Autoconvocados se manifestaron ante la represión a la Comunidad Mapuche en Chubut Pu Lof. “Lo terrible es quedarte en tu casa: ¡Basta de represión al pueblo mapuche!”, señalaba la convocatoria.

Quinta de Olivos, autoconvocados se manifiestan ante la represión a la comunidad mapuche en Chubut

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— #LaGarcía (@cyngarciaradio) 14 de enero de 2017

Luego de las violentas represiones en dos días a la comunidad mapuche Pu Lof, del departamento de Cushamen, en Chubut, que dejaron heridos graves de balas de plomo, organizaciones de Zona Norte realizaron una concentración frente a la Quinta de Olivos, en Maipú y Villate.

La comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen viene reclamando desde hace dos años la recuperación de sus tierras ancestrales, apropiadas por la multinacional textil Bennetton.

En los últimos días sus habitantes sufrieron tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon a quemaroja, sin importar mujeres y niños.

Hubo al menos 10 detenidos, que durante horas estuvieron desaparecidos, y varios heridos, algunos de gravedad al recibir impactos de bala de plomo.

Mientras tanto, el gobernador Mario Das Neves acusó a los mapuches de “terroristas” y amenazó con ser “duro hasta las últimas consecuencias”.

Por Daniel Bello

Hace poco más de un año, el gobierno derogó parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto 267/15 y comenzó a fertilizar un terreno en el que puede crecer la concentración de la comunicación solo en manos del Grupo Clarín.

Entre el decreto 267/15 y el 1340/16 las decisiones políticas de Macri y sus ministros no han dejado de beneficiar al grupo en la medida que se avanza hacia la tan mentada convergencia.

Uno puede repasar rápidamente cómo el monopolio usufructuará el ARSAT a través de la francesa TALENT; cómo ha logrado la privatización del fútbol con el que tiempo atrás confesó haber logrado mantener económicamente las pérdidas generadas por el diario, entre otros.

Es claro que Clarín pretende seguir obteniendo réditos del gobierno – y éste otorgarlos, en la medida que siga el intercambio de favores, aunque queden fuera la institucionalidad y el diálogo- que le permitan generar no sólo un “ahorro” económico sino también de tiempo para llegar en muy buena posición ante la sanción de la nueva “Nueva Ley de Comunicaciones” del ENACOM.

Ahorro

El monopolio había pagado en septiembre de 2015 unos US$ 178 millones por el 100% de Nextel y esto le significaba en una primera instancia “ahorro” en inversión de red.

En enero de 2016, Clarín terminó por hacerse de Nextel Argentina, la cuarta operadora de telefonía móvil del país, gracias a que el gobierno había disuelto mediante el decreto 267/15 la AFTIC, que era el ente que evitaba la concentración en la parte de telecomunicaciones y aseguraba el derecho humano a las comunicaciones y que había frenado en su momento la operación de Nextel.

El 2 de enero de 2017, mediante el decreto 1340/16 ( https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/157005/20170102/comunicaci%C3%B3n ), se habilita a partir del 1º de enero de 2018 a las grandes compañías telefónicas a operar licencias de televisión por cable y a los cableoperadores a ingresar en el negocio de la telefonía celular.

El decreto del gobierno concretó “el ahorro” que debía hacer el monopolio si quería ingresar en el mercado del 4G y le generó condiciones de protección como por ejemplo impidiendo que los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba) compitan con Cablevisión.

Cómo así también “la norma clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente”, evitando de esta manera la competencia.

Esto puede leerse en el último documento de la Coalición por una Comunicación Democrática (http://www.coalicion.org.ar/decreto-13402016-retroceso-mayor-concentracion-fuera-de-la-ley/ ) que también abarca las consecuencias del decreto 1340/16.

Es necesario recordar que en mayo de 2016, el gobierno comenzó a expandir la pesada herencia en materia de fibra óptica e invirtió 4350 millones de pesos. El fin de esa obra, afirmó Macri, es llegar con el tendido a 29 millones de argentinos; sin embargo, los usuarios en palabras de Aguad son 29 millones de nuevos potenciales clientes.Una cifra jugosa para el monopolio que avanza con su Triple Play.

De decreto a decreto… y en el medio

El triunfo que significó, luego de un año de lucha, que los 4 canales comunitarios (Barricada TV, Pares TV, Urbana TeVé y Comarca Si ) puedan emitirse por la TDA en el canal 32 es para festejar. Pero también es necesario marcar que significó una apuesta del gobierno al desgaste del sector comunitario, ya que el otorgamiento se podría haber efectuado con mucha anterioridad; que fue un ahogo económico al sector al no pagar los FOMECAS adeudados de 2015 y que midió la correlación de fuerza, de movilización y el impacto que tendría afectar al sector con continuas políticas encubiertas de censura y asfixia económica.

En este punto, desde el sector comunitario debemos entender que es menester romper las fronteras, aún del propio campo, y salir  – que no implica  abandonar- del reclamo sectorial para lograr realmente una unidad y fuerza que enhebre las distintas luchas, ya no solo las comunicacionales sino también las sindicales, culturales, etc. Porque es sabido que discutir el derecho a la comunicación también permite discutir el derecho al trabajo, la vivienda, el alimento, el agua y la tierra.

También es necesario lograr que los sectores ajenos a la comunicación se apropien de la lucha por una comunicación democrática que realmente nos permita ser libres y en esto no puede haber individualidad posible, de hacerlo se corre el riesgo de fortalecer desde adentro el cerco impuesto por el gobierno.

La hegemonía la detenta la derecha y el monopolio quienes disponen de todos los medios legales para llevarnos a una marginalidad,  que hemos querido abandonar mediante años de lucha.

La experiencia reciente en nuestra historia y lo acontecido con papel prensa muestra que los adversarios no tienen tapujos a la hora de elegir cómo hacerlo.No hay la posibilidad alguna para la subestimación.

Por una nueva Ley

Este año se deberá comenzar a discutir el funcionamiento de la nueva ley bajo las condiciones que imponga el grupo a través del gobierno, con el dato relevante de que los ministros que han renunciado lo han hecho porque han cumplido con una etapa.Y Oscar Aguad continua al frente del Ministerio de Comunicaciones.

Hay que plantearse cómo se pueden coordinar acciones conjuntas entre las experiencias como Interredes, AMARC, la RED FOCOS, ARECIA, la Coalición por una Comunicación Democrática y ComunincAcción, por dar algunos nombres, que nos permitan subvertir las relaciones hasta establecer una correlación de fuerzas que permita, también a los medios comunitarios, discutir activamente la política porque allí es, en definitiva, donde comienzan a gestarse los derechos del Pueblo.

Que la comunicación vuelva a ser un derecho depende de nosotrxs; depende de todxs.

Revista PPV

Una fuerte custodia policial acompaño al Presidente que solo estuvo 15 minutos en el lugar. Vecinos de San Martin repudiaron su llegada. Mirá el video

Los comunicados oficiales y de las crónicas de los medios que responden al Gobierno hablaron de una distendida visita del presidente Mauricio Macri y la gobiernadora María Eugenia Vidal al conurbano bonaerense, más precisamente a una colonia de vacaciones del partido de San Martín.

Sin embargo, lo cierto es que para realizar esta visita,  Macri debió eludir una fuerte protesta de vecinos y militantes que se enteraron de su presencia y lo esperaban en el lugar. El sitio La García registró un video de lo que sucedió durante la llegada del primer mandatario.

Para ello, llegó y se fue en helicóptero. El operativo se completó con una fuerte custodia policial, que impidió que cualquier persona pudiera ingresar y acercarse a la comitiva oficial.

Por Gabriel Lerner *

El debate irrumpe de manera recurrente y se expresa en una pregunta: ¿debe bajarse la edad de punibilidad de los actuales 16 a 14 años o menos? En la edición del 7 de enero se publicó la columna “La imputabilidad en beneficio de los jóvenes”, en la que se propone reducir la edad mínima de responsabilidad penal lo más bajo que se pueda, bajo la idea de que “…la baja de edad de imputabilidad es esencialmente en beneficio de los jóvenes…”. Nada nuevo bajo el sol: es la posición histórica de la derecha argentina. Lo sorprendente es la falta de rigor en los fundamentos y la desconsideración de datos fundamentales, todos de fácil acceso público. Sobre esos baches discurriremos.

Comencemos por el principio: es falso que el gobierno haya lanzado algún debate serio, o presentado un proyecto sobre nueva legislación penal juvenil. Garavano se limitó a postular el retorno a la edad de punibilidad que existió hasta 1983, es decir los 14 años. Es malicioso acusarnos a los que resistimos ese retroceso de negarnos a debatir. Por el momento sólo conocemos por TV el deseo oficial de reducir la edad mínima penal, y peor aun, lanzada en medio de la conmoción que provoca un crimen doloroso. Esa es la verdad, aunque duela.

Por otra parte existe un dato determinante –omitido en la columna– y verificable con abrir los ojos (sin anteojeras ideológicas, claro): es unánime en los actores sociales e institucionales que trabajan con adolescentes o estudian esos temas el rechazo a la ampliación del castigo penal propuesto con “la baja”. Se opusieron Unicef y la Iglesia –por intermedio de los “curas villeros” del papa Francisco–, también la rechazaron movimientos y referentes sociales, así como todas las autoridades provinciales de niñez –en los Consejos Federales en 2015 y 2016–; más recientemente hizo pública su negativa Adepra, entidad que reúne a los defensores de menores, y hasta la titular de la Secretaría de Niñez macrista manifestó su desaprobación. Para encontrar apoyo a la idea de Garavano hay que buscarlo por fuera del campo de la infancia. ¿Con qué fundamentos sostener que los que nos oponemos a reducir la edad de punibilidad lo hacemos “Desde la zona de confort de los lugares protegidos de la delincuencia…”? Falso y, además, agraviante.

La columna construye, además, otra falsa noción: no habría en Argentina régimen penal juvenil y el gobierno macrista vendría a crearlo. Nuevo engaño al lector: en el país existe legislación especial para adolescentes que delinquen, normas procesales específicas, jueces especializados, doctrina, jurisprudencia. Lo que sucede es que la norma vigente –ley 22278 de la dictadura– ha sido severamente cuestionada por expertos, por la Corte Suprema e incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos cuestionamientos

–que compartimos– no tienen nada que ver con que la edad de punibilidad comience en 16 años, sino que se refieren a otros aspectos: que la ley permite aplicar penas muy elevadas a adolescentes –perpetuas, por ejemplo– o que habilita a imponer castigos en nombre de la protección. En síntesis: existe ley especial y debe ser modificada en múltiples aspectos, pero no es necesario (ni deseable) llevar al castigo penal hacia “abajo”.

¿Entonces hay razones de política criminal que hacen conveniente endurecer el sistema penal juvenil? Contamos con estadísticas accesibles de los poderes judiciales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Hay también disponibles excelentes investigaciones de 2008 y 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez junto a Unicef –sugerimos visitar su página–. Esos y otros caminos serios conducen a la misma conclusión: la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil carece de bases verificables. La diputada Carrió –que no destaca por sus conocimientos en la materia– afirma que como los chicos menores de 16 no son punibles son mano de obra de mafias. No existe ninguna investigación con sustento técnico que permita sostener tal hipótesis. Eso no es “la” realidad, sino una hipótesis, interesada y divulgada por actores no especializados.

Unas últimas consideraciones sobre la necesidad de que exista una edad mínima de punibilidad. No es demasiado original el columnista al poner esa necesidad en entredicho. Pero esas concepciones reaccionarias han perdido vigencia hace años. La Convención sobre Derechos del Niño –parte de nuestra Constitución desde 1994– obliga al Estado a que exista una edad penal mínima y la ONU –mediante el Comité de Derechos del Niño– propone que esa edad sea lo más elevada posible. ¿Es que acaso los tratados de Derechos Humanos, la ONU, la Iglesia o Unicef son contrarios a que el Estado intervenga cuando un adolescente comete un delito? No, de ningún modo. Sólo sucede que se ha aprendido de la experiencia, y hoy sabemos que cuando una persona menor de edad –en formación y desarrollo, que aún no ha alcanzado madurez y autonomía plena– transgrede la ley penal es por regla mucho más eficaz para que ese camino se rectifique dar respuestas educativas, sociales, de acompañamiento o apoyo al joven o a sus familias, antes que punitivas. Y también, que si hay que echar mano de sanciones penales debe ser de manera excepcional, para los adolescentes más maduros e intentando eludir las medidas privativas de la libertad. No hay ideologismo, es la experiencia de décadas recientes de la humanidad traducida en el paradigma de los derechos humanos.

Según el autor de la columna si no se apoya la “baja”, “Todo otro debate es pura demagogia, oportunismo o esteticismo intelectual…”. Con juicios tan descalificatorios no se contribuye a ningún debate productivo. Y no es buen método discutir sobre políticas y normas destinadas a la niñez sin siquiera considerar a los que investigan y estudian sobre el tema, o desconociendo lo que tienen para decir los que a diario trabajan con chicos y chicas con dificultades en barrios, escuelas o instituciones a lo largo y ancho de nuestro país.

*Exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, extitular de la Sedronar, miembro del Observatorio por los Derechos de la Infancia Eduardo Bustelo