La empresa estatal de energía eléctrica, Edenor, envió una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo autárquico que tiene como objeto es otorgar la oferta pública y garantizar la transparencia en los mercados de valores y la formación de precios, en la que sostuvo que las medidas cautelares dictadas que suspendieron provisionalmente los aumentos tarifarios ordenados en las Resoluciones 6 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería y 1/2016 del ENRE, provocan:

– que el 80% de sus usuarios pasen a abonar por el suministro eléctrico las tarifas vigentes hasta enero de 2016.

– que más de un 30% de sus usuarios tendrán la suspensión retroactiva al mes de febrero, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas que implicarían que no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses.

A la vez la empresa de energía, añadió que de mantenerse en el tiempo esta situación le generaría un déficit de caja de aproximadamente $4.800 mln en el año. Ello pondría en riesgo sus operaciones y deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM, la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%.

Por otra parte, Edenor advierte que dado que las medidas cautelares suspenden la Resolución MEyM 7/2016, que derogaba la Resolución SE 32/2015 (es decir la transferencia de fondos del Tesoro Nacional a las distribuidoras para cubrir el déficit operacional generado por la falta de aumento de tarifas), se considera que la Resolución SE 32/2015 vuelve a recobrar vigencia en aquellas jurisdicciones alcanzadas por las medidas cautelares y, por lo tanto, el déficit generado por éstas debería ser cubierto por fondos transferidos por el Estado Nacional.

Las medidas cautelares continúan siendo discutidas judicialmente tanto por la Sociedad, como por el Estado Nacional y se espera que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario tendiente a la revisión de los fallos que hicieron lugar a las medidas cautelares.

Oscar Luciani, intendente que integra la alianza de gobierno "Cambiemos", ordenó que el hospital pública de la ciudad de Luján sólo atienda a residentes locales, suspendiendo de esta manera la atención a todas las personales que sean ajenas al municipio.

El gremio, CICOP, salió rápidamente a cuestionar la medida ordenada por el jefe comunal y denunció que es una orden "arbitraria" y "discriminatoria".

En el mismo sentido, los profesionales de la salud, presentaron una denuncia a las autoridades municipales para reclamar que se deje sin efecto la medida tomada por el alcalde PRO.

"Esto atenta contra la salud pública, la atención es libre y obligatoria para los médicos", sostuvo el gremio, que además calificó la decisión de "ilegal", "burrada" y "descabellada".

En la misma línea, CICOP, resaltó que la medida signfica "desobedecer las leyes, poner en riesgo la salud de la población y exponer a los profesionales y trabajadores de la salud a situaciones que pudieran constituir abandono de persona".

“Las excepciones incluidas como gentileza, no hacen más que dejar de manifiesto la arbitrariedad de la medida y el carácter discriminatorio que emerge, no sólo en el área de Salud sino también en Políticas Sociales, donde al parecer, la insensibilidad es una marca registrada de la gestión”, denunciaron los trabajadores.

Los profesionales de la salud aseguraron que la decisión tomada por Luciani “atenta contra el derecho a la salud de las personas, tal como lo ordena la reforma constitucional de 1994, que incorporó con jerarquía constitucional un total de once declaraciones y tratados internacionales de Derechos Humanos, y el libre acceso a la atención médica, que en nuestro país, el Estado debe garantizar a todos aquellos que la requieran”.

En esa línea, reclamaron que el intendente deje sin efecto la medida.

El sábado pasado una madre fue echada de una plaza céntrica de San Isidro, por efectivos policiales por estar amamantando.

El hecho causó el repudio de la comunidad en general y en las redes se realizó una convocatoria a un "tetazo" masivo en todo el país que será mañana en diferentes plazas.

El intendente Gustavo Posse, que se vio envuelto en el episodio, castigó a las agentes con un sumario administrativo y ahora las mandó a hacer un curso sobre la importancia de la lactancia materna.

El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, resolvió iniciar un sumario administrativo a las dos mujeres policías que tomaron la decisión de echar a Constanza Santos de 22 años cuando estaba amamantando a su bebé.

Por su parte, el jefe comunal, hizo público su apoyo a la decisión del Ministerio a cargo de Cristian Ritondo, cuando en las primeras horas de ocurrido el hecho, quiso responsabilizar a la cartera ministerial, deslindándose de las responsabilidades locales.

“Queremos ir más allá de la sanción; que haya aprendizaje y reparación del daño”, afirmó Posse.

“Nos parece que dos policías recién egresadas deberían tener la capacitación que no tuvieron, en derechos de la mujer y de la lactancia”, sostuvo y agregó que “queremos que se conviertan –fuera de su horario laboral- en capacitadoras en esta temática, en la escuela de policía local, donde puedan contar su experiencia a partir de su error y arrepentimiento”.

“Ya firmamos un convenio con la Provincia y Fundalam para la capacitación de la policía local en esta temática; lo que ofrecemos ahora es la posibilidad de que estas dos agentes en concreto puedan tomar mayor conciencia de la gravedad de su conducta comprendiendo la importancia de amamantar y profundicen sobre los derechos de la mujer”, concluyó el intendente.

Sin embargo, al convocatoria toma cada vez mayor envergadura, miles de madres en las redes sociales cambiaron sus fotos de perfil por imágenes de ellas amantando en solidaridad con la causa, también se sumaron organizaciones sociales al reclamo.

El jefe municipal de Merlo, Gustavo Menéndez, defendió la presentación del proyecto de ley que busca el traspaso de la policía local al sostener que "lo que estamos ofreciendo es ser parte de una solución y no ser parte del problema y es por eso que arriesgamos la posibilidad de compartir jurídicamente las responsabilidaddes de la seguridad con la gobernadora María Eugenia Vidal".

"Sería muy triste si sólo buscáramos una foto con un tema tan sensible como la inseguridad", disparó el intendente del FPV al referirse a las críticas que recibió el proyecto por parte de su par, Jorge Macri, quien sostuvo que lo único que buscó el FPV y el Frente Renovador con la presentación del proyecto en la legislatura es "una foto conjunta".

Menéndez, destacó que "la descentralización" es beneficiosa porque "las estructuras pequeñas terminan siendo más eficientes y no porque sean mejores administradoras sino porque las estructuras chicas son más dinámias, ágiles y tienen mayor cercanía con los problemas como la inseguridad".

"Lo mejor que podemos hacer para ayudar a Vidal y Cristian Ritondo es compartir la responsabilidad" remarcó el intendente del Frente para la Victoria y agregó que "los vecinos vienen reclamando por estas situaciones y nosotros no les podemos dar respuestas porque tenemos una incompetencia derivada de la normativa legal vigente".

El director de YPF en representación del Estado, Emilio Apud, rechazó hoy que no se abonen las facturas de gas y consideró que "se hizo cultural en la sociedad argentina no pagar por las cosas lo que cuestan".

"Por supuesto que hay que pagar; se hizo cultural en la sociedad argentina no pagar las cosas lo que cuestan y cuando no alcanza la plata se fabrica emitiendo, lo que genera inflación", criticó.

El funcionario señaló que "el Estado debe prestar atención a la gente que no puede pagar, pero el 80 por ciento puede pagar, con más o menos sacrificios".

"No hay otra forma, si no nos quedamos sin energía", explicó Apud, quien sostuvo que "se vuelve al equilibrio con esfuerzo".

El ex secretario de Energía criticó a los detractores de la quita parcial de subsidios al apuntar que "apenas viene un aumento salen con amparos o a decir que no hay que pagar".

"Durante 12 años se le sacaron recursos al sector energético para vivir bien en forma artificial", agregó Apud en diálogo con radio El Mundo.

Por último, el funcionario precisó que "si se sacaran todos los aumentos, serían 3.000 millones de dólares que debería poner el Estado para seguir con la fiesta".

"Estamos planteando la apertura de paritarias, por el tema de la inflación. Los índices de inflación han licuado los aumentos salariales", grafícó Roberto Baradel, titular del Suteba, en declaraciones a FM La Tecno.

Casi como es tradición, el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal llega con conflicto, y más precisamente con conflicto salarial este año.

Según el diagnóstico del Suteba, gremio docente mayoritario de la Provincia, se perdieron 15 puntos de poder adquisitivo en la mitad del año, por lo que se hace fundamental volver a negociar haberes.

"Además hay un déficit muy grande con los comedores escolares", manifestó "Roby" y se pronunció sobre la necesidad de que el gobierno de Vidal abran nuevos comedores para atacar la situación social que se vive en la Provincia.

"En la capital se destinan 40 pesos por alumno para los comedores escolares y en la provincia sólo 12", explicó.

Además, el docente señaló que "es muy poco lo que se ha reactivado la infraestructura y es muy grande la necesidad de remodelación de escuelas".

Por último pidió que se descongelen los cargos docentes, congelados por falta de presupuesto, para que puedan nombrarse en aquellos lugares donde hay faltantes de docentes, de ayudantes y de auxiliares.

También, hizo mención a la organización de una Marcha Federal, que rememora a la de los años 90, junto a distintas organizaciones nacionales por la gravedad de la situación social.

Es casi una interna. Es que la diputada nacional del PRO e interventora del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Gladys González, acusó al periodista Eduardo Feinmann y al vicepresidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, de recibir dinero del gremialista Omar "Caballo" Suárez "para callarse la boca".

En un audio que publicó Política Argentina, se escucha a la legisladora en una reunión enojada con Feinmann y Morales por acusarla de truchar un recibo de sueldo y cobrar por su trabajo como interventora

"Feinmann comía locro con el 'Caballo' Suárez, que le ponía millonada de plata a Radio 10, a Fernando Morales, al 'Negro' Oro", disparó González.

El mes pasado, en una entrevista con Feinmann por Radio El Mundo, Morales afirmó que "González montó un operativo de prensa para exaltar su figura personal diciendo lo mucho que hace por los trabajadores, a quienes no recibe".

Asimismo, denunció: "ella dice que no cobra sueldo, pero desde la intervención dieron a conocer el recibo de sueldo que es de 59 mil pesos".

El enfrentamiento entre los macristas, que se sacan chispas, termina por perjudicar a uno de los alfiles principales del Presidente en los medios. Tanta es la confianza de Cambiemos en Feinmann, que de hecho en las últimas semanas trascendió una foto en la que Feinmann se reunía en privado con Macri, horas antes de que sea internado por un problema cardíaco.

En la misma entrevista Morales sostuvo que, "el problema no es el monto sino que venimos de 12 años de los que decimos que cambiamos y vamos a ser mejores y si una diputada nacional miente y tiene dos trabajos". Sobre esa última frase, Feinmann sumó: "La señora Gladys González se está comportando como los K. Ellos vendieron la imagen de que son distintos y son iguales".

En la misma línea, en el programa televisivo de Alejandro Fantino, el periodista insistió en la denuncia contra la legisladora por truchar los datos en un recibo de sueldo como interventora del SOMU.

El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, consideró "inoportuno" traspasar las policías locales a los municipios, tal como reclaman los jefes comunales de otros partidos a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al considerar que "empeoraría el problema por los cambios permanentes" que se producen en el ámbito de la policía provincial.

Además, Andreotti se distanció de sus pares del Frente Renovador y dudó de que el traspaso pueda realizarse con los recursos correspondientes porque "el déficit en la Provincia no se ha solucionado".

El alcalde precisó que al día de hoy, el gobierno provincial mantiene una deuda con su comuna de 12 millones de pesos.

"Desguazar a la policía en estos momentos con el traspaso, empeoraría el problema porque no habría mandos ni trabajos unificados", opinó Andreotti en diálogo con radio del Plata, al tiempo que reclamó el dinero que adeuda el gobierno bonaerense a su municipio y que, especificó, "no es para pagar sueldos ni obra pública, salvo para las aprobadas por la Legislatura cuando se sancionó el endeudamiento".

Consultado por la relación con la gobernadora Vidal, admitió que "existe buen diálogo pero no es positivo en cuanto a su ejecución", afirmó que su municipio "es discriminado" y celebró que por primera vez hoy la comuna reciba la visita de un funcionario provincial, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.

El Concejo Deliberante del Partido de Laprida aprobó por unanimidad una solicitud de informes al Ministro de Infraestructura de María Eugenia Vidal, Edgardo Cenzón, respecto del paso del tren por ese distrito.

Las dudas más informes de los representantes locales so npor cuánto tiempo estará suspendido el servicio, y si se pondrá a disposición algún medio alternativo (podría ser un micro) a igual precio que el costo del pasaje en tren para paliar la medida.

Desde el Bloque del Frente para la Victoria remarcaron su preocupación por el tema de la seguridad de los pasajeros, pero recordaron que cada vez que se arregló una vía Ferrocarriles Argentinos se contrató micros que cubrían el mismo trayecto que el tren y tenían el mismo precio que el boleto. "¿Por qué Ferrobaires y el Gobierno Provincial no hacen lo mismo en este caso?", se preguntan los ediles del FpV.

"El disparador del temor de la Gobernadora al accidente de trenes fue un choque en Chacabuco, donde dos trenes se accidentaron por un error humano. La Gobernadora tiene temor al accidente de trenes, pero no teme en empujar a cientos de personas a la ruta 3, sabiendo que los accidentes de tránsito en ruta son la principal causa de muerte. Entonces, ¿la Gobernadora tiene real preocupación por la seguridad de los pasajeros o está intentando cubrirse políticamente?", dispararon los concejales.

El costo de un pasaje en tren Laprida-Constitución es de $ 140, en micro asciende a más de $ 600. Es decir, un estudiante, un vecino que lleva a su hijo a un centro de salud, un pequeño comerciante que viaja a comprar mercaderías deberán pagar el cuádruple con el consiguiente deterioro de su calidad de vida.

El Bloque del Frente para la Victoria ratificó que seguirá luchando para que los lapridenses tengan el servicio del tren, que debe mejorar y mucho, pero que perderlo es retroceder a épocas tristes de la Argentina.

La audiencia ante una mediadora se iba a realizar el 11 de agosto pero la diputada demandada pidió el adelantamiento para poder viajar a Brasil a fin de ver competir a su hijo, que integra la delegación olímpica argentina de básquet.

Finalmente, la audiencia en que ambas se verán la cara se realizará el lunes 8 de agosto a las 11 de la mañana.

Simultáneamente, a través de su cuenta de facebook la ex presidenta pidió al juez federal Julián Ercolini la apertura de la feria judicial para apelar el reciente embargo que el magistrado dispuso de 5,6 millones de dólares depositados en una caja de seguridad y una cuenta de ahorro bancarios de su hija Florencia Kirchner.

En nombre de la hija de los ex presidentes, el abogado Carlos Beraldi apeló hoy ante Ercolini el embargo decidido por este la semana pasada basándose en la denuncia de Stolbizer sobre ”maniobras de ocultamiento de bienes” en las cuenta de la familia Kirchner.

“La medida recurrida se origina en un episodio de carácter delictivo, el cual, naturalmente, contamina la validez de los actos dictados en su consecuencia”, adujo Cristina parafraseando al escrito del abogado, quien invoca la “doctrina del fruto de árbol envenenado”.

Cristina denunció la “practica judicial habitual en relación a la familia Kirchner: el show mediático y el hostigamiento permanente, reñidos con todas las normas procesales y de fondo que deben garantizar a cualquier ciudadano la igualdad ante la ley y el debido proceso”, denunció Cristina.

También cuestiona la actitud del fiscal Gerardo Pollicita no tener en cuenta la documentación presentada explicando el origen de esos bienes y en cambio basare en la denuncia de Stolbizer, a quien califica de “denunciadora serial” de la familia Kirchner.

Recordó que la existencia de esas dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia de Buenos Aires y su contenido había sido manifestada ante el juzgado de Ercolini luego de la fallida verificaciòn de cajas en el Banco de Santa Cruz y que la apertura de esas cajas fue pedida por la propia Florencia Kirchner.

“Se presentó ante la opinión pública un supuesto “hallazgo” de sumas millonarias en dólares, las cuales se colocaron sobre una mesa, se grabaron y fotografiaron por orden de V.S. y tales imágenes terminaron, una vez más, difundiéndose por cuanto medio periodístico existe en la Argentina, uno de los cuales (el diario La Nación) reconoció que fue el propio Ministerio de Seguridad quien le proporcionó la imagen obtenida durante la diligencia", dice el escrito publicado en facebook.