El histórico dirigente peronista falleció a los 70 años. En 2010 había sufrido un ACV que lo marginó de la política.

Inmenso dolor en las filas del peronismo. Es que hace momento se conoció que Alberto Balestrini, histórico dirigente peronista del municipio de La Matanza, murió este martes a los 70 años, según confirmaron desde su entorno.

Durante su extensa carrera política ocupó varios cargos. Fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2010; presidente de la Cámara de Diputados de la Nación entre 2005 y 2007; intendente de La Matanza entre 1999 y 2005; y convencional constituyente, en 1994.

El 7 de abril de 2010, cuando era vicegobernador de Daniel Scioli, sufrió un accidente cerebrovascular que lo marginó de la política luego de estar varios meses internados.

En 2011 fue derivado a un centro de rehabilitación y en 2013 volvió a caminar, pero se recluyó en su casa junto a su familia y no volvió a la vida pública.

Su carrera política comenzó en la década del 70′, en el centro de estudiantes de la Universidad del Salvador, donde se recibió de abogado.

Su primer cargo público llegó en 1989, con el regreso del peronismo al poder. Fue elegido diputado nacional. Desde ese entonces ocupó un rol central en el armado político del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

(Por Eduardo Porto) Es por el convenio que acelera la aprobación de patentes de ese país, en Argentina, y que derogaría "de hecho" la Ley nacional que regula el precio y la disponibilidad a medicamentos esenciales para la población. Denuncian "Defraudación al Estado Nacional en beneficio de corporaciones monopólicas".

"Defraudación" y "Negociaciones incompatibles con la función pública" son los fundamentos de la denuncia presentada ante el juzgado federal del Juez Sebastián Casanello, a principios de abril, y que tiene en la mira el accionar de cinco altos funcionarios del gobierno nacional, a partir de la firma del acuerdo "piloto" rubricado, en febrero, entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO).

La denuncia penal, realizada por Fernando Miguez, solicita, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investigue las supuestas irregualaridades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Los nombres apuntados en la demanda penal son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, autor de la firma del acuerdo, Dámaso Pardo "por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769".

PRIMEREANDO dialogó con Fernando Miguez, quién recalcó que el acuerdo "deroga de hecho" la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales".

La demanda se afirma en dos ejes. Por un lado la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica.

Es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis del 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos "genéricos". Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen las extranjeras, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

El otro eje es la implicancia de los funcionarios denunciados como empresarios del sector.

"Los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este “PLAN SISTEMICO” que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado", expresa la denuncia.

Sin embargo el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el Convenio bilateral es presentado como "Programa Piloto" para "evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional".

Sobre ese punto, de hecho, había manifestado, ya, su malestar, el Secretario General de Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas, Rubén Abete, al referirse a la nula publicidad del acuerdo por parte de las oficinas estatales: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez "la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas como serían los laboratorios extranjeros mediante la implementación en el manejo de costos y precios".

"De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga).", marca uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Las cuales, vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

MEDICAMENTOS DENUNCIA

La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda pidió construir la unidad junto al Frente Renovador en Capital Federal y el país "para construir un futuro que sea el proyecto político que gobierne en 2019" durante la cena que conmemoró anoche los 30 años del nacimiento de su espacio frente a casi todo el arco opositor, entre ellos Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes Binner, Diego Bossio y Juan Manuel Abal Medina.

"No sólo tenemos vocación de oposición, sino de gobierno: necesitamos construir una 'avenida ancha' y necesitamos que llegue a Capital Federal, ¿no Sergio?", preguntó Donda al dirigirse a Massa durante su discurso cargado de homenajes a los dirigentes que fundaron y sostuvieron a Libres del Sur en las últimas tres décadas, y también de contenido político, con un fuerte llamado a la construcción igualitaria de géneros.

"El desafío más grande que tenemos es construir un Estado para darle respuestas a la gente, sin corrupción y sin clientelismo, porque con eso no se le puede dar respuesta a nadie", sostuvo Donda frente a dirigentes como Daniel Arroyo, Carla Pitiot (Frente Renovador), Jorge Ceballos, Federico Masso y Humberto Tumini (Libres del Sur); Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Alicia Ciciliani, del Partido Socialista.

La cena, que se realizó anoche en el Hotel Castelar de la Ciudad de Buenos Aires, se transformó en un hecho político no sólo por la conmemoración del trigésimo aniversario de Libres del Sur, sino por los invitados de casi todo el arco opositor, en donde sólo faltaron dirigentes del kirchnerismo.

De la cena aniversario también participaron el presidente de la Pastoral Social, Carlos Accaputo, y el coordinador Nacional del movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien fue ubicado en la mesa junto al presidente del PJ porteño Víctor Santa María, quien debió marcharse antes de iniciada la cena.

Allí llegaron puntuales los socialistas Binner y Ciciliani, quienes junto a otros dirigentes de Libres del Sur y el GEN mantuvieron una improvisada charla de Progresistas en el lobby del hotel; antes de subir al primer piso, en donde un grupo de jazz ambientaba el lugar para los invitados puntuales.

Mientras los comensales degustaban la entrada llegaron Sergio Massa y su esposa Malena Galmarini junto con Margarita Stolbizer, y se sentaron en la mesa principal junto a Donda y su marido Pablo Marchetti, Binner, Ciciliani, Leonardo Grosso y la dirigente porteña de Libres del Sur Laura Velasco.

Según pudo saber Télam, la charla de la mesa estuvo centrada en una agenda compartida por los referentes de la oposición, en donde abundaron las preocupaciones por los trabajadores a quienes "la plata no le alcanza" y la lucha por la igualdad de género, un tópico que ha unido a Donda y Galmarini por su militancia compartida en el tema.

El plato principal -lomo con reducción de malbec y puré especiado- transcurrió entre los cuchicheos de Donda y Massa, quienes junto a Stolbizer y Malena comparten una evidente relación de afecto; selfies y debate político impulsado por una puntillosa y estratégica disposición de las mesas, que reunió a los dirigentes de los distintos espacios políticos en una cena en común.

En un clima distendido, en donde no faltó un aplauso de pie para Micaela García, la joven víctima de femicidio en Gualeguay, los dirigentes brindaron por Libres del Sur y renovaron coincidencias que podrían traducirse en un acuerdo electoral.

El Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, describió hoy como una "instalación nocturna, con legisladores, un acto político clandestino innecesario", la colocación de la estructura modular que los gremios docentes intentaron instalar en la noche del domingo último frente al Congreso.

En una explicación más parecida a la de las épocas oscuras de nuestro país, que de los perídos democráticos. Federico Pinedo salió hoy a justificar la represión a los maestros y dijo que el accionar de las fuerzas de seguridad "permitió que el Estado hiciera cumplir la ley".

"Eso fue una instalación nocturna, sin permiso, con legisladores, eso fue un acto político clandestino innecesario", calificó, con lenguaje procesista, Pinedo lo sucedido en declaraciones a Radio Con Vos.

"Si el Estado se retira del cumplimiento de la ley, entonces la inseguridad es absoluta. No estamos en condiciones de regalar seguridad y legalidad", agregó.

"Los docentes son los que tienen que dar el ejemplo", consideró el legislador, y opinó que "llega un punto donde hay que dejar claro que el cumplimiento de las leyes no es optativo".

"No había que dejar que se instalen unos caños sin seguridad en medio de una plaza pública. No me parece que todo el que quiera pueda ocupar una plaza y dar una señal de que la Argentina es un caos", puntualizó.

La ministra de Seguridad de la Nación, que parece cómoda en eso de rememorar sus tiepos de ministra de Trabajo de la Alianza, Patricia Bullrich, insistió en que "la carpa (docente) no estaba autorizada" y dijo que mientras "la policía de la Ciudad estaba parada los docentes les pegaban patadas por abajo", en referencia al accionar de las fuerzas de seguridad el domingo pasado al desalojar una "escuela itinerante" que estaba siendo instalada por los maestros en el marco de las protestas pacíficas por paritarias.

El hecho finalizó ayer con el anuncio de un nuevo paro docente que se cumple hoy en las escuelas públicas de todo el país y en el repudio generalizado de todo el arco gremial y político al brutal accionar policial.

"Durante casi siete horas el Gobierno de la Ciudad estuvo negociando para que no pongan las estructuras porque también hay responsabilidades civiles y penales en estructuras de ese tamaño. Pero bueno, la Policía de la Ciudad estaba parada y los docentes le pegaban patadas por debajo a la policía", agregó la funcionaria en una insólita justificación a una manifestación pacífica.

"Ahora, dejar de vuelta a los chicos sin clases…", lamentó, y acusó a los gremios de "ganar tiempo durante las negociaciones con la Ciudad para reagrupar gente y dar esa imagen. Por eso, el Gobierno de la Ciudad actuó luego como debía. Y resulta que eso dio la excusa para otro día de paro", dijo en declaraciones a TN.

También dijo, en una especie de desafío: "Bueno, ahora vamos a ver cuántos docentes paran y cuantos aceptan esta realidad. A mi me parece que las cosas están cambiando, que no hay conducciones sindicales que puedan extorsionar. Y Cambiemos está en ese camino fuerte y no nos vamos a dejar doblegar por los que quieren volver al pasado que ya vivimos".

Ayer, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, anunció la convocatoria a un paro nacional docente para hoy en repudio a la "represión policial" ejercida contra los maestros que el domingo a la noche intentaron instalar una "escuela pública itinerante" frente al Congreso Nacional.

Confirman que se suspende su asistencia por tiempo indeterminado en el territorio más extenso del país, luego de los experimentos recientes.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió que no haya más público visitante en las canchas del ámbito bonaerense. La decisión bajó de la gobernadora y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, quien quiere evitar conflicto con vistas a una posible candidatura legislativa.

Según confirmaron a la agencia de noticias NA fuentes cercanas al ministerio de Seguridad, la medida se la comunicó Cristian Ritondo, quien preside esa cartera, a Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

A la hora de tomar la determinación, se evaluó que hay cierta conflictividad social que no escapa a las canchas y también se tuvo en cuenta que Ritondo es medido como posible candidato para las elecciones de este año.

En las últimas tres fechas del torneo de Primera División, la provincia de Buenos Aires había decidido que no concurrieran ambas hinchadas y, si bien Lugones expresó que la decisión era "semana a semana", desde Aprevide le reconocieron a esta agencia que el fútbol con visitantes quedó suspendido por "tiempo indeterminado".

Lo curioso es que los encuentros de la Copa Argentina que se disputen en el ámbito bonaerense tendrán público de ambas hinchas, según supo esta agencia.

La gobernadora de Buenos Aires está estudiando comprar la patente a la empresa sudafricana Paramount Group para producir un moderno vehículo “antimotines” diseñado para barrer multitudes. 

La mandataría bonaerense, María Eugenia Vidal, no sólo aplica su lógica guerrerista en la negociación paritaria con los docentes, sino que evalúa utilizar una tanqueta blindada para reprimir movilizaciones o cortes de calles.

La introducción al país del blindado Maverick es a través de la empresa Codesur, la cual es parte de un programa regional diseñado por ambas compañías para presentar en América Latina los sistemas terrestres desarrollados por la empresa sudafricana Paramount Group.

El blindado fue recientemente probado por las fuerzas de seguridad nacionales así como por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales de la Policía Militar de Río de Janeiro, quienes calificaron como “exitosa” y donde ya se inició un proceso de licitación.

El vehículo antiprotestas tiene una maniobridad y radio de giro pensado para utilizarlo en las ciudades. Además, tiene una sofisticado sistemas de armamento, con un caño para lanzar gases lacrimógenos, otro para balas de goma y un hidrante, con el objetivo de dispersar futuros manifestantes.

El artefacto cuenta con vidrios blindados, cámara de circuito cerrado y otros sistemas de innovación que brindan actualización continua en tiempo real.

Según se pudo saber, las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en etapa de evaluación y posible incorporación del vehículo.