El ministro de Trabajo de la Nación respaldó los DNU emitidos hoy por el Presidente. La iniciativa contaba con media sanción del Senado, pero el Gobierno decidió no esperar su tratamiento en Diputados.

El titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo este lunes que el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) por el cual se modifica el régimen de Riesgos del Trabajo apunta a “cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza” a ese sistema.

Tras las declaraciones del ministro de entender al que despide y  pedir una mayor comprensión para los empresarios que reducen personal, el funcionario señaló que en los últimos años hubo “un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado”.

En ese sentido, indicó que eso contribuyó a generar “la famosa industria del juicio, que no beneficia a los trabajadores”.

Triaca explicó que los trabajadores “tardan casi tres años en restituir sus derechos a partir de los juicios y había casi 90 días de demora para que les otorguen un turno” en las audiencias de las comisiones médicas. Consideró que con esta medida se dan “todos los puntos para que los trabajadores tengan una forma más expeditiva de recibir ayuda”.

“Hay casi 4.500 millones de dólares en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios. Teníamos que dar una solución a este tema y lo hicimos focalizando que cuidemos los derechos de los trabajadores”, subrayó el ministro en declaraciones a las radios Mitre y La Red.

Respecto de las comisiones médicas, expresó que “van a ir con acuerdo de las provincias a brindarle el servicio de homologación, y de darle un criterio uniforme a cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran; le podemos dar más certeza a los trabajadores”.

“Y, por supuesto, también dar certeza de cobertura de seguro a los empresarios, lo que también era parte del problema, porque había aumentado el promedio de la alícuota que se estaba pagando y eso iba en detrimento de la posibilidad de generar empleo”, aseveró.

Triaca también destacó que con la iniciativa las provincias podrán brindar cobertura de riesgos de trabajo, algo que muchas no hacían. “Les estamos dando un mecanismo para que lo puedan hacer”, manifestó y precisó que eso beneficiará “a casi un millón de trabajadores de provincias y municipios que van a poder tener esa cobertura”.

El ministro aseguró que el contenido del Decreto fue acordado con los dirigentes de la CGT, con quienes hubo un “acuerdo general”, pero reveló que “la CGT nos reclama que avancemos con una ley de prevención en la que ya estamos trabajando en un borrador”.

La concejal del FPV criticó la gestión de Mauricio Macri y señaló que es necesario “pensar en quiénes nos van a representar”. Además se preguntó¿Por qué alguien que nunca tuvo frío, que nunca tuvo miedo a perder el trabajo, que nunca deseó que sus hijos vayan a la universidad, va a gobernar para que todos tengamos eso?”.

La concejala por el Frente Para la Victoria (FPV) Nacional y Popular de La Plata, Florencia Saintout aseguró que “nunca hubo tantos empresarios ni tantos ricos en el gobierno como en este tiempo”, dijo la decana de Periodismo de la UNLP al tiempo que criticó el rol de los medios concentrados de comunicación que “crean una subjetividad en la cual el pasado no existe y en la que lo único que se ofrece es un presente relegado, que tiene que esperar”.

Según la decana de la facultad de Periodismo, en el escenario político actual, quienes juegan un papel trascendental son los medios concentrados de comunicación. “Estos proyectos neoliberales de saqueos necesitan también de ideas que los sostengan y los medios son una de las maquinarias de reproducción de ideas más importantes de este tiempo”.

“Este saqueo no es sin desinformación, sin mentiras, sin ilusiones creadas y falsificadas industrialmente”, dijo y agregó: “los medios no sólo ocultan, también van construyendo la idea de que la felicidad viene con un cambio, aunque nadie pueda explicar bien de qué se trata ese cambio”.

Para la decana de Periodismo, los medios, “crean una subjetividad en la cual el pasado no existe y en la que lo único que se ofrece es un presente relegado, que tiene que esperar y pretenden crear la idea de que nosotros no nos meremos estar, de que no nos merecemos la igualdad, la libertad, que nosotros somos un poco menos de aquellos que vemos en la televisión”.

En una entrevista en el programa Crónica de América y publicada en su Facebook, Saintout señaló además que en Argentina, “la puerta entre periodistas, empresarios y aquellos que ocupan lugares dentro del Estado, nunca estuvo tan giratoria como en este tiempo histórico” y criticó que mientras a algunos periodistas se les asignan lugares importantes, “muchos otros son echados, perseguidos y van perdiendo su lugar”.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia publicó un comunicado y acusó ser víctima de "espionaje político". Anticipó que iniciará acciones contra Lorenzetti, Arribas, Lijo y Marijuan.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, se defendió públicamente a través de un comunicado después de que se difundiera un audio en el que se lo escucha hablar con la ex presidenta de la Nación.

"La escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner", advirtió Parrilli a través de una carta.

Asimismo, el ex funcionario afirmó que "este escandaloso espionaje político está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri". Y sumó: "Estamos asistiendo a una suerte de Watergate autoctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores".

Para Parrilli, "no sólo están espiando a la oposición sino que en su sistema de jueces que pasan las grabaciones a programas periodísticos (con aval del gobierno) les están enviando un mensaje mafioso a la oposición". Asimismo, apuntó que iniciará acciones legales contra el presidente de la Corte suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, el juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan por ser responsables de la custodia del audio.

Por último marcó que éstas grabaciones fueron realizadas por la A.F.I. "cuando lo normal y legal era que debia hacerla directamente el personal propio de la dependencia encargada ( Ex. Ojota) . Y señaló que "resulta significativo que dichas conversaciones no tuvieran el código de seguridad que permite que cada grabación y cada copia tenga identificado al funcionario judicial que se le entregó para garantizar la no utilización ilegal y poder determinar cuando la grabación sale a los medios a que funcionario judicial o del Poder Ejecutivo correspondía dicha copia".

Así lo asegura un informe realizado por la consultora Analogías. El estudio realizado en diciembre del 2016 abordó sobre la la imagen de los intendentes del Conurbano. El jefe comunal de Merlo se encuentra bien posicionado y con una imagen positiva muy alta.

Con 19.500 casos de vecinos de la Provincia de Buenos Aires sobre 28 municipios, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, se posicionó como el mandatario con mejor imagen positiva del PJ Bonaerense, logrando un 84% de imagen positiva y sólo un 7% de imagen negativa entre sus vecinos.

Por otra parte un 80,5% de vecinos de Merlo cree que la gestión de Menéndez fue positiva durante el 2016.

“Es un orgullo para nosotros que los vecinos reconozcan el esfuerzo que estamos haciendo. El 2016 no fue un año fácil, y estos reconocimientos nos sorprenden y nos alegran para continuar trabajando y gestionando por los merlenses”, declaró Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

Menéndez asumió en diciembre del 2015 la intendencia de Merlo, que estuvo controlada durante 24 años por Raúl Othacehé, quién perdió la interna peronista con el intendente actual.

Link del estudio de Analogías: bit.ly/2jS0ur6

Con la realización de una asamblea que contó con la participación de más de 300 personas, los habitantes de esa zona de San Nicolás votaron una serie de reclamos que presentarán el miércoles que viene en el Concejo Deliberante. La ineficiencia y la falta de respuestas de Cambiemos organizó a los vecinos. Primereando dialogó con uno de los autoconvocados.

Mientras las consecuencias de la fuerte inundación que azotó a la localidad bonaerenses de La Emilia la semana pasada están comenzando a palparse, los vecinos decidieron organizarse frente a la faltas de respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad.

En una asamblea realizada ayer por más de 300 vecinos de La Emilia, los habitantes de esa localidad resolvieron realizar el miércoles que viene una movilización a la puerta del Concejo Deliberante para entregar los principales puntos tratados por ellos y exigir:

1-Resarcimiento económico teniendo en cuenta daños emergentes y lucro cesante,  para todos y cada uno de los afectados por la inundación. (Inmediato)                       

2- Replanificacion de la obra hidráulica con visión a futuras crecidas.                       

3-Veeduria Vecinal de la Replanificacion de la obra en cuestión.                       

4-Articular con Universidades un estudio de diagnostico e impacto coordinado con el municipio y la comisión vecinal.                       

5-Asistencia Médica con prioridad a los pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas y Asistencia Psicológica, teniendo en cuenta primero a las personas de la tercera edad y niños, a todos y cada uno de los afectados por la inundación.  (Inmediato)                       

6-Asistencia Médica las 24hs, los 365 días del año, con recursos para atender urgencias de suturas, infartos y accidentes cerebrovasculares en particular.

Esteban Peretti, uno de los autoconvocados que participó de la Asamblea de ayer, expresó a Primereando:”Ante las ausencias de las autoridades, decidimos manifestarnos en el Concejo Deliberantes este miércoles a las 8.30, donde se debaten dos posturas, una del oficialismo y otra de la oposición y nosotros también vamos a ir con nuestros reclamos.

Pertetti hace referencia a las dos posturas existentes dentro de ese órgano legislativo. Por un lado el Partido Justicialista y el Frente Renovador plantean la quita de impuestos y tasas municipales por un año, más una reparación económica de 90.000 pesos por familia; mientras que cambiemos propone la quita de impuesto por dos meses y una reparación económica de 30 millones de pesos para todos los vecinos de La Emilia, de esa manera las familias afectadas por la inundación recibirían 4.500 pesos.

Peretti asegura que  ambas posturas no tratan el problema en su totalidad, ya que “en esas posturas no se plantea la replanificación de la obra hidráulica para que no vuelvan a suceder este tipo de inundaciones”.

Si algo queda claro es que no se trata de una interpelación, sino que los vecinos reciban los subsidios que le corresponden y la quita de los impuestos, al menos por un año.

“Es una vergüenza lo que el oficialismo ofrece, pero allí vamos a estar nosotros para hacernos escuchar. El pueblo estuvo a favor de los puntos que se leyeron en la Asamblea (la cual fue llamada como Reunión del Pueblo) que se realizó en un contexto complicadísimo ya que estamos muy preocupados por nuestras casas, estamos durmiendo en el piso y hay muchos problemas que dificultan una organización más efectiva”, relató Peretti a este sitio

A la hora de abordar el desempeño realizado por las autoridades políticas, Peretii fue más que claro: “Fue nulo el papel que realizó el Gobierno provincial como municipal”, para luego denunciar que los distintos funcionarios “vinieron cuando llegaron los medios de comunicación y trajeron baners y esas cosas que gente para trabajar. La ayuda que recibimos fueron de vecinos, de algunas ONG, gente autoconvocada, de clubes, gremios, etc, pero el Estado de la provincia y el municipio no tenían plan de evacuación. Fue una vergüenza. Los vecinos sacaban a los vecinos que estaban encerrados en las casas con los medios que tenían”.

“Es cierto que nadie se lo esperaba, pero las autoridades que ocupan puestos deberían estar capacitados para enfrentar y prever este tipo de situaciones”, finalizó Peretti.

El neurocirujano que suena como posible candidato de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, tiene un pasado que sale a la luz. En las últimas horas comenzó a circular una antigua nota en la que Manes, además funcionario de Vidal, le pedía a Bush que no enviara dinero si Argentina no ajustaba.

Facundo Manes se ha ido posicionando en el último tiempo dentro de la fauna política y hasta suena como una de las caras de Cambiemos en este 2017. De origen radical, luego de algunos coqueteos con el GEN de Margarita Stolbizer, se acercó a quienes integran Cambiemos y hoy ejerce un cargo en la provincia de Buenos Aires en el área de Salud.

Con su posicionamiento, algunos empiezan a recordarle sus primeros pasos en en la actividad política, allá por 2002, cuando junto a otros jóvenes dirigentes lanzó el partido denominado 1810, que en su momento fue caratulado por el diario La Nación como "El partido nacido al ritmo del Que se vayan todos".

Precisamente una nota del diario de los Mitre, del año 2002, es la que compromete al hoy encumbrado neurocirujano. Allí se informa que en abril de ese año, el partido fundado por Manes "pidió por carta al presidente norteamericano, George W. Bush, que no aprobara envíos de dinero a la Argentina mientras ésta no completara las 'reformas estructurales' pendientes que exige el Fondo Monetario Internacional, especialmente la reducción del gasto público y la reforma política".

En esa misma nota, dan a conocer su pensamiento los cuatro dirigentes del partido 1810: Facundo y Gastón Manes, Marcelo Bomrad y Darío Curátola. Entonces Facundo Manes criticaba a la dirigencia política con argumentos un tanto peculiares: "Duhalde se maneja con una cultura barrial. La clase política es gente muy limitada, no entiende el pensamiento de un yanqui. Cree que lo va a seducir con una chicana barrial. Hay que conocer el mundo".

En otro pasaje de la entrevista, los miembros del fugaz 1810 aseguraban que se iban a presentar a las elecciones presidenciales y que ganarían con el 40% de los votos. "Si no nos metemos nosotros en política se van a meter los Menem, De la Rúa y Ruckauf de nuestra generación. Esta es la única opción que nos quedó", cerraba un resignado y a la vez esperanzado Facundo Manes.

Por Gabriel Lerner para El Cronista.

En el ideario de la derecha, el endurecimiento penal tienen un lugar destacado; reducir excarcelaciones, bajar la edad de punibilidad o incrementar las penas son parte de su menú. No es casual que sea el actual gobierno –que avala la detención de Milagro Sala y observa con simpatía que genocidas vuelvan a sus casas– el que lanzó –usando con oportunismo un doloroso homicidio– una campaña para convencernos que habrá menos delito ampliando el castigo hacia los pibes pobres y buscando apoyo para bajar la edad a 14 años. Afortunadamente un amplísimo espectro de referentes sociales, académicos y políticos, profesionales y religiosos, de especialistas y trabajadores del mundo de la niñez reaccionamos, rechazando de plano ese planteo represivo.

Desde una posición casi sin adeptos hoy, la Dra. Laura Musa y la Fundación Sur sostienen –ver nota de El Cronista del 13 de enero– que reducir la edad de punibilidad a 14 años es parte de una reforma garantista y democratizadora. Proponen hacer lo mismo que postula Garavano pero le asignan al hecho un curioso e hipotético efecto favorable a los Derechos Humanos. ¿Cómo llegan allí? La Dra. Musa reitera una compartida critica a la ley 22.278 –su origen dictatorial, su colisión con la Convención sobre los Derechos del Niño, su utilización para castigar en nombre de la protección o su empleo para justificar aplicación de penas brutales– para terminar aceptando que con cualquier cambio legal obtendríamos un régimen penal juvenil democrático. Hay allí una trampa: parecería imprescindible reducir la edad penal para salir de la 22.278 e instaurar un marco legal respetuoso de los Derechos Humanos. ¿Es necesario aceptar mayor punición a cambio de mayores garantías? ¿Los que nos expresamos en contra de la baja de la edad de punibilidad –organismos de DDHH, UNICEF o la Iglesia, por ejemplo– no querríamos una legislación respetuosa de derechos? No, de ningún modo. Somos muchos los que aspiramos a una ley penal para adolescentes centrada en la prevención y la especialidad; con un régimen de sanciones socio–educativas limitado, acorde a su madurez; que privilegie las medidas alternativas a la privación de libertad; que impida confundir sanciones con protección. Y con el mismo énfasis, estamos convencidos que la edad mínima debe seguir siendo la de 16 años. Es falso que debamos optar.

Desde la Red ‘Argentina No Baja‘ señalamos que reducir la edad mínima no es eficaz como medida de política criminal, que empeora la situación de los chicos lejos de mejorarla, que contribuye a demonizar a la infancia pobre y que es inconstitucional. Y dijimos que confunde: porque es necesario derogar el régimen de la dictadura, pero ello no hace imprescindible reducir la edad de punibilidad a 14 años. En síntesis: abogamos por un régimen legal penal respetuoso de derechos para adolescentes de 16 y 17 años.

En su artículo la Dra. Musa dice que los que resistimos la regresión antidemocrática somos divulgadores de consignas y que los 16 años de edad penal mínima es un mito de la dictadura. No responderemos con faltas de respeto. Sí haremos un señalamiento que la autora debiera considerar: no existe una sola conquista democrática conseguida en nuestro país –ni para los niños, ni para los adultos– que fuera obtenida cuando sectores democráticos o progresistas admitieron convertirse en furgón de cola de la derecha conservadora. La reforma del régimen penal para adolescentes no será una excepción a esa regla histórica.

El titular de Medios Públicos fue silbado por gran parte de los presentes en el momento en que uno de los cantantes pedía un fuerte aplauso para los organizadores y para "el Gobierno nacional" que permitía desarrollar el histórico evento de Folklore.

Ni en Córdoba parecen ser bien recibidos los funcionarios del Gobierno Nacional. Es que a pesar de refugiarse en uno de los distritos que más apoyó la llegada al Gobierno de Cambiemos, los funcionarios siguen siendo repudiados masivamente.

Sucede que en el histórico evento de Folklore de Cosquín otro funcionario de Mauricio Macri fue duramente abucheado cuando le agradecieron "su gestión" desde el escenario.

El cantautor salteño César Isella comenzó a agradecerle "a todos los que hicieron posible para que esto sea una realidad" y poder llevar adelante el festival, en especial a la municipalidad local pero también al apoyo de "la Nación" por tener el "deber y la obligación".

Luego, profundizó y pidió un aplauso para Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios Públicos pero la respuesta de los asistentes, que fue reflejada por un video subido por el portal Política Argentina no fue la esperada, en ese entonces Isella bromeó: "Aplausos por favor, silben si quieren también".

"Loco, ¿qué te crees que es la democracia?, esto es la democracia. En 1972 este cantor cuando gané el festival de la canción en este escenario, que canté una canción de un gaucho rebelde, vinieron tres policías de la comisaría que está ahí, y me llevaron en cana. Eso no era democracia loco

Informe del Centro de Economía Política Argentina evidencia que los despidos producidos  en el sector público y la construcción sirvieron como habilitador y propulsor de los despidos en el sector privado. 

En los informes previos -presentados a lo largo de 2016- se indicó que, en términos secuenciales, a los despidos producidos en una primera instancia en el sector público y la construcción (esta última como resultado de la paralización de la obra pública) entre los meses de diciembre 2015 y enero 2016, le siguieron una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), que seguidamente impactó de manera negativa en el sector de servicios.

Durante el mes de agosto ese proceso se conjugó con una nueva ola de despidos del sector público. En septiembre, una reducción en la cantidad de despidos hacía parecer cierta estabilización en la dinámica del empleo. Sin embargo, tanto octubre como noviembre volvieron a mostrar una elevada cantidad de despidos y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes. Finalmente, en diciembre pareciera iniciarse nuevamente el ciclo: son los despidos del sector público los que impulsan la destrucción de puestos de trabajo en el mercado laboral.

En noviembre se produjeron 11.228 despidos y suspensiones, mientras que en diciembre se trató de 9.488 casos. Si bien la cantidad de diciembre resulta levemente menor, se observan 4.435 casos en el sector público y 5.053 del sector privado, muy distinto de lo producido en noviembre, con -769 casos del sector público y 11.997 en el sector privado. En efecto, entre agosto y noviembre la cantidad de incorporaciones en el estado supero al número de despidos registrados.

Cabe indicar que dentro del total de despidos de diciembre, 2.600 casos están vinculados a tutores virtuales de educación, que según lo acordado en el conflicto (que involucró una toma del Ministerio impulsada por trabajadores estatales), tendrían una solución de continuidad en sus puestos de trabajo.

Adicionalmente, en CONICET tuvo lugar un importante conflicto a fines de diciembre, dado por el no ingreso de 508 investigadores a carrera que habían sido evaluados positivamente en distintas instancias internas. Luego de una toma del Ministerio extendida por una semana, se acordó la continuidad laboral por un año de los investigadores, con beca postdoctoral, y la conformación de una mesa de negociación con el Ministerio de Ciencia y Técnica.

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que en el sector privado se registraron 1.700 despidos en la empresa petrolífera YPF, y que éstos han sido impulsados por Cambiemos (producto de la baja de 33 equipos de producción), el 65% de los despidos del mes derivaron de las decisiones de la política del gobierno nacional.

Además de los despidos en YPF y en el Ministerio de Educación (3.000 en total de los cuales sólo 2.600 fueron "revisados”), en la amplia mayoría de los Ministerios hubo cesantías, aunque en cantidades menores: Producción, Cancillería, Interior, Modernización, Salud, Cultura, Trabajo, Sec. Gral. De la Presidencia y ENACOM. A esto se suman 70 casos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y casos en las municipalidades de Neuquén, Chivilcoy y Trevelín.

Siempre la industria

Se manifiesta, dentro del sector privado, una significativa representación de los despidos de la industria sobre el total de los relevados. En diciembre los 4.110 casos de la industria representan el 89% de los despidos.

Vale indicar que no hubo suspensiones en el mes de diciembre. Los despidos en el sector primario han sido importantes al interior del sector, pero poco significativos en el conjunto. En los servicios y la construcción no hay despidos significativos.

En el total de los despidos y suspensiones, el 84% de los casos de la industria están vinculados a ocho actividades: metalúrgica, textiles, automotriz (con autopartes y neumático), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energético y frigorífico.

Sobre el conjunto de los casos, en el mes de diciembre el 81% de los despidos se han concentrado en cuatro actividades: petróleo, metalúrgica, alimentos y bebidas y electrónica y electrodomésticos.

Honrando el compromiso asumido

Entre mayo y agosto, a pesar de la existencia del compromiso firmado por el Presidente Mauricio Macri y las grandes empresas por 90 días, se puede percibir que el comportamiento empresario fue homogéneo respecto de los despidos y suspensiones durante y después del mismo: siguieron expulsando trabajadores.

Seguidamente, el nuevo acuerdo realizado a fines de noviembre recorre el mismo camino. En el informe de despidos correspondiente al mes de noviembre, se indicó que sólo en la semana posterior al acuerdo se produjeron 511 despidos. Este derrotero continuó durante diciembre, con el dato característico de haber sido impulsados desde el Gobierno.

Resulta sintomático el corrimiento del Ministerio de Trabajo y el mayor protagonismo el Ministerio de Desarrollo Social. Macri vetó la Ley Anti despidos, no concedió la reapertura de paritarias exigida por un amplio arco sindical del sector público y privado, y plantea que los convenios colectivos son vetustos y tienen que ser del siglo XXI, pero acepta sin demasiados cuestionamientos con dos Ministros clave como Stanley y Triaca la emergencia social. Básicamente, porque este esquema de contención es directamente funcional al modelo excluyente en el orden económico, que apunta a la flexibilización laboral.

Finalmente, cabe indicar que Mauricio Macri sostuvo el 17 de enero del presente año "Las estadísticas dicen que hay más empleo". El presidente se refería a la reciente publicación del Ministerio de Trabajo en base a SIPA para octubre de 2016, cuya información muestra un aumento de 40.000 puestos en dicho mes, explicados por un incremento aproximado de 10 mil puestos en el sector público, 10 mil a través de monotributo y 20 mil en el sector privado. El informe del MTEySS da cuenta de resultados netos en cantidad de trabajadores, es decir, no refleja la evolución de los despidos sino la cantidad final de trabajadores a un determinado mes, mientras que el presente informe de CEPA releva despidos y suspensiones producidas. Esto hace que ambos informes resulten sólo parcialmente comparables. Con esta salvedad, vale la pena mencionar las siguientes cuestiones:

Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Sin embargo, esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos.

De hecho, el informe de CEPA para octubre computa 135 despidos que evidentemente fueron más que compensados con ingresos nuevos de personal. Asimismo, el presente informe (diciembre) menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público "compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

Por otro lado, si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y octubre se produjo un incremento en la cantidad de monotributistas de casi 66 mil personas.

En lo referido al sector privado, se observa que, sin el efecto de estacionalidad, la cantidad de puestos de trabajo nuevos se reduce a sólo 1.583 casos. Se destaca allí mismo el dinamismo del sector agropecuario, explicado por la estacionalidad de puestos particularmente en la provincia de Entre Ríos (que aumentó en el mes más de 5% su plantilla, tal como sucede cada año en octubre y noviembre).

En línea con la dinámica mencionada previamente, la industria se ve afectada nuevamente en el mes de octubre: se computan 3.313 trabajadores netos menos en la industria.

Poder ver el informe completo acá: Informe laboral CEPA – El inicio de un nuevo ciclo – a Dic 2016

El Departamento de Agricultura dispuso de 60 días para analizar si acepta o no el ingreso de limones de nuestro país. El Presidente, el ministro Buryaile y el secretario de Comercio habían celebrado la autorización pero la llegada de Donald Trump la dejó en suspenso para proteger la economía.

La llegada de Donald Trump al Gobierno de los Estados Unidos fue con un mensaje claro: "compre norteamericano y contrate norteamericanos". Y las implicancias del "paragima Trump" para Argentina y la región ya empiezan a sentirse.

Es que intempestivamente el Departamento de Agricultura anunció que el ingreso de limones argentinos al país del norte quedará congelado por 60 días, tiempo necesario para analizar si se importará o no, nuestro producto.

En el mes de diciembre Mauricio Macri había señalado que la exportación del cítrico a Estados Unidos era "una demostración de la seriedad y confianza que podemos generar como país". En aquel momento el secretario de Comercio Miguel Braun había difundido en un spot bajo el nombre "limones a Estados Unidos desde 2017. Más comercio, más producción, más trabajo".

En las últimas horas el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, se había mostrado confiado de que Trump respetaría el acuerdo alcanzado con la administración de Barack Obama al relatar que se cumplieron "todos los pasos que consagra la ley de EE.UU." y remarcó que "el procedimiento de ingreso está aprobado".

Con esta decisión, se mantiene en pie la política proteccionista proclamada, una y otra vez, por el nuevo Presidente de los Estados Unidos. Ahora será trabajo del Macri y los funcionarios del Gobierno nacional intentar destrabar el parate anunciado por el Departamento de Agricultura norteamericano.