La medida de fuerza adoptada por los gremios de los maestros será de 24 horas. La administración bonaerense apenas levantó un punto de su última oferta y propuso un plus de presentismo.

Para los gremios de los docentes la propuesta presentada por la administración de María Eugenia Vidal es insuficiente. Otra vez no hubo acuerdo y la reunión que se realizó hoy en La Plata entre los representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y los profesores se mantiene como desde el principio del conflicto.

La reunión celebrada hoy en la capital bonaerense el gobierno bonaerense propuso un aumento plurianual de 21 por ciento, con cláusula gatillo, y un plus por presentismo. Solamente se incremento un punto de la última oferta a los docentes desde el inicio de las negociaciones paritarias en febrero último; mientras que desde el lado de los maestros se llamaron a un paro de 24 horas para el miércoles que viene.

Mirta Petrocini, titular de la Frente de Educadores Bonaerenses (FEB), anunció la medida de fuerza. “Con esta propuesta, un docente que recién se inicia estará llegando en octubre a 11 mil pesos”, afirmó.

El principal desacuerdo de los docentes fue la negativa a devolver las sumas descontadas por las huelgas de este año que ratificaron los funcionarios bonaerenses.

En cuanto a 2018 y 2019, la oferta contempla el nivel de inflación, más un 10% de esa inflación y un plus por presentismo, por lo que se calcula que si durante el primer año el ausentismo se reduce un 10%, cada docente cobraría en promedio $440 adicionales al mes.

Según aseguraron desde la Provincia, este año ya se hicieron dos adelantos y en los próximos días habrá un tercero de entre $1.000 y $2.500 correspondientes al mes de mayo.

Fue hoy en la Casa Rosada en la jura del nuevo canciller, cuando el Presidente de la Nación volvió a cuestionar la "proliferación de la industria del juicio", y apuntó contra un "grupo de abogados laboralistas encabezados por Recalde".

El mandatario Mauricio Macri se apartó del protocolo durante la jura del nuevo canciller, Jorge Faurie, y agredió al jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Recalde, al acusarlo de ser uno de los cabecillas de “un grupo de jueces minoritarios” del fuero laboral que “han hecho mucho daño a la Argentina”.

De esta manera, el Presidente buscó asestar un golpe social, político y electoral, todo a un tiempo, de cara a las elecciones legislativas próximas.

Macri habló en Casa Rosada de una "mafia de los juicios laborales" integrada por un "grupo de estudios" de abogados y "un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por Recalde", que en definitiva "destruye la generación de empleo futuro".

No es la primera vez que Macri apunta contra la llamada "industria del juicio". El año pasado impulsó un proyecto de ley para reformar el régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y limitar los litigios por accidentes laborales.

Ocurrió hoy en La Plata, cuando la defensa de los genocidas Ramón Fernández y Abel Dupuy, culpables de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívica-militar, pidieron el polémico computo para sus clientes. Ambos fueron condenados en 2010 a 25 años de prisión.

El juez federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, dio lugar al pedido de la defensa de los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy y resolvió el “2×1” para el período en que estuvieron detenidos en prisión.

Según informó el sitio Fiscales.gob, Fernaández y Dupoy fueron condenados en 2010por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal N°9 de La Plata durante la última dictadura cívica- militar.

La resolución del juez Esmoris para argumentar la liberación de ambos genocidos, sentenció: “Más allá de las interpretaciones que, acerca de la aplicación del art. 7 de la ley 24.390 en su redacción originaria se han formulado, entiendo de toda justicia y, por tal ajustado a derecho, que la efectividad de dicha norma no puede supeditarse a ninguna condición –v. gr.: que el condenado haya sufrido encierro durante su vigencia-”.

De esta forma, el juez subrogante afirmó que “corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”.

Por su parte, los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, integrantes de la Unidad Fiscal Federal en materia de Derechos Humanos de la jurisdicción, manifestaron su oposición a la solicitud de la defensa de los represores.

Se trata de Eva Analía De Jesús o Higui, quien estaba presa desde el año pasado, luego de sufrir el brutal ataque de una patota que intentó abusarla sexualmente para “sacarle lo lesbiana”. Ella se defendió y mató de una puñalada a uno de sus agresores. La abogada Raquel Hermida consideró que la excarcelación “marca una diferencia jurisprudencial”.

Tras ocho meses de lucha, Eva Analía de Jesús, conocida como “Higui”, recuperó finalmente su libertad. La Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín le otorgó este mediodía la excarcelación extraordinaria, decisión que tuvo una amplia repercusión nacional e internacional.

Higui, quien este mes cumplió 43 años, estaba presa en el penal de Magdalena acusada de homicidio por defenderse de una patota de diez hombres que quiso violarla para “sacarle lo lesbiana”. El hecho ocurrió el 16 de octubre del año pasado en el barrio Lomas de Mariló, de Bella Vista, cuando la mujer salía de la casa de su hermana. En medio de los golpes y las patadas que recibió durante el ataque, ella se defendió y mató de una puñalada a uno de sus abusadores.

La abogada defensora Raquel Hermida explicó al diario Página/12 que la resolución de la Cámara de San Martín “marca una diferencia jurisprudencial”, ya que aporta una perspectiva de género, y que permitirá “empezar a hablar de qué es una ‘violación correctiva’, que no solo tiene por finalidad el abuso sino modificar la identidad de una persona”.

“Estamos muy contentos con la decisión, que Higui estuviera presa era una medida sumamente injusta”, agregó Carolina Abregú, integrante de las Defensorías de Género y de la mesa de trabajo “Justicia por Higui”.

Las organizaciones feministas que venían exigiendo la libertad de Higui desde hacía varios meses también celebraron la noticia y redoblaron la apuesta: “ahora debemos lograr su absolución”, subrayaron.

La nueva suba del boleto de Constitución a la ciudad “feliz” se publicó hoy en el Boletín Oficial. La medida fue anunciada el año pasado por el titular de la cartera de transporte.

A través de la resolución 517-E/2016, el Gobierno estableció en 340 pesos el nuevo precio del pasaje de tren entre Buenos Aires y Mar del Plata, lo que representa un incremento de 41,66% en comparación con la tarifa anterior que era de 240. La normativa fue firmada el 14 de diciembre del año pasado por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, pero recién publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, el aumento definido a fines del año pasado finalmente entró en vigencia a partir de este lunes. La resolución fijó en 0,85 centavos el valor por kilómetro del tramo entre la Capital Federal y la ciudad balnearia bonaerense, y precisó que esta tarifa de referencia corresponde a la clase Primera. Por su parte, el mismo viaje en clase Pullman pasó de 290 a 408 pesos, con un incremento del 40,68%.

La decisión del Ministerio, además, habilitó "a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado a aplicar tarifas menores o mayores hasta un 50%, respecto de las de referencia". También estableció que la misma puede "definir su política de detenciones en estaciones intermedias, y fijar las respectivas tarifas de cada tramo, considerando a tal efecto el valor resultante de multiplicar la distancia entre las estaciones de origen y destino por el valor por kilómetro".

La funcionaria fue reemplazada por Jorge Faurie en la Cancillería, quien asumió hoy. Pero a Susana Malcorra no le fue nada mal: quedó a cargo del "Consejo de Alto Nivel para el Análisis Global", puesto inventado para ella.

Según trascendidos, Malcorra abandonó el Ministerio de Relaciones Exteriores por diferencias con el resto del Gabinete de Cambiemos. Entre los cortocircuitos figura el pedido de la ONU para que el país libere a Milagro Sala, detenida hace más de un año. Malcorra quería acceder a ese pedido. Sin embargo, el Gobierno decidió rechazarlo para no molestar al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado a Cambiemos. Ahora podría definir la Corte Suprema de Justicia.

Según se informó en el boletín oficial, en su nuevo cargo Malcorra deberá "elaborar aportes y recomendaciones sobre las principales tendencias globales" y el puesto funcionará "como espacio de reflexión, debate y asesoramiento sobre las principales tendencias globales, del cual podrán participar personalidades destacadas y expertos reconocidos en la materia internacional". Tendrá rango de Ministerio y sería "ad honorem", según aseguraron desde el Ejecutivo.

La ahora ex canciller estuvo cruzada por otra polémica durante su gestión en Cancillería, cuando utilizó ese lugar para competir por la presidencia de la ONU. Esa candidatura fallida le costó al país 1,3 millones de pesos.

Los intendentes de la Primera y la Tercera Sección Electoral le solicitaron a la gobernadora María Eugenia Vidal que intervenga y adopte medidas concretas para prevenir el delito y en defensa de los vecinos de esos distritos.

"Considerando que la Policia Bonaerense y la Policia Local dependen operativamente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, requerimos que la Gobernadora instrumente acciones frente a los casos de inseguridad que se repiten dejando como saldo la pérdida de vidas inocentes" indicaron los jefes comunales.

Los intendentes solicitaron también ser convocados por la Gobernacion. "Queremos hacernos cargo de la Policia Local pero para ello necesitamos que se concrete por ley su traspaso a los Municipios ya que actualmente depende de la Provincia", sostuvieron.

Además anunciaron que le solicitarán a los jefes de bloques de ambas Cámaras de la Legislatura Provincial que convoque a una sesión especial para tratar este tema "porque no hay más tiempo para seguir esperando", agregaron.

Finalmente lo jefes comunales se solidarizaron con Martin Insaurralde "que no mira para el costado en un tema que es responsabilidad directa de la Provincia a pesar de que desde diferentes sectores quieren responsabilizarlo sobre esta situación".

La crisis en el sistema público de transporte por un paro gremial ya lleva más de 10 días. Ahora, el intendente local, el radical aliado de Cambiemos Ramón Mestre, declaró la "emergencia" y estableció la circulación de colectivos gratuitos con apoyo de fuerzas seguridad provincial y nacional.

El conflicto comenzó cuando el gremio de UTA de Córdoba rechazó el acuerdo paritario nacional de ese sindicato, que se ubicó por debajo del 20%. La crisis incluye una parálisis generalizada de la Ciudad, sin escuelas ni comercios. Además, fueron despedidos 100 choferes.

Los colectiveros sumaron el apoyo de otros gremios locales, como taxistas y Luz y Fuerza. Alejandro Zanel, dirigente de la CGT – Córdoba, defendió a "los compañeros y compañeras de UTA" provincial al mismo tiempo que cuestionó al gobierno radical: "Claramente hay una gran política antiobrera y anti sindical muy marcada", dijo en diálogo con Identidad Colectiva.

Además, recordó que el aglomerado Córdoba "tiene uno de los indices de pobreza más grandes del país". Y concluyó: "El conflicto en Córdoba es una bomba de tiempo".

Luego de que Michetti reavivara el debate, Fabián Perroni consideró que "hay que trabajar más en los chicos que vienen postergados hace años". Además dejó críticas a la Justicia de la "puerta giratoria".

El jefe de la policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, expresó hoy su rechazo a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti reavivara el debate sobre el régimen penal juvenil. El Gobierno impulsa la discusión, pero quiere que el Congreso lo trate después de las elecciones legislativas.

En una entrevista con Radio La Red, Perroni se manifestó "muy preocupado" por la inseguridad en Buenos Aires y cuestionó a la justicia por la liberación de personas con antecedentes penales.

"Personalmente no (estoy de acuerdo). Creo que hay que trabajar más en los chicos que vienen postergados hace años", dijo Perroni al ser consultado esta mañana en radio La Red acerca de su postura respecto de una eventual baja en la edad de imputabilidad a los 14 años.

"Ante la comisión de un delito, nosotros debemos poner a la persona ante la justicia. Ahora, mi punto de vista personal es que debemos trabajar más en los chicos que están postergados, sin posibilidades de tener contención, ni de la familia ni del Estado", explicó el jefe de la policía bonaerense.

Ayer, Michetti manifestó su apoyo a una eventual reducción de la edad de imputabilidad penal. "Es bastante razonable que tengamos una diferencia en términos de delito en las edades, que tengamos esto de los 14 años como edad de imputabilidad del asesinato", sentenció.

Por otra parte, Perroni se manifestó "muy preocupado" por la inseguridad en la provincia, pero remarcó la "obligación" de la policía en brindar "prevención" y "seguridad". "Yo estoy muy preocupado. Nosotros tenemos la obligación de dar seguridad y hacer prevención en la provincia de Buenos Aires, y en eso estamos tomando medidas", sostuvo.

El jefe policial bonaerense se refirió a la denominada "puerta giratoria" que remite a la entrada e inmediata salida de delincuentes a las cárceles, y aseguró que su fuerza y "los vecinos" sufren "permanentemente" la liberación de personas con antecedentes penales, que son los protagonistas de "la totalidad de las detenciones y los enfrentamientos armados" que tienen lugar en el distrito.

"Lo sufrimos permanentemente nosotros y los vecinos de la provincia de Buenos Aires. La policía detiene menores, o personas con antecedentes que deberían estar detenidos, y entran y salen los delincuentes en la Justicia", dijo, según consignó la agencia Télam.

Y agregó: "La totalidad de las detenciones y los enfrentamientos armados con delincuentes son personas que tienen antecedentes, que han cometido un montón de delitos anteriormente y que estuvieron detenidos".

Este mes por disposición oficial, el Ministerio de Desarrollo Social dejó de pagarlas en el marco del pland e ajuste en los distintos organismos. Entre ellos, hay beneficiarios cuyos cónyuges perciben una jubilación o una pensión estatal o ingresos de más de $20.000.

Hace diez días, y en el marco de un nuevo ajuste en ciernes, el Gobierno empezó a dar baja pensiones a personas con discapacidad. A partir de junio, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley tomó la decisión de aplicar un decreto del menemismo que establece más exigencias y condiciones para acceder a ese beneficio.

Entre los perjudicados por la mala nueva, están personas cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima, personas con dificultades para manejarse de manera independiente si cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos. Es decir, con un ingreso formal de unos $21.000.

La cartera de Stanley se valió, para hacerlo, del decreto 432 que firmó el presidente Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con "invalidez". Una normativa que estaba en desuso.

Para la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista), vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, se trata de "un grave error", ya que "invocan esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales y leyes nacionales", según declaró al diario Clarín.

En especial, está reñido con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, mediante la cual se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo.

"Estamos ajustándonos a la ley", afirmó al matutino la vocera de Stanley, Emilia Frigerio, que precisó que están "revisando" todas las pensiones a través del entrecruzamiento de datos y, de manera automática, comenzaron a dar de baja muchas de ellas. Uno de los criterios utilizados en ese entrecruzamiento fue que el beneficiario posea un auto.

Mientras tanto, según el mismo diario, anoche el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y esposo de Stanley, Federico Salvai, festejaba su cumpleaños número 40 en uno de los bares de moda de Palermo: el exclusivo Uptown & The Bronx. Hubo varios funcionarios, nacionales y provinciales, y otras estrellas del firmamento PRO.