Imputan a Aveluto por una defraudación de 50 millones y esperan por Awada
El titular de la cartera de Cultura está acusado de realizar licitaciones relacionadas con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid, en el marco de la última gira presidencial. El miembro del Gabinete dijo que la primera dama “fue la gran impulsora de todo esto” y se espera que también se la investigue.
El ministro de Cultura, Pablo Aveluto, fue imputado por presuntas irregularidades cometidas en licitaciones relacionadas con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, que se llevó a cabo en España. Los delitos de los que se lo acusa son defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles.
El 24 de febrero último, Primereando informó sobre la denuncia que presentaron los diputados Rodolfo Tailhade y Liliana Mazure del Frente Para la Victoria (FpV), quienes denunciaron que el Ministerio de Cultura y la primera dama, Juliana Awada, habían realizado millonarias contrataciones, cuyos valores rondarían los 50 millones de pesos.
A partir de las irregularidades se habría beneficiado a artistas “amigos” o familiares directos de funcionarios y hasta del presidente, ya que una de las expositoras fue María Calcaterra, sobrina de Mauricio Macri, hija de Ángelo. Además, al secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, a través de su primo Mariano, que ganó la licitación con su estudio de arquitectura para organizar “las galerías” argentinas del stand en la muestra.
Tailhade y Mazure también denunciaron a Juliana Awada, aunque todavía no fue imputada. La inclusión de la primera dama se debe a que Avelluto dijo que la esposa del presidente Mauricio Macri “fue una gran impulsora de todo esto”. Por ello, los legisladores pidieron saber “qué participación tuvo la señora Awada, cuál fue su ‘impulso’ en relación con la feria y con las millonarias contrataciones que se realizaron en torno a ésta”.
La causa recayó por sorteo en el juzgado de Sebastián Casanello y será investigada por el fiscal Franco Picardi, quien ya consideró que hay motivos suficientes para investigar a Avelluto. En su dictamen, Picardi planteó que se debe “determinar también si funcionarios públicos directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se habrían interesado en miras de un beneficio propio o de un tercero en las contrataciones”.