El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los derechos de las personas con discapacidad reclamó hoy la "restitución inmediata" de las pensiones no contributivas suspendidas por el gobierno nacional por considerar que la medida representa "abandono de persona" y requirió que sea derogado el decreto de 1997 por no estar conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El pronunciamiento que nuclea a una docena de entidades vinculadas con la atención a personas discapacitadas, como Obra de Don Orione, Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires y la Federación Converger, puntualiza que la pensión no contributiva "es un derecho y no un gasto o una dádiva" que reciben las personas con discapacidad.
"Si el país pasa por una situación económica compleja, primero está el derecho a poder tener una vida con sus necesidades esenciales cubiertas y luego el gasto en cosas sin las que se puede vivir dignamente", señala el documento que cuestiona que el recorte de pensiones se explique por "el injustificado aumento de pensiones otorgadas durante el gobierno anterior".
Remarcan que el decreto 432/97 que busca aplicar el Ministerio de Desarrollo Social "no contempla los postulados establecidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad" y reclaman por "la aprobación de un nuevo decreto donde se tenga en cuenta los derechos de las personas con discapacidad allí establecidos".
"Dejar a una persona sin el beneficio de la pensión es hacer un abandono de personas, porque este medio le ha permitido encontrar algunas respuestas a necesidades esenciales. Es ignorar que es un derecho adquirido", indicaron los firmantes del documento.
Además, objetan que "evaluar la pobreza en un hogar a partir de sus ingresos, sin evaluar las necesidades esenciales que tiene, es un error" y agregan que "más aún cuando puede haber miembros con discapacidad u otras situaciones que no pueden ser cubiertas por un sueldo que no ha tenido en cuenta dicha complejidad".
Por último, consideran "necesario que el Estado a través de políticas públicas desarrolle una red que contemple los servicios que necesitan (las personas discapacitadas) y se produzcan los cambios estructurales que respondan a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad".