La economía argentina sigue con ola polar. Ahora fue el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el que reveló que también según las cifras oficiales se profundiza el enfriamiento económico y el consumo se cae a pedazos.

Las ventas en supermercados a nivel nacional en mayo grafican el derrumbe del consumo en los primeros meses de 2016. Según el último informe difundido por el Indec, la facturación de las 61 empresas del sector relevadas en todo el país totalizó $ 22.764 millones, con un incremento interanual del 24,7%, cifra casi 20 puntos porcentuales por debajo de 44% de inflación que midió el organismo estadístico porteño.

No es muy distinta la foto en el caso de los shoppings. Según el organismo, mayo de 2016 cerró para los 37 centros de compras ubicados en el Gran Buenos Aires con ventas totales por $ 4133 millones, lo cual significa un incremento del 20,7% frente a igual mes del año anterior. Es decir, casi 25 puntos debajo del índice de alza de precios al consumidor.

En el caso de las mediciones sobre los cinco primeros meses del año, las ventas en supermercados acumuladas entre enero y mayo de 2016 llegaron a los $ 110.044 millones, monto que refleja una suba del 27,1% frente a los $ 86.575,9 millones registrados en igual período de 2015. Por su parte, en shoppings el crecimiento de las ventas en mayo fue 20,7% en forma interanual, constituyendo la variación más baja del año, que representó la mitad del 41,4%, que había registrado en abril último.

La dura desaceleración del consumo que se refleja en todos los índices se debe a la aceleración de la inflación y el deterioro del salario en el primer semestre luego de la devaluación de diciembre y al tarifazo en los servicios de gas, luz y agua.

Los datos del Indec reflejan que el bolsillo de los consumidores sufrió un impacto que llevó a que recortaran algunos consumos, se volcaran hacia segundas marcas, productos más económicos, o bien hacia tiendas de menor superficie.

Los apuntados en el Gobierno por coordinar esta metodología son: Guillermo Riera, un ex empleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo; Octavio Paulise (administraría cuentas de personajes relevantes y periodistas), reporta en la cartera que conduce Guillermo Dietrich y es el creador del fake de Jorge Lanata en Twitter; José Pablo Pérez Correa trabaja bajo la órbita de Hernán Lombardi; y Luciano Bugallo, asesor de Elisa Carrió.

Los cuatro serán denunciados penalmente por agredir desde las redes sociales a quienes critiquen al Gobierno. Agreden, insultan, amenazan. Y para colmo, los responsables son funcionarios del propio Gobierno, consignó hoy El Destape.

Ya los denunció Marcelo Tinelli y Daniel Filmus por la "campaña sucia" de hace unos años, y ahora se viene una fuerte movida judicial para detener este procedimiento desde el Estado.

Se investigará el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno, o de rechazo a quienes son críticos de la gestión Cambiemos.

La secuencia de mensajes idénticos desde perfiles aparentemente distintos -no asociados- tiene antecedentes en los denominados "foristas", que dejan comentarios en portales con información crítica. El anonimato es una característica, pero por cuestiones técnicas, los servicios permiten el manejo a través de un solo individuo de 700 perfiles falsos, la triangulación de los envíos y la versatilidad en la modificación de las direcciones IP desde donde se registran las coordenadas de ubicación de los usuarios, según reveló un informe del diario Ámbito Fnianciero.

Los funcionarios que serán denunciados penalmente son Pablo Pérez Correa, quien fue empleado del Ministerio de Cultura cuando Hernán Lombardi era el titular de esa cartera y que hoy sigue bajo la órbita del ministro del relato macrista y es el responsable del usuario fascista de Twitter "La Dra. Pignata";  Octavio Paulise,  principal responsable de la estrategia en redes del PRO y administrador de cuenta de famosos pero en formato imitación, también trabaja para Dietrich en el Ministerio de Trasporte;  Luciano Bugallo, quien es asesor de Elisa Carrió y uno de los principales promotores de lo cacerolazos contra el Gobierno de Cristina Kirchner y Guillermo Riera, quien fue un mediocre ex empleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo.

Samid scriticó al presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, quien había defendido el precio de la carne y pidió por un sistema de corte más eficiente: "Saliendo de la General Paz, la gente no come lomo, porque es un corte magro".

El ex vicepresidente del Mercado Central consideró que Etchevehere, en base a lo que había dicho, "tiene la mirada de los ricos" y sostuvo que es un "pelotudo bárbaro". El empresario recordó cuando en 1900 teníamos "70 millones de cabezas de ganado y eramos poquitos", pero los ingleses nos decían "que no podíamos comer carne, tienen que comer achuras".

"Quiere que comamos el cogote y mandar todo para afuera. Este piensa de la misma manera", indicó el empresario cercano a Scioli en relación a que el titular de la Sociedad Rural había reclamado "un sistema de cortes" de carne "que haga más eficiente la cadena". "La eficientización sería esos lomos venderlos en los lugares donde sí tienen demanda. Vendiendo el lomo más caro serían más baratos el resto de los cortes", explicó.

"De ahí comemos achuras, de la guachada de los ingleses que se llevaban la carne", lanzó Samid en diálogo con radio 10. A su vez, indicó que el precio de la carne está "masomenos acorde", pero arremetió contra los supermercados porque "aplican un 200 por ciento de ganancia" y "es imposible comprar".

Luego que el 13 de julio pasado en  el Plenario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) se resolvió por unanimidad movilizar para hoy, en reclamo por la continuidad de los programas públicos para las cooperativas de trabajo de todo el país.

La decisión fue adoptada tras varias reuniones con funcionarios de gobierno, que no tuvieron resultados positivos. La medida principal, que lleva la consigna “Cooperativas en Defensa del Trabajo, por más Obras y Contra el Tarifazo”, incluye la presentación de petitorios en los Institutos Provinciales de Viviendas de todo el país.

Además denuncian una política de debilitamiento de las cooperativas de trabajo en general, la caída del consumo interno y una persecución a empresas recuperadas, que se inscribe en un retorno al modelo de ajuste del Estado, concentración de la Economía y caída del salario de los trabajadores.

De esta manera, la medida de fuerza busca la continuidad de los programas de viviendas, obras públicas y fortalecimiento; el aumento a $ 5000 del Programa Argentina Trabaja; la inmediata suspensión de los aumentos de tarifas de servicios de luz, agua y gas; y la incorporación de cooperativas como proveedores del Estado.

Christian Miño, presidente de la CNCT, agregó que “este reclamo es parte de una lucha más amplia que viene llevando adelante el pueblo argentino, a través de las multisectoriales contra el Tarifazo y la Marcha Federal convocada por la CTA a mediados de agosto”.

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Las cooperativas buscan acceder a programas y subprogramas del Ministerio de Interior y Obras Públicas, Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo. Lo mismo sucede con el pedido de compras a cooperativas por parte del Estado, como se venía haciendo en años anteriores y que permitía al sector un avance importante en encadenamientos productivos y redes sectoriales.

Por otra parte, las cooperativas de producción alertan sobre una baja del 40 % en las ventas de los últimos 7 meses, debido a la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones. Esto se ve agravado por el aumento de las tarifas de servicios públicos, luz, gas y agua, que oscila entre el 500 % y hasta el 1000 % en algunos casos. Esta situación no es exclusiva del sector, sino que afecta a toda la industria nacional, pero principalmente a las empresas que no tienen espalda financiera, como las cooperativas y las Pymes. Los sectores cooperativos más perjudicados han sido los textiles, gráficos, portuarios, frigoríficos, construcción y gastronómicos.

Las dudas son cada vez más. Es que el sospechoso robo a una cifra muy importante en la casa de Gabriela Michetti está lejos de esclarecerse y todavía no se determina el origen y la legitimidad del dinero que le fue robado el 22 de noviembre pasado.

Incluso en las últimas horas un abogado promovió una investigación penal a fin de saber la procedencia de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le fueron robados en su casa por un efectivo policial que integraba su custodia

Ayer, en declaraciones radiales, la Vicepresidenta dijo que los 50.000 dólares que tenía guardados en el placard eran para la maestría del hijo

Luego se desdijo: “En realidad la maestría no es que estaba ya decidida cuál era, ni que se había definido, digamos”. ¿En qué quedamos?.

En declaraciones a Vorterix Michetti agregó: “Yo había tenido conversaciones con mi novio por este tema (…) y para el día del estudiante Juan (Tonelli) me dijo: mirá el dinero yo lo tengo, lo tengo sin usar, no lo voy a usar ahora, está en el banco y te lo traigo especialmente para que le puedas hacer un regalo a Lautaro y le digas que él tiene su dinero”

Consultada sobre si no hay incompatibilidad por su cargo de Vicepresidenta con que empresas financien su fundación, Michetti contestó: “Dinero de la fundación se maneja muy poquito. La fundación hace trabajo social de muy alta calidad por voluntarios que hacen de mano de obra intensiva".

“Tengo total certeza que no hay en la fundación ninguna incompatibilidad con lo que yo realizo, ninguna”, afirmó más tarde.

Además le recordaron que uno de los aportantes a su fundación SUMA es el Grupo Farallón, ligado nada menos que al ex secretario, José López: ”Yo no estoy en ese tema, en absoluto, de las ventas de las mesas para la cena”, trató de desligarse.

El juez que procesó a Cristina ordenó congelar todas sus cuentas para que acepte el embargo de $ 15 millones, tras lo cual la defensa le recordó que las pensiones “son inembargables”.

Solá analizó anoche en C5N que "no es nuevo que el Gobierno hable mal de lo heredado", pero advirtió: "Ahora, adicionalmente, creo que hay una especie de cacería contra la ex presidenta".

"En lugar de ser (Cristina) una persona muy importante, investigada, y por eso centro de atención de la prensa de todo el mundo, parece que fuera un trofeo de caza de algunos jueces", añadió.

En ese sentido, Solá indicó que "hay muchos juicios contra ella" donde "algunos son pesados" pero "otros son un absurdo total como la venta de dólares a futuro", y puntualizó que en este último caso, "hubo mala praxis de los dos gobiernos y el juicio tendría que ser contra los dos".

"Del viejo (gobierno) que sabe que va a haber un cambio y que el dólar está muy bajo; y del que llega, que sabe que lo va a subir y va a permitir mucha ganancia a un grupo privilegiado que compra", remarcó el diputado nacional massista.

Asimismo, Solá agregó que cree que "Bonadio hizo rodar la idea de que (Cristina) podía ir presa en abril y todos sabemos que él tiene una (cuestión) personal (con la ex presidenta) porque le denunciaron un hijo, no sé si con o sin razón, pero lo sabe todo Tribunales y nadie lo dice".

En septiembre pasado, el senador nacional neuquino Marcelo Fuentes (FpV) denunció al hijo del juez federal, Mariano Fulvio Bonadio, por presunto lavado de dinero, en una presentación en la que solicitó además que se investigue la situación patrimonial del magistrado.

Cuando le preguntaron si considera que la ex mandataria puede 'ir presa', Solá respondió: "Yo no creo, pero sería una pésima noticia para el país. Y no soy cristinista, pienso en la Argentina".