El faltante de medicamentos afecta a 70 mil de las 120 mil personas que, se estima, viven con VIH/SIDA en la Argentina. María Cecilia Loccisano, esposa del ministro Jorge Triaca, estaría entre las responsables.

La peor cara del ajuste. Entre anuncios de toma de deuda en decenas de miles de millones de dólares y tarifazos a los trabajadores, el Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos para el tratamientod de VIH. El ministerio de Salud aún no envió a las provincias las drogas necesarias para el tratamiento de los 70 mil pacientes con VIH que se atienden en el sistema público. Dejó seriamente expuesta a su subsecretaria de Coordinación Administrativa, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, que se excusó del faltante de medicamentos bajo el pretexto de un “error administrativo”. A su vez, el sábado 20 de enero la cuenta oficial del ministerio de Salud publicó en twitter: “En los próximos días se emitirán las órdenes de compra de los medicamentos Dolutegravir 50 mg, Darunavir 600 mg, Efavirenz 600 mg y Abacavir-Lamivudina 600-300 dándole continuidad a la provisión de los mismos”. Lo cierto es que los medicamentos no aparecen y de cara a febrero el panorama es difuso.

Este jueves tras una reunión en el ministerio de Salud que mantuvo la agrupación Red Personas Viviendo con VIH junto a representantes de la cartera que comanda Adolfo Rubinstein, el abogado de la organización, Gastón Llopart, dijo a C5N que desde el Gobierno no hay respuestas al faltante de drogas. Esta vez, admiten un "error logístico" que Llopart descree, ya que "eso ocurre cuando el Ministerio compra la medicación y la tiene que entregar". En la misma línea, señaló que desde la agrupación se sienten “profundamente decepcionados”, por haber “creído en la honestidad intelectual de los funcionarios del ministerio de Salud", y en el mismo tono disparó: "Nos han mentido en la cara”. Por su parte, Llopart marcó su preocupación y denuncio el faltante de medicamentos en la provincia de Buenos Aires: “Hay problemas en los servicios de infectología, hay pocos o directamente no hay infectólogos”, alertó.

Además, de cara a febrero las provincias de San Luis, Santa Fe y La Pampa denunciaron una “discontinuidad en la entrega de antivirales” por parte del Estado nacional, lo que según las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, está vinculado a un “retraso en los procesos de adquisición y compra”. Para el caso de los niños, la situación es especialmente preocupante. Desde el Frente se estima que 9 de cada 10 niños con VIH/sida no pueden acceder a los medicamentos antirretrovirales que pueden salvarles la vida. La mitad de ellos morirá antes de cumplir 2 años si no recibe tratamiento.

Un grupo de jubiladas se movilizó hasta la puerta del Banco Provincia de Mar del Plata para denunciar las políticas de ajuste previsional y el desaguase de la entidad estatal. "Maria Eugenia, lo que nunca te voy a perdonar son las lágrimas de mi familia”, dice una de ellas enojadas a la cámara. Mirá el video.

“Nos mentiste de arriba abajo. Son muchas noches sin dormir, esto no va a terminar acá”, sostiene una señora frente al Banco Provincia, donde denuncian las estrategias que realiza el gobierno para ajustar a los jubilados y desguazar al Banco Provincia. “Necesitamos ayuda y que se sepa toda la historia de ella”, exclaman en referencia a la vida política de la gobernadora Maria Eugenia Vidal.

Entre otras frases, las señoras que reconocen haber creído en "el Cambio", denuncian el desguace del Banco Provincia para entregarlo a la banca extranjera. A su vez, señalan: “La pobreza en el neoliberalismo es el mejor negocio”;  “¿Dónde está el estado? Tenemos un estado ausente, mentiroso”, mientras reflexionan en grupo. Mira el video.

La protesta, surge a raíz del anuncio del presidente del Instituto de Previsión Social bonaerense, la ANSES provincial, Cristian Gribaudo, que abrió la puerta a una posible reforma del IPS, que entre otras cuestiones, incluye modificaciones en el modo en que se calculan los haberes de los jubilados docentes, médicos y de la administración pública de Buenos Aires. Esa jugada recibió críticas de la oposición política, de los principales gremios y muchos arrepentidos.