Como en los años más ridículos y tristes del menemismo, diferentes funcionarios del  oficialismo aparecen involucrados en raros manejos económicos. En este caso se reveló que el jefe comunal de Pergamino cobra 118 mil pesos mientras que un empleado con la categoría más baja cobra 5500 pesos, veinte veces menos que el intendente, superando ampliamente lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Según trascendió, la suba del sueldo de Martínez, junto con el resto de los funcionarios y autoridades fue a través de un decreto. Por eso, hoy se conoció que Martínez tiene un salario de 118.583 pesos por mes. Además, desde Pergamino indican que hay que sumarle otras bonificaciones. De acuerdo al decreto, el segundo funcionario que más gana en Pergamino es el secretario, que desde ahora ganará 49 mil pesos mensuales.

“Es inadmisible que cobre semejante dinero en una ciudad donde la situación es delicada y no abunda el derroche. Hay mucha gente trabajadora que no tiene para comer y especialmente los municipales, que en su gran mayoría, no pueden acceder a los alimentos básicos”, dijo un dirigente político de esa ciudad, molesto contra la decisión de Martínez.

A pesar que La Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires establece en su artículo 125 que “el intendente gozará del sueldo que le asigne el presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a diez sueldos mínimos”.

Ese “sueldo mínimo” es el de un empleado administrativo del escalafón más bajo, que determina cada Municipalidad de acuerdo con su presupuesto y capacidad de negociación con los gremios estatales. En este caso es de 5500 pesos. El texto, además agrega, que el piso se elevará de acuerdo con la cantidad de concejales que tenga cada Municipio. “Los Municipios que tengan doce (12) y catorce (14) Concejales deberán elevar el número de sueldos mínimos a doce (12). Los Municipios que tengan dieciséis (16) y dieciocho (18) Concejales, a catorce (14) y los que tengan veinte (20) y veinticuatro (24) Concejales a dieciséis (16)”, agrega. En el caso de Pergamino, el Concejo Deliberante cuenta con 20 concejales, lo que implica que el sueldo de Martínez debería ser dieciséis veces más que un sueldo mínimo, subrayó hoy el sitio La Tecla.

El encargado de la cartera de Seguridad y la mandataria de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, respectivamente, decidieron dejar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia a un lado, al retirar los 10 patrulleros y 4 motos que el intendente de Ensenada, Mario Secco, había adquirido con fondos municipales.

La insólita medida obedece que el intendente de Ensenada ratifica la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, fue uno de los oradores del cierre de la Marcha de la Resistencia organizada por organismos de derechos humanos y en el acto de entrega de esos móviles policiales criticó duramente a la Gobernadora por no pasar fondos a ese Municipio.

Ayer a la tarde, cuando el intendente de Ensenada realizó el acto de entrega de los patrulleros y de las motos a La Bonaerense, Secco pidió que  “no nos hagamos problema porque la Provincia no manda los recursos, para algo tenemos independencia económica. Ante cada problema vamos a estar para resolverlos”, para luego asegurar: “Estamos decididos a que a la Policía no le falten herramientas. Por esto ya hicimos la compra de los equipos de comunicación y dentro de poco se van a instalar las antenas. Además estamos mejorando la tecnología de las cámaras y renovando a nuevo la Comisaría Primera”.

Como forma de repudio y de respuesta a la inhabilitación de los vehículos policiales, diferentes miembros de la Cámara Baja y Alta acompañarán hoy a las 13:45 a Secco a realizar una conferencia de prensa en el Palacio municipal de Ensenada para solidarizarse con los vecinos que quedan echados a la suerte.

Todo indica que el famoso dialogo que tanto pronuncian los funcionarios de Cambiemos llega a su fin. Los ejemplos más palpables se vienen produciendo cuando el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, visita algún territorio gobernado por el FPV o por parte del “kirchnerismo más duro” y no comparte escenario o no invita a "los leales".

Por ejemplo cuando el mandatario nacional realizó un acto en Avellaneda no invitó al intendente Jorge Ferraresi o en el día de ayer cuando a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, nunca le permitieron subir al escenario como autoridad municipal.

Diego Maradona denunció que no lo dejaron salir del país porque es crítico del gobierno de Mauricio Macri. Cuando iba a viajar a Dubai con Rocío Oliva, al Diez le avisaron que su pasaporte había sido denunciado y no lo dejaron salir del país.

Tras el confuso episodio, Diego habló con el portal Ciudad.com: "Es insólito. Estoy indignado, esto parece joda. Me dijeron que mi pasaporte figuraba denunciado por robo. ¡Nosotros jamás denunciamos ni el robo ni la pérdida de mi pasaporte! Esto no va a quedar así", se descargó, en diálogo con el sitio de espectáculos.

“Es claramente la maniobra de un político traidor. Por eso le dije a Morla que mañana a la mañana vaya a la Justicia a aclarar este tema", advirtió Maradona en alusión a Macri.

Por último, Diego afirmó que se volvió a su casa de Nordelta "caliente" y avisó: "Que se agarren, porque hasta que no sepa quién fue el que hizo esto, no voy a parar".

El juez Ariel Lijo recibió los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa: SUMA, Fundar seguridad y justicia, Crecer y crecer y Formar, en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que a todas luces se trataría de una situación irregular, según confirmaron fuentes judiciales.

De todas maneras la IGJ informó al juzgado que en las últimas horas el organismo recibió información que aún no ha sido analizada ni verificada.

El magistrado aguarda ahora que la AFIP le envíe las declaraciones juradas de Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 para analizarlas junto a los datos que surgen de la enviada por la Oficina Anticorrupción. Además en los próximos días, el juzgado pediría las DDJJ de la pareja de la vicepresidenta.

Esto es porque Michetti dijo que parte del dinero que le fue sustraído era de un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.

En el expediente se apunta a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, que tienen en común no haber presentado balances en los últimos años.

La otra fundación bajo la lupa es SUMA, cuyo directorio lo conforman, además de Michetti, varias cabezas del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros, según explicaron los denunciantes del caso.

A la denuncia presentada por Leonardo Martínez Herrero, se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes aseguran que la fundación "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida", y que no hubo controles estatales. Todos estos datos están siendo chequeados por la justicia.

En la causa, el fiscal Guillermo Marijuán pidió establecer si el dinero robado en la casa de Michetti estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella misma explicó.

Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Tonelli Banfi.

La Cámara de Diputados realizará una reunión conjunta convocada por Cambiemos sobre un proyecto de ley que exime de penas a las investigaciones médicas o científicas basadas en el empleo del cannabis. Sin embargo, son mayoritarias las voces que interpretan que la misma es una práctica dilatoria, que no da cuenta de la problemática de fondo ni asume el tema en una perspectiva integral.

Cambiemos se había comprometido a ello pero no cumplió y la opinión generalizada es que la reunión convocada por el radical Luis Petri, se trata de un gesto que pretende mostrar interés pero cuyo objetivo es postergar la legislación sobre el uso medicinal del cannabis.

Luis Petri, Diputado radical oriundo de Mendoza, es conocido en el Congreso por sus sobreactuaciones en halagos a la política del Gobierno Nacional y al Presidente Macri, motivo de continuas críticas de parte de sus correligionarios que tratan de mantener al radicalismo en una identidad más digna que el seguidismo PRO.

En Diputados y Senadores han sido presentados muchos proyectos en relación a la utilización del cannabis con fines terapéuticos y medicinales. Las diferencias entre ellos giran en torno a la regulación de los alances de su acceso, uso, producción y comercialización.

Hace dos meses la Comisión de Acción Social y Salud Pública presidida por Carolina Gaillard del Bloque FPV-PJ convocó a los Diputados de todos los bloques a una reunión informativa junto con las organizaciones que nuclean a familiares y pacientes, organizaciones de productores, especialistas de Universidades, la ANMAT y profesionales del Poder Judicial.

En una reunión que duró más de tres horas el acuerdo tácito de todos los bloques era la necesidad de no postergar el debate y legislar de manera urgente ya que está en juego el derecho a la salud y la posibilidad de tener una vida digna.

En esa ocasión, la Diputada radical de Cambiemos, Gabriela Burgos, Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que tiene muchos proyectos vinculados a modificar la Ley de Estupefacientes que penaliza el uso del cannabis, se comprometió a realizar una reunión conjunta para abordar el tema.

Sin embargo, eso nunca sucedió y para peor, la Comisión de Seguridad Interior convocó a la reunión conjunta para abordar un solo proyecto que queda muy lejos de resolver la cuestión.

Cambiemos puso en temario solo un proyecto de Ley que busca despenalizar el uso de cannabis en el marco de investigaciones científicas. Es decir, no resuelve ninguno de los planteos de las organizaciones, de los pacientes ni da cuenta del abordaje integral que el resto de los proyectos de ley proponen.

Fuentes del PRO señalaron a Primereando que es preciso evaluar la efectividad clínica del uso de cannabis antes de legislar sobre el tema. Pese a ello, todas las organizaciones, pacientes y familiares, así como los bloques de la oposición entienden que se trata de una medida dilatoria.

La vida digna de muchos pacientes, muchos de ellos niños con patologías como epilepsia refractaria, demandan una legislación que no persiga a sus madres y parientes por tratar de conseguir el aceite de cannabis que mejora su calidad de vida.

Lejos de dar cuenta de estas necesidades el PRO vuelve a ofrecer una formula conocida: el gesto comunicacional. En este caso, convocar a reunión conjunta asumiendo el interés en el tema cuando en rigor de verdad su único fin es postergarlo.