El programa que impulsa el Gobierno obliga a los comercios a diferenciar los precios al contado y los financiados, debutó hoy con fuertes aumentos para las compras en 24 cuotas. Los electrodomésticos fueron los productos que más elevaron sus precios.

Anunciado e impulsado por la Secretaría de Comercio, los Precios Transparentes llevó a algunos comercios a mantener sus ofertas de productos con los valores del día anterior y subir el costo final financiado marcando una notoria diferencia de precios, que llegó a un alza hasta del 70 por ciento.

Según un relevamiento de Noticias Argentinas, la mayoría de los comercios y cadenas mantuvieron congelados los precios en un pago y sólo subieron los valores de los productos financiados con tarjetas de crédito.

Por ejemplo, Frávega mantuvo el precio la notebook Positivo-BGH modelo Z-131 en $7.999, el mismo valor que el 8 de noviembre, pero en 18 cuotas el precio final alcanza los $9.919,08, un alza del 24%.

En la cadena Compumundo, un iPad Mini 4 16 Gb que en noviembre costaba $9.999 al contado y en 12 cuotas, ahora tiene un valor de $10.799 en un pago y alcanza los $19.114 en 24 cuotas, lo que significa un ajuste del 76,99%.

En esa misma cadena, una Tablet Gonna Springboks 7 Intel Blanco 8 GB que en noviembre tenía un precio de $1.499 en efectivo o hasta en 6 pagos mantuvo ese mismo valor en un pago pero en seis cuotas asciende a $1.661, tras un ajuste de 10,8%.

Un aire acondicionado Coventry de 2500 watts tiene un precio de $ 6.999 de contado y alcanza a los $ 11.921 en 24 cuotas, por lo que se encarece un 70,3% en Garbarino.

En el mismo comercio, una heladera con freezer marca Gafa tiene un precio de $ 8.820 de contado, pero en tres cuotas sube un 6,45% a $9.389 y en 24 cuotas fijas se incrementa un 70,31%.

El diputado del Frente Renovador comparó de esa manera las políticas económicas de Cambiemos con las utilizadas por la dictadura cívico-militar y los años de neoliberalismo. Además advirtió que el “error más complicado” sería que este año vuelva a caer el poder adquisitivo del salario.

El legislador nacional y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mediguren en declaraciones ofrecidas hoy a un programa de radio a la apertura de importaciones anunciada por el gobierno de Cambiemos.

El legislador nacional y hombre del massismo, ejemplificó: “Si algo transparente en Argentina es el precio de la carne. Cuando el productor de carne manda su hacienda a Liniers, él no puede hacer nada, se la rematan, el precio que sale, sale. Si usted la respuesta que le da es abrir la importación, ¿quién va a importar? ¿El carnicero de la esquina su casa? No. Va a importar el mismo supermercado o el mismo frigorífico que la distribuye. Conclusión: el precio no va a bajar, bajará un 10 o un 5 por ciento, porque la rentabilidad va a quedar en el importador y usted mató al que produce la vaca, que es el que en definitiva hay que alentar para que produzca más vacas y baje el precio. Cuidado con utilizar una herramienta para lo que no debe ser utilizada”.

De Mendiguren consideró que el gobierno “va a lo más fácil”, a un “viejo concepto” que es el de “abrir las importaciones como (José Alfredo) Martínez de Hoz, (Domingo) Cavallo y creer que todo se regulariza. Y está claro que cuando uno tiene una economía en recesión, caída del nivel de actividad, que no genera empleo, lo primero que tiene que priorizar es el empleo local, que es el que paga un salario para que pueda haber consumo”.

“En este tema puntual” (de las importaciones), y aun obrando “en buena fe”, el oficialismo se compara en su política con la aplicada por los ministros de Economía de la dictadura y el menemismo.

Consultado sobre el aumento de las compras en el exterior por parte de argentinos, como por ejemplo en Chile, el diputado respondió que “Argentina, producto de retraso cambiario, de una presión tributaria inédita, de los altos costos de logística y financiero, quedó cara”.

Además, el diputado dijo que lo “preocupa la implementación” del modelo económico de Cambiemos. “A veces el gobierno tiene errores gruesos. El error más complicado que podría pasar es que este año vuelva el salario a perder poder adquisitivo, porque entonces el nivel de actividad va a ser muy difícil de mantener”, finalizó.

A través de un comunicado el legislador nacional del oficialismo criticó la cena entre dirigentes de su partido y el Presidente. además se mostró enojado  ante la posibilidad de derogar las elecciones primarias en Cambiemos.

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Alfonsín, salió con los tapones de punta contra sus correligionarios, luego de la cumbre con el presidente Mauricio Macri en Olivos, donde se definió conformar una mesa chica para definir la estrategia electoral.

“A los radicales, en especial, una pequeña reflexión”, arrancó en un comunicado, y prosiguió: “A pesar de la convalecencia, sigo leyendo los diarios y vi las noticias sobre la cumbre. Si lo leído es cierto, sólo una cosa quiero decirles: la estrategia electoral y las candidaturas del partido no las designará ninguna cumbre”.

Sin vueltas, Alfonsín advirtió que “las PASO reconocen el derecho de cualquier radical a definir las estrategias que juzguen son las mejores para el país, para Cambiemos y para el partido”. Y remató: “Ninguna cumbre puede eliminar las diferencias ni derogar las PASO”.

Durante el asado del lunes pasado, dirigentes del PRO y la UCR marcaron el objetivo de congeniar en todos los distritos para la conformación de listas electorales. Pero lo cierto es que cada provincia tiene una realidad diferente y en algunos casos no será fácil llegar a coincidencias, sobre todo donde la UCR pisa fuerte.

La mesa que definirá la estrategia a seguir estará integrada por cuatro representantes del PRO, cuatro de la UCR y uno de la Coalición Cívica.

Por el macrismo estarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el titular del Pro nacional, Humberto Schiavoni; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En tanto, por el radicalismo participarán su titular, José Corral; su antecesor, Ernesto Sanz; y los jefes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Ángel Rozas.

Se trata de profesionales de la Policía de Prevención Local de la provincia de Buenos Aires, a quienes además les adeudan varios meses de sueldo. El viernes que viene se movilizarán hasta el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, terminaron el mes de enero con 400 despidos en la administración de la provincia de Buenos Aires.

“El colectivo de trabajadores de los equipos técnicos de la Policía de Prevención Local, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestra disconformidad frente al actual escenario político-institucional que va en detrimento de nuestras condiciones laborales, habiendo recibido el día 30 de Enero de 2017 el aviso (Volante I.F.C.U.P.P.L. 3717), sin notificación pertinente, del cese de nuestras tareas laborales a partir del día 31 de diciembre de 2016”, afirmaron los cesanteados.

Según denunciaron en diálogo con el portal Infonews, venían trabajando desde principios del año pasado y “hay muchos compañeros que no cobraron nunca, ni un sólo centavo, y a los que sí nos han pagado, lo han hecho a partir de abril, o sea que nos adeudan enero, febrero y marzo”.

El 3 de enero pasado, se comunicó a la totalidad de las Academias Subordinadas al Instituto de Formación y Capacitación de las unidades de Policía de Prevención Local, la “continuidad de la asignación horaria para los miembros de los gabinetes psicopedagógicos de las APL, continuando con las tareas de contención y seguimiento de los oficiales egresados, tanto aquellos destinados a la UPPL, como los que se encuentran a la espera de destino”.

Por este motivo, la totalidad de los profesionales contratados durante el año 2016, “continuamos cumpliendo nuestra carga horaria y efectuando tareas e informes solicitados por el Instituto”.

Sin embargo, autoridades provinciales les avisaron luego “informalmente” la no renovación de los contratos y que no se haría efectivo el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2017.

Además, algunos de los profesionales tampoco han percibido los sueldos correspondientes al año 2016, lo cual intensifica la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Seguridad bonaerense y “profundiza la situación de incertidumbre de nuestras familias”, detallaron los despedidos.

Tras declararse en estado de alerta permanente, los profesionales del área convocaron a una movilización para este viernes hasta la sede del Ministerio de Seguridad, en La Plata, en reclamo de la reincorporación de los 400 empleados y el pago de los salarios adeudados.

La concejal platense del FPV lamentó que no haya respuesta de las autoridades municipales ni provinciales. “El agua es un derecho humano fundamental para tener una calidad de vida digna”, dijo y anunció que ya está trabajando junto a los afectados.

Los reclamos más fuertes por la falta de agua en el barrio platense de Los Hornos comenzaron en diciembre pasado y aún no hubo una solución por parte de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), el gobierno de María Eugenia Vidal o el de Julio Garro.

Tras reunirse con los vecinos, la concejala del Frente para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Florencia Saintout, indicó que alrededor de 2500 personas viven una situación “angustiante” en la zona ubicada de 163 a 170, entre 56 y 64; y que, “una vez más, los platenses no encuentran respuesta en la delegación, ni en el municipio y tampoco en el gobierno de la provincia”.

“No tienen agua en todo el día, y sólo por las noches salen apenas unas gotas, sin presión para subir a los tanques, lo que los obliga a juntar agua para el día siguiente durante la madrugada”, relató la también decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Saintout anunció que ya está “trabajando en conjunto con los vecinos en varias presentaciones y proyectos para ayudar a revertir esta situación”.

“El agua es un derecho humano fundamental para tener una calidad de vida digna. Es lamentable ver lo que ocurre en nuestra ciudad, donde parece que el buen vivir es solo para algunos”, agregó la edil.

Así se lo preguntó el ex cónsul de Bolivia, tras las denuncias de trabajo esclavo en los talleres de ropa de la marca de la Primera Dama. Además el funcionario boliviano recordó diversos operativos realizados en Buenos Aires donde se descubrió que la firma Awada esclavizaba a sus trabajadores.

El presidente del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia, José Alberto Gonzales, criticó al gobierno argentino y señaló puntualmente a la primera dama, Juliana Awada, por trabajo esclavo en los que está involucrada la firma Cheeky, que pertenece a su familia.

“¿Qué harán la esposa de (Mauricio) Macri y las grandes marcas sin bolivianos en sus talleres?”, se interrogó González a través de la agencia ANF de Bolivia.

El presidente de la Cámara Alta del país vecino reveló en diálogo con los medios de su país que cuando ejerció las funciones de cónsul en Buenos Aires participó en procesos que involucraron a la empresa de Awada por tener talleres clandestinos con trabajadores bolivianos en condición de esclavitud.

“Voy a dar un salto al vacío, pero yo quisiera sugerirle a ese diputado que hable con la esposa del señor Macri, que la señora Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos, eso le recomiendo a ese diputado. Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora (Awada) estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía”, denunció Gonzales.

El presidente del Senado se refirió a esta causa al ser consultado por  la decisión del Gobierno nacional de endurecer la política migratoria bajo el argumento de que existe un 33 por ciento de extranjeros, en particular bolivianos, peruanos y paraguayos vinculados a delitos.

La mandataria bonaerense abrió el paraguas y realizó esa polémica declaración. Además desestimó que se ponga "en juego la gobernabilidad" en caso de una eventual derrota en las próximas elecciones legislativas. También habló de por qué no suspendió sus vacaciones en el Caribe mexicano mientras se inundaba la Provincia.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseveró"No creo que sea el fin del mundo perder una elección, ni que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias se pone en juego la gobernabilidad", sostuvo, aunque reconoció que "es importante porque te da más respaldo. El voto favorable nos ayuda a saber que quieren seguir por acá".

"No pienso perder un año de gestión por hacer campaña", reafirmó.

En una entrevista con radio Mitre, estimó que cuando visite un municipio "a la actividad institucional "le sumará un acto de campaña y dijo que la alianza con la UCR en el marco de Cambiemos hace que ese espacio no sea "una coalición electoral" sino "una coalición de gobierno".

La mandataria provincial apoyó la decisión del gobierno nacional de no tener "injerencia" en la discusión de las provincias de sus paritarias docentes al afirmar que los sueldos "los pagan los gobernadores".

Agregó que las negociaciones se enmarcarán en los acuerdos que establecieron que ninguna provincia pueda dar aumentos inferiores al 20 por ciento, por encima del salario mínimo vital y móvil.

La gobernadora fue taxativa a la hora de rechazar la posibilidad de desdoblar una elección para minimizar impactos electorales negativos de políticas nacionales como el aumento de tarifas, a las que consideró un "sinceramiento necesario para tener inversiones".

"Hubo infinidad menos de cortes, y consumo menor. El objetivo de aumentar la tarifa no es recaudar más, es ahorrar energía. Nos decían que la electricidad era casi gratuita y tenías cuatro días sin luz", subrayó.

Luego de destacar que "hay tarifa social para el 35 por ciento de los usuarios que pagan menos de 100 pesos por mes", Vidal reiteró los conceptos de esfuerzo colectivo para conseguir mayores inversiones y más trabajo.

Sobre el empleo, la mandataria bonaerense dijo que su meta es llegar a que la obra pública provincial tenga una ejecución del 100 por ciento para este año, redundando en nuevos puestos de trabajo.

A diferencia de lo que debió enfrentar en 2016, Vidal ponderó que se hayan bajado los plazos para el inicio de obras: "El esquema administrativo de la provincia tiene un retraso de 30 años. Cuando llegamos, lanzar una obra hídrica importante llevaba un año y medio, hoy 8 meses, que es una barbaridad y que hay que reducir aún más".

Sobre la asignación de obras, desmintió que vaya a haber discrecionalidades según el signo que gobierna cada municipio y dijo que el fondo a distribuir es "equitativo" y que en las obras que dependen de la provincia "nos fijamos en que se hagan en tiempo y forma, no por dónde pasan".

También se refirió a la polémica por sus vacaciones en México durante las inundaciones en la localidad de La Emilia, defendió el trabajo de su equipo de gobierno, destacó la labor del vicegobernador, Daniel Salvador, y aclaró que "se hizo todo lo que había que hacer".

"Es la primera situación de emergencia en la que no estoy. Estuve hablando con el equipo, con el gobierno nacional. El equipo tiene que poder trabajar sin mí. Si la gente hubiera recibido menos porque yo no estaba, ahí si teníamos un problema", añadió.

Consultada por las paritarias docentes, dijo estar de acuerdo con la cancelación de la que se realizaba nivel nacional ya que los sueldos "los pagan los gobernadores" y se mostró a favor de la utilización de clausulas "gatillo" por inflación.

Al respecto anunció que se apartaron de la Policía a 3358 efectivos y anticipó que "el mes que viene van a ser más, no es una purga, es una política. Todos los días empiezan nuevas investigaciones. En 2015 hubo 25 denuncias por enriquecimiento hoy hay 600. Hay denuncias penales y aportamos pruebas de lavado".

Vidal criticó además la liberación de los ocho policías bonaerenses acusados en la causa por el hallazgo de sobres con dinero presuntamente proveniente de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata, al considerar que es "un mensaje desalentador para la sociedad", que le hace sentir "vergüenza" como ciudadana.

Afirmó que no comparte la opinión del director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, respecto de la última dictadura militar, ante lo cual resaltó que en ese período "hubo un plan sistemático" y que es "un tema judicialmente saldado". "Es la opinión de Gómez Centurión. Nosotros no la compartimos", sostuvo.

Señaló que le "consta que el Presidente le pidió que solicitara disculpas, que fue lo que hizo".

"Es un tema judicialmente saldado: hubo un plan sistemático y ni el Gobierno nacional, ni nosotros compartimos lo que dijo", concluyó.

Los maestros rechazaron el 18% que intenta establecer el gobierno de Cambiemos como techo en las paritarias y exigieron no menos del 35% para comenzar el ciclo lectivo. mañana se movilizarán hasta el Hotel Savoy, en Capital Federal, donde habrá una reunión oficial con los gobernadores.

El Frente Gremial Docente Bonaerense aseguró que “el panorama no es nada favorable” de cara a las negociaciones salariales, ya que el gobierno de Mauricio Macri “quiere volver a los 90 en materia educativa, dejando sin efecto la paritaria nacional”.

Mientras el presidente, junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el resto de los gobernadores de Cambiemos, intentan imponer un techo del 18%; los maestros ya adelantaron que “si prima la lógica del ajuste, se complicará el inicio de clases”.

“En primer lugar vamos a tener que discutir la pérdida del nivel adquisitivo del salario del año pasado, que está entre un 8% y un 10%. Y a eso hay que sumarle lo necesario para poder afrontar la inflación de este año, que rondará en un 25%. Por eso, la demanda que vamos a llevar los docentes al ámbito de paritarias será de un piso no menor al 35%”, explicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

En forma similar se manifestó Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), al considerar que el 18% de aumento para este año “ya de partida es inaceptable”.

“Claramente está lejos de lo que tiene que venir a dar cuenta un salario docente”, que a nivel inicial es de 9.800 pesos de bolsillo, sostuvo la dirigente gremial y ratificó la necesidad de “recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”.

En la provincia de Buenos Aires, las negociaciones comenzarán el próximo lunes a las 15, pero antes los docentes se movilizarán a Capital Federal para expresar masivamente su reclamo salarial.

El gobierno de Macri convocó a un grupo de mandatarios provinciales a una reunión para este jueves en el Hotel Savoy con el objetivo de unificar criterios en torno al 18%, luego de descartar la paritaria nacional docente.

“Esta paritaria está establecida por ley y permite que los docentes de todo el país podamos discutir un piso salarial. El gobierno quiere desentenderse de la asistencia que debe dar a las provincias para que paguen ese salario”, remarcó Baradel.

Por su parte, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, consideró que los gobernadores que concurrirán al Savoy “tienen una actitud cómplice” con Cambiemos.

“Desestiman la paritaria federal y ponen en riesgo coparticipaciones nacionales que reciben las provincias producto de nuestra negociación”, añadió el sindicalista.

Los privados de Sadop también repudiaron las maniobras macrista y adelantaron medidas de fuerza. El titular del gremio, Roberto Almirón, adelantó que “si no hay una respuesta satisfactoria, habrá paros y diversas expresiones del conflicto”.

La organización La Cámpora difundió un video donde se pueden observar imágenes del trabajo solidario de los militantes y el agradecimiento de los vecinos de La Emilia por la ayuda recibida.

El video se difundió en las redes sociales y muestra como se llevaron a cabo las tareas solidarias en el pueblo de La Emilia así como también el emotivo agradecimiento de los vecinos ante la muestra de solidaridad.

Cabe recordar que los vecinos cuestionaron duramente la escasa presencia del gobierno nacional, provincial y de las autoridades locales durante la inundación que azotó el pueblo de La Emilia que forma parte del partido de San Nicolas.

Los vecinos de La Emilia continúan esperando respuestas de las autoridades provinciales y en el día de ayer se acercaron hasta La Plata para hacerle llegar un petitorio a la gobernadora Vidal. Se pudieron ver imágenes al respecto donde los vecinos que quedaron afuera del edificio de la gobernación fueron fuertemente custodiados por la Policía.

En declaraciones a Primereando acerca de lo sucedido y de la situación en la que se encuentran los vecinos de La Emilia, la senadora Cecilia Comerio señaló que: “Los vecinos juntaron más de 1200 firmas para respaldar un petitorio de ayuda a los damnificados por las inundaciones y las autoridades no fueron capaces de atenderlos con la importancia que merecen después de lo que les tocó vivir”.

Esperamos que se resuelva pronto la situación de mucha gente que lo perdió todo y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de una vez por todas.

El titular de la Aduana Nacional, Juan José Gómez Centurión, fue denunciado hoy por "apología del crimen" a raíz de las declaraciones en las que negó la existencia de un "plan sistemático" de represión ilegal en la última dictadura militar.

Era de esperarse. El escándalo que generó Gomez Centurión llegó a la justicia. La denuncia fue presentada por la ex legisladora porteña Delia Bisutti y por el abogado Sergio Zurano, y quedó a cargo el juez federal Ariel Lijo, según el sorteo hecho en la Cámara Federal porteña.

Bisuti es sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como "Sheraton" que funcionó la comisaría de Villa Insuperable y, además, su esposo está desaparecido.

"Se preguntan los denunciantes y preguntan al señor juez si es legítimo que un funcionario del Gobierno Nacional se exprese como Gómez Centurión lo ha hecho, teniendo en cuenta la calificación que a sus palabras otorgan su carácter de funcionario, más allá de eventuales y posteriores disculpas", afirmaron en la denuncia.

"No bastan los comunicados cuando se delinque", agregaron. Las declaraciones del funcionario "justificaron la acción criminal" perpetrada en la dictadura y "condenada en los juicios de lesa humanidad", agregaron los denunciantes.

Lijo deberá ahora dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no imputar al funcionario.