En los últimos meses, la población de Chascomús viene sufriendo masivos despidos en distintas ramas del sector privado. Primero fue la textil Texes que cerró sus puertas y dejó a 130 operarios en la calle. Luego fue el turno de la única planta de microchips en el país, Unitec Blue S.A, que en abril de este año despidió a más de 70 trabajadores.
A estos casos se suma también la empresa Conarco, dedicada a la fabricación de electrodos y alambres, que luego de cerrar su planta en la provincia de San Luis, avanzó en despidos y “retiros voluntarios” del personal en Chascomús.
Esta crisis laboral en el Distrito de la quinta sección se profundizó en los últimos días con el anuncio de la histórica metalúrgica EMEPA que dejará sin trabajo a más de 100 de sus operarios, al tiempo que comunicó que el resto del personal permanecerá por unos meses más con su fuente laboral.
Según puedo averiguar este portal, el Ministerio de Transporte no renovó el contrato de reparación de vagos que significaba la mayor demanda laboral de la fábrica. De hecho, el último convenio firmado para la provisión de este servicio se rubricó a finales de 2014 con el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner. En ese momento, acorde a su proyección económica, la empresa hizo una inversión con la construcción de una sala nueva de pinturas.
Como si esto fuera poco, otra empresa de la zona que viene implementando un plan de ajuste es la conocida “Villa del Sur”. Hace unos días, les comunicó a sus empleados que tendrán “vacaciones obligatorias” debido al cierre por unas semanas de la planta ubicada al costado de la Ruta 2.
Si bien cada sector tiene su particularidad, el común denominador del cierre de empresas de la región tiene que ver la apertura de importaciones que impactan de manera directa en la producción nacional. A esa situación, se suma la baja del consumo interno y el aumento de los costos por el incremento del precio de las tarifas.
A pesar de la grave situación que atraviesa Chascomús en materia laboral, es llamativo el silencio de su intendente, Javier Gastón, de buena relación con el gobierno de María Eugenia Vidal. En ninguno de los conflictos, su gestión emitió un comunicado o inició una mediación con el Ministerio de Trabajo.
En diálogo con Primereando, el concejal de Unidad Ciudadana, Gabriel Macchi, criticó el accionar del Jefe comunal que “ni siquiera se acercó a las fábricas para acompañar a los trabajadores en esta dolorosa situación”. Y sostuvo que “desde el Concejo Deliberante venimos denunciando esta crisis laboral, pero desde el oficialismo no hay ningún tipo de respuesta”.
Por su parte, el gremio que nuclea a los operarios de EMEPA, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tampoco tuvo un rol activo en la defensa de los trabajadores. Al igual de lo sucedido en las fábricas de Unitec Blue y Conarco, el Secretario General de la Seccional La Plata, Enrique Salinas, mantuvo una postura a favor de las empresas y en muchos casos instó a las bases a desistir de un plan de lucha, obligando a los trabajadores a aceptar los despidos.
Mientras tanto, los operarios de EMEPA permanecen en estado de asamblea permanente a la espera de nuevas noticias. Según trascendió, existe la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria para generar una instancia de negociación en el conflicto.