Con el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Modernización, Claro y Telefónica podrían ingresar, sin realizar inversiones significativas, en un mercado de más de USD 3 mil millones anuales. Imponer la condición de satélite argentino es una alternativa para volver a impulsar la industria satelital actualmente paralizada.

El Ministerio de Modernización de la Argentina, de quien dependen directamente el operador satelital estatal ARSAT y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), presentaron el jueves 5 de abril un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para realizar una serie de modificaciones regulatorias. El proyecto, denominado “Fomento del despliegue de infraestructura y competencia TICS”, consta de 13 artículos (uno de forma) y tiene entre sus principales ejes permitir a las empresas de telefonía fija y móvil brindar el servicio de televisión por abono mediante vínculo satelital. Esta medida habilitaría a las empresas Claro y Telefónica a utilizar transmisiones satelitales para ofrecer televisión, algo que tuvieron históricamente prohibido y que fue motivo de fuertes discusiones en el país.

El proyecto no surge de una demanda del mercado ni es producto de la evolución tecnológica. En los últimos dos años el poder ejecutivo argentino realizó cambios en el marco jurídico vigente por medio de decretos (267/2015 y 1340/2016) y avanzó en la autorización de la fusión de dos de los mayores grupos económicos del sector. Cablevisión y Telecom ya operan en los hechos fusionadas, aunque hasta el momento solo tuvieron la autorización de la ENACOM restando que haga lo suyo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Esta nueva empresa que surgiría de la fusión sería la única con la posibilidad de ofrecer servicios convergentes de Televisión, Telefonía e Internet Fija y Comunicaciones Móviles, concentrando el 39% del mercado de la Telefonía Fija, el 52% de Internet, el 37% de la Televisión y el 31% de las Comunicaciones Móviles. Esta situación impulsó el reclamo principalmente del operador móvil Claro (América Móvil) y de Telefónica de Argentina para obtener la autorización en televisión satelital, servicio que ambas brindan en la región iluminando también el territorio argentino desde el Espacio.

La autorización de la televisión satelital a los operadores incumbentes, aquellos con una cuota de mercado muy elevada, notablemente superior al resto de competidores, fue con éxito resistida no solamente por sus competidores directos (Cablevisión, Directv) sino por el entramado de pequeñas empresas y cooperativas que brindan servicios audiovisuales principalmente por cablemodem. Estas argumentaron en reiteradas ocasiones que de prosperar la autorización para brindar televisión por satélitea las grandes empresas, su existencia, y por lo tanto también miles de puestos de trabajo, estarían en considerable riesgo.

Mercado de la Tv

En Argentina el mercado de la televisión por suscripción es un negocio de 65 mil millones de pesos anuales, algo más de USD3 mil millones. Estos ingresos son generados por 9,4 millones de accesos que representan casi el 70% de los hogares argentinos, con un valor promedio mensual por abonado de 585 pesos (USD30).

Argentina es uno de los países con mayor tasa de abonados a la televisión tanto en la región como en el Mundo y, en promedio, los argentinos pasan 3,5 horas delante del televisor. Esta alta penetración, en gran parte, es consecuencia de la mala calidad y escasa cobertura de la televisión abierta analógica y de la concentración de contenidos de elevado interés público (léase futbol) en señales cuyos propietarios también poseen licencias de televisión por suscripción.

Cablevisión, el principal operador de cable argentino que comparte accionistas con el Grupo Clarín, informa 3,5 millones de abonados al servicio de televisión en su publicación financiera para el tercer trimestre de 2017, lo que representa un 37% del mercado. Directv, operador satelital de televisión, dispone de 2,5 millones de abonados, reteniendo el 28% del mercado. Muy lejos de estas dos empresas se encuentran Telecentro (7%) y Supercanal (6%) ambos proveedores de cable. El 22% del mercado se reparte entre más de 200 pequeñas empresas y cooperativas.

Un aspecto relevante de la televisión en Argentina es la escasa oferta de servicios por satélite, que en los hechos deja a Directv en posición monopólica para gran parte del extenso territorio argentino. Actualmente operan sobre Argentina tres servicios de televisión satelital. Directv con una alta participación del mercado, InTV de Red Intercable Satelital y el componente satelital de la Televisión Digital Abierta (TDA). La norteamericana Directv, adquirida hace unos años por AT&T, opera en el país desde el Intelsat-30, lanzado junto al ARSAT-1 en el año 2014 por Arianespace. InTV ocupa para su servicio casi 100Mhz del ARSAT-2, que son operados por SERSAT del Grupo Datco desde su telepuerto en la Ciudad de Buenos Aires.

La TDA satelital, un servicio abierto dependiente de Medios Públicos, dispone de más de 30 canales y 5 radios, solo requiere la compra del equipo receptor y opera desde el telepuerto de ARSAT sobre capacidad en el ARSAT-1.

Sorprendentemente, InTV tiene escasos 20 mil abonados, una cantidad casi nula para el mercado, y su actividad comercial es apenas testimonial. Por otro lado, la venta de equipos receptores para la TDA Satelital se encuentra interrumpida por parte de ARSAT desde principios del año 2016. Por lo tanto, se podría concluir que en Argentina hay un solo proveedor de televisión por satélite. Esta situación deja a todo el ámbito rural y aquellas zonas con escasa, deficiente o nula infraestructura terrestre para televisión con Directv como única forma de acceder a la televisión.

Mercado de Servicios

Los satélites son una alternativa más que conveniente para la distribución de televisión directa a los hogares. Mediante un único artefacto ubicado en una órbita geoestacionaria se puede cubrir, como lo hace el ARSAT-1 para llevar la TDA Satelital, toda la Argentina y países limítrofes. Un satélite de estas características tiene un costo de alrededor de USD250 millones y requiere no más de 4 años para su fabricación. Si tomamos que en el país hay 12 millones de hogares, da un costo por hogar de USD20. El tendido de cables de fibra óptica, por ejemplo, tiene un costo de entre USD30 y USD150 por metro, dependiendo si es urbano, semiurbano o rural y del tipo de terreno. No vale la pena hacer la cuenta de que costo tiene cablear cada hogar del país, el costo es sideral.

Según el último informe de la Satellite Industry Association (SIA), durante el año 2016 la industria satelital generó ingresos por USD260 mil millones, de los cuales USD127,7 mil millones corresponden a servicios. Aquellos vinculados a comunicaciones se llevan la mayor porción con USD104,7 mil millones, siendo casi la totalidad (USD97,7 mil millones) provenientes de los servicios de televisión satelital. Es decir, el 76% de todos los ingresos que generan los satélites desde el Espacio, considerando la venta de imágenes satelitales, la telefonía y la banda ancha satelital, corresponden a televisión. No cabe duda que si uno quiere fabricar satélites debe pensar seriamente, aunque no únicamente, en quienes los utilizan para vender televisión.

Satélites argentinos

Argentina, a través de la empresa de alta tecnología INVAP cuyo accionista es la provincia de Río Negro, desarrolló la capacidad de diseñar, fabricar y ensayar satélites geoestacionarios de comunicaciones. Lo hizo sobre la base de la experiencia adquirida en proyectos de alta complejidad del sector nuclear, los satélites de observación terrestre construidos para el Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la fuerte voluntad política plasmada en el estatuto societario de ARSAT aprobado en la ley 26.092 de creación de la empresa donde se establece que sus satélites deben estar diseñados y fabricados en el país.

Con el exitoso lanzamiento de ARSAT-1 (2014) y ARSAT-2 (2015) el operador satelital logró proteger las dos posiciones orbitales asignadas al país e INVAP colocó a la Argentina entre los 10 países del mundo con esta capacidad tecnológica. La plataforma ARSAT-3K, de 3 mil kilogramos de peso al lanzamiento y 3Kw de potencia, es similar a la desarrollada por OHB de Alemania con aportes de la Agencia Espacial Europea (ESA). Ambos desarrollos comenzaron casi al mismo tiempo pero la plataforma de INVAP fue al Espacio antes que la europea. Actualmente OHB tiene más de 5 proyectos tanto para el sector público como el privado. Esto, de alguna manera, es un indicador del potencial de mercado de estas plataformas.

Las dos plataformas fabricadas por INVAP fueron exitosas en sus primeros años de operaciones, con ARSAT-1 llegando a su cuarto aniversario en octubre de este año. Esta demostrada su fiabilidad por clientes tanto del sector público como del privado e incluso en lo que a televisión satelital refiere con la operación de dos de los tres servicios activos en la Argentina (TDA Satelital e InTV).

Para darle continuidad a la industria satelital de comunicaciones, el Congreso da la Nación Argentina sancionó en el año 2015 la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, la cual aprobó un plan para el segmento satelital de ARSAT para el período 2015-2035. Este plan estipula la ampliación de la flota de ARSAT llevándola de dos a seis satélites, la exportación de dos plataformas y el remplazo de ARSAT-1 y 2 al fin de su vida útil. Entre otros aspectos, el plan también incluye el desarrollo de una plataforma completamente eléctrica en INVAP con la intervención del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva. Sin embargo, el cumplimiento de la ley 27.208 se vio abruptamente interrumpido desde principios de 2016 y ARSAT-3, primer satélite del cronograma, suspendido sin justificaciones claras. Incluso a mediados de 2017 se dio a conocer, luego de una filtración periodística, la firma de un acuerdo entre ARSAT y Hughes para privatizar ARSAT-3. La iniciativa no prosperó por el fuerte rechazo de la sociedad y por ser violatoria de la propia ley 27.208 que estipula claramente que una medida de estas características debe ser aprobada por ley (Artículo 10).

Actualmente el sector espacial argentino, en lo que a fabricación de satélites refiere, se atraviesa una grave crisis financiera. El incumplimiento de la ley 27.208 junto a la reducción presupuestaria en la CONAE llevaron a INVAP y a las empresas pymes proveedoras de tecnología a reducir notablemente su actividad generando gran incertidumbre de cara al futuro. Recientemente se conocieron declaraciones del propio gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconociendo la situación financiera límite y las negociaciones con funcionarios nacionales para intentar revertir la crítica situación.

Proyecto de Modernización

El proyecto presentado por el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, entre otras cosas, habilita a las empresas Telefónica y Claro a brindar televisión satelital. El proyecto modifica el marco jurídico de las telecomunicaciones, leyes 27.078 Argentina Digital y 26.522 de Medios de Comunicación Audiovisual y establece una serie de condicionamientos para los nuevos posibles prestadores de televisión por satélite. Por un lado limita la posibilidad de comercializar los servicios en localidades con población menor a 80 mil habitantes donde los licenciatarios de telecomunicaciones actuales sean empresas pymes o cooperativas. Por otro, establece un plazo mínimo temporal para que los servicios puedan comenzar a brindarse y busca promover la oferta de servicios mayoristas de televisión.

Si bien el proyecto establece una protección a los licenciatarios de empresas pymes y cooperativas, sin duda no promueve las inversiones. Como se mencionó antes, tanto Claro como Telefónica brindan actualmente televisión satelital en gran parte del continente y estas transmisiones ya están disponibles en Argentina.

Una alternativa para impulsar la industria

Telefónica de Argentina facturó en los primeros 9 meses de 2017 2.600 millones de euros y Claro alcanzó ingresos por alrededor de USD1.800 millones, ambas con excelente márgenes operativos. Este cambio regulatorio, que le permite a las dos empresas incursionar en un negocio anual de 65 mil millones de pesos (USD3.250 millones), equivalente al valor 13 satélites ARSAT-1, bien podría valer una exigencia de operar sobre satélites de fabricación nacional.

Según la ley 27.208 Argentina Digital, se define: “satélites argentinos, entendiéndose por tales a los que utilicen un recurso órbita-espectro a nombre de la Nación Argentina, a la utilización de satélites construidos en la Nación Argentina o a las empresas operadoras de satélites que fueran propiedad del Estado nacional o en las que éste tuviera participación accionaria mayoritaria”. Por lo tanto, la restricción al uso de satélites argentinos para que estos dos operadores brinden televisión satelital no los limita hacerlo con ARSAT. Según la definición, podría tratarse de un satélite propiedad de cualquier operador satelital fabricado por INVAP, o un satélite operador por ARSAT fabricado por un constructor extranjero, para dar solo algunos ejemplos. En cualquiera de las combinaciones, la industria espacial argentina es impulsada por este condicionamiento para promover las inversiones en tecnología y servicios nacionales

Si bien es loable que se establezcan restricciones para proteger al pequeño empresariado y las cooperativas con operaciones locales, la restricción geográfica podría no ser la mejor alternativa. La dificultad para determinar que una antena se encuentra activa en un municipio vedado al prestador es elevada y, además, mantiene grandes porciones del territorio donde no hay cableados, o estos son deficientes, con una sola oferta de televisión (Directv). En este sentido puede ser una mejor alternativa, como sugieren algunos referentes del sector, implementar una política similar a la establecida para la portabilidad numérica. La aplicación a este caso sería imponer que un usuario no pueda ser dado de alta por los nuevos licenciatarios de televisión por satélite si cuentan con servicios de una empresa Pyme o una cooperativa.

Por último, una de las reiteradas e incumplidas demandas a la televisión satelital es la inclusión de contenidos regionales y locales. La imposibilidad técnica de transmitir desde un solo satélite la totalidad de las señales públicas nacionales, provinciales y locales, más los canales de las universidades, los pueblos originarios y la iglesia católica, tal como está previsto en la ley 26.522, requiere pensar alternativas para su cumplimiento. La inclusión de receptores de TDA terrestre para adosar a la grilla provista por el servicio por suscripción pude ser una forma eficiente de dar una solución satisfactoria.

@GuillermoRus

El Jockey Club y el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) fueron descartados por el organismo internacional como sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 por discriminar a las mujeres.

Tanto el COI como el COA decidieron no incluir como sedes del evento olímpico más importante de la historia argentina al Jockey Club ya CUBA por no admitir como socias a las mujeres, según reveló el diario La Nación.

Es que la decisión de la institución de alta alcurnia va en contra de la Carta Olímpica, el máximo reglamento del olimpismo, que sostiene que "todo individuo debe tener la posibilidad de practicar deporte sin ningún tipo de discriminación", y resalta ejemplos "como raza, color, sexo, orientación sexual, lengua, religión". Además, estos juegos serán los primeros en cumplir con el principio de igualdad de género impulsado por el COI.

Si bien CUBA tuvo un inconveniente técnico, ambos clubes habían sido pensados como sedes para la competencia de Golf, no obstante, la machista regla interna los marginó. Finalmente, la sede será el Hurlingham Club.

"En algún momento se evaluaron (ambos clubes), pero tanto por parte del Comité Olímpico Argentino (COA) como del COI no se podía aceptar una sede que tuviera esas condiciones", explicó Leandro Larrosa, CEO de Buenos Aires 2018 a La Nación. Asimismo, aclaró que "nunca fueron parte del master plan", o sea el proyecto final, aunque sí fueron evaluados por los organismos internacionales.

Fuente: El Destape

Una investigación de la Revista Noticias reveló que, antes de asumir, el actual ministro de Hacienda blanqueó 20 millones de pesos. El escándalo que sacude a otro de los funcionarios de mayor rango del Gobierno despertó la crítica de los opositores pero también hubo voces que se alzaron desde el interior de Cambiemos.

Por su parte el jefe de los diputados del FpV adelantó que presentará en el Congreso un pedido de interpelación al ministro y cuestionó a los funcionarios de gobierno sospechados de delitos similares: “Lo único que han hecho en su vida previa es hacer trampa”.

Según la revista Noticias, Dujovne ingresó a la amnistía fiscal abierta por el gobierno de Cambiemos en agosto de 2016, antes de asumir al frente del Palacio de Haciendo el 3 de enero de 2017. Es decir que lo hizo mientras se dedicaba a la actividad privada. La cifra blanqueada provendría de “fondos en negro”, que generalmente tienen origen en la evasión. Es decir que Dujovne primero habría evadido, luego ingresó al blanqueo de capitales abierto por Cambiemos y más tarde se convirtió en ministro de esa administración.

Lo que el funcionario habría blanqueado fue una sociedad en el exterior llamada Florentine Global, valuada en 20 millones de pesos. El monto de esta evasión convertía al por entonces consultor y columnista de TN, entre otras actividades, en un sujeto plausible de ser detenido con una pena de entre 3 y 9 años de prisión, por tratarse ese delito de una “evasión agravada”.

“El gobierno se paró en el lugar de transparentar la función pública, pero lejos de transparentar, ha oscurecido”, cuestionó Rossi durante una entrevista por Radio10, en la que adelantó la citación de Dujovne al Parlamento para dar las explicaciones del caso. Eso sí, reparó el diputado santafesino, “no queremos que lo haga como lo hizo Caputo, que terminó huyendo” de la reunión de comisión a la que se lo citó por haber sido titular de una empresa offshore en un paraíso fiscal.

Para el "Chivo" Rossi, la revelación sobre el blanqueo de Dujovne “es un escándalo más en materia de ética pública” que comete la administración macrista. “Desde qué lugar estos señores pueden recaudar impuestos y traer inversiones”, recalcó el legislador. También lanzó críticas al jefe de Estado por ser “el único presidente del mundo que justifica los paraísos fiscales y las cuentas offshore”.

La revelación de que Dujovne blanqueó dinero que provendría de la evasión fiscal ratifica la contradicción de Cambiemos al  haberlo convertido en uno de los abanderados en la lucha contra la evasión. “Un funcionario tiene todo el derecho del mundo a tener todo su dinero en el exterior”, había dicho el año pasado, cuando se le cuestionó tener fondos en el extranjero.

Puertas adentro de la coalición gobernante, quien volvió a encender la alerta fue una vez más el ex diputado radical Ricardo Alfonsín, quien cuestionó a Macri por haber elegido como funcionarios a personas sospechadas. “Uno cuando es presidente debe procurar elegir funcionarios cuyos comportamientos hayan sido ejemplares como ciudadanos”, dijo y deslizó con ironía: “Habrá que ver cuáles son los criterios” del mandatario. “Pagar impuestos lamentablemente no es algo que en nuestra cultura esté muy valorado”, lamentó.

Escuchá el audio:

Fuente: Contra Poder

Los trabajadores denunciaron que hace dos meses que no cobran sus sueldos, y también les deben parte del aguinaldo.

La empresa comenzó a tener problemas en 2013, cuando hubo incluso una toma del predio. Sin embargo, ahora la situación parce ser ya irreversible.

Pese a transformarse un ícono de los alfajores cordobeses y ser reconocida tanto por turistas como por lugareños, las finanzas le jugaron una mala pasada a la compañía.

Heredia indicó que esta semana será clave para conocer cuáles serán los pasos a seguir ante la grave situación por la que atraviesan los trabajadores.

Fuente: Infonews, Noticias en Red

Así lo dispuso este mediodía el juez Isidoro Cruz, quien había resuelto su detención por presunto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

Ayer, tras pasar un día preso en el penal del Alto Comedero, Fellner presentó un escrito de nueve páginas ante el juez en el que se declaró "absolutamente inocente" en relación a los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta que se le imputan y consideró "infamantes" las acusaciones en su contra.

A la par de pedir el cese de la detención y su sobreseimiento en la causa, aseguró que la imputación es "imprecisa, contradictoria, incompleta y arbitraria”, y que las acusaciones formuladas son "infundiosas", no cuentan “con sustentos probatorios que permitan la continuidad de la investigación, que lleva casi dos años sin encontrar sentido" y que "se imputan conductas de imposible comisión”.

"No he cometido ningún delito, no forme parte de ninguna asociación ilícita y no tengo vinculación ni responsabilidad penal por ninguno de los puntos de la infamante acusación que la fiscalía ha formulado", señaló.

A lo largo de cuatro puntos, Fellner da detalles y se desliga de las presuntas responsabilidades por la que se lo acusa, derivadas de la operatoria la Unidad Ejecutora Provincial, que tenia el fin de administrar los recursos del tesoro nacional para planes de viviendas ejecutados por cooperativas, la cual fue creada por un decreto que sancionó durante su gestión, en 2007.

Aseguró al respecto que era a "la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación a la que le correspondía la realización de auditorías y monitoreo de las operatorias".

Fuente: Infonews, El País Digital

Manuela Ponz fue abusada en 2015 por Tito Franklin Escobar Ayllon, aun prófugo.

Manuela Ponz, la joven de 22 años en abril de 2015 fue violada por un taxista, vive un nuevo calvario por culpa de Patricia Bullrich. Según denunció Ponz, el director del área de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal, Daniel Barberis, le retiró la asistencia psicológica y pasó su causa "sin carátula" a un Juzgado Nº 82 de Familia, en la ciudad de Buenos Aires.

La decisión del funcionario llegó luego de que Ponz, el 10 de abril pasado, compartiera en su cuenta de Twitter un flyer convocando para el miércoles 18 de abril, a las 11, a una concentración en las escalinatas de Tribunales para reclamar justicia en una investigación donde Tito Franklin Escobar Ayllon es el único sospechoso."Hago responsable a todo el Ministerio por cualquier cosa que me llegue a pasar. El destrato a una víctima es un espanto", afirmó en su cuenta.

Ponz se mostró enojada e indignada por lo ocurrido y aseguró que no recibió ningún tipo de explicación por parte del Ministerio de Seguridad. "Sin mencionar lo esigmatizante que es para una víctima de abuso sexual ir organismo en organismo contando lo que me pasó. Este Ministerio de Seguridad, oscuro, no ha hecho más que revictimizarme en estos dos años y medio que viene ejecutando y disponiendo", declaró.

"Cuando llamé al Ministerio, por directiva del Sr. Daniel Barberis, el mismo que hace unos meses nos dijo a mí y a mi madre que "nos estabamos pasando de la raya" y que el "no era nuestro sirviente, no estaba ahí para servirnos, a partir de ahora no me brindarán más atención", dijo y sumó: "Osea, que a casi 3 años de que fui violada y que ellos, los responsables del Cufre, que a su vez es responsable de buscar prófugos, la única respuesta que tienen para darme es más burocracia. Me dijeron que le envíe e-mail a Barberis como si fuera su secretaria".

Por este motivo, inició una denuncia contra el Ministerio de Seguridad por incumplir con sus deberes públicos, por no haberla notificado de esta modificación y negarse a atenderla sin motivo.

Asimismo, la joven abusada en 2015 sufrió censura por parte de la producción de La cámara del crimen de TN. Le prometieron hacerle una nota a tres años del episodio, pero cuando Ponz dijo que tenía un audio donde probaba que el Ministerio le retiraba la asistencia, la productora le dijo que la nota se "bajó" porque pese a que "entiende que es un trato inhumano" su contenido político "no es televisivo".

Mirá los tuits:

Fuente: El Destape

El dirigente reclamó que el radicalismo tenga "un candidato propio" en las próximas elecciones presidenciales por fuera de Cambiemos. Además criticó la intervención del PJ.

Ricardo Alfonsín volvió a distanciarse del Gobierno y criticó a los sectores de su partido que afirman que el presidente Mauricio Macri debe ser reelecto en 2019. "Le pregunté a los radicales por qué dicen que Macri tiene que ser el candidato: ¿no sería bueno tener uno propio y dirimir en internas?", señaló.

El dirigente bonaerense afirmó que por el momento "no están dadas las condiciones políticas para ser candidato" en el marco de Cambiemos, pero anticipó que, de darse las condiciones, "sería candidato con gusto" en 2019.

En declaraciones a FM La Patriada, el dirigente cuestionó además la intervención judicial del PJ y explicó que los partidos políticos "no deben ni pueden ser intervenidos". Agregó que no hay razones "jurídicas objetivas y claras" que sostengan el fallo.

"La intervención de un partido no puede estar fundada en razones subjetivas", indicó Alfonsín, quien luego desligó al Gobierno de esa medida judicial: "No tengo elementos para decir que el Gobierno esté atrás de esto".

Fuente: El País Digital

El conductor de Animales Sueltos defendía férreamente al Macrismo y su manera de ganar elecciones a través de la "big data" y otras estrategias de marketing y comunicacionales; pero el ensayista lo frenó criticándole sus justificaciones exitistas y pidiéndole mejores argumentos.

El escritor también habló sobre la intervención del Partido Justicialista.

Mirá el video:

Fuente: Diario K

Unidad Ciudadana difundió un video en el que se revela la estafa del gobierno para avanzar con los tarifazos.

Fuente: La Resistencia Noticias

Fue a pedido de los gremios provinciales, que habían hecho diversas presentaciones en ese sentido. La medida perjudicaba a 3000 trabajadores.

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata suspendió ayer la resolución del gobierno bonaerense que disponía la jubilación de oficio de los docentes con más de 60 años y 30 años de aportes.

En un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba) precisó que, a partir de la presentación, que ese gremio realizó conjuntamente con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) ante la Justicia, el juez José Terrier ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación "frenar los ceses de oficio".

"Esto es consecuencia del conjunto de presentaciones realizadas en enero, febrero y marzo, junto a la impugnación de la Resolución 2397/17 y a la Pre Cautelar presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 de la Ciudad de La Plata", explicaron.

El 28 de marzo pasado, los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires habían pedido a la Justicia que frene la resolución del gobierno provincial que dispuso la jubilación de oficio de los maestros que al 31 de diciembre cumplieron 60 años de edad y 30 de servicios.

Fuente: Infonews