El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar "la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses (y todos sus anexos)", según el dictamen al que accedió Télam.

"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)", evaluó el fiscal.

La denuncia fue presentada por una abogada, Valeria Laura Carreras, luego de conocerse la decisión de usar datos de ciudadanos tomados de la base de Anses para difundir actos de gobierno.

Delgado pidió que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro.

Además sugirió convocar a "dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional" para realizar la tarea.

Carreras presentó también un amparo ante el juzgado contencioso administrativo federal 11, a cargo de la jueza María José Sarmiento.

Ante ello, el fiscal pidió además que se envíe ese expediente donde tramita el amparo para "establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto"

En la denuncia, se sostuvo que el convenio para traspasar datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros -publicado en el Boletín Oficial el 25 de julio pasado- violaría "el deber de seguridad inherente a su función específica".

Además, la denunciante afirmó que el convenio "contradice lo establecido en el Decreto Anses 230/2007 que específicamente dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y, por ende, sensibles, y en la ley de Protección de los Datos Personales 25.326", conocida con el nombre de hábeas data.

La semana pasada, otro fiscal, Guillermo Marijuan, había pedido desestimar por inexistencia de delito una denuncia similar que había sido presentada contra Peña por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

Ambos legisladores denunciaron al funcionario por supuesto "abuso de autoridad", y "violación de secreto y privacidad" por la base de datos de Anses pero, en este caso, Marijuan entendió que no había delito y, ahora, el juez federal Ariel Lijo debe resolver si comparte su criterio y archiva la denuncia.

En el mismo sentido pero con respecto a la denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras deberá pronunciarse también ahora el juez federal Sebastián Casanello, a quien Delgado le remitió hoy el dictamen en el que se pronuncia a favor de dar impulso a una investigación.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, garantizó este lunes que el Gobierno presentará un ajuste "gradual" de las tarifas de gas, en la audiencia pública que se realizará el mes que viene.

"El cuadro tarifario que vamos a ofrecer será más gradual del que se ofreció en principio", enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio La Red, Prat Gay comentó que al aumento "aún lo estamos discutiendo. Tomamos nota del mensaje que nos dio la Corte Suprema, que tiene dos pilares: uno es el de la  audiencia pública. Y otro es que todo se tiene que hacer con criterio de gradualidad".

"Ese concepto de gradualidad no nos es ajeno, porque estamos haciendo lo mismo en el plano fiscal y con la inflación", enfatizó.

Además señaló que "en agosto, es muy posible que aún con la corrección de tarifas, la inflación apunte a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en diez años", resaltó el funcionario de Hacienda a la prensa.

Prat Gay admitió que "si viene la readecuación de tarifas (de gas) después de la audiencia (del 16 de septiembre), seguramente ese número va a subir en octubre. Pero lo importante es la tendencia".

El plan fines impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner permite que muchas personas puedan terminar sus estudios secundarios, hoy esta siendo vapuleado por el gobierno de Cambiemos y no tiene garantizada su continuidad.

Un hecho que así lo certifica son las fotos subidas a las redes sociales por un trabajador del programa, donde se puede ver gran cantidad de materiales educativos tirados a la basura, en la esquina de Viamonte y Riobamba. A media cuadra de ese lugar, se encuentra la Escuela de Comercio Nº 2, que es una de las sedes del Plan Fines en la Ciudad. Estas imágenes provocaron que, rápidamente, muchos usuarios de redes sociales se sumen con sus comentarios a la polémica por este hecho grave.

Si bien el programa continúa vigente, este y otros hechos que se vienen sucediendo, alimentan y confirman las sospechas ya instaladas de muchos trabajadores del plan y miembros de la comunidad educativa que se va rumbo a un proceso que apunta a la finalización del Fines.

Las fotos se pueden ver en las redes sociales e incluso una usuaria de Twitter llegó a rescatar parte del material para ser reutilizado antes de que termine en los camiones recolectores.

El jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, ordenó alquilar un departamento en Puerto Madero, la zona inmobiliaria más cara del país, para usos municipales.  Según informaron desde el Concejo Deliberante, el inmueble cuesta a los olavarrienses unos 500 mil pesos anuales, sin contar las expensas. Los datos fueron proporcionados por el Concejal Einar Iguerategui, uno de los autores del Pedido de Informes.

El departamento en Puerto Madero no solo está ubicado en una de las zonas mas codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que por el se pagan 13 mil pesos extras para la utilización de una pileta Spa y Solarium.

Iguerategui pudo recorrer las instalaciones del departamento, se desconoce el uso que pretende darle la gestión PRO, y publicó alguna de las fotos del lujoso departamento. Además  Aseguró que el lugar tiene unas sillas y una mesa, sin vislumbrar alguna funcionalidad para las gestiones municipales.

Al asumir su intendencia, Galli redujo en un 23% la planta de funcionarios (de 99 a 72) logrando ahorrar fondos para una comuna reconocía con  números en rojo. Ahora bien, dicha prédica contrasta demasiado con la decisión del mismo jefe comunal de alquilar un departamento en Puerto Madero.

Dario Loperfido, tras renunciar a su cargo en el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, al ser duramente cuestionado por artistas e intelectuales por las políticas culturales aplicada en su gestión, la que se sumó a las penosas y polémicas declaraciones acerca de la cantidad de desaparecidos registrados durante la última dictadura cívica-militar, se mantiene en la Dirección Artística del Teatro Colón

El ex titular de la cartera de Cultura de Turismo se resguardo en esa área del Teatro Colón donde cobra un importante salario, cargo que es ad honorem, y que además contrató como asistente artístico a Juan Pedro Martín Durán Sáenz, hijo del genocida Pedro Alberto Durán Sáenz, quien fue jefe del centro clandestino de detención, tortura y exterminio "El Vesubio", quien percibe 50 mil pesos mensuales.

El 4 de julio último, Primereando anticipó la renuncia de Loperfido del Ministerio de Cultura, luego de haber expresado que “en la Argentina no hubo 30 mil desparecidos” y que ése fue un número que se arregló en una mesa chica “para cobrar subsidios”.

Esta nueva amenaza ocurrió días después de que la que la Policía hallara un cartucho sin percutar en la puerta del domicilio de la gobernadora en Castelar.

Otras cinco amenazas telefónicas contra la gobernadora fueron registradas durante la semana, una de las cuales indicaba que la "iban a matar".

Una fuente del gobierno precisó que esas llamadas fueron registradas al servicio de emergencia 911 y detalló que "a pesar de que puede tratarse de un efecto contagio, se trabaja intensamente para identificar a los autores de la intimidación". La fuente precisó que en una de las llamadas, una voz masculina advirtió que "voy a matar a la gobernadora" y luego cortó.

Las amenazas se suman a las que recibió la mandataria bonaerense el pasado domingo, cuando una llamada proveniente de la Unidad 9 alertó que iba a volar la Casa de Gobierno.

En tanto, hace algunos meses dos policías de la bonaerense fueron apartados luego de ser descubiertos dentro del despacho de la gobernadora.

La producción de las pequeñas y medianas empresas industriales bajó un 7,8 por ciento anual en julio y acumuló así diez meses consecutivos en caída, informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En en escenario de recesión, creció fuerte la cantidad de empresas con problemas para pagar a sus proveedores y el 40% de los industriales consultados reconoció haber tenido más dificultades para cobrar cheques de clientes, quienes le estiraron los plazos de pagos o entregaron valores sin fondos.

Siete de cada diez empresas tuvieron caídas anuales en su producción en julio y cuatro de cada diez finalizaron con rentabilidad negativa, en un escenario que amenaza a la compañías y a cintos de miles de puestos de empleo.

"El industrial PyME aún no vislumbra un escenario de recuperación y sólo el 30% cree que en los próximos seis meses la actividad repuntará", dijo la CAME en su informe mensual difundido este domingo.

Por la baja demanda del mercado interno, si bien el 65% de las compañías tuvo subas de costos, el 70% no las trasladó a precios e incluso algunos los bajaron para poder motivar ventas para sostener la actividad.

La caída registrada en julio fue la mayor del año y en los primeros siete meses del año el sector acumuló un retroceso del 4,9%, mientras que la comparación mensual la baja fue de 2 por ciento.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 250 industrias pymes del país.

Los once rubros relevados en julio tuvieron caídas anuales, mientras que en la apertura por empresas, sólo el 17,7% de las industrias finalizaron con crecimiento anual (aunque en junio esa proporción fue de 13,2%).

En cambio, el 69,6% finalizó en baja, con un incremento de 3,6 puntos porcentuales en la proporción de compañías con declives frente a junio.

En promedio, las empresas declararon una suba mensual promedio de 5,9% en sus costos de producción pero de sólo 1,4% en los valores de venta.