Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

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El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

La mandataria provincial y el referente del Frente Renovador se verán las caras una vez más para intentar sellar un pacto para el presupuesto del año que viene y el reparto de cargos institucionales. El acuerdo depende de otras fuerzas políticas las que ponen en jaque lo pactado.

Tras la última reunión celebrada la semana pasada entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el diputado nacional Sergio Massa, para abrir un diálogo para el presupuesto de 2017 y diferentes temas de seguridad, ambos dejaron para más adelante el reparto de las autoridades en la Cámara de Diputados.

Vidal propuso a Manuel Mosca para reemplazar en la presidencia al massista Jorge Sarghini. Massa retrucó que, ante la insistencia de Sarghini de volver a la banca sin un cargo, su candidato para la vicepresidencia es Rubén Eslaiman.

El nombre que barajaban en Cambiemos como posible era otro y la propuesta del tigrense no dejó de sorprender. Eslaiman es un as  en las luchas legislativas que los oficialistas no ven con buenos ojos.

En el encuentro de esta semana, la Gobernadora y el diputado nacional tratarán de cerrar el acuerdo por la votación del Presupuesto, además de comenzar a conversar sobre otros lugares libres que el massismo apetece.

Además intentarán sellar el recambio legislativo que vuelve a dejar en tercer lugar al peronismo, aunque éste podría ejercer la primera minoría si se propusiera llegar a la unidad.

Pero cambiar las autoridades de Cámara es una decisión que excede a Vidal y Massa, ya que necesitarán de un acuerdo más amplio para concretarlo. El tema es así: las autoridades fueron elegidas por dos años y no hubo cambio de reglamento interno, por lo tanto el enroque necesita de renuncias.

Si Sarghini renuncia a la presidencia, Mosca ascendería derecho a la ese lugar y subirían al cargo inmediato superior los subsiguientes vicepresidentes; por lo cual el massismo se quedaría sin nada. Para concretar el acuerdo de palabra del año pasado se debe, entonces, requerir la renuncia de todas las autoridades y que, ante la acefalía, asuman nuevas.

Es decir que no sólo Sarghini y Mosca deben demitir del cargo, sino también el vice primero Marcelo Feliú (FpV-PJ), el vice segundo Leonardo Santiago (FAP), y la vice tercera Patricia Cubría (Peronismo para la Victoria) Es efecto, no es para nada fácil la imposición del acuerdo preestablecido entre Cambiemos y el Frente Renovador. Habrá que negociar un poco más.

Desde el departamento de Informática de esa alta casa de estudios señalaron que “de ser aprobada esta ley no se podrá investigar su funcionamiento”. Aconseja al Congreso no se aprobar esa iniciativa para emitir los sufragios.

El ingeniero en informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, Lucas Apa, aseguró que de aprobarse la reforma electoral, y dejar en vigencia la utilización del voto electrónico para los próximos comicios, será imposible “investigar su funcionamiento”.

El especialista argumentó que el sistema conocido como "vot.ar" "se basa, en gran parte, en el secreto de la implementación de sus componentes, debido a que el código (software) no fue publicado en forma oficial", y por este motivo "no hay forma de conocer como es el funcionamiento real de la máquina".

Según Apa, en 2015 se hizo una auditoría sobre el sistema de votación que analiza el Congreso Nacional y  "las vulnerabilidades reportadas pueden ser corregidas modificando el código fuente, por otro lado otras requieren un cambio de diseño para lograr mitigar el riesgo asociado".

"El proyecto de ley actualmente en debate en el Congreso de la Nación pena con años de cárcel el estudio o análisis de estos sistemas para encontrar vulnerabilidades, paso sin el cual no es posible mejorar ninguna implementación. De ser aprobada esta ley no se podrá investigar su funcionamiento. Distintos departamentos de informática de distintas universidades e institutos del CONICET se han declarado en contra del voto electrónico por estos y otros motivos", sentenció.

Una minoría los países del mundo utilizan dispositivos electrónicos en su sistema de votación, ya que la complejidad que tiene la tecnología por sí misma elimina la posibilidad de control que debería poder ejercer cualquier ciudadano. En consecuencia, se solicita al Congreso que no autorice la utilización de equipamiento informático para emitir los sufragios.

Cuando parecía que se había amesetado, se volvió a disparar la inflación. De acuerdo a un relevamiento realizado por las consultoras que miden los precios al consumidor, la inflación de octubre estuvo marcada por el incremento en las tarifas del gas y la medicina prepaga.

En octubre, la inflación fue de 2,7 punto porcentuales, según el relevamiento que hicieron las consultoras que miden los precios al consumidor, quienes afirmaron que fue a causa del incremento en las tarifas de gas y la medicina prepaga.

En este sentido, Camilo Tiscornia de C&T sostuvo que en el caso de que las subas no se hubieran medido con los dos factores de aumento, hubiera sido de 1,2 por ciento. Además, aseguró que los alimentos aumentaron 0,5 por ciento por la baja en el rubro de las verduras.

Por su parte, la analista del mercado Marina Dal Poggetto, del estudio Bein, estimó que la inflación de octubre representa "un poco más de la mitad de puntos con respecto a los meses anteriores".

Sin embargo, las consultoras especulan con una inflación menor para noviembre, en torno al dos por ciento, por lo cual el año cerraría con, aproximadamente, un 40 por ciento, sumando el porcentaje que se espera para diciembre.

La Justicia Federal de Córdoba revocó la medida otorgada por el juez Hugo Vaca Narvaja que beneficiaba a PyMes, comercios en relación al aumento en las tarifas de gas. La cautelar abarcaba a todos las pequeñas empresas del país.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones en Córdoba revocó un fallo de primera instancia que había frenado el tarifazo del gas a las pymes en todo el país y que ordenaba al Enargas que "retrotraiga urgentemente" la refacturación al 31 de marzo de este año. Ahora, no sólo deberán abonar el aumento, sino que también la deuda con los valores actuales.

El Tribunal revirtió el fallo del juez Miguel Vaca Narvaja, que había hecho lugar a un amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), con el fin de frenar el incremento del 500% en las facturas de gas para ese sector.

A fines de septiembre, el magistrado dispuso "hacer lugar a la medida cautelar peticionada por Apyme y, en consecuencia, disponer para el colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines, la suspensión de las medidas contenidas" en las resoluciones del Ministerio de Energía que disponían el ajuste tarifario. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que el fallo no se ajusta a la decisión de la Corte Suprema que suspendió la suba del gas para usuarios residenciales, pero no así para las pymes.

En consecuencia, el juez estableció que debe darse "continuidad al cuadro tarifario del servicio vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario". Ahora, las pymes deberán pagar la deuda que acumularon desde esa fecha con la correspondiente refacturación con la nueva tarifa.

"Las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago", decía el fallo de Vaca Narvaja.

El juez justificó su decisión al señalar que "siendo que Apyme actúa en resguardo de los derechos de las pequeñas y medianas empresas, al invocar como hecho único el aumento excesivo y desproporcionado de la tarifa de gas, que provocaría una lesión económica a todos y cada uno de ellas, frente al estado de vulnerabilidad al que quedarían sometidas" las compañías.

"En caso contrario, estaríamos impulsando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a concurrir a la Justicia de manera individual, lo que llevaría a la saturación de los juzgados federales de la Nación", añadió. En declaraciones televisivas, el magistrado afirmó que su decisión debe "aplicarse a nivel nacional". "El Estado no puede interrumpir la prestación del servicio", añadió.