Lo hizo a través de una serie de resoluciones del Ministerio de Transporte, publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El ajuste fue anticipado hace una semana por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y alcanza al 100% en el caso de los colectivos.

De este modo, en el nuevo esquema tarifario para los colectivos que regirá desde este viernes, el recorrido más corto dentro de la Capital Federal pasará de 3 a 6 pesos, mientras que el máximo (más de 27 kilómetros), aumentará de 4,7 a 7 pesos, abonando con la tarjeta SUBE.

Para los beneficiarios de la tarifa social, el precio del viaje pasará de 1,80 a 2,70 pesos (para los recorridos cortos) y de 2,80 a 3,15 pesos para los de mayor extensión.

Por su parte, los incrementos en los boletos de trenes dependen de cada uno de los ramales, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.

Así, en la líneas Sarmiento, Mitre y San Martín, los boletos costarán entre 4 y 6 pesos; Urquiza, entre 2,20 y 3,60 pesos; Roca tendrá tres secciones con precios de entre 2 y 4 pesos; Belgrano Sur entre 2 y 3,40 pesos y Belgrano Norte, de 2 a 4,80 pesos, según el recorrido que se realice.

El servicio ferroviario también contará con tarifa social, cuyo valor mínimo será de 90 centavos en ramales de las líneas Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur; mientras que para las líneas Sarmiento, Mitre y San Martín será de 1,80 pesos, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.

Además, la Casa Rosada estableció -por medio de una resolución- nuevas multas para quienes paguen un boleto inferior al recorrido realizado o directamente viajen sin haber abonado.

Según el texto oficial, "si un pasajero continuare más adelante del punto indicado en su boleto", tendrá que pagar una multa de 30 pesos; y "cuando haya en el tren algún pasajero sin boleto, con boleto de fecha vencida o que haya sido emitido para otro tipo de tren y/o no se ajuste el usuario a las condiciones de su emisión", abonará 60 pesos.

"Los montos propuestos guardan relación con la prestación de los servicios, propendiendo a la eficacia del sistema ferroviario, aprovechando al máximo los recursos disponibles y coadyuvando a mejorar los estándares de cumplimiento por parte del público usuario del sistema", justificó el Poder Ejecutivo.

Estas multas se aplicarán en el tren de la Costa y en las líneas Roca, San Martín, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento, aclaró la resolución.

La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que habilita a los ministros y secretarios bonaerenses a “disponer ceses de personal” y avanzar con medidas de flexibilización. Tras los despidos masivos en el Estado nacional, la medida –que ya fue publicada en el Boletín Oficial– preanuncia la llegada de la ola de cesantías a la provincia. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, unos 10 mil empleados públicos quedaron bajo amenaza de perder su trabajo. El sindicato realizará hoy y mañana un paro de 48 horas.

El decreto lleva el número 230/2106 y da poder a los funcionarios de la primera línea del gabinete también para contratar nuevo personal, disponer el traslado del existente y ampliar “suspensiones preventivas”. Fue firmado el 28 de marzo, aunque entró en vigencia ayer, tras su publicación.

La semana pasada, el gobierno nacional dio por terminada la “primera etapa” de la “revisión” de los estatales contratados en la administración pública, proceso en el que casi 11 mil personas quedaron en la calle. La mayoría eran trabajadores con sede en la Capital Federal. Aunque en las intendencias del resto del país y en las gobernaciones también hubo cesantías, su intensidad se había frenado. Ahora parece ser el turno de la provincia de Buenos Aires.

Los estatales bonaerenses de ATE vienen juntando tensión porque el aumento otorgado por Vidal fue de un 15 por ciento. Ese porcentaje fue establecido sin una reunión paritaria previa con todos los gremios, como ordena la ley, y si bien abarca sólo a los primeros seis meses del año, fue rechazado por el gremio, que lo consideró por debajo de la inflación aún antes de que se definieran los últimos aumentos del gas y las tarifas del transporte público. Sin embargo, otros sindicatos estatales que conformaron una mayoría numérica lo validaron. Los días de paro que hicieron los de ATE en el marco del conflicto salarial les fueron descontados. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, dictó una medida precautelar en la que exigió a la gobernación que no cierre la paritaria, pero quedó hasta ahora en la nada.

El gremio viene denunciando a un paquete de leyes enviadas por Vidal a la Legislatura bonaerense que, combinadas con el decreto 230, hacen una suerte de combo. “Abren la puerta para despedir masivamente, desguazar el Estado y contratar empresas con mínimos controles”, aseguró Oscar de Isasi, titular del ATE provincial.

Esos proyectos de ley están planteados como de “modernización del Estado” y bajo declaración de la “emergencia administrativa y tecnológica”. Según alertó De Isasi, “en nombre de la eficiencia del Estado, permitirán el ingreso masivo del sector privado al Estado, restringiendo la actuación de los organismos de control. Habilita, por ejemplo, a que hagan negocios con el Estado empresas que no están inscriptas como sus proveedoras”.

“Otro aspecto es que crea una nueva forma de contratar trabajadores, bajo la denominación de autónomos, y quieren pasar automáticamente a ese contrato de autónomos a los trabajadores de planta temporaria que hoy están contratados bajo la ley 10.430. A partir de pasar al contrato de autónomos, carecerán de los derechos que les da la ley 10.430, flexibilizando sus condiciones laborales. Esto significará una pérdida de derechos para miles de compañeros”, agregó.

La redacción del decreto es de a tramos enrevesada. El artículo sobre los despidos faculta a los ministros y secretarios a “disponer los ceses de personal excluidos los de personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario”. Para los abogados gremiales, esto permitirá despedir masivamente sin justificación y sin pagar indemnizaciones.

En el articulado también se otorga a los funcionarios la prerrogativa de fijar el valor de las horas extras, lo que debería hacerse en la discusión paritaria.

En este mismo sentido, agravó el alerta que no se menciona ningún criterio para decidir una eventual cesantía. “Echar personal va a ser un simple trámite”. Otro de los motivos de la huelga es el malestar porque la Dirección General de Escuelas, ante las medidas de fuerza de un sector de los auxiliares de la Educación, que se declararon en paro, autorizó a los Consejos Escolares a reemplazar a los trabajadores en huelga con empresas de limpieza privadas.

El paro de 48 horas que comienza hoy será acompañado de acciones regionales y asambleas en los lugares de trabajo. Por otra parte, los abogados de ATE analizan llevar a la Justicia una presentación para que el decreto sea declarado inconstitucional.

El diario New York Times aseguró que el mandatario argentino, Mauricio Macri,  como otros líderes del mundo, usaron los paraísos fiscales para "proteger su vasta riqueza” y es uno de los casos más serios que destapó la filtración de documentos panameños.

En un artículo escrito por la periodista Liam Snack se detalla acerca de la documentación y señala: “Alrededor de 215 mil compañías offshore  y  14.153 clientes están vinculados a Mossak Fonseca e involucran a 143 políticos, sus familias y amigos más cercanos ─ incluidos 12 importantes líderes de Estado ─ con el uso de paraísos fiscales para ocultar grandes fortunas”.

“Entre estos se encuentra el presidente Mauricio Macri, de Argentina; el presidente Petro O. Poroshenko, de Ucrania; Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia en aquel entonces; el primer ministro Nawaz Shariff, de Pakistán; el Rey Salman, de Arabia Saudita; el ex emir de Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani y su ex primer ministro, Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, y la estrella argentina de fútbol, Lionel Messi”, asegura la nota titulada “Los papeles de Panamá : Aquí está lo que sabemos”.

Entre otros detalles la nota de Snack, detalla: “El chelista Sergei Roldugin, un amigo cercano del presidente Vladimir V. Putin, de Rusia, también fue mencionado en los documentos. En el diario The Guardian se menciona al Sr. Roldugin como quien dirigía una operatoria que movía dos mil millones de dólares de los bancos de Rusia a cuentas ocultas en el extranjero”.

El escenario elegido fue el despacho del intendente de Roque Perez, Juan Carlos "Chinchu" Gasparini, en el cual los intendentes y funcionarios provinciales trataron disimiles temas como las cuentas Offshore y la participación del presidente Maurcio Macri, el aumento de las tarifas, la paralización de la obra pública en sus territorios y llamaron a construir “todas las instancias de diálogo que sean necesarias, con la intención de contribuir en el abordaje de los problemas”.

Vale destacar que este encuentro fue la continuidad de los desarrollados en Bolívar y en Ensenada en donde también se habló del futuro de la FAM y temas relacionados a las medidas tomadas por el jefe de Estado; “que no solo repercuten a nivel nacional y provincial, sino que también a nivel municipal”.

En referencia a la persecución del denominado “Partido Judicial”, los intendentes señalaron a través de un comunicado: “Nos alerta fuertemente la situación judicial de la ex Presidenta de la Nación por la causa relacionada con la venta de dólar futuro y creemos ver en la misma, una alarmante precariedad de los elementos judiciales que intentan fundamentar la referida citación. De la misma manera que reafirmamos el apoyo, el respaldo y el compromiso para su figura, en tanto claro referente y líder natural del espacio político al cual pertenecemos”.

A la hora de abordar las revelaciones del informe Panamá Papers, indicaron: “Entendemos que en la cuestión relacionada con la creación de sociedades Offshore y la participación del presidente Maurcio Macri en las nominas que han circulado, debe ser debidamente aclarada de forma urgente y en términos personales, de frente a la sociedad”.

Además, señalaron que “como parte de un colectivo político debemos realizar la mayor cantidad de esfuerzos posibles para construir unidad, solidaridad y organización con la intención de poder expresar una vocación mayoritaria que sea capaz de interpretar de nuestro pueblo. Estamos más convencidos que nunca que ´El todo es superior a la suma de las partes´”.

A la hora de referirse a los problemas concretos de sus municipios, los jefes comunales allí reunidos manifestaron su preocupación por la “paralización de la Obra Pública en nuestro territorio, la consecuente detención de la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, y el impacto que la misma tiene sobre el empleo; luego de un virtuoso proceso de intervención del estado articulado desde el Ministerio de Planificación Federal por el Arq. Julio De Vido.  Acompañando la detención de las obras necesarias, existe también una impronta de judicialización de toda la obra pública en general, lo que más allá de algunos casos puntuales, llama poderosamente nuestra atención”.

Siguiendo con las cataratas de inquietudes planteadas, también expresaron: “Nuestra profunda preocupación por el encadenado aumento de tarifas, que sumó al brutal incremento de la tarifa eléctrica, una fuerte suba de gas, agua y transporte. Más aún, esta modificación de los cuadros tarifarios de los principales servicios impacta negativamente sobre la estructura industrial – fundamentalmente las PyMES – cuyos costos los dejan fuera de mercado”.

“Lamentablemente comenzamos a sentir en cada uno de nuestros municipios, un incremento de las demandas sociales básicas, de manera tristemente inédita para la experiencia de los últimos años. En ese sentido observamos con atención el creciente incremento en los pedidos de cupos para  los comedores escolares y merenderos de nuestros distritos”, asegura el comunicado.

Acerca de la unidad del peronismo, los jefes comunales detallaron: Reconocemos humildemente que nuestro espacio político ha perdido las elecciones, a pesar de todo lo positivo realizado a través de 12 años de gobierno, no hay verdades absolutas. Estamos convencidos de que el debate debe ser transversal, plural y democrático. Con preocupación volvemos a hacer un llamamiento para que los diversos sectores y referentes que forman parte del espacio político al cual pertenecemos, dejen de lado las operaciones cruzadas y los egos excluyentes que en nada aportan para comprender la situación actual, ni generan empatía con los sectores que pretenden representar”.

Del encuentro celebrado en Roque Pérez participaron los intendentes: Mario Secco, Ensenada; Ricardo Casi, Colón; Germán Lago, Alberti; Néstor Álvarez, Guamini; Marcelo Santillán, González Chávez; Hugo Corvatta, Saavedra; Roberto Alvarez, Tres Lomas; Francisco Durañona, San Antonio de Areco; Juan Patricio Mussi, Berazategui; Santiago Maggiotti, Navarro; Gustavo Menéndez, Merlo; Eduardo Bucca, Bolívar; Alejandro Acerbo, Daireaux; Gustavo Cocconi, Tapalqué; Osvaldo Caffaro, Zarate; Hernán Ralinqueo, 25 de Mayo; Hernán Bertellys, Azul; Juan Carlos Veramendi, General Paz; Juan Ustarroz, Mercedes.

Los diputados provinciales: Juan Mussi, Cesar Valicenti, Miguel Funes, Gabriel Godoy, Walter Avarca y el senador provincial, Daniel Barrera. Y el Diputado Nacional Gustavo Arrieta.

Los referentes locales: Enrique Slezack, Beriso; Gastón Arias, Brandsen; Gustavo Sobrero, Lobos; Ariel Notta, Luján; Raúl Basualdo, San Miguel del Monte; Daniel Di Sabatino, San Vicente; Juan Pablo Anghileri, Gral Rodriguez; Antonio Delfino, Suipacha; Marta Susana Medici, Alberti; Guillermo Santillán, Olavarría; Jorge Eijo, Gral. Belgrano; Diego Yason, Saladillo; Gerardo Zarandono, Guillermo Gallardo.

La decisión judicial se trata de una medida cautelar dictada por el titular del Juzgado Federal N° 2 de Azul, Martín Bava, que ordena retrotraer el cuadro tarifario al 5 de marzo para las rutas nacionales 3, 22, 151, 205, 226 y 252, a la altura de Cañuelas, Azul, Tres Arroyos, Uribelarrea, Saladillo, El Dorado, Vasconia e Hinojo.

En el fallo, el magistrado planteó que “no se encuentra debidamente acreditada y fundamentada la razonabilidad de un nuevo aumento” y consideró que el incremento “fue debatido en una escasísima audiencia pública”, en tanto que la resolución habilitante de la Dirección de Vialidad afecta “en forma arbitraria y manifiesta el interés público en juego”.

No obstante, usuarios denunciaron que la empresa se niega a cobrar el cuadro tarifario anterior al 5 de marzo, y alertaron que, si al usuario le quieren cobrar el aumento, tiene que pasar el peaje sin pagar, porque es la empresa la que está incumpliendo.

Cecilio Martín, vecino de Valle Hermoso y habitante de Hurlingham, contó en los micrófonos de FM Reflejos que fue uno de los que sufrió el intento de las empresas concesionarias de negarse a cobrar las viejas tarifas.

Al relatar su experiencia y alertar a los vecinos y oyentes, precisó que recientemente se negó a pagar los aumentos en los puestos de peaje en el trayecto de Buenos Aires a Sierra de la Ventana.

Por su parte, el portal Infoeme recogió testimonios registrados en el peaje de Hinojo, luego de que muchos usuarios hicieron llegar su reclamo ya que al llegar a la estación de peaje tuvieron que abonar la nueva tarifa con aumento; que en el caso de los automóviles es de 30 pesos.

La empresa concesionaria argumentó que continúa cobrando la tarifa porque no está notificada de la orden judicial. Por este motivo, el abogado Darío Troncoso – encargado de solicitar la medida cautelar – denunció penalmente ante la Justicia a la empresa CV1 y presentó un escrito solicitando astreintes, que es el pago de una multa por cada día de incumplimiento de la sentencia judicial.

El abogado dijo a Infoeme que "es mentira que la empresa no esté notificada, porque sus abogados se presentaron" y aclaró: "Si al usuario le quieren cobrar el aumento tiene que pasar el peaje sin pagar, porque es la empresa la que está incumpliendo".

En la oficina de José Lius Gioja en el Parlamento, los intendentes mantuvieron una reunión que se extendió por más de una hora en la que repasaron la situación actual del PJ y solicitaron varios lugares en “la lista de unidad” que encabeza el diputado sanjuanino pero que, por ahora, no incluye al kirchnerismo.

Entre los líderes municipales que estarán en la lista se encuentran Alejandro Granados (Ezeiza), Juan Pablo de Jesús (La Costa), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gustavo Menéndez (Merlo) y Verónica Magario (La Matanza), según informaron a Télam fuentes cercanas al PJ Bonaerense.

Además tendrán su lugar en la nómina el titular del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Espinoza, y el ex precandidato a gobernador Julián Domínguez.

Otro de los puntos acordados fue el cupo de una de las vicepresidencias para una mujer y para ese lugar se maneja el nombre de Magario o de una gobernadora como Lucía Corpacci (Catamarca) o Roxana Bertone (Tierra del Fuego).

Al igual que en el reunión realizada en el hotel Conte el martes, el intendente de Moreno y miembro de La Cámpora, Walter Festa, estuvo presente en este encuentro y se especula que podría tener una ubicación en una lista que tiene reservado la mayoría de los lugares para los sectores del peronismo alejado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.