Sandra Crucianelli, del consorcio de periodistas que investiga el Paradise Papers, reveló que el ministro Caputo es administrador de un fondo en las Islas Caimán.

Meses atrás, una investigación impulsada por la revelación de los Paradise Papers develó que Luis Caputo, junto al financista radicado en Miami, Martín Guyot, administraron dos fondos de inversión en Islas Caiman.  Se trata del fondo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán (dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales); y de Alto Global Fund, un fondo de cobertura del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes.

Según, Sandra Crucianelli, integrante del consorcio de periodistas que investigan los millones de papeles del Paradise Papers, la información fue revelada tras un pedido de información a la Bolsa de Valores de los EEUU, que sacaron a la luz los fondos que el ministro Caputo administró en Islas Caimán. “No queda ninguna duda de que el ministro Caputo era en 2014 y 2015 dueño mayoritario de estas compañías y por lo tanto omitió consignar esa información en su declaración jurada lo cual constituyó un delito”, aseguró la periodista.

A su vez, explicó que entre los delitos que pueden recaer sobre el titular de Finanzas, se encuentra una presunta omisión maliciosa, presunción de lavado de dinero, y presunta violación a la ley de ética pública: “Estamos hablando de fondos que en total superan los 300 millones de dólares por los cuales el Ministro tenía una ganancia y hay un ocultamiento de esas ganancias. Cuando fuimos a entrevistar personalmente mintió. Nos dijo que él había sido un asesor y que no había percibido ningún dinero por este concepto”, dijo. En la misma línea, advirtió que lo expuesto por el titular de Finanzas, “No se ajusta a la realidad porque en los documentos de la Bolsa de Valores de los EEUU claramente se declara que tanto Luis Caputo como Gullot percibían comisiones fijas y variables por los valores de las inversiones que manejaban”.

Además, Crucianelli marcó que “está la cuestión de dónde salieron esos fondos”, y detalló que desde el consorcio de periodistas que investigan delitos financieros, “manejamos la hipótesis que son fondos no declarados ante la AFIP porque si vos tenes fondos declarados ante la AFIP no vas a colocarlos en las Islas Caimán”, y añadió: “vas a una jurisdicción secreta para proteger esa información y proteger ese dinero del fisco”.

Más adelante, hizo alusión al posible delito de violación de la Ley de Ética Pública que rige para todos los funcionarios del Gobierno, que establece que ningún funcionario puede tomar acciones en asuntos en los cuales tuvo intereses 3 años antes de asumir. “De acuerdo a la investigación el tipo de fondo que describe es algo muy parecido a un fondo buitre”, puntualizó Crucianelli y recordó que fue justamente el ministro de Finanzas quien fue enviado por Mauricio Macri para negociar los montos de la deuda con los denominados “fondos buitres”.

En la planta baja de la sede central del Banco Provincia, aparecieron afiches que muestran a Vidal como el personaje “Malefica”. La acusan de “Promesas rotas, mentiras, asesores, consultoras, $$$ y más”. Nadie se atribuyó la autoría del afiche.

En la vera de un conflicto que la gobernadora María Eugenia Vidal mantiene con los trabajadores del Banco Provincia, aparecieron afiches en la planta baja de la sede central de la entidad, que muestran a la Gobernadora como “Maléfica”.

La crítica, de la cual nadie hasta el momento nadie se atribuye autoría, es a raíz de los cambios impuestos en la caja jubilatoria y por lo cual los trabajadores realizaron dos paros de 48 horas en los últimos 10 días.

Además, el afiche anuncia “la participación especial de los traidores Daniel Alonso y Mariano Durduin” y “con el mentiroso Juan Curuchet”, gerente general, director y presidente del BAPRO.

Ante las críticas que Elisa Carrió expusó la semana pasada a través de un comunicado, el ministro de Justicia, German Garavano, ironizó: “Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera”. 

El ministro de Justicia, German Garavano, se defendió de las críticas de Elisa Carrio. "Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera”, afirmó. El funcionario fue señalado por la líder de la Coalición Cívica, por la decisión que tomó el Gobierno de promover el sobreseimiento de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Acerca de la decisión de apartar a los abogados de la Unidad AMIA que apoyaban el pedido de condenas contra los ex fiscales amon Mullen y José Barbaccia, y en su lugar imponer al abogado José Console, Garavano aseguró: "Lo que hizo el Ministerio fue ratificar al abogado que estaba interviniendo en el juicio, que era lo que correspondía jurídicamente hacer", y agregó que en su cartera están, "muy tranquilos en ese sentido".

En referencia al abogado Console quien desistió de pedir penas para los ex fiscales, Garavano dijo: "Ante un planteamiento de este abogado que no conozco y no vi en mi vida, que planteaba que él tenía una posición determinada y que el titular de la Unidad iba a seguir otro camino, el Gobierno decidió que los abogados que habían intervenido en la audiencia oral tenían que llevar adelante estos alegatos del modo que ellos lo entendieran". En  la misma línea, añadió: "Lo que hicimos fue establecer que el abogado que debía alegar era el del caso, el que estaba interviniendo en la audiencia, con las posiciones que son diversas a las de las querellas. Este abogado fue el designado en su momento por el titular de la unidad para llevar a delante esta tarea".

La semana pasada, la CC-ARI difundió un comunicado en el que Carrió cuestionó que el ministro de Justicia dispusiera "que se presentara a alegar en el juicio el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors", institución que preside Daniel Angelici, con quien Garavano está alineado.

El Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, decidió cerrar la empresa que conectaba los aeropuertos de Ezeiza con Aeroparque. La gran beneficiada será Tienda León, que fue aportante del Gobierno en 2015.

El argumento del oficialismo es que ArBus daba pérdida. De fondo, está el viejo reclamo de Tienda León, que ahora será la única empresa en el sector y podrá aumentar el precio del pasaje sin competidores a la vista. La empresa estatal ArBus había nacido en 2014 y garantizaba una tarifa más accesible al viajante.

Los propios trabajadores de ArBus habían adelantado la decisión del Gobierno, ratificada ahora por el Ministerio de Transporte. "De los 34 empleados que tenía ArBus, 11 fueron reasignados a nuevas tareas dentro de Intercargo mientras que otros 23 serán absorbidos por otras empresas de transporte. Mientras tanto todos están con licencia con goce de sueldo", prometieron desde el Gobierno.

El IPC de la Ciudad indicó que la inflación en el mes de enero tuvo un alza del 1.6%, que significó un 25.8% de inflación acumulada en 12 meses.

Los Restaurantes y Hoteles lideran el ranking de incrementos con un 3.5%, seguido de Bienes y Servicios con un 3.5%; Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con una suba del 2,3%; y Recreación, 2,2%, según la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña.

Además, también hubo alzas en Alimentos y bebidas no alcohólicas de un 1.8 %; en Verduras, tubérculos y legumbres de un 5,6%, para Pan y cereales de 1,4%, Frutas 3,8%, y Carnes y derivados 0,9%, de aumento.

"Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera", aseguró Germán Garavano, ministro de Justicia, luego de las recientes críticas de la diputada nacional Elisa Carrió. Se ensancha la grieta entre el funcionario nacional y la excéntrica legisladora por la causa AMIA.

Actualmente, se lleva a cabo un juicio por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. La querella en representación del Estado decidió defender a dos acusados, dos ex fiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia) que son amigos de Garavano. De esta manera, el Gobierno se metió de llenó en una causa muy sensible.

En las redes, Carrió cuestionó a Garavano y se diferenció de esa decisión. Criticó el "amiguismo" y la "presión" sobre la Justicia. Además, se supo que inició una movida con sectores del radicalismo para aislar a Garavano en la causa que investiga el atentado ocurrido en 1994.

En una entrevista, Garavano aseguró desconocer al abogado Console: "Ante un planteamiento de este abogado (José Console) que no conozco y no vi en mi vida, que planteaba que él tenía una posición determinada y que el titular de la Unidad iba a seguir otro camino, el Gobierno decidió que los abogados que habían intervenido en la audiencia oral tenían que llevar adelante estos alegatos del modo que ellos lo entendieran", dijo.

Console es señalado por Carrió como responsable de la estrategia del Gobierno en el caso. Además, Console tiene vínculos con Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors y operador macrista en la justicia federal.

En un comunicado reciente, la Coalición Cívica, cuya máxima referente es Carrió, informó sobre la renuncia a la Unidad AMIA de Mariana Stillman, abogada de confianza de la legisladora nacional, tras conocerse que el Estado no alegaría contra Mullen y Barbaccia. "No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno", indicó el texto, en el que se recriminó que "Garavano interviniera en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA".

El juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni rechazó que vaya a renunciar al organismo internacional. "¿Por qué tendría que renunciar? ¿Qué es esto, Venezuela? Piden mi cargo porque hago una crítica al Gobierno y estoy advirtiendo que se puede producir una situación de violencia, y que hagan algo para evitarla", describió.

Hoy, un juez federal inició una investigación por presunta apología del delito contra Zaffaroni que aseguró que "es necesario que el Gobierno termine antes, para evitar un daño social mayor".

En diálogo con Futurock, el ex juez de la Corte siguió: "El Gobierno tiene a dirigentes de la oposición presa con una prisión preventiva que no se sostiene jurídicamente de ninguna manera. No les basta con interferir en la justicia nacional y ahora tienen que interferir en la justicia internacional. Eso es matar al mensajero. Reconozcan una situación crítica", ironizó.

"No soy golpista en lo absoluto y es imposible hoy en Argentina producir un golpe de Estado, es absurdo que me digan golpista. Un golpe de Estado al viejo estilo no se va a producir ni tampoco hay ninguna fuerza política ni social con capacidad de desestabilizar al Gobierno. Lo único que los puede desestabilizar es su programa económico, que va muy rápido hace una situación crítica", señaló.

El ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, criticó con dureza a la ministra de Seguridad por el caso de los policías torturados en La Rioja: "Es una chanta". Además, cuestionó a la clase política: "Es bastante corriente que pase esto en las academias de policías".

En diálogo con el programa "Detrás de las noticias" por Radio del Plata, el especialista en seguridad comentó que el caso Emanuel Garay se enmarca en lo que "es una práctica habitual y histórica, a mí me asombra el asombro de la política y de la sociedad al respecto porque ese es un tema bastante corriente en las academias de policías".

Con respecto a la formación policial destacó: "No tiene, a mi modo de ver, ningún tipo de correlato con lo que es un policía pensante, reflexivo, buen gestor de situaciones conflictivas que es en el fondo lo que después tiene que enfrentar un policía en la calle".

"No quieren formar buenos policías en el sentido de personas con capacidad reflexiva, con tratos ciudadanos habituales, sino lo que construyen es una fuerza corporativa, muy endógena, cuyo valor más importante es la obediencia hacia un superior", sostuvo el ex Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además analizó el tipo de formación que recibe la fuerza, y señaló que "esta militarización que prácticamente no se utiliza en el ámbito de las Fuerzas Armadas sigue como un remanente institucional, una aberración por donde se lo mire".

Continuando con el caso de Emanuel Garay, Saín afirmó: "Que el gobernador de La Rioja se alarme y se encuentre con una situación así, significa varias cosas, primero que tiene un ministro que o tiene la gorra puesta o es un estúpido o es un cómplice de ese conjunto de prácticas".

En otro momento de la entrevista resaltó que "las policías argentinas, son policías de ocupación territorial y de gestión poblacional, no son policías de prevención del crimen", a lo cual añadió, "en el fondo es una policía de disciplinamiento social, de detención masiva de personas sospechosas".

En cuanto a las autoridades remarcó que "la dirigencia comisarial, son una burocracia de las más ignorantes del país".

Además, el ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia, arremetió contra la conducción política de la fuerza: "La clase política como sabe que la seguridad no le da votos y esos temas tampoco, sólo le pueden generar un costo político en situaciones de crisis, entonces no les importa y hacen una 'gestión de riesgo'".

"Hacen lo que hace Patricia Bullrich, el otro día dijo que hay una nueva doctrina, con el protocolo Tueller, que es un policía californiano que estableció 21 pasos o reglas para conjurar a un delincuente con un cuchillo, eso no tiene nada que ver con una doctrina, es una chanta esa mujer", fustigó a la ministra ex Director de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Cuando le preguntaron acerca de la instalación de una Base Militar de EEUU para combatir el narcotráfico y el terrorismo, Saín fue contundente "es todo humo, porque ya hay una unidad operativa de la DEA y las agencias norteamericanas en materia de narcotráfico en Salta". Y añadió que "Acá han hecho tareas junto con la SIDE ahora AFI en materia de control de terrorismo. Stiuso era empleado de la CIA en esa materia, en la Triple Frontera y no pasa nada, no hay terrorismo".

Finalmente, volvió a arremeter contra la ministra que está al frente de la cartera de Seguridad: "Para mí Patricia Bullrich es una chanta pero es una chanta que dice cosas que garpan electoralmente, que sensibilizan a ciertos sectores fascistas de la opinión pública, y a Macri le gusta en función del focus group", concluyó Marcelo Saín.

El Centro de Economía Política (CEPA), redactó un documento sobre el importante ajuste que sufrirá el programa de becas para jóvenes de bajos recursos. Un recorte disfrazado y engañoso.

Hace unas semanas, el presidente Mauricio Macri, había anunciado una importante ampliación del Programa Progresar, el cual está destinado para jóvenes de familias pobres

Según consignó hoy Página12, el CEPA accedió a un dossier del Ministerio de Educación con los números que el gobierno nacional manejó internamente para redefinir y relanzar el programa. Antes de entrar en el cálculo de ese recorte, vale la pena repasar el sentido con el que fue creado el Progresar en 2014, y el cambio de lógica introducido en este relanzamiento.

El programa comenzó a implementarse hace cuatros como una ayuda de 600 pesos para los jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios –en cualquier nivel, primario o secundario– o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio. En 2015, el monto de la beca fue aumentado a 900 pesos, y el requisito de ingresos familiares pasó a ser de tres salarios mínimos. En promedio, en los últimos tres años el Progresar tuvo un número estable de beneficiarios, de entre 750 y 800 mil estudiantes, con un pico de un millón de becados en 2015.

Tras la llegada del macrismo a la Casa Rosada, el monto de la beca estuvo congelado por dos años. De acuerdo al cálculo del CEPA, el poder adquisitivo de la beca de 900 pesos se redujo a menos de la mitad. Por esto, el aumento anunciado para el relanzamiento, que pone al piso de la beca en 1250 pesos, sigue estando por debajo del poder adquisitivo que tenía el estímulo en 2015.

“El Plan Progresar había sido planteado originalmente como un beneficio ‘puente’ para familias que cobraban la Asignación Universal por Hijo o tuvieran ingresos bajos. Se orientaba a poblaciones vulnerables y su objetivo era permitir que cuando los hijos continuaran o retomaran los estudios, y antes de que se inserten en el mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar por el hecho de que el hijo cumpliera los 18 años”, reseñó Hernán Letcher, director del CEPA. “El Progresar fue lanzado como un derecho, y de allí venía su espíritu universal, ahora quebrantado.”

Un punteo de las principales pérdidas señaladas por el análisis del CEPA incluye los siguientes aspectos:

El acceso al programa deja de ser universal y pasa a depender del presupuesto previsto (que como se verá más adelante es sensiblemente menor al previo).

En términos de equidad, el programa cambia drásticamente. Pasa de ser un derecho, cuya finalidad era equiparar el acceso a la educación de los jóvenes de menores ingresos, a ser un sistema de becas meritocrático, atado al rendimiento académico.

En el nuevo esquema planteado por el gobierno nacional, las becas Progresar son profundamente regresivas, ya que es un hecho ampliamente reconocido por los especialistas en educación la dificultad de los jóvenes de hogares con bajos ingresos que son primera generación universitaria para incorporarse a la vida académica (ver aparte las opiniones de Eduardo López, de UTE, y de Graciela Morgade, decana de Filosofía y Letras de la UBA).

En el caso de los universitarios, el plan de becas exige ahora aprobar el 75 por ciento de las materias previstas para el año que esté cursando el alumno. Antes, el único requisito era ser estudiante regular, que en general implica aprobar al menos dos materias anuales. El nuevo requisito, como así también el establecimiento de montos de beca diferenciales muy significativos en función de las materias aprobadas y el promedio académico, discrimina fuertemente a los jóvenes de menores ingresos y bagaje cultural.

Las alumnas de menores ingresos son doblemente discriminadas. La mayor carga del cuidado de personas y familiares que recae sobre ellas las pone en desventaja para cumplir con los requisitos de cantidad de materias aprobadas, algo que no se contempla en el nuevo programa.

El CEPA advierte que, en el documento del Ministerio de Educación al que accedió, está previsto “un recorte de 362 mil becas”. Al hacer sus propias cuentas en base a otros datos detallados en ese informe interno, lo corrobora: “Para mantener las mismas becas con los aumentos previstos por el Gobierno para cada beca, sería necesario disponer de 17.320 millones de pesos aproximadamente. Pero se prevé sólo 10 mil millones. El ajuste será entonces de al menos 7320 millones”, indica Letcher.

“En la práctica, ese ajuste se vincula a la reducción de la cantidad de cuotas, que pasan de 12 a 10 (2580 millones de pesos), y en la cantidad de becas (4740 pesos). Esto representa un recorte de casi 380 mil becas al valor de la actualización (1250 pesos). Apuntemos, una vez más, que el propio Gobierno estima ese recorte en 362 mil becas”.

Finalmente, el centro de estudios revisa un antecedente cercano: el uso real que Cambiemos viene dando a los fondos destinados a becas. El caso analizado es el del Programa ArBec, que centralizaba las becas existentes en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Modernización de la Nación. “A pesar de la recurrente mención a la necesidad de impulsar becas ‘al mérito’, lo real es que la ejecución durante 2017 respecto de tales becas ha sido poco satisfactoria. Sólo han ejecutado un 64 por ciento de las ArBec. A la fecha de hoy, aún se les resta abonar la mitad de las cuotas liquidadas al 40 por ciento de los beneficiarios.”

La interna en Cambiemos se encuentra al rojo vivo pero silenciada. La diputada se encuentra a la búsqueda de respaldo de los boinas blancas. El alineamiento del Ministro con Angelici es el argumento para que la líder de la Coalición Cívica impulse al titular de la UFI Amia.

Elisa Carrió comenzó el 2018 en búsqueda de aliados dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) con el objetivo de desplazar al Ministro de Justicia, Germán Garvano. Las operaciones de la diputada de Cambiemos contra el jefe de la cartera de Justicia se debe principalmente por haber promovido el sobreseimiento de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Tras un comunicado de la Coalición Cívica (CC) en el que se respalda al titular de la UFI Amia, Mario Cimadevilla, titular de la UFI Amia.

Los abogados enviados por Cimadevilla habían pedido 8 años de prisión para Mullen y Barbaccia, pero Garavano promovió el sobreseimiento, representado en el abogado José Console, secretario de la Comisión de Disciplina de Boca y cercano al presidente del club Daniel Angelici, operador judicial de Macri, indicó el sitio La política On Line.

El alineamiento de Garavano con Angelici terminó de enfurecer a Carrió que ahora está dispuesta a ir por la cabeza del ministro y se lo dejó bien claro a Mario Negri y otros diputados radicales que vio en el Congreso.

Les propuso hacer pasear a Cimadevilla por los despachos y resistir el ninguneo de Garavano, quien ya sufrió maltrato de legisladores por sus rencillas con el chubutense.

Fue el año pasado, cuando los senadores de todas las fuerzas políticas le reprocharon no tomar posición sobre el proyecto de ley para aplicar un juicio en ausencia a los iraníes acusados de volar la AMIA.

Pronto se supo que no toda la comunidad judía estaba de acuerdo y el ministro prefería dejarlo pasar. Pero no había sido tan claro con el jefe de la Unidad AMIA.

La interna de Carrió con Angelici ayer tuvo otro rebote de impacto profundo en el gobierno de Macri. El presidente de Boca sufrió el despido intempestivo de su cuñado de la AFIP, por supuestas amenazas de muerte al jefe.

No es la primera vez que el jefe de la AFIP le pega cerca a aliados del presidente. Lo hizo cuando abrió una investigaciones por supuesto fraude a la ley de promoción del software del portal MercadoLibre del empresario Marcos Galperin, exhibido por Macri como su modelo de empresario.

Luego de esa investigación el presidente visitó las oficinas de Galperín para dejar claro de qué lado estaban sus preferencias y luego su empresa fue beneficiada con un negocio de la SUBE.