(por Ignacio Cantala) En el ministerio de Energía ya se toma como prueba superada la primera etapa del ajuste eléctrico 2017, anunciado hace algunos días por la primera plana del gobierno. Destacan que, a diferencia, de las repercusiones del ajuste de las tarifas de gas, el “sinceramiento” eléctrico viene silbando bajito.
Es por esto, que al anuncio del aumento de precios para la generación (precio estacional) y la distribución (en AMBA), se sumó recientemente el exorbitante incremento en las tarifas de transporte, dado a conocer mediante un puñado de resoluciones firmadas por los servidores públicos del ENRE. Envalentonados, el ministro y su equipo (poblado de numerosos ex, y no tanto, Pampa Energía, Edesur, etc.), comentan a quien quiera oírlos que el objetivo de la gestión energética es eliminar los subsidios para 2019, garantizando a las empresas lo que denominan “ingresos genuinos”.
En línea con el mantra oficial, los asiduos visitantes del Ministerio, destacan el clima cordial y alegre que se respira en las oficinas gerenciales. Esta especie de “frenesí energético” que contagia hasta a los más antiguos habitantes de la ex secretaría, se desvanece a medida que los funcionarios se alejan de sus despachos y se encuentran con la realidad. Es por esto que, desde hace algunas semanas, “el tuerca” Aranguren y Frigerio realizan infructuosas gestiones para que los gobernadores participen de la firma de un documento común que respalde las políticas implementadas.
En la medida que avanza el ajuste estructural planificado por la inteligenzia macrista, los responsables políticos del gobierno se encuentran con la resistencia solapada de algunos líderes provinciales que se sacan la foto, pero no acompañan. El método Frigerio de “mucho garrote y algo de billetera” ya no parece tener el efecto deseado.
Una lectura ingenua del fenómeno, destacaría la reserva moral y social de los gobernadores frente al ajuste sistemático del gobierno, pero no hay que ser tan rebuscados. El equilibrio político de los líderes locales se encuentra cada vez más comprometido como consecuencia del descontento social en ascenso. Y el “sinceramiento energético” es uno de los principales frentes de batallas.
Como consecuencia de la presión social, ya son cuatro las provincias que han decidido no trasladar a la tarifa los nuevos precios de la energía. Prefieren dejar de pagarle a CAMMESA, que desencadenar un estallido social en sus provincias. Con los recientes anuncios de un aumento del 98% del precio estacional a partir de marzo, se agrega un nuevo factor a la ecuación de los mandatarios locales: garrote, billetera o elecciones.