Se trata de Daniel Lewicky quien llegó a la fama por manejar en contramano borracho y maltratando a los agentes de tránsito de la policía hace unas semanas. Ahora generó un  nuevo escándalo cuando se negó a entregar las llaves de su oficina.

El edil de Cambiemos de Avellaneda, quien a fines de octubre último fue detenido cuando manejaba borracho, a contramano y sin registro en el barrio porteño de Constitución, ahora generó un nuevo escándalo al atrincherarse en su oficina.

Desde Unidos por Avellaneda informaron que Lewicki se atrincheró en lo era su oficina de concejal y se negó a entregar las llaves, ya que dicho espacio debía ser ocupado por la edil que ingresó en su reemplazo en el Concejo Deliberante que es la docente Julia Recalde.

Según lo que denuncian, el concejal del escándalo contó con el aval de la diputada nacional Gladys González y Diego Malito presidente del Bloque Cambiemos.

Cabe señalar que la resolución por parte de la comisión conformada por los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante -luego de los hechos- fue la de suspender preventivamente a Lewicki de sus funciones para investigar el caso. "Nuestra agrupación califica la misma como tibia, corporativa y de espalda a lo que la sociedad reclamaba como una medida ejemplar ante un acto delictivo cometido por un legislador", manifestaron desde Unidos por Avellaneda.

Además resaltaron que esta decisión permite que "el Concejal se atribuya nuevas licencias caprichosas, patoteras, por encima de toda autoridad y el normal funcionamiento de las instituciones" y "demuestra que el implicado que no aprendió ninguna lección de esta lamentable situación que generó. Tampoco existe reflexión alguna por su parte". Por este "accionar incomprensible" es que reafirmaron el pedido de expulsión del edil del Concejo Deliberante.

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

Otra operación falsa realizada por el Grupo mediático fue desvelada. Se intentó incriminar al MTE de quedarse con dinero de los trabajadores recolectores de cartones. Desde la organización dijeron que dicho personaje nunca trabajó en la cooperativa. En una foto se lo puede ver militando por Grindetti en Lanús.

La operación de prensa realizada contra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por el Grupo Clarín, comenzó con un “informe” realizado por Martín Ciccioli para Canal 13, donde un tal Miguel R. Alfonso denunciaba las “prácticas clientelistas” del Amanecer de los cartoneros. Acto seguido, ríos de tintas y miles de horas de radio y TV siguieron con la pantomima, hasta que se develó la verdad

El personaje en cuestión en su cuenta de Facebook manifiesta ser agente de la Policía Federal y se lo puede observar en una foto haciendo campaña para el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

A través de un comunicado emitido por el MTE, se acusa al falso cartonero de ser puntero del PRO en Lanús y miembro de la Policía Federal.  También aclaró que varias de las problemáticas enumeradas en el noticiero son responsabilidad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como "la incorporación de trabajadores al sistema, la falta de entrega de indumentaria, el mal estado de vehículos, pérdida de logística de trabajo, el negocio irregular de alquileres a terceros", entre otras.

La nueva edición de la Revista Noticias presenta con ese título al empresario preferido del Presidente de la nación. “Integra la mesa chica del gobierno sin función oficial. Polémica: como le hace ganar millones al presidente”, dice en su bajada.

Según la publicación de la Editorial Perfil, que sale hoy, “(Mauricio) Macri lo llama ´hermano de la vida´” y revela mitos y verdades de su grupo empresario.

En esta nota especial, también se encuentran presentes las denuncias de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner y las advertencias de la diputada del oficialismo, Elisa Carrio.

Policías corruptos, barras-bravas, narcos y ex punteros que ahora son funcionarios platenses componen la “mesa chica” del intendente de la capital bonaerense, quienes se ocupan de una financiera fantasma y de los negocios sucios de uno de los jefes comunales preferidos de María Eugenia Vidal.

Nadie en su sano juicio hubiera imaginado que la gestión del Intendente de La Plata, Julio Garro, llegará a tal punto de convivencia entre el crimen organizado y las prácticas marginales de la “politiquería”.

Desde el inicio de su gestión al frente de la intendencia platense comenzaron a mostrarse las prácticas gansteriles del jefe comunal preferido de la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, cuando diferentes vecinos de la capital bonaerense fueron víctimas de las patotas enviadas para callar cualquier tipo de reclamo en La Plata y sus alrededores.

Pero la olla comenzó a destaparse, tras el “robo” a su country en Gran Bell ocurrido el 2 de marzo pasado. En esa oportunidad, el jefe comunal denunció que en el asalto le sustrajeron 25.000 pesos, una Tablet, joyas de sus hijas y otros objetos, aunque el único detenido en la causa, el policía bonaerense Patricio Masana, luego declaró ante la fiscal Virginia Bravo haberse llevado 4,5 millones de dólares y 700.000 pesos.

Tras el hecho de inseguridad padecido por Garro, el intendente compró en Miami, Estados Unidos, tres lujosos departamentos, según describieron fuentes confiables a Agepeba.

Los rumores en torno al caso indican que no habría sido un asalto, sino un “auto-robo” planeado por el propio Garro para evitar enviar parte del dinero a las arcas negras del PRO en Capital Federal y desviarlo a sus inversiones inmobiliarias en Miami. Y para algunas voces autorizadas respecto de estos asuntos, vinculadas a la densa trama empresarial y de agentes que componen el negocio de la seguridad privada en la provincia y en el país, todo ello es mucho más que un rumor, sabe a certeza, al igual que otros datos que aportaron, siempre en forma reservada.

Esas mismas versiones indican que el policía detenido se habría quedado corto con los millones que declaró ante la fiscal Bravo, ya que el intendente platense habría tenido en el sótano de su casa más de 20 maletines repletos de dólares y pesos, provenientes de las “coimas” pagadas por la empresa recolectora de residuos Esur, los recitales de los Rolling Stones que se realizaron en febrero y los puestos alrededor del Estadio Único que le fueron cedidos a la banda de Juan Pablo “Papupa” Córdoba para la venta de choripanes y droga.

“Papupa”, hijo de un ex policía y barrabrava de Gimnasia, tiene antecedentes penales por narcotráfico y también estuvo preso por el triple crimen de tres agentes en la Planta Transmisora del Ministerio de Seguridad, ocurrido en 2007.

Pero estos no serían los únicos negocios turbios del macrista que hoy está al frente del municipio de La Plata. Su principal fuente de ingresos sería una “financiera fantasma” que creó en sus épocas de diputado provincial con dinero de subsidios y becas que debían ser destinados a ONG.

A cargo del manejo de esa financiera estarían dos funcionarios de extrema confianza de Garro: el administrador general del Hipódromo de La Plata, Sergio Fernández, y secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ignacio Martínez Ayerra.

Fernández y Martínez Ayerra, que incursionaron en la política como punteros del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, se acercaron a Garro luego de sus primeros intentos de ser intendente de La Plata y hasta formaron una agrupación peronista de derecha, denominada “28 de Junio”, para apoyarlo.

Desde ese mismo momento habrían empezado a regentar una importante mesa de dinero que se incrementó con préstamos usureros a trabajadores del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Hoy, con los puestos municipales que ostentan tanto Fernández como Martínez Ayerra, los fondos fluyen de a millones por mes. “Ellos van a la financiera a fin de mes y se reparten la torta”, dijo a este medio una fuente cercana a los funcionarios.

Los jugosos beneficios que le reporta la financiera explican muchos de los lujos que se permite Garro desde hace varios años: casas en Pinamar y Cariló, inversiones en terrenos de La Plata, autos y camionetas de alta gama, cuatriciclos y lanchas.

Estas complejas telarañas entre política y delito en la provincia se explican desde la trama de complicidades existente entre funcionarios, punteros y dirigentes, y elementos del poder judicial, de las fiscalías, de la policía bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que con tanta nitidez quedó expuesta a partir de las investigaciones que hiciera el Senado provincial cuando produjo el Informe Candela, acerca del secuestro y asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, en agosto de 2011.

Las fuentes consultadas para esta nota, algunas provenientes de la misma intendencia de La Plata, otras de la mencionada red de empresarios y agentes de la seguridad privada ha dado cuenta, como lo hizo el Informe Candela, que altos jefes policiales del SPB, provenientes de las influencias del superministro del ex gobernador Daniel Scioli, Ricardo Casal, e incluso de la recientemente renunciada jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo; todos ellos deberían ser investigados en relación al origen de las andanzas del intendente Garro.

Mientras nada de eso suceda, los gestos que viene dando la actual gobernadora bonaerense en orden a los sistemas policial, fiscal y penitenciario, quedaran tan solo como eso, como una nueva “generación” de operaciones que tienen por fin seguir ocultando las alcantarillas del poder político provincial, con origen en la pasada dictadura cívico militar – la Bonaerense del general Ramón Camps fue una de sus claves – y sobre las cuales todos los gobiernos sucesivos terminaron en la impotencia o directamente en la complicidad.

Por último, las múltiples fuentes relevadas a Agepeba sostienen que, en ese orden de asuntos vinculados al crimen y a la política, y desde la perspectiva del tablero actual, el que explica las conductas de Garro, que algunos dirigentes de notable participación en las filas políticas del pasado y del presente oficialismo le deben muchas explicaciones a la Justicia y a la sociedad.

Se trata de Juan Cruz Ávila, quien es un reconocido productor televisivo. El nombramiento se oficializó en medio de la polémica por el acuerdo entre la UBA y el Ministerio de Educación y Deportes para cederle ese centro de salud.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Educación, Esteban Bullrich, designaron al productor de Animales Sueltos, como “coordinador de Hospitales Universitarios”. Pese a que es de carácter transitorio se renueva automáticamente cada 180 días, según indicaron desde el portal Nuestras Voces.

El nombramiento se da meses después de que fracasara el intento por posicionar a Ávila al frente de la secretaria de Políticas Universitarias, decisión que había causado polémica debido al trayectoria laboral del productor de  Alejandro Fantino, dado que no cuenta con experiencia comprobable sobre el diseño, gestión y planificación de políticas públicas en el sistema universitario argentino como tampoco con credenciales que den cuenta de una formación en educación.

De esta manera el productor de Fantino y amigo de Esteban Bullrich llega al manejo del Hospital de Clínicas en medio de la polémica por el proyecto de construcción de un nuevo hospital que se levantará en la manzana de enfrente, donde hoy funciona un estacionamiento de la UBA, mientras que en el actual edificio se harán viviendas para universitarios.

El flamante funcionario había sido rechazado contundentemente por estudiantes y docentes, por su perfil privatista y su nula experiencia en el ámbito educativo, cuando el Ministro de Educación había querido ubicarlo a principio de la gestión de Cambiemos como Secretario de Políticas Universitarias.

Alejandro Fantino junto a su socio Juan Cruz Ávila

La CGT, las CTA y organizaciones sociales marchan desde este mediodía hasta el Congreso Nacional para reclamar la sanción de una ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados esta semana, y comienzan a poblar las inmediaciones del parlamento.

A las 13, adherentes de numerosos gremios comenzaban a poblar las inmediaciones de la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, mientras los movimientos sociales se congregaban en el cruce de Belgrano y 9 de Julio, para confluir luego en la Plaza de los Dos Congresos.

La CGT convoca a la marcha junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), a la que se sumaron entidades empresarias del sector pyme, la Federación Agraria Argentina (FAA), Libres del Sur y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros grupos.

Desde tempranas horas de la mañana se restringió el tránsito parcialmente en la avenida Entre Ríos, frente al palacio legislativo, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, para el armado del escenario desde el cual se realizará el acto central.

A partir del mediodía comenzaron a llegar a la zona las delegaciones del interior del país. El Frente Popular Darío Santillán concentró a las 12 en Constitución y marchó por la avenida 9 de julio hacia el Obelisco, donde junto con otras agrupaciones comenzó a movilizar hacia el Congreso. Mientras tanto, trabajadores estatales de los sindicatos de UPCN y Obras Sanitarias se congregaban en Belgrano y Sáenz Peña, en tanto en las cercanías de la esquina de Belgrano y Entre Ríos se nucleaban afiliados de los gremios de Dragado y Balizamiento, Marítimos, Marina Mercante y de los Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios del Movimiento Universitario Sur realizaban una muestra de trabajos solidarios y una juntada de firmas frente al Congreso.

Hacia las 16, momento en que está previsto el comienzo del acto, que cerrará con su discurso Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, los sectores ocuparán lugares previamente acordados: la central obrera se ubicará sobre la mitad de la plaza hacia Yrigoyen y los movimientos sociales se ubicarán hacia Rivadavia.

Quienes anunciaron su rechazo a la movilización fueron los tres partidos integrantes del Frente de Izquierda, aduciendo que sería "lavarle la cara" a una "burocracia" que "pactó para no hacer un paro nacional en 2016" y a otros sectores "que siguen la agenda del Papa Francisco", en clara referencia a la CTEP.

Desde el oficialismo sostienen que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida. Crece la tensión con organizaciones sociales y Macri ya amenaza con un veto.

El proyecto de ley de Emergencia Social, que ya fue aprobado en el Senado, no verá luz este año por decisión política del oficialismo, que se niega a tratarlo en comisión e incluso impondrá su número para bloquear un eventual pedido para que sea abordado en una sesión especial.

Así lo confirmaron fuentes del macrismo en la Cámara baja, que calificaron el proyecto como una "bombita" que pone el peronismo "a fin de año" para enturbiar la paz social.

Si bien admitieron que objetivamente existe una situación de emergencia social, adujeron que el Estado no cuenta con los recursos para afrontar el elevado costo fiscal que implicaría la medida.

"No podemos negar que hay una emergencia social. Algunas la llaman la ley de la felicidad. Es comprensible desde el deseo pero hay que ver cómo se financia", recalcaron las fuentes consultadas.

En este marco, desestimaron la propuesta de obtener recursos creando un gravamen especial para el juego, la renta financiera y la minería, al señalar que las mismas fuentes de financiamiento fueron sugeridas para la eliminación del Impuesto a las Ganancias.

Tras la negativa de Tandil de ser sede del recital del indio Solari, ya son tres los intendentes bonaerenses que ofrecieron su distrito como sede de la Misa Ricotera.

Hace algunas semanas, desde Loterías de la Provincia de Buenos Aires, informaron que el Hipódromo de Tandil no podría ser sede del nuevo recital del Indio Solari. La caída del escenario dejó incierta la posibilidad del recital.

Pero al contrario de Tandil, ahora los Jefes Comunales bonaerenses se pelean para quedarse con el espectáculo de culto. En las últimas horas se se sumó a la carrera la máxima autoridad de Moreno, Walter Festa.

Antes ya los intendentes de Pehuajó, Pablo Zurro y de Azul, Hernán Bertellys, habían ofrecido sus comunas como epicentro del show del Indio Solari y su par de Moreno, no se quedó atrás y dejó a disposición las inmediaciones del Dique Roggero.

Si bien no está definida la fecha y continúan las negociaciones, todo parecería indicar que el lugar que pisa más fuerte, por ahora, para llevar adelante la misa ricotera, es ese distrito.

La discordia comenzó cuando las autoridades de Loterías y Casinos bonaerenses anunciaron que no sería conveniente realizar un nuevo concierto en el Hipódromo de la ciudad de Tandil y dejaron sin sede lo que ya es una tradición todos los fines de año.

Lo confirmó el ministro de Producción bonaerense, Joaquín de la Torre, quien se desentendió del acuerdo logrado entre la Nación y la CGT. La Provincia "no está en condiciones", insisten.

Las tratativas por ejecutar el acuerdo entre el ejecutivo nacional y la CGT de cara a fin de año parecieran no haber prosperado en la Provincia. En ese marco, las autoridades bonaerenses volvieron a reiterar que no pagarán el bono de fin de año pautado para trabajadores estatales.

“Ella claramente dijo que la provincia no está en condiciones [de otorgar un bono]", sostuvo el actual ministro de Producción y flamante Secretario de gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre.

Las declaraciones realizadas a medios radiales no hicieron otra cosa que confirmar el estancamiento de las negociaciones de cara a obtener los fondos de Nación que generen condiciones para avanzar con dicha iniciativa. De ahí que la discusión paritaria cobré más fuerza aún, pese a ser rechazada la primera oferta (del último trimestre) por parte de los gremios estatales.

“A esta altura del año y ya conociendo a María Eugenia (Vidal) en el ejercicio de su poder, lo que dice es lo que es, no miente ni especula y ella claramente ha dicho que la Provincia no está en condiciones de dar el bono y esa es su palabra”, remarcó De las Torre.