Mochilas PRO: Un manejo turbio de dinero que salpica a Desarrollo Social

Desocupados, empleados, trabajadores, cuentas sueldo, mochilas y dinero. Mucho dinero. Todos esos elementos se conjugan en la trama de irregularidades con los fondos del Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) denunciada por la ex funcionaria y dirigente del PRO Karen Arrúa, al declarar en la causa que se le sigue al dirigente Pedro “Piter” Robledo, subsecretario de ese organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”.

Según el testimonio de la joven ante el juez federal Sebastián Casanello, una “práctica habitual” en el INJUVE era utilizar las cuentas sueldos de sus empleados para depositarles grandes sumas de dinero que luego eran “retiradas del banco en efectivo” usadas para pagarle “en mano” a proveedores de las jornadas organizadas por el Instituto.

“La subsecretaría realizaba jornadas recreativas en distintos distritos y estas jornadas tenían un tope máximo para invertir de 150 mil pesos. Todo esto está documentado en un Pdf diseñado por el área de Legales de la Subsecretaría de Juventud, en donde se comenta todo el procedimiento para poder llevarlo adelante”, detalla Arrúa en su testimonio, donde consta que aportó esa documentación a la causa.

En su declaración, Arrúa – quien fue entre 2016 y 2018 fue Presidenta de los Jóvenes PRO en Esteban Echeverría y Subcoordinadora de la Tercera Sección Electoral- relata que una agente territorial de la Subsecretaría le reveló una serie de mecánicas para el manejo de fondos del instituto que son, al menos, llamativas. “Eran habituales los giros de dinero a las cuentas sueldo de algunos agentes de la subsecretaría con el fin de pagarle a los proveedores (de las jornadas recreativas) en mano”, detalló, aunque dijo desconocer si luego de esta operación se entregaba algún tipo de recibo.

La agente que le habló de esta maniobra, agrega Arrúa, le comentó que los agentes “podían ir varias veces a la sucursal del Banco Nación, con mochilas y que por ventanilla podían hacer las extracciones de la cuenta sueldo y luego volvían a la subsecretaría con las mochilas cargadas de efectivo”.

En concreto, en cada cuenta se hacían depósitos por 150 mil pesos, monto que Arrúa explica era el tope máximo permitido para invertir en cada jornada de recreación del Programa “Acá Estamos”.

Pero los depósitos en las cuentas sueldo de sus empleados no eran la única forma singular usada en el INJUVE para mover dinero. La ex funcionaria del PRO declaró que también se empleaban cheques a nombre de los agentes, que iban por ventanilla a retirar la plata, para luego ellos mismo efectuar los pagos y una tercera modalidad, que consistía en hacer depósitos directos en la cuenta del proveedor.

Además de estas tres opciones frecuentes, había otra mucho más llamativa. Según el comentario de la agente de la subsecretaría a Arrúa, personal de la subsecretaría asistía al Banco Nación y “retiraba la plata depositada en la cuenta de uno de los agentes territoriales” aunque aclaró que esto ocurría “sin su presencia” y sin que hubiera “ningún tipo de orden firmada” para hacerlo así. Esta situación, se habría dado en “más de una ocasión”.

La mecánica es similar a la utilizada por Cambiemos en el escándalo de los aportantes truchos a la campaña de la gobernadora Vidal, que reveló que las identidades de cientos de personas fueron “usurpadas” y figuraban como donantes de dinero a la coalición oficialista, sin tener conocimiento ni los fondos para hacerlo.

“Son distintas modalidades que ahora la Subsecretaría tendrá que explicar, porque verdaderamente llaman mucho la atención”, afirmó Arrúa a Diario Pulse, quien agregó que decidió aportar esta información a la causa que Rosaura Ciprés. una ex empleada de la Subsecretaría despedida a fines de 2017 estando embarazada.

Cuatro meses después de su desvinculación, Ciprés descubrió que seguía figurando como empleada del Ministerio de Desarrollo y que en cuatro oportunidades habían depositado en su cuenta sueldo, y retirado, 150 mil pesos (las cuatro operaciones por un total de 600 mil pesos). Tanto Ciprés como Arrúa denunciaron que tras dar a conocer estos hechos, recibieron amenazas y temen por su seguridad. Al punto que Rosaura tiene custodia policial.

“Karen se pone en contacto con mi clienta para solidarizarse con ella y para brindarle cierta información que ella tenía por haber trabajado en el mismo sector que mi clienta, aunque en otro distrito”, explica Micaela Whon, abogada de Ciprés.

La letrada contó que se entrevistó “varias veces (con la ex dirigente PRO) porque ella tenía temor a sufrir alguna represalia por declarar en una causa Federal, más a raíz de lo sucede con Rosaura, que esta con custodia”.

“Aceptó declarar, la citaron. Su declaración aclara el vacío que había quedado en la denuncia nuestra que era de dónde venía ese dinero y para qué se usaban esos 150 mil y quiénes los cobraban. Porque se sabía que el depósito lo hacía el Ministerio, pero no quién lo cobraba. El testimonio de Karen echó luz a ésto, como ella dijo en la causa, ella contó una posibilidad de quién podía depositar, quién podía extraer y a dónde podría ir ese dinero”, indicó sobre los mochileros PRO.

Whon explicó que hay una matriz que se repite en estos depósitos irregulares.“Desde que el caso de Rosaura tomó estado público, se han comunicado muchísimas personas por redes sociales manifestando que pasaban por la misma situación. Es decir, que tenían un determinado sueldo, que era básicamente igual al de Rosaura, pero que prestaban sus cuentas sueldo para que hagan estos depósitos y siempre por el mismo monto de 150 mil pesos. También temas con cheques, pero no hicieron la denuncia y carecen de validez. Que haya más casos o no como el de Rosaura depende de la investigación”, señaló.

Sobre los pasos judiciales a seguir indicó que “la causa después del testimonio de Karen entró a despacho, por lo que calculo que se van a tomar una serie de medidas para determinar si había o no mas personas en esta situación”.

“Una vez que se comprueben los dichos de Karen. Estimo que quien va a tener que explicar por qué se pagaba a los proveedores de esta manera a va tener que ser el Ministerio (de Desarrollo Social) o el propio Instituto Nacional de Juventud”, concluyó.

Fuente: Diario Pulse