La consejal platense impulsa la creación de una Comisión Especial a raíz del conflicto en las líneas Este y 520, a cargo de Expreso La Plata. También solicitó informes a la Secretaría de Seguridad por la represión a trabajadores de la que participaron agentes de la Policía Local.

Frente al conflicto laboral que mantienen los choferes de las líneas Este y 520, la concejala del FpV Nacional y Popular, Florencia Saintout, propuso la creación de una Comisión Especial para la revisión del convenio realizado entre el intendente Julio Garro y la empresa monopólica “Expreso La Plata – Buenos Aires S.A.”.

En caso de aprobarse, la comisión deberá estar conformada por un representante del Ejecutivo municipal; uno de la Dirección de Transporte; trabajadores colectiveros de la Línea Este y 520; miembros de la empresa y un concejal por bloque político.

“Esta discusión da cuenta de problemas serios en el transporte público en la ciudad de La Plata. Es necesaria la creación de una comisión que revea el convenio entre el Municipio y la empresa. Hay trabajadores que han sido despedidos y es un asunto del Concejo Deliberante revisar este convenio, a partir de un primer incumplimiento que es que no se continuaron las fuentes laborales involucradas”, explicó Saintout.

Durante la sesión del deliberativo platense, la edil también pidió que se informara acerca del cumplimiento de las Ordenanzas 7388 y 11347, correspondientes a concesionarios de transporte público municipal. En este sentido, la iniciativa tiene como fin conocer el contrato respectivo con las empresas que obtuvieron la cesión de la Línea Este y 520; los informes técnicos del parque automotor;  que se dé cuenta de sobre las obligaciones fiscales y sociales y el cumplimiento con los reglamentos y convenios colectivos de trabajo del personal.

Sobre la represión que sufrieron los trabajadores de estas líneas de colectivo mientras se manifestaban el 24 de octubre pasado, Saintout solicitó que la Secretaría de Seguridad municipal detalle el accionar de la Policía Local. El funcionario a cargo del área, Daniel Omar Piqué, deberá explicar sobre qué reglamentación se basaron para actuar en esta situación, qué protocolo de actuación tienen los agentes y cuáles fueron los motivos que llevaron a proceder junto a la Policía Bonaerense, teniendo en cuenta que su función principal es de seguridad preventiva y de contravenciones.

En esta línea, el Municipio tendrá que dar cuenta, a su vez, sobre las actuaciones administrativas  de Piqué y demás funcionarios intervinientes en el conflicto que culminó con 3 heridos y 27 detenidos en la Comisaría 3ª de Los Hornos. “Es necesario que se informe qué es lo que ha sucedido, por qué dieron esas órdenes y por qué respondió así la Policía Local”, sostuvo la concejala.

La Policía Local fue cuestionada además por el envío de agentes a la reunión pactada ese mismo 24 de octubre entre vecinos de Gonnet y la Delegación Municipal de ese barrio. Ante la ausencia del delegado y de funcionarios municipales, los vecinos se encontraban reunidos para tratar la problemática del agua contaminada, tema que subyace desde hace meses en amplias zonas de la localidad, pero les fue impedido el ingreso a la Delegación. Asimismo, en relación a este tema, el cuerpo legislativo aprobó una resolución para que el Municipio se dirija al Órgano Provincial de Control del Agua (OCABA) a efectos de que detalle las obras realizadas por ABSA en calles 509 a 489 y de 2 a Camino General Belgrano.

Aborto no punible y niñez

El FpV Nacional y Popular también propuso que el Concejo Deliberante manifieste su preocupación por la no adhesión del gobierno provincial al protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal del embarazo, que ofrece lineamientos orientados a garantizar el cumplimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) y apunta a fortalecer el trabajo de los equipos de salud con el objetivo de brindar a la población un servicio de calidad respetuoso de sus derechos humanos.

La legislación reconoce el derecho a la ILE cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación (artículo 86 del Código Penal). Cabe destacar que en abril de 2015 el Ministerio de Salud de Nación actualizó el protocolo para atención a las personas con derecho a abortos no punibles, estableciendo la atención integral y la aplicación obligatoria en la red sanitaria.

Por otro lado, acorde a lo establecido por la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la edil pidió que se informe si se haya en funciones el Coordinador/a de Servicios Locales, cuya función principal es impulsar las medidas necesarias para prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Endeudamiento

Previo a la sesión ordinaria de este jueves del Concejo Deliberante, se realizó una asamblea en conjunto a los mayores contribuyentes de los concejales, donde se aprobó la autorización al Departamento Ejecutivo a tomar un préstamo de hasta 70 millones de pesos.

“No votamos el endeudamiento porque creemos que es un momento donde se está endeudando la nación, la provincia, la ciudad, y eso no mejora la condición de vida de los ciudadanos, más bien lo contrario. Además, estamos endeudándonos cuando, todavía no se ha ejecutado todo el presupuesto para este año”, dijo Saintout y agregó que “si se va a endeudar la ciudad con la provincia, es importante cobrar lo que se adeuda tasa de capitalidad, que es tres veces más de lo que se le está pidiendo”.

Preocupación por el estado de calles

En relación a las quejas mencionadas por los vecinos de La Plata sobre el mal estado de calles y el predominio de basura, en esta oportunidad, la concejal del FpV Nacional y Popular solicitó que se realice el zanjeo y bacheo en calle 50 entre 132 y 137, de San Carlos; que se efectúe el desmalezamiento de la calle 403 entre Camino Parque Centenario y calle 1 y que se realice el bacheo correspondiente en 403 entre Camino Parque Centenario y calle 1, de Villa Elisa.

La contracción del mercado interno en el rubro de la construcción tiene su correlato en la producción de cemento. Cayó 6,9% en octubre, lo que totaliza una baja del 18,3 por ciento en la comparación interanual.

La estadística la dio a conocer la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), y marca un nuevo descenso por segundo mes consecutivo, tras el módico repunte de agosto.

Con las 925.786 toneladas despachadas el mes pasado al mercado local las empresas del sector totalizaron en lo que va del año 8,8 millones, es decir, 1,3 millón de toneladas menos que en enero-octubre de 2015, consignó la agencia Télam este viernes.

La estadística de agosto había despertado expectativas favorables entre empresarios y funcionarios, al mostrar un repunte de 67 mil toneladas por encima de los 30 días anteriores, lo que ubicaba a la industria en el nivel más elevado desde octubre del año pasado, cuando comenzó el fuerte descenso de los meses siguientes.

Las cementeras, sin embargo, volvieron a exhibir en septiembre cifras por debajo del millón de toneladas: concretamente, 996.231, es decir, 42 mil por debajo de las consumidas en agosto para obras públicas, de infraestructura y viviendas.

Hasta julio se reportaba para el acumulado de los primeros siete meses del año una baja interanual de 15,2% en los despachos destinados al consumo interno; hacia fines de agosto la caída se recortaba a 12,5% y la brecha continuó reduciéndose a 11,5% en septiembre, pero saltó abruptamente en octubre, a 18,3%.

Precisamente, la actividad cementera tocó su máximo nivel histórico en octubre pasado, en el marco de un importante dinamismo en la construcción de viviendas y de proyectos de infraestructura.

Las cuatro fábricas nucleadas en la AFCP (Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y -con menores volúmenes- PCR) atribuyen el freno en la demanda local del insumo al contexto recesivo, y a esta altura del año ya postergaron para 2017 las perspectivas claras de reactivación.

También influyó en la retracción de la actividad, sostienen los empresarios del sector, las decisiones adoptadas por el gobierno nacional desde diciembre pasado.

Las autoridades tuvieron que paralizar un conjunto de obras de infraestructura para realizar auditorías, introducir una gestión más eficiente en el uso de los recursos públicos y corregir vacíos normativos e irregularidades.

En la proyección para todo el año 2016 la AFCP estimó despachos dirigidos al consumo local por casi 10,9 millones de toneladas, que de concretarse representarían un descenso de 11,1% con respecto al año pasado (1,3 millones de toneladas menos).

Esa hipótesis -que implicaría el menor nivel de despachos desde 2012- se asienta en las previsiones preliminares de cierto repunte de la construcción, tanto pública como privada, durante el último bimestre.

Según la estadística difundida por la Asociación, la industria registró una tendencia ascendente desde el piso de 2002 y sufrió ligeras bajas en 2009 y 2014.

Para 2017, sin embargo, el gobierno y la industria esperan un rápido repunte asentado en la inversión pública y privada (esta última respaldada en parte por el blanqueo), que como mínimo compensaría el derrumbe sufrido durante el actual ejercicio.

La "Casa de Noche El Tranformador", que alberga niños, niñas, adolescentes y madres con en situaciones de calle en Castelar, municipio de Morón, informó que deberá "cerrar a fin de año" producto de los recortes en el área de Niñez.

"Luego de meses de mantener diálogos con la actual gestión municipal para continuar con el funcionamiento de la “Casa de Noche El Transformador” y ante las respuestas negativas recibidas, hemos tomado la decisión de cerrar la casa a fin de este año", informaron desde el centro comunitario en un sentido comunicado que difundieron en su página oficial de Facebook.

La Casa de Noche, que gestiona "El Transformador" en Castelae, funciona desde hace cuatro años y albergando niños, niñas, adolescentes y madres con hijxs en situaciones de calle, violencia y vulnerabilidad social. Pero, producto de los recortes presupuestarios que aplicó el intendente macrista Ramiro Tagliaferro, deberá dejar de prestar el importante servicio social desde el mes que viene.

Desde el Centro aseguraron que a lo largo de todo este año, "hemos realizado gestiones, reuniones, comunicaciones y solo hemos recibido demoras y falta de respuestas concretas", aletaron y en ese sentido denunciaron que: "No existe voluntad política de parte de esta gestión para continuar con el único proyecto de estas características en el partido.

Las autoridades del El Transformador responsabilizan directamente de los ajustes a la gestión y en particular a Fernando Cid, Secretario de Políticas Sociales y Abordajes Integrales, y a Antonella Belleri, Directora de Políticas de Niñez y Juventud, como los "principales ejecutores" del recorte que "está realizando en toda el área de niñez de este municipio".

Además, informaron que el viernes 2 de diciembre realizarán un festival para dar a conocer a toda la comunidad de Morón "las políticas que lleva adelante este municipio" y que llevan al cierre de la institución.

"Cerrando, ajustando y abandonando políticas públicas y despidiendo trabajadores y trabajadoras, no podemos construir un sistema integral de derechos que garanticen una infancia digna para todos los niños y las niñas", concluye el texto.

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Dos jefes comunales del Esmeralda, Martín Insaurralde (Lomas) y Mariano Cascallares (Brown), además de Julio Pereyra (Varela), se juntaron con el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, para crear un Observatorio de Seguridad para estudiar la problemática delictiva en la tercera sección.

La reunión tuvo lugar en la localidad de Adrogué, donde Mariano Cascallares hizo de anfitrión del encuentro, del que también participaron los alcaldes Martín Insauralde y Julio Pereyra.

Con una agenda basada en la seguridad, los intendentes se sacaron la foto con Sergio Berni, quien el año pasado intentó ir por la gobernación de la Provincia por el Frente para la Victoria, pero terminó por darse el 'baño de humildad' antes de las Primarias.

Según explicaron los intendentes de los municipios lindantes de la tercera sección electoral, a la hora de pensar el delito, los límites de sus distritos son casi invisibles, ya que es sólo "cruzar una calle", detalló en una nota del sitio LPO.

Fieles al 'dialoguismo' en el que forja su imagen pública el grupo Esmeralda (del que forman parte Insaurralde y Cascallares), los alcaldes destacaron la importancia de trabajar con los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Mostrarse activos en materia de seguridad, es clave para los intendentes, que suelen ser los primeros receptores de las quejas de los vecinos cuando se produce una ola de delitos. Sobre todo, porque en estos meses aumentaron los robos y los episodios de violencia en varios municipios del conurbano.

De hecho, la seguridad fue uno de los ejes que tocaron los intendentes del Frente para la Victoria en la mega-reunión que tuvieron en el distrito de Lobos, la semana pasada. Allí, además del Presupuesto bonaerense, la desocupación y la situación social de los secotores más vulnerables, no faltó la referencia a qué hacer para contener el aumento de los episodios de inseguridad que aqueja a los vecinos.

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"En Almirante Brown venimos trabajando fuerte colaborando en la prevención del delito con acciones concretas y con una mesa de diálogo, intercambiando información con el ministerio de Seguridad bonaerense y articulando con Nación y con la Provincia", aseguró al respecto Cascallares.

De paso, los jefes comunales suman porotos.

Así lo planteó el intendente de de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca. El Frente para la Victoria podría dar en 2017 la interna que se frustró el año pasado.

"Hay dirigentes valiosos como (Florencio) Randazzo que empieza a tomar un rol activo y de tomar una decisión tendrá un rol protagónico", dijo 'Bali' Bucca, en diálogo con Radio Provincia. Y agregó: "Sería sano que exista una interna con (Daniel) Scioli".

Con el exministro del Interior y Transporte en tratativas para retornar a la escena pública, los jefes comunales del Esmeralda, que lideran Martín Insaurralde (Lomas) y Gabriel Katopodis (San Martín), se alejan del Frente Renovador y se entusiasman con dar una interna dentro del FpV.

No obstante, Bucca dijo que "hoy es tiempo de gobernar el Municipio y acompañar a la gobernadora (María Eugenia Vidal) porque ya llegarán los tiempos electorales". Y destacó que tiene una muy buena relación y un diálogo cordial con la mandataria de Cambiemos.

Al respecto, señaló que "el año pasado logramos un acuerdo muy positivo para los intendentes y este año aspiramos llegar a la misma instancia". Y concluyó: "Los intendentes necesitamos del presupuesto y es sano esta instancia de debate y de diálogo para llegar a un presupuesto armónico".

El intendente de Merlo Gustavo Menéndez manifestó que recibió con beneplácito la noticia periodística de la llegada de Gendarmería a su distrito y a otros distritos del conurbano. En este sentido remarcó que finalmente el Gobierno Nacional parece haber escuchado el pedido del Municipio luego de 10 meses, dada la situación de inseguridad que se vive en el Conurbano Bonaerense.

Sin embargo, aseguró al respecto que: “Nos preocupa no saber cómo se va a coordinar con los pocos efectivos policiales que tenemos en el distrito, si vamos a poder tener gendarmes con una base en Merlo o por partidas”. En este sentido, el alcalde manifestó estar agradecido por la llegada de la fuerza Nacional y reclamó poder coordinar esfuerzos. Asimismo aclaró que hasta el momento no hay gendarmes en las calles del Distrito.

El mandatario local agradeció el apoyo del gobierno Nacional, quien a través de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich refuerza la seguridad del distrito, en tanto que destacó “No podemos dar precisiones de cómo se va a llevar a cabo la llegada anunciada de la Gendarmería, cosa que no pudo responder la provincia porque es una medida del gobierno nacional”.

Por último aclaró que, “En un poco más de un mes egresan 250 agentes de la policía local, estoy seguro de que vamos a poder dar en conjunto las soluciones que el vecino reclama. Hoy somos el municipio con menos efectivos por habitante de la provincia de Buenos Aires”. Aseguró el mandatario que reclama mayor cantidad de efectivos desde comienzo de año a provincia y Nación.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas zonas agrícolo-ganaderas de las provincias de Buenos Aires por crecidas, desbordes, inundaciones,

lluvias y heladas. La medida también alcanza a Córdoba y Tucumán.

Las medidas fueron dispuestas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación a través de las resoluciones 355-E/2016 para el caso de Buenos Aires; 353-E/2016 para Córdoba; y 352-E/2016 para Tucumán, todas publicadas

este viernes en el Boletín Oficial, reprodujo la agencia Télam.

La primera declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario a las explotaciones agropecuarias afectadas por crecidas, desbordes e inundaciones del sector islas de los partidos San Fernando y Campana,

Zárate, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina y Puán, todas en provincia de Buenos Aires.

La segunda dispone el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas y apícolas perjudicadas por el anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias en Córdoba.

Esta situación afectó las cuencas hidrográficas de Río Carnero y Salsipuedes; Río Jesús María y Río Pinto; Río Totoral y Arroyo Macha; Corral de Bustos y Arroyo del Pescadero; Río de los Tártagos y Río Seco y

Sistema Río Dulce.

Asimismo, se prorrogó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones agrícolas afectadas por el fenómeno de anegamiento de suelos por lluvias extraordinarias en la cuenca hídrica de Río Carcarañá, Sistema Vicuña Mackenna, Arroyo Santa Catalina, Sistema de Canals, Río Quinto (Popopis), Sistema de General Roca, Sistema Morteros, Río Segundo y Sistema San Francisco.

Por último, la tercera resolución se refiere a la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Tucumán en las explotaciones vitivinícolas dañadas por heladas extremas, de las Comunas Colalao del Valle y Amaicha del Valle.

Pasó desapercibido el voto negativo de los Senadores de Cambiemos durante la sesión del pasado miércoles que logró la media sanción del proyecto que establece un cupo laboral en empresas privadas para personas con discapacidad.

33 senadores votaron a favor de la iniciativa, impulsada por los senadores Guillermo Pereyra (MPN) y Nancy González (PJ-FpV), pero 11 senadores decidieron votar en contra del proyecto.

Los senadores Federico Pinedo, Marta Varela, Laura Rodriguez Machado, Luis Naidenoff, Ernesto Martinez, Silvia Giacoppo, Elias de Perez, Julio Cobos, Juan Carlos Marino y Pedro Brailard se opusieron al proyecto que busca insertar laboralmente a personas con capacidades diferentes en empresas privadas. El senador Juan Carlos Romero del bloque Justicialista 8 de Octubre, también votó de manera negativa.

La norma establece que el sector privado deberá incorporar trabajadores con capacidades diferentes, al igual que sucede en la administración pública.

Se contempla la obligación para que las empresas privadas que en su plantel superen los cien trabajadores, ocupen personas con capacidades diferentes -que acrediten condiciones de idoneidad- en una proporción no inferior al 4% del total de su plantilla.

“Hemos visto cómo las empresas rechazan a los trabajadores por el solo hecho de tener alguna discapacidad o deficiencia física”, dijo el senador Pereyra y criticó a los lobbys empresariales “que han trabajado para que éste proyecto no se pueda tratar”. “Y de esa manera, quedarían indefensos los más débiles, que son los que siguen buscando trabajo sin recibir ningún tipo de respuesta del sector empresarial”, remarcó.

El senador neuquino recordó lo que sucede en el Senado de la Nación con este cupo, “donde podemos dar ejemplo sobre de qué forma se debe tratar a las personas con capacidades diferentes, mientras vemos cómo son rechazados desde la actividad privada”.

“La administración pública tiene su cupo, por qué no lo puede tener la actividad privada”, se preguntó durante en el recinto.

La medida busca garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato; y profundiza lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431 -de Discapacidad-, que alcanza a las empresas privadas que brinden servicios públicos.

Los porcentajes requeridos deberán ir cumplimentándose a medida que se generen nuevos puestos de trabajo; y su incumplimiento será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación, bajo los términos de la ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

Por otra parte, sobre tablas se aprobó un proyecto para que las personas con discapacidad tengan acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del Gobierno nacional.

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que conducen Pablo Micheli y Hugo Yasky, se movilizan a Plaza de Mayo contra "los despidos" y en oposición al escaso bono de fin de año de dos mil pesos que el gobierno pactó con la CGT.

La marcha, que está convocada a las 17 bajo el nombre de "Jornada Nacional de Lucha", mostrará otra vez la unidad de acción de las dos CTA. Sobre las razones de movilizar, Micheli explicó que "el Gobierno deje de aplicar políticas neoliberales con conceptos de derecha que ya nos han llevado a fracasos profundos en la Argentina".

"Siempre hemos sido los trabajadores, los jubilados, los sectores más vulnerables quienes pagaron las consecuencias de estas situaciones", aseguró el dirigente sindical durante una conferencia de prensa que dio en la sede porteña de la CTA Autónoma junto a Yasky, en la que confirmaron la protesta.

A su vez, Yasky aseguró que la movilización incluirá a "estatales, docentes y trabajadores del sector industrial y de los servicios" que marcharán con una pancarta que tendrá la consigna "Ni hambre ni despidos", como "expresión de rechazo a este intento de compensar una pérdida salarial de casi 15.000 pesos con un bono de 2.000".

Los sindicalistas también se plantaron contra la CGT unificada. En ese sentido Yasky cuestionó que "hay una cúpula dirigencial que está mirando parecido a como miraban los dirigentes sindicales al principio de la década de los 90". "Quieren alargar la luna de miel (del Gobierno) cuando no hay tiempo para hacerlo", graficó.

La marcha también contará con el apoyo de distintos movimientos sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

El jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, defendió el aumento de las dietas de los legisladores y sostuvo que "sin sueldos no hay política", en referencia al incremento que quedó postergado en la Cámara baja y aún aguarda una resolución en el Senado.

Pichetto defendió anoche la suba del 47% en las dietas durante un reportaje brindado en la señal de noticias TN, donde aseguró que "los senadores ganan un sueldo infinitamente más bajo que un subsecretario del Poder Ejecutivo" y alegó que en ese poder del Estado "se incrementaron un 45% los sueldos".

"Un senador gana alrededor de 98.000 pesos aproximadamente. Directores de carrera y secretarios de la cámara con 30 años de antigüedad ganan más. (Mauricio) Macri se puso un sueldo de 160.000 pesos, un ministro gana entre 140.000 y 150.000", enumeró.

Sin embargo, dijo que le parecen "bien" esos montos porque "entrar en la administración pública, en general, es difícil, ya que el destino final es terminar procesado y los sueldos tienen que ser razonables, porque si no la gente no va a la administración pública, va a lo peor".

En este sentido, amplió que "en general, en la Argentina, los presidentes terminan siendo enjuiciados. Es muy difícil tener una responsabilidad de esta envergadura. Con esto no estoy justificando de ninguna manera la corrupción, digo que es un país complejo que cuando se tiene el poder se tiene todo el poder, cuando no, no se tiene nada y en general se va a Comodoro Py", destacó.

Por eso, consideró "lógico que exista una equivalencia entre los tres poderes del Estado" respecto de los ingresos, y diferenció entre "el precio de un pasaje de avión y el sueldo".

"El legislativo no debe ser degradado con un salario que no es serio, porque por ejemplo en Brasil ocurrió el 'mensalao', que es el complemento de las dietas de los legisladores".

No obstante, el senador rionegrino aclaró que "no" justifica la corrupción pero pidió "sincerar este debate que es incómodo y hay que asumirlo. Es mejor hacerlo transparente y de cara a la sociedad".

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, formalizó ayer la reducción del aumento de las dietas de los diputados dispuesto días atrás, mientras el Senado aún no se pronunció al respecto.

Tras la fuerte repercusión mediática de los aumentos, Monzó anunció que se suspenderían los incrementos de los gastos de representación y los que se había dispuesto en los pasajes, a la vez que anticipó que se analizaría cuál deberá ser el valor para cubrir esos gastos.