En la escuela provincial 3 de Villa Elia, en San Antonio de Areco, sucedió un hecho que reviste gravedad institucional.

En los cuadernos de comunicado de los alumnos de la escuela, pegaron panfletos con los sellos partidarios de la alianza de gobierno "Cambiemos" y de la "Juventud Radical de Areco", donde se convocaba a los menores a una actividad infantil, en el marco de los festejos del Día del Niño.

El hecho generó gran revuelo en toda la comunidad,  y el propio intendente, Francisco "Paco" Durañona del Frente para la Victoria, sacó un comunicado que remarca que "manifestamos nuestra más severa crítica a los docentes que participaron de tal acto de "difusión" vulnerando todos tipo de derechos y pasando por arriba de todo formato institucional con el que cuenta el establecimiento educativo".

En la misma línea,  desde el comunicado la alcaldía exigió "a los directivos y docentes que ejecutaron este tremendo avasallamiento que den las explicaciones del caso y que enfrente el respectivo proceso judicial por haber violado el artículo 193 del reglamento de instituciones educativas".

El escrito, además, hace un llamado a la comunidad en general para que esté alerta ante hechos de similares características,  y remarca que "utilizar partidariamente los cuadernos de nuestro chicos es una práctica totalitaria y expresa un modus operandi poco democrático y agresivo", concluyen de manera categórica.

Planfleto partidarios recibido por los niños en el cuaderno de comunicados

La vicepresidenta de la nación. Gabriela Michetti, está siendo investigada por la causa que se originó a partir del robo de 50 mil dólares y 2540000 meses, que le fueron sustraídos de su domicilio en día de las segunda vuelta electora presidencial del año pasado.

La noticia fue ocultada por los medios de comunicación por expreso pedido del partido de gobierno, PRO.

Sin embargo, la noticia del robo salió a la luz y la vice presidenta fue imputada este viernes por el fiscal Marijuan, que solicitó que se investigue el orígen del dinero que tenía Michetti.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, por su parte, amplió la denuncia contra la vicepresidenta y le entregó al juez que entiende la causa, Ariel Lijo, más datos sobre la FUNDACIÓN SUMA que preside Gabriela Michetti.

El informe que se le entregó al juez incluye un "informe de transparencia" de SUMA en el que se alude al pago de salarios por 165 mil pesos en el 2014 pese a que "no tenía ningún empleado registrado".

"La Fundación Suma no tiene empleados, no presentó balances, ni está inscripta como empleadora", Martínez Herrero.

Además, remarcó que la fundación "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo controles estatales.

Por otra parte, el adjuntó un listado de empresas que donaron a SUMA e información sobre pautas publicitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgadas a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi.

"Las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti", afirmó el abogado en el escrito, dejando a las clara además la interna partidaria que encabezó Michetti contra Larreta, donde Macri jugó un papel preponderante a favor del actual jefe de gobierno.

"Voy a liberar el puente, se agotaron las negociaciones. No entienden razones", les advirtió el jefe del operativo policial. Mariano Sánchez, del Movimiento Independiente de Jubilados, sostuvo que "es una vergüenza nacional que un jubilado gane 4900 pesos y nos van a dar 14,16 por ciento de aumento, cuando nos están robando más con la inflación".

Minutos antes de las 12, tras negociar con los referentes de la agrupación para que liberaran uno de los carriles, la Policía comenzó tirarles agua teñida de azul desde un carro hidrante a los manifestantes y empujarlos con sus escudos.

Muchos de los jubilados fueron golpeados y sufrieron heridas, aunque no graves. Sánchez cuestionó el operativo: "No hacía falta llegar a esta represión". "Si bien es necesario un salario mínimo de 12 mil pesos para no estar en la pobreza, el aumento de septiembre tendría que ser como mínimo del 30 por ciento. Vergüenza para la mayoría de los Jubilados y Pensionados que rondan en la mínima", sentenció el dirigente.

Desde el MIJP señalaron, mediante un comunicado, que el incremento de septiembre es "una vergüenza histórica" porque "la inflación en el último año fue del 47 por ciento y en el primer semestre es de 29,2 por ciento, según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Los senadores del Frente para la Victoria mantuvieron una importante reunión de trabajo esta mañana junto a los Diputados e Intendentes bonaerenses del FPV-PJ en la Legislatura provincial.

Durante el encuentro se analizaron las graves consecuencias que el aumento indiscriminado de las tarifas tiene para los bonaerenses, y los diversos cursos de acción que pudiesen adoptarse en los próximos días.

Al terminar la jornada, la Presidenta del bloque del FPV Magdalena Sierra aseguró que "coincidimos en la preocupación por el futuro de los bonaerenses, golpeados por el ajuste que está implementando el gobierno de Cambiemos".

En la misma línea, expresó: "Esperamos con mucha expectativa lo que pueda pasar esta semana, porque como sostuvimos desde un principio la arbitrariedad no es el camino para modificar las tarifas. Es necesario respetar las leyes que indican de qué manera y cómo deben efectuarse este tipo de cambios en un servicio público que obviamente tiene un impacto directo sobre la vida de millones de personas".

"No se puede, de la noche a la mañana y sin aviso ni gradualidad alguna, multiplicar las tarifas del agua, el gas, y la electricidad. Mucho menos, hacerlo a la par de una inflación muy alta en alimentos, y en un contexto de caída del empleo. El ajuste es brutal y los argentinos lo están sufriendo" concluyó Sierra.

Además, durante la reunión se acordó instalar una mesa de trabajo permanente formada por los Intendentes, Senadores y Diputados del FPV-PJ para analizar y promover acciones conjuntas sobre los principales temas de la Provincia de Buenos Aires.

Imágenes del encuentro

Tras la tanda de tarifazos a los servicios, al ministro Aranguren le tocó encarnar el rol del villano perfecto: frontman de las medidas más antipáticas del gobierno (los tarifazos a los servicios, más la exención de impuestos a la minería), puching-ball de la oposición y ministro más cuestionado del gabinete, según las encuestas.

Para un estudio de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), siete de cada diez argentinos piensan que la economía está mal o muy mal. También siete de cada diez sostienen que es imposible pagar la tarifas de acuerdo al aumento dispuesto por el Gobierno y la mayoría considera que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe renunciar. Y seis de cada 10 están de acuerdo con las protestas contra el tarifazo.

La condena a Aranguren esconde el malentendido de que nadie toma decisiones tan delicadas como el aumento de servicios públicos básicos sin haber sido mandatado por el presidente. La confusión, sin embargo, le sirve tanto al gobierno como a la oposición: a Macri para tener al ministro como potencial fusible (desde Casa Rosada por ahora descartan el despido), y a los dirigentes opositores para criticar al oficialismo, sin hacer foco directamente sobre el presidente.

Por debajo del folclore del sistema político, la figura de Aranguren habilita cuestionamientos de distintas intensidades y consecuencias. Para los antimacristas reafirma el rechazo y a la vez provee de nuevos argumentos. Pero hay algo más importante: para los votantes macristas no fanáticos y para las miles de personas que depositan su confianza en las buenas intenciones del PRO (aún sin haber elegido a Macri en el balotaje), los tarifazos aranguristas son la vía de ingreso hacia las primeras y más claras objeciones al gobierno.

Aranguren no es un ministro más: con una trayectoria de 38 años en Shell, donde cumplió el sueño americano de progresar desde pinche a presidente, es el arquetipo del ex CEO que entró inesperadamente a la política tentado por Macri. Y arrastra con algunas de las convicciones, las hipocresías y las idealizaciones propias de ese sector liberal. Desde el Estado, Aranguren cree en la necesidad de otorgar un guiño económico hacia sus (ex) colegas, sean representantes de mineras, petroleras o distribuidoras de luz y gas, bajo el razonamiento de que más ganancias empresarias garantizarán mayor inversiones y mejores servicios.

Durante su larga carrera en Shell, sin embargo, el negocio de la petrolera anglo-holandesa se limitó (y todavía lo hace) a la venta directa y a la refinería, en la única planta que la compañía tiene en Avellaneda. Así, optó por minimizar el riesgo y la audacia empresaria: casi no exploró ni produjo petróleo.

Aranguren fue más un administrador que un ejecutivo perfilado hacia la innovación, al punto de que Shell prácticamente no prestó atención a la posibilidad de invertir en Vaca Muerta, el mega yacimiento neuquino de gas y petróleo. Y si bien ahora niega que Vaca Muerta esté estancada (por la caída del precio mundial del crudo, los costos dolarizados para desarrollar el fraking y los sueldos altos de los petroleros), el año pasado opinaba lo contrario: “El tiempo que lleva invertir para poder tener un desarrollo de energía eólica es más corto que lo que puede ser Vaca Muerta, que requiere un alto nivel de inversión”.

Hasta sus 61 años, el ojo de Aranguren estaba entrenado exclusivamente para detectar la rentabilidad. Y a diferencia de otros ministros que también arribaron desde las primeras o segundas líneas empresarias, Aranguren no tuvo una experiencia de transición en el gobierno porteño, tal como le sucedió al ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich.

El equipo de funcionarios de Aranguren también cambió abruptamente su lado del mostrador: la mayoría pasó a controlar a empresas en las que trabajaba hasta hacía pocos meses. Por caso: el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, fue vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy (PAE); el secretario de Planeamiento Estratégico, Daniel Redondo, hizo su carrera en Exxon Mobil; el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, era el especialista (y lobbista) en energía eólica de British Petroleum y PAE; y el Subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, vino de la petrolera Axion.

En los entes reguladores del sector energético, también desembarcaron ex gerentes. Macri eligió como presidente de Enargas a David José Tezanos, presidente de Metrogas y director de Gas de YPF. Para la presidencia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), optó por Juan Garade, un contador público que trabajó casi once años como director de Planificación, Control y Regulación de Edesur y, antes de eso, fue gerente de Planificación Económica de Edenor.

En caso de que supere con éxito el bullying al que será sometido en Diputados, Aranguren después se sumará al pressing-ruego macrista hacia la Corte Suprema, en búsqueda de un fallo favorable respecto a la suba de tarifas. Si esos planetas también se le alinean, con el precio de los servicios ya multiplicados, recién entonces se pondrán en juego sus presupuestos. Y con los de él, los de gran parte del gobierno.

Eduardo “Wado” de Pedro, acusó hoy a los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques de montar una operación contra Cristina Kirchner. “El mismo día que Aranguren viene al Congreso a explicar el tarifazo el Partido Judicial continua la persecución contra Cristina”, sostuvo el diputado a propósito del pedido de indagatoria que hicieron los fiscales esta mañana.

Y apuntó de manera directa contra los funcionarios judiciales: “Pollicita y Mahiques prestan sus servicios a Macri y son funcionales a esa estrategia”.

Por último, De Pedro le hizo una advertencia al gobierno de Cambiemos en referencia a la crisis económica y social que vive el país: “Cuando se gobierna en contra de la gente, necesitan callar a sus dirigentes. Pero no lo van a conseguir con Cristina”.

La denuncia penal, relacionada con la toma de predios en diciembre, fue realizada ante el juez Ariel Lijo en los Tribunales de Comodoro Py. Raúl Othacehé, ex intendente de Merlo, estaría implicado en causas de enriquecimiento ilícito por quedarse con el importe para la construcción de 300 viviendas en estos territorios.

“Seguramente va a alentar a muchos otros a que vengan a denunciar, a que se animen, ya que queda flotando en el aire aún en Merlo el miedo de lo que fue una tiranía en tiempos de democracia”, manifestó Gustavo Menéndez, al tiempo que aclaró: “Esto que venimos a hacer no es en contra de nadie; es en beneficio o intentando proteger los bienes que son del Pueblo de Merlo”.

Según informaron, el ex jefe comunal y sus funcionarios fueron acusados de defraudación en perjuicio de la administración pública nacional, enriquecimiento ilícito de funcionarios y lavado de activos.

La denuncia expresa: “Hemos advertido irregularidades que nos llamaron poderosamente la atención en tres grandes proyectos que tenían como objetivo solucionar los graves problemas de urbanización que sufren los sectores más vulnerables de la población de Merlo”.

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que supo estar a cargo de Luis A. R. Bontempo y de Germán Nivello, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, firmó convenios a lo largo de los años para llevar adelante la construcción de viviendas sociales.

En total se iban a edificar en el Municipio de Merlo 700 viviendas. Uno de los programas incluía la construcción de 340 viviendas, otro de 192 y el restante de 168.

Si bien el Estado Nacional ha transferido cuantiosas cantidades de dinero a estos programas ya llevan varios años de desarrollo, el total de las viviendas no han sido finalizadas hasta el momento.

En la presentación fueron apuntados también Mónica Arnaldi, Martín Alfredo Othacehé, Hernán Patricio Othacehé, Guillermo Raúl Othacehé, Pablo Ignacio Othacehé, Hugo Miguel Coomonte, Lorena Coomonte, Ernesto Raúl Arnaldi, Ana María Ferreyra, Mariano Arnaldi, María Fernanda Arnaldi, Luis A. R. Bontempo, Germán Nivello, Lydia Mabel Martínez De Jiménez, Nora H. Guledjian Y Damian E. Sanmiguel.

La policía federal reprimió hoy a un grupo de jubiladores que reclamaban por las bajas jubilaciones licuadas por la escalada inflacionaria.

Las fuerzas policiales desplegaron un fuerte operativo de represión que incluyó empujones y un carro hidrante.

Una de las víctimas, Mariano Sánchez, del Movimiento Independiente de Jubilados, sostuvo que "es una vergüenza nacional que un jubilado gane 4.900 pesos y nos van a dar 14,16 por ciento de aumento, cuando nos están robando más con la inflación".

Antes de que se descarga la feroz represión contra los pensionados y jubilado, el comisario a cargo del operativo de seguridad advirtió: "Voy a liberar el puente, se agotaron las negociaciones, no entienden razones, son un caprichos" de los manifestantes.

Mientras tanto, el presidente de la nación, Mauricio Macri, se encontraba en un encuentro de empresarios de Mercado Libre, en el mismo instante que se llevaba adelante el operativo en el Puente Pueyrredon, el primer mandatario utilizaba la red social del pajarito y se sacaba selfies.

La represión fue fuertemente criticada en las redes sociales y se viralizaron videos donde se muestran el feroz despliegue de las fuerzas policiales.

Tras las nuevas denuncias contra el jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, ahora por presunta violencia de género, la administración de María Eugenia Vidal continuaba ayer en silencio, postergando así un nuevo gesto de respaldo.

Luego de que se difundiera una serie de acusaciones de sus ex parejas por presuntos casos de violencia de género, Bressi salió el viernes en persona a responder sobre esas imputaciones y la denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, había hecho el miércoles un fuerte gesto de respaldo hacia el jefe policial cuando al concluir una reunión de la bicameral de Seguridad en la Legislatura bonaerense afirmó que confía “absolutamente” en Bressi.

Y en el mismo sentido se expidió el Frente Renovador, a través del presidente de bloque de senadores, Jorge D´Onofrio, quien había remarcado que “no hay absolutamente ninguna denuncia en su contra”.

Pero luego de estos respaldos se conocieron las denuncioas de la ex esposa y una ex pareja de Bressi, las dos acusándolo de graves episodios de violencia en contra de ellas. Frente a esas denuncias, sólo el propio funcionario salió a defenderse, y lo habría hecho por orden de Ritondo.

“No soy un golpeador. Estoy divorciado de mi ex esposa desde hace diez años y fue la violencia familiar el argumento que ella utilizó para que me tuviera que retirar del hogar. Después actuó un juez que dispuso que fuera ella la excluida del hogar. Yo tuve mis hijos a mi cargo por decisión de un juez. Esto fue juzgado y a mi la Justicia me dio la razón”, afirmó.

Sobre su ex pareja afirmó: “En este caso quiero ser más cauto y pediría que se comunicaran con su familia porque ella tiene un padecimiento médico y no querría ser yo quien lo divulgue”.

En los medios, la ex esposa del máximo jefe policial, Alejandra Monastysky, dijo que Bressi llegó a ponerle una pistola en la cabeza frente a los tres hijos de ambos, luego de una discusión, y que otra vez le fracturó una pierna y que nadie le creyó cuando realizó la denuncia.

En tanto, su ex pareja más reciente, Viviana Figueroa, puso en duda su crecimiento patrimonial y, a la vez, afirmó que el policía la golpeó frente a su hijo y que le rompió un tímpano.

En tanto, sobre la denuncia de Carrió, Bressi negó vínculos con narcos del Conurbano como el de “Mameluco” Villalba. “Desconozco por qué hace esas acusaciones. Han sido investigadas por la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad y por el ministerio de Justicia y las conclusiones fueron que ni siquiera aparezco mencionado en ninguna de las dos actuaciones”, dijo.

El flamante ministro de Producción de María Eugenia Vidal, Joaquín De la Torre trabaja para sumar al intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos al equipo del Ejecutivo provincial.

En declaraciones ofrecidas aLPO, el alcalde sostuvo que “es un gusto trabajar en equipo con Vidal”. Sobre su futuro sostuvo que “yo estoy en el massismo, pero a futuro no cerramos ninguna puerta”.

Vidal recibió a Britos el jueves de semana pasada en La Plata, fue una audiencia privada donde la Gobernadora se comprometió a reactivar una serie de obras que se encuentran paralizadas en lo que era el pago chico de Florencio Randazzo. El intendente salió de la reunión llenando de elogios a Vidal. “Me voy encantado con la reunión”, dijo el alcalde tras el encuentro.

Hay un escollo que podría frenar la llegada de Britos. El alcalde mantiene fuertes diferencias con el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca, oriundo de Chivilcoy. Según denuncia, el gobierno nacional le debe al municipio 20 millones de pesos, cuando -durante la campaña de 2015- Chivilcoy dejó de recibir fondos para obras y el gobierno municipal hizo frente a esos pagos con el objetivo de que no se paralizaran las obras.

Britos señala a De Luca como responsable por frenar esos fondos y por lo bajo hablar de un acuerdo entre el viceministro y Randazzo.

Desde el gobierno nacional sostienen que Nación pagó a Chivilcoy el 60% de la deuda que dejó el kirchnerismo. Y que el resto se está auditando. Sin embargo, Britos sostiene que pagaron 6 millones y que restan 14 millones. Y agregar que lo que se pagó fue a directo a las empresas vinculadas a Randazzo. Nada fue a las arcas del municipio.

Por eso, el intendente separa la actitud de Nación con la del gobierno provincial. En las últimas semanas Britos logró acercamiento a dos diputados de la Octava Sección cercanos a Vidal. Uno es Manuel Mosca, el otro es Marcelo Daletto, un hombre que responde a Rogelio Frigerio.

Quien trabajará para formalizar el pase es Joaquín De la Torre, quien se apresta a asumir al frente de la cartera de Producción. El ex intendente de San Miguel (su licencia ya fue aprobada) también tiene orígenes en el massismo. Otro pase en el que trabajará es el del alcalde de Chascomús, Javier Gastón, un hombre cercano a De la Torre.