En busca de paz en la calle, el gobierno terceriza la política social

(por Andrés Fidanza) Si el kirchnerismo pretendía seducir a las organizaciones sociales para sumarlas a su proyecto, el macrismo quiere entregarles llave en mano (principalmente al Movimiento Evita y a la CTEP) el control y aplicación de sus políticas sociales.

Por esa vía, tercerizando en las orgas una buena parte del manejo de fondos, el gobierno logra una carambola: se desliga de un mundo que le resulta ajeno (y por momentos hostil), mientras se ahorra los múltiples conflictos que acechan la gestión, sin dejar de cumplir con el papel caritativo (aunque profesionalizado) que pretende para sí mismo. A la pasada, con esa estrategia ya se anotó un golcito: le sirvió para partir el bloque del FpV en la Cámara de Diputados.

"Le mostré la enorme asistencia social que desplegamos en diez meses, aumentando lo que había y coincidimos en que el asistencialismo debe ser transitorio porque, sino, condena a mucha gente a la frustración", se jactó Mauricio Macri, en la conferencia de prensa posterior a su encuentro con el Papa Francisco.

El presidente aseguró que el Papa "elogió fuertemente" el trabajo de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Según la versión de Macri, Francisco las definió como "dos personas muy al tanto de la pobreza y las necesidades de la gente".

El elogio papal hacia Stanley, hija del ex presidente del Citibank y ejecutivo del Banco Macro (Guillermo Stanley), y educada en la bilingüe Saint Catherine School, se explica por una serie de motivos.

Por primera vez en la historia del Ministerio de Desarrollo Social (creado en 1994 como secretaria) un dirigente de Cáritas es viceministro de Desarrollo Social. Se trata del secretario de Coordinación, viceministro en la práctica, Gabriel Castelli. A mitad de camino entre la Iglesia Católica y la empresa con sensibilidad social, es licenciado en Administración de Empresas, ex director de la cementera Loma Negra, del HSBC Bank Argentina S.A., de la cadena Farmacity; director nacional de Cáritas Argentina, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), y miembro del Consejo de Administración de la Universidad Católica (UCA).

La de Castelli no es la única designación con ofrenda papal incorporada. Al frente de la Subsecretaría de Responsabilidad Social (una innovación institucional bien PRO, con un aire a la estrategia caritativa de las empresas) está Victoria Morales Gorleri, secretaria de la Vicaría Episcopal de Educación por diez años, ligadísima al por entonces arzobispo Jorge Bergoglio.

Las razones, sin embargo y como casi siempre, dependen más de la política que del organigrama estatal. Es que en el Ministerio de Desarrollo Social son más las continuidades que las rupturas. A diferencia de la tormenta de despidos, cierres de programas y ajustes que el PRO impuso en otras áreas, ahí Stanley optó por mantener el rumbo de trazo grueso. En la política social, uno de los segmentos que Francisco mira con más atención (porque recibe información de primera mano desde la CTEP), el macrismo no retrocedió. Para espanto absoluto de la base electoral le exigían un ajuste fiscal más violento, el gobierno aumentó el monto recibido por los planes Argentina Trabaja y el Ellas Hacen (para más de ochenta mil mujeres vulnerables), que estaban fijos en 2.600 pesos. Así, los casi 190 mil beneficiarios de ambos planes pasaron a cobrar 3.120 pesos, a cambio de unas veinte horas semanales de trabajo.

Pero el macrismo introdujo un matiz, con guiño papal: algunas organizaciones pasaron a manejar los fondos para la compra de herramientas e insumos del plan Argentina Trabaja. La CTEP (integrada por el Movimiento Evita, que rompió con el kirchnerismo) y Barrios de Pie tienen más de veinte entes ejecutores a su cargo. Desde el ministerio aseguran que su intención es reimpulsar el Argentina Trabaja, que alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, con el 50% del plan concentrado en el conurbano bonaerense.

Destinado a desempleados sin subsidio social, a excepción de la AUH, el programa apunta a que los trabajadores se asocien en cooperativas y realicen tareas de mejora de infraestructura, limpieza y trabajos en talleres, sobre todo en barrios y municipios.

Así, el macrismo concretó una especie de puenteo a ciertas intendencias que antes administraban los fondos para herramientas y materiales. Ahora, los llamados entes ejecutores podrán ser las propias organizaciones vinculadas a las cooperativas. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene línea papal directa, será ejecutora de unos 20 emprendimientos.

La CTEP, ese espacio heterogéneo que aspira a ser la CGT de los cartoneros, vendedores ambulantes, campesinos, costureros, motoqueros, cooperativistas, artesanos y obreros de empresas recuperadas (un universo que estiman en 4 millones de personas), se convirtió en el interlocutor favorito del gobierno.

Con diciembre y sus fantasmas de conflicto callejero a la vuelta de la esquina, la jugada macrista apunta a garantizar cierta paz social, recurriendo a la capacidad instalada y el know how del Movimiento Evita. Ese acuerdo, en el que hay bastante de provecho mutuo, no implica de ninguna manera una cooptación definitiva. Y mucho menos la desarticulación de la protesta social.

Al contrario, desde las organizaciones reconocen que todas las buenas intenciones del Ministerio de Stanley quedan diluidas por el clima macro de recesión. Las políticas sociales pierden sin falta en la carrera contra las medidas económicas. Con el circuito de changas a la baja, el verdadero motor de la economía popular, no hay plan que alcance. Así, tal como metaforizó el politólogo Carlos Vilas, la política social se parece a una ambulancia que levanta a las víctimas de la política económica.