El juez federal Sebastián Casanello aseguró que en el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la ruta del dinero vinculada al caso Lázaro Báez “no aparece” mencionada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado brindó una conferencia de prensa en Comodoro Py en la que confirmó la existencia de cuentas en Suiza a nombre de los hijos del empresario santacruceño.

Casanello desmintió los dichos de Lázaro Baez y enfatizó que no conoce la quinta de Olivos y nunca se reunió con Cristina Fernández de Kirchner. Lo señaló tras la declaración de Baez ante la Cámara en la que aseguró que el juez estuvo en la quinta presidencial.

Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuan confirmó que los hijos de Baez fueron llamados a indagatoria y quedaron imputados por el dinero encontrado en el exterior. También señaló que para él "el hecho" vinculado al dinero en el exterior "está esclarecido", y tampoco implicó a la ex mandataria.

La ampliación a la denuncia penal que oportunamente presentaran contra Aranguren, y por la que este mismo fuera imputado por presuntas negociaciones incompatibles, realizada el ayer, pone de manifiesto la visible participación del Ministro de Energía Juan José Aranguren en la operación por la compra de gas a Chile.

En relación a esto los legisladores del Frente Para la Victoria (FPV) Martín Doñate y Rodolfo Tailhade manifestaron que: “tanto la carta personal publicada por el Ministro en el Diario Clarín, como así también declaraciones de funcionarios de ambos países participantes de esta negociación, dieron cuenta de la manifiesta intervención del ministro Aranguren en la operación de compra de gas a Chile”.

Por su parte, la ampliación de la denuncia da cuenta de un excesivo incremento en la cotización de las acciones de la compañía de la cual es accionista Aranguren. A propósito de esto los diputados Doñate y Tailhade señalaron que: “el valor de las acciones de la Royal Dutch Shell ha subido desde el 20 de enero a la fecha un 37,25% en euros  pasando de 16,67 euros, a 22,88 euros la acción (cotización del día 10 de junio de 2016)

“Esto no hace otra cosa que comprobar que, si bien son múltiples los factores que pueden originar el incremento en las acciones de una multinacional, es evidente que las políticas del Gobierno nacional están favoreciendo claramente a esta empresa como a ninguna otra”, indicaron.

Entre otros temas que describe la presentación, se destaca también el acceso a información privilegiada con la cuenta un funcionario de ese rango en una cartera sensible como la de energía. En este sentido los diputados señalaron que: “aprovechándose de esta información privilegiada Aranguren no ha tenido ningún prurito en favorecer a la empresa de la cual forma parte, siempre en desmedro de los intereses nacionales”. Explicaron que “está claro que la revalorización de Shell en el Mercado está signada por el beneficio de contar con un Ministro que define sobre el mercado energético entre sus dueños”.

“Las ilegalidades, incompatibilidades, los oscuros y corruptos negociados del sector energético en cabeza del Ministro y las medidas destructivas como el Tarifazo, son un cóctel explosivo para los intereses nacionales y uno de los actos más graves de la historia institucional Argentina en democracia”, subrayaron los diputados nacionales.

También la denuncia avanza sobre el accionar claro de encubrimiento y complicidad de la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quién aún no se ha expedido sobre el asunto, hablando sobre “minimisimas” ilegalidades y permitiendo que se sigan ejecutando acciones ilegales y habilitando los fenomenales negociados a favor del Ministro y la empresa Shell.

Por último, los diputados solicitaron en su presentación ante el Juez Federal, Dr. Luis Rodríguez, ser tenidos en cuenta como querellantes en la causa.

El Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, disertó hoy como orador principal en Nueva York en la "Conferencia de inversión Argentina 2016", donde intenta traer inversores al país.

Con anterioridad, la expresidenta advirtió en Casa Rosada hace dos años que Black Rock "busca alterar el orden económico y financiero" en medio de la crisis de la gráfica Donnelley, donde los dueños dejaron a los trabajadores en la calle. También denunció que con el pedido de quiebra injustificada intenta "atemorizar a la población". Por esto solicitó aplicar la ley antiterrorista contra la empresa.

Prat Gay, sostuvo esta mañana durante un Foro de empresarios e inversores que la inflación se aceleró entre el 40 % y 42 % anual en mayo debido a los incrementos de las tarifas de servicios públicos, y llegaría a 46 % a fin de año.

“El trabajo sucio está mayormente hecho” fueron las palabras utilizadas para “calmar” la baja disposición que vienen demostrando los empresarios en el exterior para realizar inversiones en Argentina, y señalar que tiene “confianza” en la inflación cederá en la segunda mitad del año.

En junio, la inflación mostraría una desaceleración, ubicándose en un nivel de entre 2 y 2,5%, según Prat-Gay.

Este nuevo “traspié” del ministro de Hacienda en el exterior se suma al conocido perdón a los empresarios españoles, que han saqueado al país como Repsol o Marsans, por el “trato recibido durante el kirchnerismo”. Distinto tenor tienen sus palabras en Argentina, cuando sus declaraciones apuntaron a sostener metas irrisorias de inflación del 25 %.

El funcionario realizó estas declaraciones al inaugurar en Nueva York el foro "Oportunidades de Negocios en Argentina", organizado por el Consejo de las Américas. Del encuentro, participan funcionarios de diversos países, inversores y líderes de negocios internacionales y nacionales, de acuerdo con la información oficial.

"La inflación anual a nivel nacional se movió desde alrededor del 30 por ciento, donde la tomamos, a alrededor del 40 o 42 por ciento ahora. Ocho puntos de esos 12 puntos son básicamente el impacto directo e indirecto del incremento en los precios de los servicios", dijo el ministro.

Prat-Gay viajó hasta Nueva York, junto con el secretario de Finanzas Luis Caputo, para participar del Foro con el objetivo de “atraer nuevas inversiones al país". Asimismo, se anunciaron oficialmente reuniones con potenciales inversores en dicha ciudad, en donde Caputo se reunirá también con representantes de otros grupos buitres para cerrar acuerdos que superan el pago del 150 % del capital y honorarios.

La Justicia bonaerense exhortó al gobierno de María Eugenia Vidal y a representantes del sector educativo a aportar los datos necesarios para que, a más tardar en septiembre, se reglamente la ley de Boleto Estudiantil Gratuito sancionada el 1 de julio de 2015, que beneficiaría a estudiantes y docentes de toda la provincia.

Tras una audiencia entre la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y representantes del Ejecutivo bonaerense, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata, María Cecilia Valeros de Corica, exhortó a la gobernadora María Eugenia Vidal a aportar los datos necesarios para reglamentar la norma.

Para ello, citó a las partes a una nueva audiencia el 5 de agosto tanto para llevar la información requerida como así también argumentar sobre los avances al respecto. “Tenemos que ir paso a paso haciendo avances conjuntos, la idea es que en menor tiempo la ley se cumpla pero sin dejar aristas frágiles”, dijo la magistrada a Télam.

“Estamos en el marco de un amparo que presentaron alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata que piden que se reglamente la ley, pero el tema es la implementación”, comentó Valeros e indicó que el estudio exhaustivo de cómo se aplicaría dicha ley se debería haber hecho antes de sancionarse.

“Si yo resuelvo la ya implementación, operativamente no se puede llevar adelante porque no sabemos con qué mecanismos se puede llevar adelante”, dijo y explicó que, por eso, el objetivo de la audiencia de ayer fue la de “avenir a las partes para que se pueda avanzar con esa reglamentación y aplicación en el corto tiempo”.

La falta de implementación de la ley 14.735, del Boleto Especial Educativo generó un conflicto entre los estudiantes y el gobierno provincial, que derivó en dos marchas multitudinarias de alumnos universitarios y terciarios que exigieron la plena entrada en vigencia de la norma.

En la audiencia participó el subsecretario de Transporte Provincial, Juan Ezcurra; el vicepresidente de la FULP, Fermín González Laria y los asesores legales de ambas partes. También algunos estudiantes que estaban apoyando el reclamo en la puerta del juzgado y fueron invitados por la jueza a escuchar la audiencia.

Gabriel Mariotto emitió un comunicado tras ser procesado junto a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Pablo Paladino, por presuntas irregularidades en la implementación del programa Fútbol para Todos (FPT).

“Por crear FPT, ampliar derechos y enfrentar a los poderosos, me procesaron injustamente. Estoy orgulloso. Viva Perón”, subrayó el ex vicegobernador bonaerense y actual diputado del Parlasur a través de las redes sociales.

También adelantó que apelará la decisión de la jueza María Servini de Cubría, quien le imputa no haber desempeñado adecuadamente sus funciones como coordinador del programa.

A continuación, el comunicado completo:

El programa Fútbol para Todos fue creado para garantizar a todos los argentinos el acceso gratuito a los torneos de fútbol de la Primera División. Tal como señala el contrato que se firmó en 2009, el mismo se hizo “con la finalidad de permitir el acceso libre y gratuito por televisión abierta en todo el territorio de la República”.

Desde su creación, y siendo yo coordinador del programa, le consta a cada argentino que pudo ver los partidos por TV, sin pagar un decodificador, en alta definición y sin esperar hasta el domingo por la noche para ver los goles de la fecha.

Cada vez que alguien veía un partido, también estaba viendo el trabajo coordinado de un enorme grupo de personas que con profesionalidad y dedicación trabajábamos para que acceder al fútbol fuese un derecho y no una mercancía.

Es claro que esta causa sólo persigue hostigarme, no sólo por haber sido el impulsor del programa Fútbol para Todos, de lo cual estoy orgulloso, sino también por haber trabajado incansablemente para que la Argentina tuviese una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que defiendo y defenderé por siempre.

Se me imputa no haber cumplido con los deberes de funcionario público. Es falso. Cumplí con mis obligaciones, con la conciencia plena de que la democratización del fútbol era imprescindible para democratizar a los medios de comunicación. Que la libertad de expresión y de acceso a la información y a los bienes culturales era el camino para que en la Argentina no hubiese más monopolios. Era y es demasiado importante defender la Libertad de Expresión como para no cumplir con todo cuidado y diligencia la misión que me había sido encomendada.

También se me imputa haber aceptado la cesión que hizo la AFA de parte de las utilidades que recibía por los derechos de sponsoreo. Los derechos de sponsoreo no se encontraban incluidos dentro de los derechos que la AFA cedió al Estado Nacional cuando se celebró el contrato.

La AFA, como titular de dichos derechos, contrataba el sponsor y cedió a Fútbol para Todos parte de sus utilidades. En forma conjunta con el Comité de Coordinación de Gestión, aconsejé aceptar dicha cesión, dado que constituía un beneficio para el programa Fútbol para Todos. No aceptarlo hubiese sido perjudicial para el Estado Nacional.

Mi participación en dicho convenio, se limitó –repito- a aconsejar en forma conjunta con el Comité de Coordinación de Gestión, que se aceptara la cesión. Ningún organismo técnico y/o jurídico interviniente cuestionó que los derechos de sponsoreo correspondían a la AFA.

Tampoco cuestionaron la conveniencia de aceptar la cesión de parte de las utilidades, y no lo hicieron porque se trataba de un acuerdo legal, ajustado a derecho y que resultaba beneficioso para el Estado Nacional que efectivamente recibió las comisiones de IVECO.

Estoy orgulloso de haber formado parte del programa Fútbol para Todos y de haber trabajado incansablemente para que la Argentina tuviese una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual democrática e inclusiva. Estoy orgulloso de haber enfrentado a los monopolios mediáticos; y sé que este injusto procesamiento es consecuencia de ese enfrentamiento. Tengo la conciencia tranquila, llevé adelante mis funciones con toda diligencia, responsabilidad y plena conciencia de la transparencia política e institucional que tenían. Sé que he cumplido cabalmente con las leyes y que he defendido y defiendo los intereses de los argentinos y del Estado Nacional. Por todo ello, voy a apelar este procesamiento injusto y arbitrario.