Después de asistir a la XV reunión del consejo de ministros de la Alianza del Pacífico, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo a la agencia EFE que la cumbre que se desarrollará en Puerto Varas "tendrá una presencia inédita de al menos dos presidentes" que no pertenecen al bloque, entre ellos el mandatario argentino.

Según dijo Muñoz, el presidente Macri ha sido invitado porque "Argentina tiene un especial interés por acercarse a la Alianza del Pacífico y de hecho presentó la solicitud de ser miembro observador".

"En esta reunión de hoy día aprobamos esa solicitud, de modo que ha sido aceptada la petición de Argentina de ser miembro observador de la Alianza, y el presidente Macri ya estará en condición de observador", explicó anoche.

El canciller chileno dijo además que "casi con seguridad" el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, será el otro mandatario que participará en la cumbre y no descartó que "haya algún otro presidente que también asista, lo que indica que la Alianza del Pacífico sigue generando interés, y eso es muy positivo para los cuatro países que la integramos", que son Chile, Colombia, México y Perú.

Según confirmó a principios de mayo la canciller Susana Malcorra, Macri había sido invitado a asistir como observador a la XI cumbre por el mandatario peruano, Ollanta Humala -presidente pro témpore saliente de la Alianza del Pacífico- y por la chilena Michelle Bachelet, próxima en el cargo.

Diferentes notas de prensa y rumores proveniente de la Casa de Gobierno platense aseguran que el sábado pasado se celebró un almuerzo entre el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, y la mandataria provincial, María Eugenia Vidal. Allí, la gobernadora le ofreció al jefe comunal un cargo en el gabinete provincial.

En un principio se pensó ofrecerle a De la Torre la Asesoría General de Gobierno, tras la salida de Gustavo Ferrari para asumir en el ministerio de Justicia. Sin embargo, Vidal no habría mencionado ese lugar en la conversación del sábado con el jefe comunal. El ofrecimiento tiene rango de ministerio y se encuadra en una movida que podría incluir más de una cartera, y nuevas negociaciones con el radicalismo, publicó hoy La Tecla.

Un posible destino para De la Torre es el ministerio de la Producción. Hay enojo en el gabinete con el radical Jorge Elustondo, y la situación se habría agravado tras un reciente paro de portuarios por una resolución del ministerio.

¿El radicalismo perdería entonces el único lugar que tiene en el gabinete? No. La compensación llegaría con otra cartera, incluso de mayor rango. Vuelve a estar en la cresta de la ola la versión del alejamiento de la ministra de Salud, Zulma Ortíz. La cartera sanitaria es un anhelo de la UCR desde el primer día post triunfo de María Eugenia Vidal, cuando aspiraba a más espacios en el equipo de gobierno.

Con todo, la decisión del Ejecutivo sería vestir con más política los cargos que queden vacantes, y en esa lógica entran a jugar los intendentes. De la Torre no sería el único a tentar con un espacio en la estructura de Gobierno. En la mira también hay jefes comunales que ganaron el año pasado bajo el sello del Frente para la Victoria.

Uno de ellos es Martín Insaurralde, aunque la tentación por parte del PRO llegaría para ocupar una silla de relevancia en el gobierno nacional. Los contactos están aceitados desde un despacho muy cercano a Macri que no está precisamente en la Casa Rosada.

El decreto 647/16 de la gobernadora María Eugenia Vidal estableció que las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses tuvieran una versión “extendida”, con carácter “reservado”, y otra “sintética”, a la que se podría acceder de forma pública.

La misma disposición, publicada en el Boletín Oficial para modificar el decreto 116/16, contemplaba sancionar con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones “reservadas” de ministros, subsecretarios, directores, policías y agentes del servicio penitenciario, y también para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

La versión “sintética” restringía “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco hacía públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

Por otro lado, el decreto de Vidal prorrogó por 60 días la presentación de las declaraciones juradas, que alcanza a un total de 55.000 funcionarios, entre ellos la propia gobernadora, su vice, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y “todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430”.

Asimismo, incluyó a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.

Tras conocerse la medida del Gobierno bonaerense, distintos sectores opositores plantearon su rechazo al entender que este decreto vulneraba el derecho a la información.

La senadora del FpV, Mónica Macha, explicó que “las políticas de transparencia son un derecho de los y las bonaerenses y no depende de la voluntad ni los decretos de Vidal”.

“El gobierno de Vidal tiene una actitud muy marcada a la hora de ocultar: ya lo hicieron con las reiteradas emergencias que les permiten gastar sin control y sin dar publicidad a las compras, ahora hacen lo mismo con las declaraciones juradas, ocultan”, agregó la legisladora Mónica Sierra, titular del bloque kirchnerista en el Senado.

Desde el Frente Renovador, Sebastián Galmarini, también manifestó su repudio: “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo y calificó la medida como “una barbaridad”.

Este decreto era similar al artículo 85 del proyecto de ley ómnibus que fue girado por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados y que establece prisión para quienes difundan información sobre el blanqueo de capitales.

Luego de las fuertes reacciones, Vidal dijo a través de su cuenta de Twitter que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada” y, más tarde, anunció que derogará los artículos 1, 2 y 7 de su medida para “despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.

La Cámara Alta provincial tiene previsto tratar mañana un proyecto sobre las declaraciones juradas que incluye a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

Los trabajadores de Cresta Roja, que en diciembre fueron reprimidos por orden de Mauricio Macri y continúan suspendidos, se encadenaron en las puertas del Ministerio de Hacienda en reclamo de la inmediata reincorporación de los cesanteados,el aumento del monto de subsidios Repro, que se los exceptúe del pago de los tarifazos y que se entreguen bolsones de alimentos y garrafas sociales.

Cuando el Presidente anunció desde la planta de El Jagüel el veto a la ley antidespidos, había tomado a Cresta Roja como símbolo de “la recuperación económica” de la Argentina y prometió nuevos turnos y la reincorporación de más operarios.

En ese sentido, el referente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus derivados (SICGBA), Adolfo Silvio Etcheun, apuntó: "Macri usó de pantalla una empresa que reincorporaba trabajadores para vetar una ley contra el desempleo”.

Sin embargo, la empresa continúa funcionado desde abril con 687 empleados, aún no se puso en funcionamiento la planta de Ezeiza y los 2.500 trabajadores suspendidos no tienen perspectivas concretas de ninguna reactivación, por lo que ya realizaron cortes sobre la Ruta 205 y se encadenaron en Ministerio de Hacienda.

Cresta Roja es operada actualmente por un consorcio de firmas encabezado por Ovoprot Internacional, que puso en funcionamiento la planta de El Jagüel con una pequeña parte de los trabajadores, sin reconocerles la antigüedad ni garantizarles estabilidad.

"Estamos detectando semana a semana un aumento en los problemas de nuestros vecinos para poder alimentarse de manera adecuada" afirmó Ferraresi al momento de explicar las razones para poner en marcha el Observatorio Social que coordinará el trabajo entre el municipio, las escuelas, clubes y sindicatos, con el objetivo de "dar una solución al hambre creciente".

"La intención es que los clubes de barrio y sindicatos que tienen incidencia territorial complementen la información de nuestras áreas sociales para detectar estos problemas" señaló a Télam el intendente bonaerense que además señaló que durante las últimas semanas "ya se encendieron alertas por el tema".

Al respecto, desde la intendencia señalaron que en los 8 polideportivos municipales a los que concurren más de 1800 chicos, ya detectaron más de 300 niños con deficiencias alimentarias, mientras que recibieron alertas similares en 800 alumnos de escuelas primarias y más de 1400 de los jardines de infantes.

"El sistema de monitoreo lo iniciamos hace dos semanas y apuntamos a relevar datos semanalmente para dar soluciones inmediatas, ante la falta de respuestas del gobierno provincial" indicó el intendente kirchnerista que expresó "preocupación por los primeros datos que surgen sobre el hambre, que no es ni más ni menos que el resultado de la caída de las fuentes de trabajo y que como gobernante queremos resolver".

La iniciativa, que es la unificación de cuatro proyectos presentados por los legisladores del massismo Rubén Eslaiman, Ramiro Gutiérrez y Lisandro Bonelli y el radical Alejandro Armendáriz, obtuvo despacho favorable esta tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto, ya contaba con despacho de Reforma Política y del Estado y de Asuntos Municipales y sería tratado en la sesión prevista para la semana próxima o a más tardar la siguiente, explicó a Télam un vocero legislativo.

El texto final consigna que el intendente, los concejales, consejeros escolares, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

Establece también que si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período.

Además prevé que los mandatos actuales de los Intendentes, concejales y legisladores se les computará como primer período por lo que si se sanciona la ley este año podrán proponerse sólo por un mandato más.

Además establece un régimen de incompatibilidades por simultaneidad de cargos, aunque con la salvedad que se pondrá en vigencia cuando el funcionario cumpla su mandato, es decir no afectará a los que ahora estarían alcanzados por la incompatibilidad.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca, explicó que “entendemos que es importante la alternancia en el poder para fortalecer el sistema democrático”.

“Con el triunfo de la gobernadora María Eugenia Vidal, marcamos ese rumbo y mostramos que en la provincia, que fue durante muchos años gobernada por el mismo partido político, hoy podemos mostrar cambios que van a modificar para bien la vida de los vecinos”, graficó.

En tanto, el diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, aseguró que “la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca de terminar con los políticos que se eternizan en los cargos”.