedará conformado el foro de intendente de Cambiemos que agrupa a los 42 intendentes de la UCR y los 22 del PRO.

Será la excusa para una reunión política de la alianza oficialista y además de la gobernadora participará el ministro de Infraestructura bonaerense, Edgardo Cenzón.

Los jefes comunales se darán cita desde las 14 en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata y como ya se desliza la idea, para evitar disputas políticas, la elección de una mesa de conducción del flamante foro.

El toque institucional lo dará el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, encargado de disertar frente a los intendentes.

Todos suponen que su alocución se referirá a la emergencia en infraestructura sancionada recientemente en la Legislatura y los fondos del endeudamiento -aprobado en enero pasado-, producto del Presupuesto 2016, para comenzar "ya con las obras" prometidas.

Respecto a la política que sobrevuela el encuentro, en el radicalismo creen ver la posibilidad de hacer pesar su número y además cree que la coyuntura los ayuda para ir por la conducción.

Pero los máximos interlocutores no están dispuestos a ofender a sus aliados y abonan la idea de una conducción colegiada del Foro.

El PRO había esbozado la idea de que el foro debía ser conducido por un intendente puro, el intendente de Vicente López Jorge Macri y el de Lanús Néstor Grindetti, junto a Ramiro Tagliaferro, de Morón, disputaban la silla.

Ahora, luego del escándalo de los "Papeles de Panamá", la idea de la mesa conductora ganó consenso, que sería de seis integrantes, pero muchos intendentes entienden que sí se incluye a Grindetti y Macri podría leerse como un respaldo a los alcaldes relacionados con las empresas "Off Shore".

La Universidad Católica Argentina (UCA) afirmó este viernes que en los tres primeros meses del año se registraron 1.400.000 más de pobres y 350.000 personas en situación de indigencia.

En el mismo informa, la UCA aclaró que "estas proyecciones no toman en cuenta las pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte y servicios domiciliarios".

"Teníamos pensado dedicarnos a la presentación de un informe sobre pobreza y desigualdad de 2010 a 2015, pero ante la situación económica complicada vinculada al aumento del costo de vida y al actual proceso inflacionario nos vimos obligados a abordar la situación actual", señaló el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, en conferencia de prensa.

Por su parte, el Padre Andrés Rambeaud, Director General de Cáritas-La Plata se mostró preocupado por el estado de situación de las clases populares.

"No hay un cambio estructural de la pobreza. Lo que percibo en el diálogo con comedores es que están dejando de percibir la colaboración que venía del municipio, la Provincia o la Nación", informó el párroco.

Lo conflictividad sindical parece no cesar en el territorio bonaerense. Tras impasse luego del acuerdo con los docentes, las protestas de estatales, médicos, auxiliares, judiciales y bancarios no cesan y golpean duro a la gestión de María Eugenia Vidal.

En ese contexto, los trabajadores judiciales bonaerenses iniciaron hoy un paro de 48 horas en todas las departamentales en rechazo a la propuesta del gobierno provincial de mejora salarial anual del 25,5 por ciento.

“Comenzamos una medida de fuerza con el objetivo de demostrarle al gobierno que no estamos dispuestos a permitir que nos reduzcan el salario”, expresó el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich.

El paro de hoy incluye actividades de difusión en las departamentales y asambleas para debatir nuevas medidas de fuerza, mientras que mañana está prevista una movilización en La Plata para reclamar un incremento de sueldos de entre “45 y 50 por ciento”.

El proyecto fue presentado en el Concejo Deliberante y justifica el pedido de citación “ante la gravedad de los hechos que son de público conocimiento  que vinculan al intendente Néstor Grindetti con cuentas y empresas en paraísos fiscales y sociedades offshore, donde se informa que participa como apoderado de una de ellas y en una trama de empresas vinculadas con otros funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires”.

Además aseguran que el intendente “en su declaración jurada omitió declararlas” y “existe un ‘estado de sospecha’ ya que ‘las sociedades offshore siempre tienen como fin defraudar, evadir impuestos o lavar dinero’, según definió el ex titular de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen”.

En este marco, piden que se sancione el proyecto para citar a Grindetti al Concejo “a fin de responder todas las inquietudes que surjan” de los ediles.

La iniciativa fue firmada por los concejales Héctor Montero, Omar López, Daniel Piccolo, Mariano García, Aldana Damone, Luciana Augustavicius, Gustavo Magnaghi y Jorge García.

Con bastante demora el Bloque Justicialista salió a la cancha a hablar sobre el escándalo de los Panamá Papers. "Compartimos las preocupaciones de los argentinos respecto a la participación del presidente Mauricio Macri en empresas inscriptas en paraísos fiscales", señalaron en un comunicado de prensa.

"Las explicaciones brindadas hasta el momento están muy lejos de ser suficientes, carecen de la contundencia que la gravedad del tema merece. Fundamentalmente, el Presidente debe explicar los motivos por los cuales existe la inscripción de empresas con su participación en estos paraísos fiscales", agregaron.

Y siguieron: "En uno de los casos, la explicación ha sido que su fin era para “realizar inversiones en Brasil”, lo cual resulta inverosímil ya que para ello la empresa podría haber sido radicada en Argentina o en el propio Brasil", agregaron los diputados conducidos por Oscar Romero y Diego Bossio.

El ex diputado nacional, ex Fiscal de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción y ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, expresó que "las sociedades offshore se utilizan para evadir pago de impuestos o lavar dinero”.

"Por ello es fundamental que el Presidente de la Nación aclare de manera certera qué motivo impulsó la inscripción de estas empresas de las que es parte", concluyeron.

La mandataria de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, en una nueva avanzada hacia los trabajadores estatales ejecutó ayer descuentos a unos 65 mil auxiliares de la Educación afiliados a ATE y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), que vienen realizando un plan de lucha en rechazo al irrisorio aumento de 12,1% otorgado unilateralmente por la administración provincial, afectando así hasta el 80% de sus haberes.

De esta manera un trabajador auxiliar que ganaba en bruto 13.000 pesos ahora cobraría 7.000. La resolución afecta los sueldos de trabajadores, que se encuentran en el último lugar del escalafón provincial, con salarios de  8000 pesos.

De esa manera, el gobierno que encabeza Vidal no acepta el fallo del juez Luis Arias, quién ordenó reabrir la paritaria estatal ante el cúmulo de irregularidades cometidas desde la Dirección General de Cultura y Educación que dirige Alejandro Finocchiaro.

En declaraciones al Diario Hoy, el l titular del SOEME, el ingeniero Marcelo Balcedo, calificó como “muy grave” la medida adoptada, ya que “no solo afecta a quienes vienen llevando adelante un legítimo plan de lucha contra un aumento salarial que los condena al hambre y a la pobreza, sino que también impacta en compañeras que están con carpeta médica por graves problemas de salud. Tenemos casos de personas que tienen cáncer que, por obvias razones, no están en condiciones de trabajar ni de participar en ningún tipo de medida de fuerza”.

“En una evidente actitud persecutoria y antisindical, el gobierno intervino el sistema de liquidación de haberes de la Dirección General de Cultura y Educación individualizando a los trabajadores que poseen código de descuento que lo identifica como afiliado del SOEME, luego procedió a aplicarles un código de descuento desconocido hasta la fecha, Nº 1085 “Ret., SIN AP.”, por montos equivalentes a $ 5000, $6000, $7000 que significan, en muchos casos el equivalente al 70% del salario neto del trabajador”, denunció Balcedo.

Por su parte, los gremios del sector indican que detrás de esta medida se esconderían los negocios que tienen que ver con la tercerización del servicio de limpieza de los establecimientos educativos, que Finocchiaro intenta privatizar con empresas por demás cuestionadas.

La medida tomada por el gobierno bonaerense fue tan arbitraria como inequitativa, sin analizar siquiera los casos en particular de los trabajadores que por situaciones personales, se encuentran bajo licencias por maternidad o tratamientos oncológicos y que, por tales motivos, no han participado activamente de las acciones gremiales.