Eduardo Maccari es uno de los dueños de la mueblería elegida para protagonizar el segundo spot del presidente Mauricio Macri que se publicó este martes en las redes sociales. Bajo el título “Empezás el lunes”, el clip muestra el trabajo de carpintería que realiza la pyme mendocina.

Pero “Maccari Muebles” no atraviesa su mejor momento económico, ya que supo emplear a 14 trabajadores en 2014 y hoy no tiene ninguno, según indicó el dueño.

“Aceptamos ser parte del spot porque nos prometieron que serviría para impulsar a los jóvenes a buscar trabajo”, señaló Maccari, al ser entrevistado por El Sol, a partir del comienzo de la circulación del aviso presidencial.

Según cuenta el empresario, su carpintería fue elegida entre muchas de todas las provincias. “Nos contactaron a través de nuestra web porque leyeron la historia de nuestra pyme”, explicó.

Pero más allá del optimismo de la publicidad oficial, Maccari explicó que su emprendimiento familiar fue afectado este último tiempo por la crisis económica.

“Está todo parado y las tarifas nos afectan a todos”, se lamentó y explicó que en el 2014 trabajaban 14 empleados y hoy no tiene ninguno.

“Es una pequeña empresa familiar, hoy trabajamos los hijos de Francisco Maccari, nuestras esposas e hijos. Algunos monotributistas utilizan el taller porque es muy grande pero no contamos con ningún empleado”, describió.

Los Maccari temían que el video se transformara en un spot político y tuviera repercusiones negativas en los demás empresarios del sector.

“No soy partidario de nadie y nos prometieron que no se iba a mostrar nada político”, aseguró el empresario.

Maccari no tuvo la posibilidad de contactarse con ningún funcionario nacional porque la filmación estuvo a cargo de una productora mendocina. “Estuvieron todo un día filmando y nos pagaron un pequeño dinero para amortizar el día perdido en la fábrica”, comentó.

La ex legisladora Gabriela Cerruti presentará una nueva denuncia contra el presidente Mauricio Macri para que se lo investigue por supuesto enriquecimiento ilícito, ya que "ni los ingresos netos anuales ni la diferencia de valuación de sus bienes" presentados en su última declaración jurada, "dan cuenta de cómo hizo para duplicar su patrimonio en un año".

“La situación descripta, que implica una rentabilidad de sus activos muy difícil de explicar, debería ser verificada con la misma información brindada en detalles por el declarante de sus ingresos netos anuales”, indica la ex legisladora en la demanda penal presentada.

En la denuncia, se da cuenta que en su declaración de bienes el presidente informó que inició el año 2015 con un patrimonio neto de 49.164.980 pesos y finalizó el mismo período con un patrimonio de 110.199.664 pesos, aumentando en tan solo un año su patrimonio en un 124%.

Asimismo, según la información disponible en la demanda, se verifica que en el punto décimo de la declaración patrimonial de Macri titulado “Ingresos y Gastos”, los ingresos totales declarados son 13.353.639 frente a gastos totales por 6.462.926,84 pesos.

Por lo cual, los ingresos totales de 6.890.707,16 pesos, se encuentran muy por debajo del incremento patrimonial presentado por el presidente en el mismo período de 61.034.84 pesos.

Por esta razón, Cerruti plantea que “estamos ante un escandaloso incremento patrimonial que nos lleva automáticamente a presumir la existencia del delito de enriquecimiento ilícito”.

Si bien la explicación al crecimiento de su patrimonio podría ser que sus acciones en las empresas en las que participa hayan aumentado su valor – argumenta la denuncia – en el punto 9 de la declaración jurada en el apartado “Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año” la diferencia es “cero”, por lo cual la justificación de la revaluación, no se daría en este caso.

Por otra parte, en la denuncia presentada se señala que hay elementos que permiten deducir que el patrimonio del Presidente es aún mayor que el que actualiza la nueva declaración jurada.

En este marco, en el escrito que será presentado a la justicia por la dirigente de Nuevo Encuentro, se adjunta una nota del diario El Cronista, de marzo de este año, en donde se informa que en febrero Macri cedió el 5,33% de sus acciones de Yacylec S.A. a SIDECO S.A., el holding de su familia.

Sin embargo, según la declaración jurada al 31 de diciembre de 2015 Macri sólo contaba con una participación del 0,01% en la empresa Yacylec. Un porcentaje bastante menor al que luego transfiere, que nadie sabe en qué momento se incrementó.

Para Cerruti: “Esto nos indica, con un único ejemplo, que el enriquecimiento ilícito de casi 60 millones de pesos que evidencia la Declaración del Presidente, es aún mayor a esos 60 millones, ya que al cierre del año 2015 poseía una cantidad de acciones de Yacilec S. A. mucho mayor a la consignada”.

“La demanda de alimentos en comedores de colegios, iglesias y centros de jubilados aumentó un 50 por ciento en promedio, llegando al 150 por ciento en los barrios más comprometidos socialmente y la respuesta del Estado nacional y provincial son insuficientes”, denunció la jefa municipal del principal distrito de la Provincia de Buenos Aires.

En un reportaje publicado en Página 12, Magario dijo que “el hambre no admite espera, por eso hay que darle respuesta ahora mismo” y expresó que si en los próximos días no tiene una respuesta satisfactoria de la gobernadora María Eugenia Vidal, tomará la decisión de “sacarle recursos al funcionamiento normal del municipio” para utilizarlos en la compra de alimentos.

En este contexto, la intendenta del municipio más poblado del país reclamó que el gobierno provincial declare “la emergencia social y laboral” para “destinar partidas” extraordinarias a los comedores de los sectores que quedaron a la intemperie por el aumento de precios y tarifas y la pérdida de empleo”.

“En las escuelas públicas de La Matanza los comedores crecieron un 50 por ciento promedio, pero llegaron al 150 por ciento en los sectores más vulnerables”, detalló.

Según la dirigente del Frente para la Victoria (FpV), “hoy, los abuelos, después del aumento de tarifas, están pagando más de un tercio de una jubilación mínima en servicios, a lo que hay que sumarle los medicamentos que dejó de cubrir PAMI”.

“Todo esto se suma a la baja de consumo y a las pérdidas de puestos de trabajo en el sector privado y en el sector informal, que es el primero que se pierde. Tenemos un registro de 150 mil personas por afuera del sistema en lo que respecta a cubrir las necesidades alimentarias más básicas”, añadió.

Dijo que esta situación “empieza a verse en febrero, marzo, fundamentalmente, cuando abren las escuelas y empezamos a tener indicios por el aumento en los pedidos de leche y de alimento, y se empezó a ver no solo en las escuelas, sino también en los barrios y en los centros de jubilados”.

“Esto es producto de que crecieron muchísimo los precios de los alimentos y de los servicios y así aparecen las primeras demandas puntuales de asalariados que llegaban justo a fin de mes y ya no les alcanza. A eso se suma la gente que se quedó sin trabajo”, estimó.

Para mandataria local, “cuando tenés despidos, falta de trabajo y hambre hay que declarar la emergencia y dedicar fondos a eso. Hay que declarar una crisis social y laboral y destinar partidas para lo más urgente, que es el hambre”.

“Si no hay respuesta del gobierno provincial, la decisión de este municipio es empezar a generar partidas para alimentos, para comedores, porque no podemos dejar que la gente se muera de hambre”, dijo por último.

“Los más difícil para nosotros es atravesar el momento en el cual salís del populismo y salís de la fantasía de una mentira importante y muy grande, de haberle dicho a la gente que podía vivir de esta forma eternamente porque tenemos recursos para eso”, aseguró en declaraciones a Radio Nacional, la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

En ese sentido, Michetti calificó esa situación como una “mentira” ya que “en realidad eran recursos de la emisión de dinero sin sustento”.

De este modo, la referente de Cambiemos se mostró en sintonía con los dichos del economista Javier González Fraga, que despertaron el repudio de distintos sectores, al sostener que se había hecho creer “al empleado medio que podía comprarse plasmas y viajar al exterior".

La vicepresidenta Gabriela Michetti ratificó hoy que “entre julio y agosto” próximo comenzará a bajar la inflación y a ejecutarse obra pública, con lo cual se empezarán “a ver algunas luces que indican que estamos yendo hacia la salida de un túnel”, pero admitió que recién el año que viene el país saldrá definitivamente del "momento duro" que atraviesa.

“De 135 intendentes solamente firmaron 13, y falta menos de dos meses para el 14 de julio cuando la nueva Ley 14.656 tiene que entrar en vigencia en forma completa”, señaló García.

En diálogo con la agencia Télam, el dirigente gremial explicó que la norma “empezó a regir el 7 de julio de 2015 y los intendentes tuvieron 180 días hasta el 6 de enero de este año para armar convenios colectivos, aunque para esa fecha no había firmado casi nadie.”

“Los intendentes de todos los colores políticos pretendían que la ley se suspenda y como no se pudo por la movilización de los trabajadores se extendió seis meses hasta el próximo 14 de julio a pedido de los nuevos, pero favoreció a los viejos también”, comentó.

El titular de la Fesimubo manifestó su preocupación en este sentido, al señalar que “nos preocupa que haya intendentes con dos reelecciones y todavía no han querido sentarse a armar los convenios colectivos” y advirtió que “el 14 de julio va a entrar en vigencia y muchos ni siquiera convocaron a los paritarios”.

De los 13 jefes municipales que firmaron los convenios hasta hoy, ocho pertenecen a Cambiemos, cinco al Frente para la Victoria (FpV) y ninguno al Frente Renovador (FR) del diputado Sergio Massa.

Por la alianza radical macrista lo hicieron los intendentes de Campana, Coronel Rosales, General Rodríguez, Junín, Mar Chiquita, Quilmes, San Isidro y Suipacha.

En tanto por el FpV rubricaron el acuerdo con sus empleados, los jefes municipales de Azul, Guaminí, Merlo, Moreno y Saavedra.

Para García, que entre en vigencia en forma completa la nueva ley, “significa que se terminó el tiempo de la flexibilización laboral en los municipios bonaerenses”.

“Los trabajadores municipales vivíamos en una flexibilización laboral permanente porque en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires la media de los contratos basura andaba entre el 62 y el 70 por ciento”, precisó.

Dijo también que “había compañeros con falta de estabilidad con hasta 20 años de antigüedad, trabajando en un municipio en condiciones precarias”.

“La 14.656, que ya está en vigencia en su mayor parte y sólo falta completarla en su tercer párrafo, establece que los empleados públicos de los municipios bonaerenses obtendrán la estabilidad laboral al cumplir 12 meses en sus puestos de trabajo”, detalló.

Otros de de los puntos fundamentales de la nueva norma fija que las municipalidades tengan como máximo un 20 por ciento de empleados contratados, las obliga a respetar el Salario Mínimo, Vital y Mínimo y a tener paritarias por ley.

“Esto cambia el paradigma de las relaciones laborales entre los municipios bonaerenses y los trabajadores, para siempre,” consideró.

Al respecto, García sostuvo que “hasta ahora, nunca los municipales tuvimos paritarias y convenios colectivos por ley” y remarcó que “esta ley obligará ahora al intendente, cuando se sienta en la paritaria, a mostrar cómo se compone la masa salarial en el presupuesto”.

Según el titular de la Fesimubo, “antes de esta ley, los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires estábamos atados a la voluntad de cada intendente”.

“La 14.656 es la ley que no querían los barones del Conurbano”, aludió y añadió que “lo que también es importante es que los trabajadores que ya ingresaron y tienen más de 20 años quedan efectivos”.

“De todos modos, nosotros estamos haciendo respetar a los compañeros que tienen más de un año de trabajo”, puntualizó.

Finalmente, García explicó que las relaciones laborales de los empleados municipales bonaerenses a partir de 1983 se establecían con ordenanzas locales. “Pero –dijo- que en la década de los noventa la Ley 11.757 borró todas las ordenanzas y la Suprema Corte de Justicia bonaerense determinó después de 18 años que esa ley fuera anticonstitucional”.

“La 11.757 era la ley de flexibilización laboral a la enésima potencia y era pura y exclusivamente para favorecer a los intendentes de todos los colores políticos”, completó.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, celebró que "haya tantos intendentes preocupados por la situación social" aunque aclaró que "la pobreza no empezó el 10 de diciembre", al tiempo que sostuvo existieron "medidas que afectaron el bolsillo de la gente" y destacó "las muestras permanentes" de Cambiemos "de estar ocupados por la situación social".

"A muchos intendentes no los veía con ese nivel de preocupación el año pasado" cuestionó Vidal, en referencia a las expresiones de diferentes jefes municipales que afirmaron en los últimos días de un creciente deterioro de la situación social en la provincia.

"Desde marzo que no se les pagaba a los comedores escolares, y nosotros duplicamos los montos en estos primero meses" precisó y expresó que celebra que "haya tantos intendentes preocupados y comprometidos con la situación social, pero la pobreza no empezó el 10 de diciembre".

La gobernadora bonaerense reconoció que algunas medidas implementadas por el gobierno nacional "afectaron el bolsillo de la gente" pero también resaltó "las muestras permanente de estar ocupados por la situación social".

En diálogo con radio La Red señaló que "la pobreza 0 requiere bases consistentes, no de mentiras" y dijo: Sé que hay mucha gente que la está pasando mal en la provincia, les agradezco que así y todo nos sigan apoyando y les digo que estas medidas van a ayudar a que la Argentina vuelva a crecer y crear trabajo".

Vidal regresará este mediodía de la ciudad de Nueva York donde concluye una gira en busca de inversiones, que incluyó también una visita a Washington, y que calificó como "muy productiva".

Al respecto, la mandataria provincial anticipó que acordó "inversiones privadas por 1500 millones de dólares" y consideró que "más allá del monto, son puestos de trabajo para bonaerenses".

"No termina acá, vimos mucho optimismo con nuestro país, por parte de quienes deciden si invierten en Argentina o en otro lugares".

Finalmente, Vidal se refirió a la jornada de protestas que realizará mañana Barrios de Pie, que según anunciaron bloqueará los accesos a la capital provincial, y opinó que "el camino no es cortar calles".

"Somos un gobierno abierto al diálogo, Barrios de Pie es una organización con la que hemos trabajado desde mi época en la ciudad de Buenos Aires" explicó y reiteró que "esta no es la manera sobre todo frente a un gobierno que está asistiendo a las organizaciones y municipios".

La vicemandataria Argentina Gabriela Michetti se mostró fastidiada con los empresarios por las subas de precios y la falta de inversiones y aseguró que toda la Casa Rosada se ha sentido "decepcionada" con el sector empresarial: "Hemos sentido una expectativa no cumplida", exclamó.

"Creíamos que iba a haber mayor acompañamiento de los sectores de mayor poder económico. Deberían confiar plenamente en nosotros: queremos que la producción del país progrese. Podrían haber sido aún más fuertes en jugarse cien por ciento en que las cosas salgan como tienen que salir. Me hubiera gustado que se jueguen con el tema precios, con la inversión", expresó Michetti en una entrevista con el diario Perfil.

En ese marco, Michetti defendió los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno de Cambiemos y sostuvo que la Casa Rosada "no" cree en "ajustes brutales" sino que busca "un camino heterodoxo".

"No es que no estamos haciendo las cosas gradualmente, sino que hace tantos años, con una inflación acumulada del 700 por ciento, que no se tocaban que es duro igual", dijo la vicepresidenta en referencia a los aumentos en las tarifas de luz y de gas.

En este sentido, Michetti se refirió a la tarifa eléctrica y explicó: "estábamos pagando el 8 por ciento del valor y lo subimos al 30 por ciento" por lo que no es cierto que el Gobierno haya aplicado un ajuste de tipo "shock".

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner aseguró que sufre la "más feroz campaña de persecución política mediática y judicial", pero añadió que es "el precio" que tiene que pagar por haber hecho "creer" a la mayoría de los argentinos que "tenían derecho a vivir mejor".

En una carta publicada en su página web, la ex mandataria criticó al Poder Judicial y las informaciones que en los últimos meses se han publicado sobre las diversas causas judiciales que la afectan.

"He sido, soy y seguiré siendo objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial de la que se tenga memoria en las últimas décadas. Solo comparable a la que sufrieron otros presidentes, comprometidos con el bienestar del pueblo y los intereses de la Nación. Que, desafortunadamente, fueron muy pocos", afirmó.

"No me quejo. Sé que es el precio que tenemos que pagar 'los que le hicimos creer' a la gran mayoría de los argentinos que tenían derecho a vivir mejor", matizó la exmandataria.

Cristina Fernández además remarcó también que no acostumbra a estar desmintiendo "cada una de las barbaridades que cotidianamente se publican, o dicen distintos personajes ante un micrófono o una cámara de televisión", ya que "fue y es una conducta" que observó durante sus dos mandatos.

Recientemente, algunos medios señalaron que Fernández habría mantenido reuniones secretas cuando era presidenta con Sebastián Casanello, juez que dirige la causa conocida como "Ruta del dinero K", que investiga presunto lavado de dinero y en la que la Fiscalía pidió que ella también sea indagada.

Fernández asevera que las únicas reuniones que mantuvo con miembros del Poder Judicial no fueron secretas, y se realizaron, únicamente, con miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por razones de carácter institucional.

"Que alguien o algunos letrados, como estrategia de defensa judicial, pretendan vincularme con un juez de Comodoro Py (avenida de Buenos Aires donde están los tribunales donde trabaja Casanello), es absolutamente inaceptable", reprocha.

"Sobre todo cuando el juez es, nada menos que el Dr. Casanello. Sí, el mismo que absolvió a Mauricio Macri (actual presidente) en la causa de las escuchas ilegales, al día siguiente que asumiera como presidente, sin que a nadie se le moviera un pelo", critica.

Asegura además no conocer a dicho juez, que tiene a su cargo "la investigación del mayor escándalo de corrupción internacional de los últimos tiempos", en referencia a los conocidos como "Papeles de Panamá".

Casanello dirige también ese expediente después de que el nombre de Macri apareciera en la filtración de los documentos de un despacho de abogados de Panamá y un fiscal pidiese investigar el papel del mandatario en sociedades en paraísos fiscales.

"Este escándalo que a nivel internacional ha provocado la renuncia de primeros ministros, ministros y distintos funcionarios en otros países, no ha movido en la Argentina el amperímetro judicial, ni tampoco el del Parlamento", subraya.

No obstante, la expresidenta se muestra tajante respecto a cómo considera que se lleva a cabo la investigación a Macri, en contraste con la suya.

"Si cualquier ciudadano compara la actividad, literalmente espectacular y cinematográfica del Dr. Casanello en alguna otra causa (en referencia a la Ruta del Dinero K) con centenares de allanamientos televisados, casas fotografiadas y hasta perforaciones 'en tiempo real' en medio de la estepa Patagónica, le resultará muy difícil entender la opacidad y secretismo en la causa 'Panamá Papers', indica.

"¿Alguien puede siquiera imaginar que hubiera ocurrido en el Congreso Nacional, si "Panamá Papers" hubiera ocurrido durante mi gestión y los protagonistas hubiéramos sido mi Gobierno, mi familia y mis amigos?", añade, para remarcar que lo sucedido en Brasil "con la compañera Dilma Rousseff, hubiera sido apenas una película para niños".

Fernández critica también "las denuncias más inverosímiles", como la de que no es abogada.

"Que ya va por el cuarto expediente judicial, el último se inició hace pocos días. Tal vez deba solicitar que el titulo me lo otorgue la facultad de Comodoro Py. Por qué dicen algunos que ahí, sí saben", concluye.